Estos desastres, así como su incapacidad para impulsar un mejor y mayor
crecimiento, han generado en nuestro Continente una corriente de cambios,
con variantes como las de Venezuela, Brasil, Argentina, Bolivia o Uruguay,
que tiene en común distintos grados de ruptura con el orden existente.
Las economías latinoamericanas deben complementarse de modo que los recursos
se orienten hacia una producción destinada a satisfacer las necesidades
básicas de la población, en vez exportar sus riquezas con bajo nivel de
valor agregado hacia las economías centrales.
Debemos redefinir nuestra relación con los países vecinos, sustentada en
una efectiva integración económica, política y cultural. Aspiramos a que
el nuevo gobierno privilegie una alianza estratégica con América Latina
y el Caribe para enfrentar los desafíos económicos, sociales, militares
y medioambientales que nos ha colocado la globalización.
A la luz de los desastres acarreados por el neoliberalismo, es necesario
un nuevo orden mundial, en el que no caben soluciones puramente nacionales
a problemas que tienen un origen global, como la pésima distribución de
la riqueza, el alto desempleo, el deterioro del medioambiente, la inestabilidad
social, las desregulaciones comerciales y la anarquía en los flujos de capital.

2.- El cambio comienza en nosotros
Los socialistas chilenos queremos construir un orden de cosas más humano,
igualitario e integrador, para abrir paso a un cambio de fondo en las condiciones
de injusticia social, explotación y discriminación. Para lograr esta meta
empeñaremos nuestros mejores esfuerzos en cambiar el orden neoliberal por
un Estado Social de Derecho capaz de sustentar un proyecto de desarrollo
vinculado a una mayor equidad, participación y diversidad.
El PS ha privilegiado un accionar superestructural que limita su presencia
a los medios de comunicación, al Congreso Nacional y a sus relaciones con
el Gobierno. Los socialistas debemos reencontrarnos con la ciudadanía, privilegiando
la representación de los trabajadores; los jóvenes sin oportunidades; las
mujeres discriminadas; los pueblos originarios; los pensionados; la infancia
desvalida; los micro; pequeños y medianos empresarios, y todos los sectores
que el modelo imperante ha sumido en situaciones de desmedro, pobreza o
marginación.
El partido debe adaptarse a nuevas realidades de una sociedad más compleja
y contradictoria, con fuerzas sociales emergentes que se relacionan con
los consumidores, el medio ambiente, la depresión y otros males psico-sociales
de la llamada modernidad, el crecimiento anárquico de las grandes ciudades,
el destape de las minorías sexuales, el aumento de los adultos mayores,
la creciente influencia de los cultos religiosos, la emergencia de las ?tribus
urbanas? de jóvenes y de otros movimientos sociales asociados a nuevas
demandas populares. Debemos volcarnos hacia sus organizaciones, conocer
sus demandas y canalizar sus aspiraciones en búsqueda de salidas efectivas
a los problemas que plantean.
Los sectores populares están decepcionados de las políticas gubernamentales
en favor de los grandes grupos empresariales. Necesitamos rectificar, para
actuar en consecuencia con los intereses y valores que defendemos, retomando
el sentido original de una Concertación nacida para construir una mayoría
por los cambios, respetada por la ciudadanía y creíble en su accionar.
Una de las características más relevantes de la sociedad chilena, antes
y durante la dictadura, fue el alto nivel de desarrollo alcanzado por las
organizaciones populares. La dictadura primero y la enclenque democracia
que la sucedió han contribuido a debilitar estas organizaciones, produciendo
un quiebre entre la sociedad civil y el activo político. Tal ruptura se
mantiene hasta la fecha, afectando sobre todo a los partidos.
La ideología neoliberal ha promovido la desarticulación social, exaltando
el individualismo, la falta de solidaridad, la apatía y la despolitización.
Esta situación ha sido caldo de cultivo del pragmatismo, la banalidad de
los medios de comunicación y el discurso demagógico de las fuerzas reaccionarias.
Corresponde levantar ahora un proyecto que sintonice con las necesidades
e intereses del pueblo, en una propuesta que concilie nuestra lucha en favor
de la igualdad con una efectiva articulación de las organizaciones sociales
y populares.
Lo que está en el centro del debate es cómo redistribuimos ingreso, como
erradicamos los focos de pobreza, la delincuencia juvenil, la drogadicción,
la violencia, las múltiples formas de discriminación y exclusión. Las oportunidades
de quien creció en buen barrio y aquel que lo hizo en un sector pobre son
desiguales y ello explica en gran medida la escasa participación juvenil
en los asuntos de interés político y social. Unos se expresan rechazando
la inscripción en los registros electorales, mientras otros manifiestan
su descontento por medio de la violencia.
Queremos establecer relaciones privilegiadas con quienes estén dispuestos
a desafiar el actual orden, con un programa de transformaciones económicas
y sociales que debe afincarse en el pueblo y vincularse de manera directa
con la campaña de nuestra candidata presidencial, Michelle Bachelet.
Las elecciones presidenciales deben enfrentarse con un programa de acción
capaz de avanzar hacia una nueva estrategia de desarrollo económico y social,
que privilegie a la mayoría nacional por sobre los intereses de los grandes
negocios, apunte al fortalecimiento de las instituciones democráticas y
amplíe las libertades con el protagonismo de los ciudadanos. Por esta razón,
reafirmamos la urgencia de enfrentar la concentración de la riqueza y las
desigualdades, que son las promotoras de la violencia, la drogadicción y
la desesperanza.
El Ejército intenta desprenderse de sus nexos con la dictadura, la derecha
ha sido derrotada en la elección municipal, el partido elevó el número de
sus alcaldes y concejales, tenemos una candidata que despierta la aceptación
mayoritaria de la ciudadanía; pero también la Concertación y el PS bajaron
su votación, crece el número de los no inscritos, aumenta la abstención,
los sufragios blancos y nulos y una parte del descontento se ha desplazado
hacia el pacto Juntos Podemos.
La disputa presidencial estará centrada en los contenidos programáticos
y en la capacidad de responder a las preocupaciones de la mayoría y con
toda seguridad la derecha tomará de manera demagógica las banderas de la
justicia social.
Para cumplir su programa el nuevo gobierno necesitará una amplia mayoría
en el Congreso y se requieren buenos candidatos y candidatas para asegurar
una numerosa representación en el Poder Legislativo, que debe potenciarse
con un acuerdo entre Concertación y la izquierda extraparlamentaria para
modificar la Constitución y avanzar hacia una mayor justicia social e económica.

