Achacan al poco nivel económico el alto índice de delitos ecológicos

Las agrupaciones de defensa del medio ambiente reclaman que se cumpla la Ley
La mayor parte de las denuncias se consideran infracciones administrativas

Ocultar a realidade -de los incendios forestales- non soluciona o problema».
Con esta reflexión, el responsable de Medio Ambiente de Comisiones Obreras,
Xosé Santos, pone de manifiesto el problema de fondo que, en su opinión,
convierte a la provincia de Ourense en la primera de España en cuanto al
número de denuncias por delitos ecológicos -595 el año pasado, de las cuales
316 se presentaron ante el Seprona, según datos del Ministerio del
Interior-.

Santos cree que la falta de una política que apueste claramente por el medio
ambiente tiene como consecuencia la catástrofe «e por moito que intente
ocultarse, a realidade é tozuda e acaba saíndo á luz». En su opinión, la
Consellería de Medio Ambiente «que nos pareceu un paso adiante importante,
actúa de xeito meramente especulativo, ó servicio duns poucos, e non do
medio ambiente».

De esta forma valora el sindicalista la estadística que convierte a la
provincia de Ourense en la primera de España en cuanto a número de delitos
ecológicos.

Infracciones

Una buena parte de estas denuncias por delitos contra los recursos
naturales, el medio ambiente, la flora y fauna y los incendios forestales,
los presentan las asociaciones ecologistas. A estos se suman los atestados
que la propia Guardia Civil levanta cada vez que acude a un foco de incendio
forestal.

El responsable en Ourense del Centro Iris, Xulio López, reconoce que su
organización ha presentado a lo largo del año pasado más de 50 denuncias, en
su caso, contra vertidos a ríos. La mayor parte de ellas se presentaron ante
la Confederación Hidrográfica, responsable de los cauces en los que se
realizaron estos vertidos.

López lamenta que en buena parte de estos casos, la Ley considera estas
actuaciones como meras faltas administrativas: «Deste xeito, resólvese o
delito ecolóxico cunha multa, que suele rondar os 240 euros e a obriga de
resarcir o dano, que se mide en términos estrictamente económicos, e en
ningún caso, medioambientais».

Por su parte, el representante de CC. OO. advierte que los datos que nos
sitúan a la cabeza en delitos ecológicos eran previsibles «porque a menor
desenvolvemento socioeconómico, menor cuidado do patrimonio medioambiental e
cultural».

Santos pone un ejemplo que considera esclarecedor: «A Unesco quere declarar
Patrimonio da Humanidade unha parte da Lagoa de Antela, e o mandamás da
provincia, o presidente provincial do PP, José Luis Baltar , xa dixo que
non, aducindo que os veciños están en contra, e así perdemos unha
oportunidade impresionante non só de coidar o medio ambiente senon de atraer
un turismo mundial de calidade».

De la misma forma que el Centro Iris, CC. OO. reconoce haber presentado
innumerables denuncias conra delitos ecológicos «boa parte delas contra
vertedoiros municipais ilegais porque os de Bande, Celanova, Xinzo, Muíños e
Lobeira, entre outros, incumplen o mínimo da Ley de incendios que obriga a
limpeza dos arredores destes puntos».

El delegado provincial de la Consellería de Medio Ambiente, Agustín Prado
Verdeal, eludió pronunciarse al respecto.

LA DEMANDA | Los ecologistas piden una fiscalía específica

Los grupos ecologistas creen que una de las lacras no sólo de la provincia
de Ourense, sino de Galicia, es la ausencia de una fiscalía específica para
delitos relacionados con el medio ambiente. El responsable del Centro Iris
en Ourense, Xulio López, advierte que es doblemente difícil luchar contra
este tipo de delitos o acciones que destruyen el medioambiente «porque nós
mesmos nos vemos, a meirande parte dos casos, na obriga de insistir para
conquerir que se implique o fiscal nalgunhas das denuncias que presentamos».

Similar es el punto de vista del responsable de asuntos medioambientales de
CC. OO. Santos advierte que en otras comunidades españolas, con menos índice
de delitos ecológicos, existe ya el fiscal específico para cada Audiencia.
«Nós xa só pedimos un para Galicia, pero tamén que se dote os axentes
forestais de medios técnicos axeitados e dunha formación continuada.