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&TEXTO=5938641>

Abren diligencias penales por iniciar la urbanización del
polígono de O Pino. El juzgado de Arzúa instruye una denuncia
por un presunto delito de expropiación ilegal El alcalde y un
representante de Fadesa han sido llamados a declarar como
imputados


Voz de Galicia I Natalia Noguerol | O Pino

EL ALCALDE Y FADESA.

Taboada y un representante de la empresa están llamados a
declarar, tal y como consta en la providencia del juez.

El juzgado de instrucción de Arzúa ha abierto diligencias tras
admitir a trámite una denuncia presentada por la asociación de
propietarios del suelo industrial de O Pino en contra del alcalde
Manuel Taboada y del representante legal de Fadesa, empresa
a la que el Concello adjudicó el desarrollo del polígono. Ambos
han sido llamados a declarar en calidad de imputados por un
presunto delito de expropiación ilegal contra la ordenación del
territorio y de prevaricación.

Los hechos que pudieran ser constitutivos de este delito son
los trabajos que se realizaron de forma previa a las obras de
urbanización en sí y que, según se recoge en la denuncia, se
establecen como parte de la actuación en el correspondiente
plan parcial. Esos trabajos se iniciaron «no existiendo proyecto
de urbanización aprobado», dice la querella que, considerando
esta circunstancia, plantea que «en todo caso, dichas obras
están sujetas a licencia urbanística, como dispone el
Reglamento de Disciplina Urbanística y el propio Plan Xeral de
Ordenación Municipal de O Pino».

La denuncia interpuesta por el colectivo de propietarios de los
terrenos en los que se construirá el polígono industrial ha sido
fechada el pasado mes de mayo. Las obras que han sido
objeto de denuncia, entre otras «la tala total e indiscriminada de
arbolado», se iniciaron, cuando menos, en febrero pues de ese
mes datan los primeros escritos presentados por los afectados
en el Ayuntamiento de O Pino instando a paralizar de forma
inmediata los trabajos y a incoar el correspondiente expediente
de reposición de la legalidad.

Así se hace constar en la denuncia que instruye el juzgado de
Arzúa, en la que también se da cuenta de que los hechos se
pusieron en conocimiento de la Dirección Xeral de Urbanismo a
efectos de que interviniese la Fiscalía.

Por las citadas fechas, el proyecto de urbanización del polígono
todavía no había recibido la aprobación inicial al permanecer a
expensas del informe favorable de la Dirección Xeral de
Patrimonio.

La autorización se concedió a finales de marzo y la pasada
semana se suspendió temporalmente. Patrimonio adoptó la
decisión a propósito de evaluar si la urbanización del polígono
destruye el trazado histórico del Camino Francés tal y como
alegó la asociación de propietarios en el recurso de alzada que
interpusieron en contra de la autorización para urbanizar.