No podemos sacrificar nuestras legítimas aspiraciones parlamentarias y debemos
sostener hasta las últimas consecuencias la propuesta de elegir en primarias
abiertas el abanderado o abanderada de la Concertación, sin que los cupos
de senadores y diputados sirvan de moneda de cambio para un eventual apoyo
presidencial.
El mecanismo de primarias debe usarse también cuando exista más de un postulante
a un cupo parlamentario del partido. Es necesario además respetar todas
las formalidades de los procesos democráticos internos, incluyendo la pronta
elección de directivas comunales, regionales y Comité Central.

3. Autoritarismo, desafección política y participación ciudadana
El sistema político heredado de la dictadura, y consagrado en la Constitución
del 80, ha reducido los espacios de participación de las personas y organizaciones,
limita su capacidad de representación e impide que sus demandas puedan transformarse
en opciones alternativas al modelo dominante. Por esta razón, optamos de
manera decidida por la fórmula de inscripción automática en los registros
electorales y el voto voluntario.
La Constitución Política se gestó de forma antidemocrática y sus conceptos
fundamentales representan los intereses políticos, sociales y económicos
de la oligarquía. Es indispensable iniciar el debate para elaborar una Nueva
Constitución, que termine con el sistema electoral binominal, garantice
la plena soberanía popular, las libertades individuales y ciudadanas, los
derechos humanos, un medioambiente descontaminado, la igualdad plena de
oportunidades para las personas y el rescate del Estado como conductor
de la actividad económica.
La representación de los excluidos y afectados por las veleidades del sistema
social se torna más difícil con la pérdida de credibilidad en los poderes
del Estado, el descrédito de los partidos políticos y con una creciente
masa ciudadana que no se inscribe en los registros electorales, que se abstiene
o que vota nulo o blanco. Esta realidad se manifestó en las elecciones municipales
de octubre de 2004, siendo lo más preocupante la ausencia de los jóvenes.

Proponemos:
* En el más breve plazo instaurar el plebiscito, como forma de
ejercicio de los derechos ciudadanos en los temas relevantes para la vida
social.
* Crear un movimiento cívico, destinado a difundir entre los no
inscritos la importancia del sufragio como arma política contra la injusticia
y a favor de lograr una democracia efectiva, que abra ?las grandes alamedas?
a las que se refirió el Presidente Allende en su lúcido discurso de despedida.

* Un nuevo orden constitucional, que tenga como eje los derechos
humanos; asegure la representación proporcional de las minorías; termine
con el excesivo presidencialismo; otorgue iniciativa parlamentaria en la
gestación de las leyes; posibilite iniciativas de la sociedad civil; garantice
los derechos de los chilenos que residen en el exterior elimine todo rasgo
de discriminación hacia las mujeres, los jóvenes, las minorías sexuales,
los pueblos originarios y otros sectores excluidos; y, que garantice una
clara subordinación total de las Fuerzas Armadas a las instituciones democráticas.
* El cambio del sistema electoral binominal por uno proporcional,
para alcanzar mayor equilibrio de representación entre mayorías y minorías.

4. Una Nueva Estrategia de Desarrollo
La estrategia neoliberal ha conducido a una alta concentración de la riqueza
en una minoría, que se apropia de la mayor parte de los frutos del crecimiento
y del ingreso nacional. El esfuerzo cotidiano de asalariados, pequeños empresarios
y capas medias, choca con la infranqueable muralla del gran capital nacional
y extranjero.
Los factores que explican la tendencia a la concentración y a la mala distribución
del ingreso son:
a) Una estructura económica dominada por la producción y exportación de
recursos naturales junto a un Estado pasivo, que no orienta el desarrollo
y que ha depositado su confianza en la espontaneidad del mercado, para que
éste determine el crecimiento, la distribución de la riqueza y el equilibrio
medioambiental.
Este patrón productivo-exportador hizo perder vigor al sector industrial
fundado en la demanda interna, permitiendo que el dinamismo de la actividad
económica se centrara en el sector primario exportador, bajo la dirección
de los grandes grupos económicos y el capital internacional. Ello explica
tanto la ofensiva privatizadora como sistemas de regulación que tratan con
complacencia al gran capital nacional y transnacional y que debilitan a
los pequeños empresarios, trabajadores y consumidores.
b) Una apertura indiscriminada hacia el mercado internacional, que ha acrecentado
la competencia internacional por la disminución de los aranceles. Sin medidas
compensatorias en favor de la industria interna, se acentuó la heterogeneidad
estructural, con un área de avanzada tecnológica, volcada hacia el mercado
externo, mientras subsiste un amplio sector atrasado de la economía, centrado
en el mercado interno, cuyo eje son las micro y pequeñas empresas.
c) Una política macroeconómica, con reglas autónomas y automáticas, que
ha eliminado todo elemento discrecional en las políticas públicas. Un Banco
Central independiente, cero déficit fiscal (o superávit estructural), la
apertura de la cuenta de capitales y la reducción de aranceles, se constituyen
en el paradigma para alcanzar ?eficiencia económica? y abrir espacio de
acción indiscriminada a los operadores privados. Con ello se busca independizar
la política económica de la acción pública. La denominada ?neutralidad?
de la política pública entrega así a las fuerzas del mercado la exclusiva
responsabilidad del crecimiento, favoreciendo en la práctica los intereses
transnacionales, vinculados al sector moderno de la economía.
d) Una política social que tiende al equilibrio (o superávit) fiscal y con
cargas impositivas mínimas a las empresas. El Estado se ha limitado a focalizar
los recursos públicos en los sectores de extrema pobreza, terminando con
las políticas sociales de universalidad. Al mismo tiempo, abrió espacio
para que el sector empresarial extienda sus negocios hacia el área social.
Han nacido así los sistemas privados de salud y previsión y se multiplican
los establecimientos educacionales privados destinados a los hijos de las
familias de altos ingresos; paralelamente, permanece bajo la responsabilidad
del Estado una oferta de menor calidad de estos servicios, dirigida a los
grupos de bajos ingresos.
Por otra parte, la política laboral intenta, a como de lugar, flexibilizar
el mercado del trabajo para disminuir a cualquier costo el precio directo
e indirecto de la fuerza laboral, favoreciendo con ello la posición competitiva
de las empresas exportadoras en el mercado internacional.

