Ecologistas y CCOO amplían la denuncia por la tala y operación
urbanística en Las Navas del Marqués (Ávila)

El Juzgado de Instrucción número 2 de Ávila ha admitido a trámite la
denuncia presentada por nueve organizaciones a raíz de la tala de
miles de pinos para llevar a cabo la operación urbanística para
construir la urbanización Ciudad del Golf en Las Navas del Marqués
(Ávila).

Esto se produce después de que la asociación ecologista Colectivo
Cantueso denunciase la tala y, ya después de la paralización por parte
del Ayuntamiento de Las Navas y del fiscal especial de Medio Ambiente
y Urbanismo, de decretar la paralización cautelar de las obras, todo
ello a raíz de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León que anuló la clasificación como suelo urbanizable de
la zona a construir.

Los nuevos comparecientes aseguran en la denuncia que han tenido
conocimiento de nuevos hechos en relación con el mismo proyecto de
urbanización, que consideran pudieran ser constitutivos de varios
delitos, como contra la ordenación del territorio, prevaricación,
tráfico de influencias, falsificación de documento público, contra la
protección de la fauna, malversación de caudales y bienes públicos, y
fraude a entre público.

Explican que se han dirigido a este juzgado por ser el que abrió las
diligencias previas para investigar los hechos y 'considerando que
existe una conexión' entre dichos hechos y los que explican en el
escrito presentado.

Además de los detalles medioambientales del lugar donde se pretende
urbanizar y los efectos de la construcción sobre la zona, detallan
explicaciones sobre la vulneración de la legalidad en la tramitación y
autorización de la Ciudad del Golf y lo que consideran 'operación de
especulación son suelo rústico.

También señalan 'la operación de especulación', que consideran comenzó
a diseñarse en 1999 cuando el Ayuntamiento de Las Navas del Marqués
proyectó adquirir los terrenos rústicos --alrededor de 7.800
hectáreas-- que Unión Resinera S.A. tenía en el término municipal, y
cuya operación se llevó acabo mediante la sociedad Montes de las Navas
S.A., participada por la Diputación y Junta de Castilla y León.

Según explican 'antes de la compra hubo un acuerdo previo entre los
distintos responsables de las Administraciones públicas' que
constituyeron la sociedad 'para recalificar los terrenos de gran valor
natural y paisajístico, y convertirlos en suelo urbanizable para
después venderlos a mayor precio del que habían costado'.

Para los denunciantes, 'el objetivo último del plan era que la venta
de parte de los terrenos sirviera para financiar la adquisición del
total de los adquiridos, al menos así se justificó ante la opinión
pública, sin embargo la recalificación y venta de suelo rústico no se
limitó a una sola operación, sino a la venta de terrenos
reclasificados se configuró como el objeto social principal de la
sociedad Montes de Las Navas S.A., resultando la compra-venta de
terrenos una práctica habitual de dicha sociedad instrumental'.

'Se trataba --añaden-- de explotar a toda costa la finca adquirida,
siendo la generación de plusvalías mediante la venta de terrenos la
principal fuente de ingresos'.

Otro capítulo de la denuncia está referida al proceso para autorizar
la urbanización por parte del Ayuntamiento de la localidad y de la
Junta de Castilla y León, donde subrayan que el proyecto urbanístico
'pasó por numerosos trámites y precisó varias autorizaciones que
consiguió sin dificultad en los organismos de la Administración
encargados de concederlas'.

'Las personas que tenían más interés en que dicho proyecto se llevara
a cabo (aparte del constructor), integraban, presidían o dirigían los
departamentos administrativos de los que dependían tales
autorizaciones', señalan.

Se trata del alcalde de Las Navas del Marqués, Gerardo Pérez, que
además era vocal de la Comisión Provincial de Urbanismo; Carlos de la
Vega, secretario del Ayuntamiento y miembro de la ponencia técnica de
la Comisión de Urbanismo; Félix San Segundo, entonces delegado de la
Junta y presidente de la Comisión de Urbanismo; Mariano Torre,
director general de Medio Natural, y Sebastián González, actual
secretario de Organización del PP y entonces presidente de la
Diputación y consejero de la empresa.

Las organizaciones denunciantes son Centáurea, WWF/Adena, CC.OO,
Seo/BirdLife, Greenpeace, Federación de Ecologistas en Acción de
Castilla y león, Amigos de la Tierra, Cantueso y Grama.

En el procedimiento también se ha personado la empresa Residencial
Aguas Nuevas S.L. promotora de la urbanización Ciudad del Golf, que ha
proyectado sobre 210 hectáreas 1.600 viviendas, dos hoteles de lujo y
un campo de golf.