y los de fadesa (inmobiliaria promotora del polígono de O'Pino junto
al alcalde del concello) con "miedo"...

enrique


EL PAIS (08.11.07)
El Camino en el banquillo
Altos cargos de Cultura se enfrentan a una querella criminal por parar
el polígono de O Pino

Un representante de Fadesa se sinceraba hace diez días. "Estoy
asustadísimo. Me preocupa de verdad. Arias va a tener que dimitir y
yo creo que puede terminar en la cárcel, porque esto es una querella
criminal que el juez ha admitido porque ve indicios de delito... La
prevaricación es algo muy serio".

Ayer, después de seis meses de tira y afloja, de sucesivas órdenes
de suspensión de obras, de declaraciones cruzadas y burofaxes, el
alcalde de O Pino, Manuel Taboada, y los altos cargos de la
Consellería de Cultura a los que denunció se vieron las caras en
los Juzgados de Santiago. Felipe Arias, director general de Patrimonio,
Carlos Amoedo, secretario general de Cultura, y María Jesús
López, secretaria del comité asesor del Camino de Santiago,
acudían como imputados para prestar declaración en la vista previa
ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago,
Javier Míguez Poza.

El 19 de octubre, el juez admitió a trámite la querella
interpuesta por el Ayuntamiento de O Pino por "supuesto delito de
prevaricación administrativa". Según el alcalde popular de este
municipio vecino de Santiago, desde el 16 de mayo Patrimonio no ha
dejado de obstaculizar la urbanización del parque empresarial (el PP1
o Plan Parcial 1) que este ayuntamiento adjudicó a Fadesa y que se ha
empezado a construir justo al borde del aeropuerto de Lavacolla.

Esa fecha, el 16 de mayo, coincide con el sello de entrada en la oficina
de registro de la Xunta de un recurso de alzada presentado por los
antiguos propietarios de las tierras. Los vecinos recurrían la
aprobación, por parte de Patrimonio, de la urbanización del
polígono con el argumento de que las obras arrasarían el trazado
histórico del Camino de Santiago. Un mes más tarde, el 19 de
junio, Cultura enviaba al ayuntamiento una orden de paralización e
inauguraba sus enfrentamientos con el alcalde.

Estas órdenes se sucedieron a lo largo del verano sin que el
consistorio, ni Fadesa, ni la empresa subcontratada por la constructora,
Arias Hermanos, se diesen por aludidos. A mediados de octubre,
Patrimonio optó por enviar un burofax al alcalde conminándole a
suspender las obras. Entonces, las palas excavadoras sí quedaron
aparcadas en medio de los terrenos removidos y los pinos cortados. Y ya
no volvieron a trabajar hasta una semana después, cuando desde la
Consellería de Cultura se notificó al ayuntamiento que las
máquinas podían retomar las obras en la mitad norte de la parcela
de 950.000 metros cuadrados. La parte sur seguiría siendo territorio
prohibido, al menos durante cuatro meses, hasta que un equipo técnico
contratado por la Xunta rastrease en el lugar los vestigios del Camino
primitivo.

Por esta parte de los montes expropiados discurren el Camino Francés
oficial, aprobado por la Xunta en 1992 para preparar la senda a los
peregrinos que llegarían en avalancha en el Xacobeo 93, y la sirga
histórica, desaparecida desde hace 70 años bajo la maleza. Los ex
propietarios disconformes con el precio de sus fincas se erigieron esta
vez en defensores de la senda para conseguir el bloqueo de la obra.

Ayer, antes de entrar a prestar una declaración que se dilató tres
veces más tiempo de lo programado por el juez, Taboada explicó que
recurrió a la vía penal porque "las paralizaciones fueron
ilegales", ya que "no se puede intervenir una obra por un camino que no
está protegido por ninguna ley". El alcalde sugirió que la
actuación de esta consellería, en manos del BNG, obedeció
sólo a "motivos políticos".

Al otro lado del vestíbulo, Amoedo improvisó como portavoz de los
denunciados. Según el secretario general, todos acudían
"tranquilos", convencidos de que la causa se archivará porque
cumplieron con su "obligación" de proteger "al máximo" el
"itinerario cultural europeo". El recurso de alzada vecinal hizo ver a
Patrimonio un "elemento nuevo", que "no había sido suficientemente
valorado antes". De no ser por los expropiados insatisfechos, la Xunta
no habría descubierto que allí había 300 metros de Camino
sepultados.



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