La actual estrategia económica en democracia ha tenido formas de implementación
distintas que bajo la dictadura. Aunque el patrón productivo se ha conservado
en lo esencial; ha habido mayores recursos para la reducción de la pobreza;
que no se han reflejado en mayor equidad, manteniendo intacta la concentración
de la riqueza y la mala distribución del ingreso originada durante el régimen
militar.
Después de 15 años de crecimiento dinámico, a partir de la mitad de 1998,
el patrón productivo-exportador ha encontrado serios límites de naturaleza
estructural, para continuar con el crecimiento y sobre todo para generar
empleo. Todo parece indicar que las bases del crecimiento se han debilitado
más allá de las consecuencias coyunturales de la crisis internacional.

5.- Un planteamiento estratégico
Recuperar el crecimiento, aumentar el empleo y reducir las desigualdades
obliga a replantearse la estrategia de desarrollo. Los márgenes de maniobra
para construirla dentro del actual patrón productivo son muy estrechos por
varias razones: la hegemonía de la ideología neoliberal está instalada no
sólo en la derecha sino también en la Concertación; la estrecha articulación
de las elites dominantes con el gran capital internacional; la existencia
de una institucionalidad internacional que ha impuesto a los países subdesarrollados,
sin mediaciones, los conceptos tales como: apertura unilateral, Estado mínimo,
privatizaciones, ?macroeconomía automática?, desregulación laboral y desprotección
social; la Constitución del 80, y políticas que restringen los márgenes
de maniobra del sector público.
También está la inmensa debilidad de los sectores sociales subordinados,
más golpeados por la globalización y el patrón de desarrollo en curso, lo
que se manifiesta en un movimiento sindical desarticulado, y en pequeños
y medianos empresarios en crisis permanente por la competencia externa.

No existe un destino manifiesto que obligue, en el actual entorno internacional
y en el marco de una economía de mercado, a una estrategia única para avanzar
por el camino del desarrollo a pesar de que los ejes del paradigma se han
extendido en todo el mundo. Tampoco en los países industrializados existe
una estrategia única de desarrollo. A pesar de la nueva realidad económica
mundial hay diferencias entre la economía de bienestar de los países de
Europa o del sistema japonés basado en los complejos industriales; en comparación
a la economía liberal de los Estados Unidos. Distintas políticas sociales,
formas de regulación diferentes en los mercados de trabajo y sistemas impositivos
diferenciados.
La globalización y la economía mundial imponen más que nunca restricciones
a las políticas nacionales. Sin embargo, siempre hay márgenes de maniobra
para la política pública. Ello requiere coraje, voluntad de la autoridad
y liderazgo. Aún en el difícil contexto actual, con un modelo de apertura,
libre mercado y rol subsidiario del Estado, es posible implementar distintas
estrategias de desarrollo y alternativas al modelo imperante.
a) Actividad productiva y valor agregado nacional.
Esta política apunta a generar más apropiadas articulaciones entre las exigencias
de una economía abierta y las necesidades de la integración interna. Sólo
así se logrará combinar los beneficios derivados del mercado mundial con
la indispensable acumulación endógena que exige un desarrollo económico
menos heterogéneo productivamente y más equilibrado en lo social. También
ello permitirá generar mayor empleo y de mejor calidad.
Para apuntar a este propósito resulta fundamental que la presencia de un
Estado promueva un vigoroso esfuerzo de innovación tecnológica, apuntando
a promover mayor incorporación de valor agregado en la producción nacional.

Proponemos:
* Destinar recursos adicionales por US $ 904 millones en el período
2005-2010, que complementen el incremento presupuestario inercial para modernizar
la infraestructura productiva del país.
* Implementar una política nacional de desarrollo científico y
tecnológico en el país, con la participación del gobierno, las universidades
privadas y públicas, las empresas privadas y las fuerzas armadas. Esto
significa pasar desde 0.5% a 1.3% el gasto en investigación y desarrollo.
?* Política económica de responsabilidad fiscal, aunque sin la regla
del superávit estructural.

b) Importancia de micro y pequeñas empresas
Las micro y pequeñas empresas, gracias a la denominada sociedad del conocimiento,
pueden convertirse en un componente fundamental de una nueva estrategia
de desarrollo, con mejor inserción internacional y mayor potencial de acumulación
endógena. Un decidido apoyo crediticio y tecnológico del Estado, y las posibilidades
que ofrecen los sistemas modernos de información y de comunicaciones; debieran
facilitar a las pequeñas empresas un aumento sustantivo de la productividad,
un acceso inédito al mercado, a los clientes y a los proveedores, para posicionarse
con mayores oportunidades en la economía nacional e internacional. La modernización
de las pequeñas empresas ayudará al mismo tiempo, a resolver la crítica
situación de desempleo estructural y de subempleo que vive nuestro país.

