Rebelion. Preocupación social por la política del gobierno español en
materia de transgénicosPreocupación social por la política del gobierno
español en materia de transgénicos

71 organizaciones envían al Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, una carta en la que se detallan los motivos de esta preocupación y
las demandas de cara al cultivo de transgénicos en España.

Greenpeace, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, la Coordinadora de
Organizaciones Agrarias y Ganaderas (COAG) y la Unión de Pequeños
Agricultores (UPA) han remitido hoy al presidente del Gobierno un documento
en el que se expresa la profunda preocupación de estas organizaciones por la
política del actual gobierno en materia de organismos modificados
genéticamente (OMG).

En esta carta, respaldada por 66 organizaciones de la sociedad civil (entre
las que se encuentran, por ejemplo, la Federación Agroalimentaria de
CCOO -FEAGRA-, la Sociedad Española de Agricultura Ecológica -SEAE-, la
Asociación de Comités de Agricultura Ecológica INTERECO, la Confederación
Española de Consumidores y Usuarios -CECU-, Vida Sana, FACUA, ATTAC, la
Assamblea Pagesa de Catalunya, Plataforma Rural o WWF/Adena), se recuerda
que desde 1998, en España se vienen sembrando cada año miles de hectáreas de
maíz modificado genéticamente cuyo cultivo se realiza en u nas condiciones
técnicas, administrativas y legales insatisfactorias, sobresaliendo la
absoluta ausencia de regulación de la responsabilidad en caso de problemas
ocasionados por los transgénicos y la falta de medidas para impedir las
contaminaciones.

Dadas las grandes incertidumbres sobre la seguridad de los alimentos
transgénicos tanto para la salud humana como animal (cada vez existen más
datos científicos que ponen seriamente en duda su inocuidad) y teniendo en
cuenta los impactos cada vez más evidentes sobre el medio ambiente, esta
coalición de organizaciones considera que el Gobierno presidido por el señor
Rodríguez Zapatero debería adoptar una posición más precavida que proteja a
la agricultura y a los consumidores. Esta petición concuerda con algunos de
los compromisos contraídos por el PSOE.

En particular, las organizaciones firmantes consideran imprescindible que el
Gobierno:
- Tenga en cuenta el rechazo mayoritario de la sociedad
- Tome l as medidas oportunas para prohibir el cultivo de transgénicos
mientras no se revisen los mecanismos de aprobación de OMG y se solventen
las numerosas lagunas legales.
- Muestre una clara intención de establecer un régimen que permita segregar
la producción transgénica de la convencional y la ecológica y llevar a cabo
una trazabilidad y un etiquetado que garanticen libertad de elección a
agricultores y consumidores.
- Establezca medidas que garanticen la no contaminación de la producción
agraria no transgénica, permitiendo una agricultura y una alimentación
totalmente libre de OMG.
- Establezca un régimen de responsabilidad en caso de problemas ocasionados
por los OMG.
- Tome las medidas oportunas para retirar del mercado la cosecha del maíz
Bt176 de este año, cultivado ilegalmente según la normativa europea.
- En el seno de la UE, se oponga a las iniciativas favorables a una mayor
introducción de OMG en el mercado europeo.

Además de ser i nsuficiente, el marco normativo existente en la actualidad
no se cumple. Por ejemplo, este año se ha permitido la siembra (y por lo
tanto se cosecharán) variedades de maíz Bt 176, un maíz de la multinacional
Syngenta que -según la legislación europea- debería haber desaparecido del
mercado a más tardar el 31 de diciembre de 2004 pero que el Gobierno ha
tolerado en 2005 a pesar de todas las recomendaciones científicas y legales.
En cuanto al resto de variedades autorizadas en España, las Mon 810, este
tipo de maíz no ha pasado por un análisis de riesgo satisfactorio ni
concluyente ni se le exige un seguimiento adecuado y el año que viene, su
cosecha podría resultar ilegal según la normativa europea.

En el documento se denuncian una serie de aspectos tales como: se incumple
año tras año la obligación de hacer público un registro de los campos donde
se cultivan OMG, registro que debe estar disponible al público; el
seguimiento de los OMG liberados al medio ambiente que d eben realizar las
empresas vendedoras de estas semillas no se ajustan a la legislación
europea; no se han puesto en marcha mecanismos oportunos de trazabilidad, a
pesar de que son obligatorios desde abril de 2004; no se realiza en España
una correcta segregación entre cosechas transgénicas y convencionales para
facilitar el etiquetado y la retirada del mercado en caso de necesidad. Esta
situación está desembocando en graves problemas, y en particular hace que la
contaminación por OMG de la cadena productiva se esté incrementando.
Desde hace 4 años se han venido produciendo casos de contaminación por
polinización, por inclusión de semillas transgénicas en lotes de semillas
convencionales, por mezcla de cosechas, por falta de limpieza de máquinas e
instalaciones, etc. Todos los casos tienen en común que pagan las
consecuencias los contaminados en lugar de los contaminadores. Si bien el
Gobierno ha presentado en dos ocasiones Borradores de Reales Decretos que
pretenden r egular la llamada "coexistencia" entre cultivos transgénicos,
convencionales y ecológicos, estos textos han sido rechazados por un amplio
grupo de colectivos por considerar que no permitirían alcanzar los objetivos
de no contaminación de la producción agraria no transgénica, de protección
absoluta de las semillas, de puesta a disposición del público de una
información adecuada sobre el emplazamiento de los campos de cultivos
modificados genéticamente, de asunción de responsabilidad de quien contamina
y la posibilidad de declaración de zonas libres de transgénicos.

Con respecto a las votaciones sobre OMG en el seno de la UE, que en estos
meses se centran principalmente en la aprobación de nuevos productos
modificados genéticamente para su entrada en el mercado europeo, si bien el
Gobierno de Rodríguez Zapatero ha dado algunas señales de cambio
(fundamentalmente en los que se refiere al apoyo a las prohibiciones
unilaterales de determinados Estados Miembro), mientras no se revisen los
mecanismos de aprobación de OMG y la Unión Europea se dote de legislaciones
que cubran las lagunas normativas existentes, España debe oponerse a
cualquier nueva autorización. Es llamativo el hecho de que se tolere en
España el cultivo de variedades cuya prohibición se ha apoyado en otros
países de la UE.

Más información: Juan Felipe Carrasco, Greenpeace, 91 444 14 00. Liliane
Spendeler, Amigos de la Tierra, 91 847 92 48. Isabel Bermejo, Ecologistas en
Acción, 942 70 63 69