Los Verdes censuran aprobación en la UE de una soja transgénica

El grupo Los Verdes/ALE del Parlamento Europeo y varias organizaciones
ecologistas criticaron hoy la decisión de la Comisión Europea (CE) de
aprobar la importación en la UE para consumo animal de la colza
genéticamente modificada GT73, pese a las reticencias de los Estados
miembros.

El grupo parlamentario denunció que no se ha demostrado que esta colza,
producida por la compañía estadounidense Monsanto y manipulada genéticamente
para aumentar su resistencia a otros argumentos, sea totalmente segura.

El producto ha sido aprobado por la Agencia Europea de Seguridad
Alimentaria, pero, en opinión de Los Verdes, sin contar con estudios
científicos verdaderamente solventes, lo que explicaría que hasta 13 Estados
miembros se opusiesen a la comercialización y otros seis se abstuviesen en
el debate sobre este producto que el Consejo de Medio Ambiente celebró el
pasado diciembre.

La ausencia de una mayoría cualificada en ese Consejo ha posibilitado que
sea la Comisión la que apruebe de forma autónoma la comercialización de la
colza.

"La decisión no sorprende en la medida en que la Comisión sigue confiando
ciegamente en la opinión de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria y en
los estudios supuestamente científicos de sociedades multinacionales de las
que Monsanto forma parte", afirmó la eurodiputada verde francesa Marie-Anne
Isler Beguin.

"La aprobación de esta controvertida soja en contra del deseo de los Estados
miembros muestra con elocuencia la manera antidemocrática con que la
Comisión pretende imponer los OGM a los consumidores europeos", apuntó por
su parte la representante de Greenpeace, Geert Ritsema.

Para Helen Holder, de la organización ecologista Amigos de la Tierra, la
Comisión "no sólo ignora la opinión de 19 ministros de Medio Ambiente y los
recientes hallazgos científicos, sino que además permite a Monsanto decidir
sobre la contaminación de nuestra naturaleza".

El grupo los Verdes y las organizaciones ecologistas reclamaron a los
Estados miembros reacios al producto que recurran la decisión de la Comisión
Europea.