Proponemos:
* Que el Banco del Estado reoriente su rol, colocando en el centro
de su atención a los micro y pequeños empresarios con tasas de interés similares
a las que ofrece a grandes empresas, convirtiéndose así en el principal
sustento financiero de la micro y pequeña empresa.
* El Estado debe conceder un período de gracia de 3-4 años para
el pago del impuesto de 1ª categoría y patentes, además de apoyar con asesoría
en el desarrollo de proyectos a los pequeños empresarios.
* El Estado deberá destinar al menos un 50% del presupuesto que
dispone para compras o contrataciones a terceros, para adquirir bienes y
servicios de las micro y pequeñas empresas.
* Unificar todos los programas de apoyo a las pequeñas empresas
(Fosis, Corfo, Sercotec, INDAP y otros) en una sola instancia pública, con
el objeto de hacer más efectivo el apoyo a las micro y pequeñas empresas.

* Modificar la ley orgánica de Municipalidades, con el objeto que
puedan constituir corporaciones de desarrollo productivo para fomentar la
creación y apoyo de pequeñas empresas en sus espacios territoriales. Y,
autorizar a los municipios para que dispongan de una ventanilla única que
atienda autorizaciones sanitarias, de medio ambiente, asuntos impositivos,
permisos y registros que toda empresa requiere para instalarse.

c) Educación igualitaria y de excelencia
La generación de más y mejores empleos, con el consecuente mejoramiento
de la productividad y de los salarios requiere una fuerza de trabajo más
calificada. Debemos replantearnos el rol del Estado en materia educacional
y dotar al sector público de los medios necesarios para reponer la educación
gratuita como eje central del sistema y base del nuevo modelo de desarrollo
educativo y cultural.
La mala calidad de la educación chilena tiene que ver con el desigual acceso
a ésta. Mientras el gasto promedio por alumno en colegios privados es US
$ 2.772 anual; el que realiza el Estado en colegios públicos y privados
subvencionados, apenas alcanza a US $ 600 al año. Ello explica la amplia
brecha en los resultados de la prueba SIMCE entre los colegios privados
y municipalizados.
Persiste también una baja cobertura en la educación preescolar, que limita
las oportunidades de los padres para buscar trabajo y mejorar así el ingreso
familiar y, sobre todo, porque la formación cognitiva de los individuos
es decisiva desde su nacimiento hasta los 5 años de edad. A este factor
se agregan las malas condiciones de vida de los sectores de bajos ingresos
y el hecho que en las escuelas municipales sólo un 40% de los niños recibe
colaciones por parte de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB).
También ha sido evidente la dificultad de los jóvenes pobres para financiar
sus estudios superiores, tanto por insuficiencia de los programas de becas
como por no ser sujetos de crédito según la lógica que rige a la banca.
La educación superior debe adecuarse, además, a las necesidades actuales
de la sociedad, procurando acercar su oferta académica y sus orientaciones
estratégicas a las necesidades de desarrollo profesional, científico y tecnológico
que demanda el país.
Proponemos:
* Duplicar, de aquí al año 2010, la unidad de subvención educacional,
discriminando en favor de aquellas escuelas y liceos que cuentan con alumnos
de mayor vulnerabilidad social.
* Elevar al 2010, la cobertura de las colaciones que entrega JUNAEB
a todas las escuelas municipalizadas del país.
* Replantear el pago de las subvenciones a las municipalidades
sobre la base de las matrículas y no de las asistencias. Casi siempre las
ausencias de los alumnos a la escuela de los sectores de bajos ingresos
obedecen a razones médicas ocasionadas por la contaminación ambiental o
enfermedades respiratorias.
* Otorgar becas de escolaridad, adicionales, para cursar estudios
de educación superior a todos aquellos alumnos provenientes de familias
de los dos quintiles de más bajos ingresos del país que hayan demostrado
aptitud y competencia.
* Fortalecer las facultades del Estado para reglamentar y acreditar
a las universidades públicas y privadas, garantizando que la definición
de carreras profesionales y técnicas, así como el cupo de estudiantes que
las cursen y la calidad de la formación, estén en concordancia con las necesidades
y exigencias del desarrollo económico, social y cultural del país.
* Triplicar el presupuesto destinado a la educación preescolar
en 6 años. De esta forma, el universo atendido pasaría de 30 % al 100% en
el 2010.
* Eliminar el IVA a los libros, diarios y revistas, a fin de estimular
la lectura y favorecer el acceso a la información y la cultura de los sectores
de ingresos medios y bajos.
* Aumentar la capacidad de fiscalización del Estado, sobre la calidad
entregada por los diferentes establecimientos educacionales públicos, subvencionados
o privados.
d) Salud integral para todos
Una educación de calidad independiente de las condiciones de ingreso de
las familias deberá estar acompañada por un sistema de salud que entregue
prevención y garantía de enfermedades con tratamiento igualitario para todos
los chilenos.
Debemos apuntar a la conformación de un Sistema de Salud Pública solidario,
moderno, equitativo, oportuno y de calidad; con énfasis en la prevención;
guiado por el concepto de la salud como derecho, que sea financiado y gestionado
desde el Estado, con una fuerte regulación de la actividad del sector privado.
La reforma en curso no modifica la estructura básica del sector, reservando
las Isapres para personas de ingresos medios altos y la salud pública para
el resto. Así se mantiene la brecha en la calidad y oportunidad de la atención,
que es preciso reducir con una mayor y mejor asignación de recursos al sistema
público.

