Organizaciones ecologistas rechazan modificar la legislación de impacto
Ambiental mediante la ley de acompañamiento

Las organizaciones Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife,
Greenpeace, WWF/Adena y Amigos de la Tierra manifestaron hoy su
"frontal rechazo" a la modificación del Real Decreto Legislativo de
Evaluación del Impacto Ambiental a través de la Ley de Acompañamiento
de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Así, denuncian "la costumbre" del Gobierno de realizar
modificaciones "de fondo" en la legislación ambiental a través de la
Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado (PGE),
al considerar que "van en contra de todos los principios de acción
democrática y obstaculizan el derecho a la participación pública en
la toma de decisiones ambientales".
"A las organizaciones ecologistas no se les comunica formalmente
la intención de realizar las reformas, o se les comunica tarde, y
tampoco se les comunican las razones que motivan las reformas, y no
se les concede un plazo para formular las oportunas alegaciones",
subrayaron estas asociaciones ecologistas en rueda de prensa.
En concreto, critican que se cambie el régimen de suspensión de
los proyectos que no respetan los requisitos de la normativa de
evaluación de impacto ambiental (EIA), puesto que sólo se podrá
suspender la actividad en el caso en que el ocultamiento o
falseamiento de datos haya influido "de forma determinante" en el
resultado de la evaluación y cuando el incumplimiento sea
"significativo".
LIMITAR SU ACTUACISN
Estas cinco organizaciones ecologistas también consideran "grave"
que se "limite" su posibilidad de instar a la suspensión de la
actividad, además de criticar la forma "precipitada" y "sin
coherencia" con la normativa sobre red Natura 2000 por la que se ha
procedido a establecer la evaluación ambiental de los proyectos que
afectan a dicha red.
A su juicio, con estos cambios se está "reduciendo" la capacidad
de intervención del procedimiento de evaluación de impacto ambiental,
"dificultando" la participación de las organizaciones ambientales en
el seguimiento y vigilancia de la normativa. "Todo ello deja al medio
ambiente desprotegido", afirman.
En general, señalan que el Ejecutivo está vulnerando con su
actuación el principio de "certeza del derecho y seguridad
jurídica". Explican que se tramitan "en un breve lapso de tiempo" y
que la Comisión de Medio Ambiente del Congreso no tienen la
oportunidad de pronunciarse sobre la idoneidad de las
modificaciones.