En relación a algunas noticias recientemente publicadas en los
medios de comunicación, en las que desde Fadesa y el
ayuntamiento de O Pino se restaba credibilidad al informe
emitido por ICOMOS. en relación al proyecto de construcción de
un polígono industrial sobre un tramo del Camino de Santiago
que transcurre en el ayuntamiento citado, reproducimos la nota
informativa que hemos recibido firmada por la presidenta de
ICOMOS España María Rosa Suárez-Inclán Ducassi

ICOMOS - COMITÉ NACIONAL ESPAÑOL CONSEJO
INTERNACIONAL DE MONUMENTOS Y SITIOS

NOTA INFORMATIVA

Ante los comentarios publicados en algunos medios sobre el
Informe emitido por ICOMOS España el 2-7-07 respecto al
impacto en el Camino de Santiago y su entorno del proyectado
Polígono industrial-comercial en el Concello de O Pino (Coruña,
Galicia), esta entidad hace constar que:

Es obvio que ICOMOS España, en la elaboración de su informe,
ha analizado los datos concretos y necesarios que resultan
relevantes a efectos de determinar el grave impacto que
causará en el Camino de Santiago y su entorno la construcción
de un polígono industrial-comercial con un área de ocupación
de 956.600 m2, contemplada en el "Plan Parcial para el sector
de suelo urbanizable con uso industrial-comercial PP-1" en el
Concello de O Pino.

La referencia que la inmobiliaria encargada de la ejecución de
las obras hace al informe sobre la prospección «autorizada»
por la Dirección General de Patrimonio de la Xunta de Galicia
que sirvió de base a la autorización del proyecto, y a otro
"informe arqueológico", al que califica de «a todas luces ilegal»,
es irrelevante a efectos del informe emitido por ICOMOS.

Además de analizar desde un punto de vista rigurosamente
objetivo la documentación relativa a la Memoria de Prospección
Arqueológica Intensiva del Área Afectada por dicho Plan Parcial -
encargada y aportada por la parte interesada en la ejecución del
proyecto -, así como la correspondiente al Estudio sobre el
Trazado Histórico del Camino de Santiago en el tramo afectado
- realizado éste a instancias de los propietarios afectados -,
ICOMOS España basa su criterio en el análisis de muchas
otras fuentes y consideraciones legales, históricas, científicas y
documentales.

Respecto al citado Estudio sobre el Trazado Histórico del
Camino, apoyado en bases documentales realmente sólidas,
no consta que en su elaboración se haya llevado a cabo
"prospección" alguna no "autorizada por dicha Dirección
General", ni invasión de propiedad privada. Calificarlo de "ilegal"
no resulta acertado ni contribuye a favorecer la impresión de
rigor, imparcialidad y transparencia que siempre cabe esperar
de la gestión de asuntos que afectan a los intereses públicos, y,
en todo caso, no obsta para que desde el punto de vista de la
investigación se proceda a su análisis.

Conforme a la legislación vigente y a sus Estatutos, ICOMOS
España cuenta con sus propios órganos de gobierno y
representación. El hecho de que se de la coincidencia de que
alguno de sus miembros, no integrantes de dichos órganos,
hayan sido nombrados por las correspondientes autoridades
gallegas para formar parte de la Comisión del Patrimonio
Histórico de la Ciudad y el Camino de Santiago, o del
recientemente creado Comité Asesor del Camino de Santiago,
no significa que sus actos u opiniones expresen el parecer de
ICOMOS España, cuyas manifestaciones se realizan
exclusivamente por los cauces institucionales que le son
propios con el visto bueno de su Presidente.

La opinión de ICOMOS España en lo que respecta al referido
proyecto de construcción de un polígono industrial-comercial en
el Concello de O Pino está recogida en el correspondiente
informe institucional emitido el 2 de julio de 2007. En él se
fundamentan las razones por las que las pretendidas medidas
protectoras invocadas por el Ayuntamiento de O Pino y la
inmobiliaria citada más arriba se consideran a todas luces
insuficientes para la protección de los valores universales
excepcionales del Camino Francés de Santiago que dieron
lugar a su reconocimiento como Patrimonio Mundial por la
UNESCO.

Igualmente se recuerda el deber de las autoridades públicas de
informar y consultar a dicho organismo internacional sobre las
disposiciones, los proyectos y las obras que puedan afectar
sustantivamente a los Bienes inscritos en la Lista del
Patrimonio Mundial y a su entorno.


Madrid, 14 de julio, 2007

María Rosa Suárez-Inclán Ducassi
Presidenta de ICOMOS España


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