Proponemos:
* Aumentar al 2010 en un 100% el gasto en los consultorios de atención
primaria.
* Mejorar la eficiencia y asignación de recursos a los hospitales
públicos, con una gestión orientada a resultados, de tal forma que el financiamiento
se asigne en función de una negociación anual de metas y de los recursos
necesarios para llevarlas a cabo.
* Impulsar una mayor regulación y control sobre el sistema de Isapres,
para erradicar prácticas abusivas que subsisten en el aumento de los precios
de los planes a simple voluntad de las aseguradoras.
* Prohibir por ley los tratamientos discriminatorios en contra
de las personas consideradas en situación de riesgo, especialmente mujeres
en edad fértil y adultos mayores.
* Implementar una política de ?tolerancia cero? con el hambre,
garantizando que todos los chilenos reciban los nutrientes necesarios para
su supervivencia.

e) Fortalecimiento de los derechos laborales
Propugnamos una legislación que fortalezca los derechos laborales y sindicales,
relaciones más participativas y condiciones más justas, que protejan a los
trabajadores temporales, profesionales jóvenes y mujeres jefas de hogar
que prestan servicios contra proyectos, descartando toda forma de flexibilización
laboral que atente contra las conquistas de los trabajadores.
En Chile apenas un 15% de los asalariados ejerce su derecho a sindicalizarse
y un 10% a negociar colectivamente, a pesar de que ambos derechos están
consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales suscritos
por el país. Todos los informes de la OIT indican que el ejercicio de estos
derechos es indispensable para conseguir mejorar la distribución del ingreso.

Proponemos:
* Que a 2010 se encuentren sindicalizados al menos un tercio de
los trabajadores con derecho a hacerlo.
* Aumentar las sanciones y multas a los empleadores que realizan
prácticas anti-sindicales, y considerar sanción penal a los reincidentes
en dichas prácticas.
* Modificar la ley laboral para favorecer la negociación colectiva
por rama de producción o de sindicatos inter-empresa, para fortalecer la
capacidad negociadora de los trabajadores e impedir que los empleadores
contraten reemplazantes cuando se ejercen el derecho legal a huelga.
* Aumentar el salario mínimo a 2010 en dos puntos porcentuales
anuales sobre la tasa media de crecimiento anual (que se ha estimado en
5%). Esto llevaría el salario mínimo, en valores actuales, a $ 180.000 mensuales.
* Aumentar la cantidad y calidad de los fiscalizadores y modernizar
la Dirección del Trabajo.
* Que el Estado pueda efectuar adquisiciones sólo con empresas
que se encuentren al día en el pago de sus cotizaciones previsionales y
que no hayan sido objeto de sanciones por incumplimiento laboral.
* Perfeccionar la legislación para que la empresa matriz se haga
responsable del cumplimiento de las normas laborales cuando la contratación
se externaliza a través de empresas proveedoras o contratistas.
* Destinar US $ 180 millones a pagar el daño previsional que afecta
a los empleados públicos.
f) Previsión social mirando al futuro
Se requiere un cambio drástico del sistema provisional. En las actuales
condiciones, más del 50% de los futuros jubilados recibirán una pensión
mínima o subsidiada por el Estado, gracias a un sistema injusto, que obedece
a una lógica empresarial antes que social.
Cerca de 700 mil personas reciben pensiones de vejez, montepíos, invalidez,
antigüedad y orfandad inferiores al salario mínimo; 372.711 ancianos, que
no cotizaron, reciben pensiones asistenciales de $ 40.000 y 450.000 personas
carecen de pensión asistencial.
Las seis AFP existentes actúan coordinadas a partir de 1998, mantienen las
mismas participaciones en el mercado y cobran comisiones similares, con
una rentabilidad de 30 % sobre patrimonio en los últimos años, cifra muy
superior a las que exhiben las empresas de otros sectores de la economía.

Proponemos:
* Que el INP constituya una AFP pública para entregar competitividad
y transparencia al mercado, disminuyendo costos y comisiones de administración
de los fondos. Esto es posible ya que al INP sólo se le exige autofinanciamiento
y no tendría el costo adicional de modernos edificios, excesivos gastos
de ventas y elevados salarios de los ejecutivos que han caracterizado al
sector privado.
* Modificar las leyes que regulan el sistema, para hacer posible
la negociación individual y grupal respecto de las comisiones que cobran
las AFP y, en el caso de los salarios inferiores a dos sueldos mínimos,
proceder a una licitación pública en la que el Estado asigne la administración
de los fondos a quiénes ofrezcan las comisiones más bajas y mejor atención.

* Modificar las leyes que rigen a las AFP, para que los afiliados
participen en la administración y que la Superintendencia respectiva pueda
fiscalizar los emolumentos de los miembros de los directorios, los ejecutivos
y se transparenten las operaciones que realizan.
* Que el Estado y los empleadores se hagan cargo, por partes iguales,
de las cotizaciones de los trabajadores temporales en los períodos en que
estos se encuentren inactivos, vale le decir, en promedio 6 meses al año.
Esta medida beneficiaría a 400.000 personas.
* Que a 2010 se igualen las pensiones de jubilación, vejez, invalidez,
viudez y orfandad al salario mínimo.
* Elevar hacia el 2010 en un 75% las pensiones asistenciales y
otorgarlas de manera automática a las mujeres de 60 años y a los hombres
de 65, que cumplan con los requisitos de no tener otro ingreso y formar
parte del segmento pobre de la población.
* Reajustar las pensiones en el mismo porcentaje anual que experimenta
el crecimiento del PIB.

g) Profundizar el desarrollo regional
Los esfuerzos de descentralización y para promover el equilibrio entre las
distintas regiones requieren de más inversión privada y de recursos públicos
que vayan más allá del accionar inercial de la política presupuestaria.

Además es necesaria una reestructuración geográfica de los procesos productivos
que permita un desarrollo espacial equilibrado del país y no sólo una descentralización
administrativa que sea la mera distribución de una parte del poder de las
elites centrales a las regionales.
Proponemos:
* Fortalecer planes de desarrollo regional armónico y sustentable,
poniendo énfasis en los focos de menor desarrollo relativo y en las particularidades
de cada región.
* Que las regiones participen en igualdad de condiciones en la
postulación al fondo para proyectos de desarrollo que se originen a partir
del royalty a la minería.
* Que el proceso de descentralización se profundice sobre la base
de un gran acuerdo nacional de desarrollo espacial equilibrado del país.

