Ecologistas afirman que la Comunidad de Madrid incumple su propia
legislación en el Parque Regional del Sureste

Varias asociaciones ecologistas denunciaron hoy, a través de una nota de
prensa, que la Comunidad de Madrid incumple su propia legislación en el
Parque Regional del Sureste, y añaden que la Consejería de Medio Ambiente
"tolera la presencia y actividad de graveras obsoletas en parajes y riberas
donde la minería está especialmente prohibida".

El comunicado ha sido suscrito por Amigos de la Tierra, la Asociación para
la Recuperación del Bosque Autónomo (ARBA), Ecologistas en Acción, la
Asociación Ecologista del Jarama "El Soto", Jarama Vivo y la Sociedad
Española de Ornitología (SEO/BirdLife).

Asimismo, indican que "la legislación del Parque Regional del Sureste
establece que un 50 por ciento del territorio pueda estar afectado por
actividades mineras, especialmente graveras, quedando a salvo de esa
actividad los parajes más relevantes y valiosos".

"A pesar de que la legislación de este espacio protegido establece que antes
de febrero de 2004 deberá cesar toda actividad minera en esos suelos, por
consiguiente incompatible con los fines del espacio natural protegido,
continúan inalterables las actividades de numerosas explotaciones y plantas
de tratamiento de áridos situadas, especialmente a lo largo de las riberas
del río Jarama", precisan.

VERTIDOS DE LODOS

También informan que el resultado de todo ello es "la ocupación de las zonas
inmediatas a los cauces, los vertidos de lodos, la destrucción del bosque de
ribera", y denuncian que esos daños se restaurarán en el futuro "con dinero
público".

Por otro lado, estas asociaciones ecologistas señalan que la Consejería de
Medio Ambiente "viene tolerando esta situación incumpliendo lo previsto en
la Disposición Adicional Cuarta de la ley 6/96".
Y recuerdan que dicha disposición adicional dice textualmente que "el Plan
de Ordenación de los Recursos Naturales fijará las condiciones y plazos para
aquellas explotaciones de áridos que, a la entrada en vigor de la presente
Ley, se localicen en zonas identificadas como A,B,C y E. El fin de estas
actividades en las zonas mencionadas se llevará a cabo en un plazo no
superior a cinco años a partir de la aprobación del Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales ñaprobado en febrero de 1999í".

"Ninguna de las actividades extractivas, o las plantas de tratamiento
afectadas, ha sido trasladada o clausurada, ignorando la Administración
regional las demandas que se le vienen haciendo para que los presupuestos
regionales de los últimos años recogieran partidas de indemnización que
facilitaran estos traslados -agregan-. El Gobierno regional ha elegido la
degradación ambiental y la ilegalidad permitiendo la continuidad de
actividades ilegales".

En opinión de estos colectivos, "a esta situación se añade el caos que
supone el retraso, también de cinco años, que acumula la aprobación del Plan
Rector de Uso y Gestión, tras el que se prevé la actualización de los Planes
de Restauración de las viejas graveras. O la ausencia de reuniones de la
Junta Rectora (no se reúne desde enero de 2003), que impide tratar de estos
problemas".

Por último, afirman: "Los colectivos de defensa ambiental que trabajamos en
el ámbito de este espacio protegido consideramos intolerable esta situación
y plenamente justificada la próxima convocatoria de movilizaciones sociales,
a las que llamaremos a participar a ayuntamientos y colectivos vecinales".