* Avanzar hacia un gradual traspaso de recursos y decisiones hacia
gobiernos regionales con mayor autonomía, en la perspectiva de que los Consejos
Regionales (Cores) sean electos de manera directa por el voto popular.
* Acabar con los altos cargos públicos provistos desde Santiago
y exigir que los parlamentarios residan en el distrito o circunscripción
que representan.

h) Vivienda, calidad de vida urbana y desarrollo local
Con el apoyo del gobierno central, los gobiernos regionales y municipales
deben articular políticas de desarrollo urbano y territorial con énfasis
en factores críticos como la calidad habitacional, el acceso a servicios
y espacios públicos, la integración socio-espacial, la protección del patrimonio
cultural, y una legislación de rentas municipales, modificada, que permita
mejorar la equidad del sistema.
Proponemos:
* Actualizar la legislación, en la perspectiva de establecer una
nueva política nacional de vivienda y urbanismo.
* Afianzar el rol del Estado en el financiamiento de la vivienda
social y suprimir el traspaso de la cartera de deudores del Serviu a la
banca privada.
* Incorporar de manera activa a los habitantes en el mejoramiento
de la calidad de vida de las ciudades, en actividades tales como manejo
de basuras, tamaño de las urbes, contaminación, transporte, congestión y
calidad de la vivienda social.

i) Medio ambiente y calidad de vida
La problemática ambiental se vincula a temas tan vitales como la justicia
social, la estructura económica, el rol del Estado y el orden político-económico
internacional. En la ciudad y su entorno se advierte el fuerte vínculo entre
condiciones ambientales y desigualdades sociales, que quedan en evidencia
al revisar la gran cantidad de conflictos protagonizados por comunidades,
pertenecientes a las clases populares o medias, cuya salud o calidad de
vida se ve impactada negativamente por proyectos industriales, basurales,
rellenos sanitarios, aeropuertos, autopistas, o por catástrofes naturales,
como inundaciones, aluviones o sequías.

La relación entre injusticia social y deterioro del medioambiente está fuertemente
condicionada por el modelo de desarrollo urbano que prevalece, caracterizado
por la segregación socio-espacial, una creciente desregulación de los usos
del suelo que favorece la especulación inmobiliaria y cada vez menor intervención
estatal directa en infraestructura pública en vivienda, vialidad, transporte
o espacios comunitarios..
Más allá de las medidas para regular y reducir las emisiones contaminantes
de las fuentes fijas y móviles en la ciudad, es importante impulsar políticas
serias para la integración social, la planificación territorial (considerando
suelo urbano y entorno rural), el mejoramiento de los estándares de la vivienda
social (en términos de su constructividad, localización, espacios públicos
y servicios) y el transporte público (red de servicios, vialidad e infraestructura
dedicada).
La estrategia de desarrollo ha consolidado a Chile como explotador y exportador
de recursos naturales con escaso valor agregado. Más allá de los impactos
económicos y sociales directos que esto genera -profundizados por los tratados
de libre comercio-, representa una fuerte carga ambiental, derivada de la
sobreexplotación de recursos no renovables o especies en peligro de extinción,
el deterioro o destrucción de ecosistemas de gran valor biológico o cultural.
Buscamos fortalecer las políticas y la institucionalidad del Estado en materia
de protección y conservación de recursos naturales, ecosistemas y biodiversidad.
Insistimos en la necesidad de gravar la extracción de recursos no renovables,
impulsar la explotación sustentable del bosque nativo e impedir su reemplazo
por especies exóticas y, promover actividades económicas que agreguen valor
a la producción de las comunidades locales. Se hace necesaria una autoridad
ambiental autónoma que juegue en este ámbito el mismo rol que tiene el Banco
Central en el campo económico.
El Estado y los inversionistas privados deben garantizar un modelo económico
y social, basado en políticas de protección del medio ambiente, respeto
por los ecosistemas y la biodiversidad, así como de uso racional y sustentable
de los recursos naturales y energéticos.
Proponemos:
* Establecer una Autoridad Ambiental Autónoma e independiente del
gobierno, que vele por el cumplimiento de la normativa ambiental en los
procesos productivos o de cualquiera otra naturaleza.
* Realizar una explotación racional de los recursos naturales,
de preferencia los no renovables, entregados hoy en su gran mayoría a la
depredación del capital privado nacional e internacional.
* Una nueva legislación ambiental, que garantice un desarrollo
económico sustentable.
* Reducir las emisiones de partículas contaminantes de fuentes
fijas y móviles en un plazo de 10 años.
* Establecer en todo el país plantas de reciclaje de desechos domésticos
e industriales financiadas directa o indirectamente por el Estado mediante
bonos ambientales.
* Diversificación de nuestra matriz energética, incorporando fuentes
renovables y ambientalmente, tales como la eólica, solar o geotérmica.

* Incentivar en forma efectiva el ahorro de energía en las faenas
productivas y domicilios particulares.
* Frenar el crecimiento inorgánico y la concentración demográfica
de la capital, con medidas que estimulen la migración hacia centros poblados
alejados de la metrópoli; cuya habitabilidad debiera mejorarse con infraestructura
urbana de calidad y estímulos materiales hacia las empresas y la población
emigrante.

5. Pleno respeto a los pueblos originarios
Reconocemos el carácter multi-étnico y pluricultural de nuestra nación,
apoyamos el desarrollo de los pueblos originarios, solidarizamos con sus
reivindicaciones, derechos y formas de organización, mediante políticas
que sean fruto de la interacción de sus propios representantes. El estado
debe garantizar la preservación y fortalecimiento de sus culturas, lenguas
y derechos ancestrales a la tierra.
Proponemos:
* Reconocimiento constitucional a los pueblos originarios.
* Recursos adicionales al incremento presupuestario inercial para
aumentar la compra de tierras, la construcción de centros culturales y el
fomento a la pequeña actividad comercial de pequeños productores indígenas.

* Enseñanza obligatoria en el sistema escolar chileno de las culturas
y lenguas mapuche, aimará, rapa nui y de otros pueblos originarias en todos
los establecimientos educacionales del país, de preferencias aquellos situados
en los territorios habitados por estos pueblos.

6. Término de las discriminaciones de género
Buscamos la integración real de mujeres y hombres en todos los espacios
de la vida pública del país. Aspiramos a una sociedad más humana, justa
e inclusiva que no se hará realidad sin superar las actuales desigualdades
que sufren las mujeres de nuestro país.
Proponemos:
* Políticas de Estado para hacer visible la contribución de la
mujer en la vida social y el trabajo, sea doméstico o comunitario.
* Terminar con las diferencias de sueldo que afectan a la mujer
en condiciones de igual competencia con el hombre para ejercer una profesión
u oficio.
* Acciones para incrementar las oportunidades de las mujeres pobres,
de cualquier edad.
* Estimular la participación de las mujeres en espacios de poder,
poniendo fin a cualquier traba existente para que las personas ejerzan derechos
y libertades en razón su sexo u opción sexual.

7. Defensa de los consumidores
Proponemos fortalecer las atribuciones de las asociaciones de consumidores
y aumentar los recursos para que el SERNAC tenga una dotación de personal
que le permita cumplir sus tareas. Entre supermercados o grandes almacenes
y sus abastecedores debe establecerse un protocolo público, que especifique
plazos para los pagos, quién se hace responsable de la publicidad y de regular
otros asuntos que afectan a los pequeños proveedores.
Para controlar las arbitrariedades de las empresas de servicios públicos
no basta con regular tarifas. Cuando existan discrepancias en las cuentas,
el peso de la prueba debe radicarse en las empresas y no en los usuarios.

Se ha hecho evidente la existencia de acuerdos de precios oligopólicos en
el negocio farmacéutico así como las altas tasas de interés por la utilización
de tarjetas de crédito de los grandes almacenes comerciales. Los consumidores
se ven forzados a aceptar crédito a alto precio, mientras los enfermos deben
endeudarse para atender necesidades básicas de salud.
Las personas observan cifras inexplicables en las cuentas de luz, agua,
teléfono u otros servicios básicos y las empresas responsabilizan al cliente,
que debe hacer largas filas, gastar tiempo y dinero para explicar que ha
sido víctima de algún error o engaño. Las cuentas de gas natural importado
están sujetas a altas variaciones derivadas de factores externos; las empresas
de electricidad calculan las tarifas de manera que siempre pierde el consumidor
y las sanitarias cargan a sus clientes el costo de las obras de infraestructura
que están realizando para su propio beneficio.
Las grandes casas comerciales y supermercados fijan precios arbitrarios
y pagos diferidos a agricultores y otros proveedores de menor poder económico,
y el pequeño productor no recibe un pago justo por lo que vende.
Proponemos:
* Fortalecer las atribuciones de las asociaciones de consumidores
y aumentar los recursos, para que el SERNAC tenga una dotación suficiente
de personal que le permita cumplir con sus responsabilidades.
* En las relaciones contractuales entre supermercados o almacenes
comerciales y sus abastecedores debe establecerse un protocolo público que
especifique plazos para los pagos y que precise quién se hace responsable
de la publicidad de los productos, así como de regular otros asuntos que
afectan a los pequeños empresarios que proveen a supermercados y grandes
tiendas.
* Dotar al SERNAC de las atribuciones para controlar de las arbitrariedades
de las empresas de servicios públicos. La regulación de tarifas no basta,
un organismo público debe dirimir las discrepancias entre el cliente y las
empresas, obligando a que el peso de la prueba se radique en éstas y no
en los usuarios.
* Dar suma urgencia a la iniciativa de ley que crea el Defensor
del Ciudadano, organismo autónomo encargado de velar por la promoción y
resguardo de los derechos fundamentales de todos los habitantes del territorio.
El proyecto sigue en la Cámara de Diputados, donde se volvió a presentar
en diciembre de 2003, tal como ocurrió durante las administraciones de Aylwin
y Frei.
* Transparentar las boletas de los servicios públicos, que debieran
ser tan claras para el consumidor como una cuenta de supermercado.

8. Profundizar la reforma a la justicia
En Chile se requiere una reforma judicial integral, que contemple -además
de los procedimientos penales- a la justicia civil, y que se haga cargo
de los retardos que presentan los procesos judiciales; en particular, aquellos
que involucran a personas que carecen de medios económicos.
La justicia debe procurar la certeza y la seguridad jurídica, así como el
acceso a la defensa de los derechos garantizados por el ordenamiento legal,
eliminando distintas formas de discriminación que se producen en el orden
jurídico.
Debemos terminar con la dilación de los procesos que transforman la igualdad
ante la ley y la igual protección jurídica, en una mera declaración de principios,
sin concreción en la realidad.
Proponemos:
* Reformar la justicia civil en Chile, modernizando normas legales
y procedimientos.
* Eliminar procedimientos innecesarios, trabas burocráticas y la
corrupción, que retrasan los procesos.
* Elevar la penalidad de delitos como: estafa, fraude al fisco,
evasión tributaria o retención dolosa de imposiciones, que dañas bienes
jurídicos.

9. Seguridad ciudadana y delincuencia
El aumento de la delincuencia es otro fruto de la desigualdad. La primera
tentación es enfrentar el problema con represión, aumento de penas, tipificación
de nuevos delitos o construcción de recintos penitenciarios.
Pensamos que el país debe tener un eficiente sistema de información estadística
georeferencial, que entregue datos fidedignos sobre la frecuencia de la
comisión de delitos, para diseñar políticas de prevención. Esta prevención
debe orientarse hacia los sectores más vulnerables, con especial atención
sobre las redes de narcotráfico y focos críticos, como colegios u otros
espacios públicos.
Proponemos:
* Traspaso de Carabineros desde el Ministerio de Defensa al de
Interior.
* Reconversión de Investigaciones en una policía judicial que realice
su labor bajo la tuición del Ministerio Público con ampliación de su planta
funcionaria y recursos.
* Revisión de los tres programas actuales de seguridad: Plan Cuadrante,
Comuna Segura y Barrio Vulnerable, con la activa participación de la comunidad.
* Rediseño de la Justicia de Policía Local y establecimiento de
un amplio programa de mediación de conflictos.
* Definir al menos cuatro áreas prioritarias de combate al crimen
organizado: narcotráfico y lavado de dinero; falsificación; hurto; pornografía
infantil y pedofilia.
* Diseñar un plan nacional de rehabilitación y reinserción social,
encargado a equipos de trabajos multidisciplinarios especializados.
* Invertir en la construcción y remodelación de cárceles, para
separar a los internos de acuerdo a sus características individuales.

10. Verdad, justicia y reparación
No basta con la verdad y la justicia para resolver las violaciones a los
derechos humanos. También se requiere de una reparación justa y proporcional
al daño causado. El Informe Sobre Prisión Política y Tortura constituye
un avance en la línea de la verdad, pero todos sabemos que los 36 mil casos
que aparecen en el informe registran apenas una parte de lo ocurrido y
que todavía sigue pendiente parte de la verdad, hacer justicia y lograr
reparaciones justas a las víctimas.
Proponemos:
* Una Política Nacional de Derechos Humanos que amplíe el concepto
a nuevos derechos, como los relativos a no ser discriminado por su condición
étnica, origen social, género o edad; los relacionados con la dignidad en
el trabajo o con una mejor calidad de vida, como son los vinculados a educación,
salud, vivienda o medioambiente.

11. Recursos para enfrentar las desigualdades
Atacar la concentración de la riqueza y la mala distribución de ingreso
requiere de fuerza social y voluntad política. Los principales grupos económicos
no sólo controlan los núcleos productivos y exportadores, sino también manejan
las AFP, las ISAPRES y las principales universidades privadas. Son dueños
de los medios de comunicación escritos, sonoros y audiovisuales y la opinión
pública es bombardeada por una línea informativa que reproduce majaderamente
el pensamiento neoliberal.
La lucha en favor de un sistema económico más democrático, que ofrezca oportunidades
similares a empresarios grandes y pequeños, a propietarios y asalariados,
a ricos y pobres, no será fácil. Tampoco lo será establecer regulaciones
que desafíen las posiciones monopólicas y monopsónicas, que atentan en contra
de los consumidores, los pequeños productores y los clientes de los servicios
básicos.
Aunque se ha instalado en el país la discusión en torno a la distribución
del ingreso, a la hora de la verdad habrá resistencia a la hora de acordar
las medidas y obtener los recursos necesarios para actuar en favor de un
sistema distributivo más ecuánime.
La alta concentración de la propiedad y el ingreso exigiría una modificación
radical del sistema impositivo. Éste se caracteriza por cargar levemente
a las empresas y por basar la mayor parte de la captación en el Impuesto
al Valor Agregado, un tributo que afecta especialmente a los más pobres.
Bajo tales condiciones los aportes tributarios son menos del 17% del PIB,
cifra muy baja en relación a países de similar nivel de ingreso.
El actual ingreso fiscal actual impide adoptar medidas de redistribución;
por esta razón necesitamos una reforma impositiva que establezca cargas
sobre el patrimonio, aunque apuntar en esta dirección obligaría a una larga
lucha política con resultados inciertos.
A pesar de la publicitada neutralidad de la política económica, nuestro
sistema tributario tiene un conjunto de regímenes especiales, exenciones,
deducciones, créditos, dilaciones y tasas reducidas de tributos, que se
aplican tanto a los impuestos a la renta como al IVA. Para obtener recursos
de corto plazo es necesaria una modificación de los tratamientos impositivos
especiales del sistema chileno, acentuar el control de la evasión y la elusión
tributaria.
Proponemos:
* Eliminar la franquicia que permite diferir el pago de impuestos
por la vía de aplicar depreciación acelerada, para las grandes empresas.
* Suprimir el derecho a diferir impuestos por la vía de la amortización
de activos intangibles.
* Eliminar el crédito especial a las empresas constructoras, que
tienen derecho a imputar contra el IVA un crédito especial igual al 65%
del impuesto debitado en sus ventas. Estos remanentes pueden ser imputados
contra cualquier otro impuesto, o bien, cuando no hay impuestos se puede
solicitar su devolución.
* Acentuar el control de la evasión y elusión tributarias, ya que
todavía existe un margen para aumentar la captación impositiva por este
medio.
* Establecer un royalty (regalía) a la extracción de cobre y otros
minerales como molibdeno, oro o plata, en un porcentaje equivalente al promedio
cobrado en otros países por similar recurso. Este porcentaje podrá disminuir
en forma proporcional al grado de elaboración del recurso que hagan las
empresas en Chile. Los fondos obtenidos debieran destinarse a proyectos
de desarrollo a los que las regiones puedan concursar en igualdad de condiciones.

12. Austeridad, probidad y transparencia fiscal.
Chile goza de prestigio internacional por los niveles de probidad con que
se administra el Estado. Pero, si vamos a pedir una contribución mayor a
las grandes empresas, por la vía de eliminar exenciones impositivas, es
necesario extremar las medidas de austeridad, probidad y transparencia.
La elite política que administra el Estado debe dar una señal, considerando
que la ciudadanía percibe que las altas autoridades públicas tienen rentas
demasiado elevadas para el nivel de desarrollo del país. Por ejemplo, en
Chile la relación entre la dieta parlamentaria y el salario mínimo es de
41 veces, mientras que en Inglaterra es de 6,5 veces; en España es de 12,2;
en USA es de 15,6; en Costa Rica es de 14 veces.
Proponemos:
* Disminuir la dieta de senadores y diputados y las remuneraciones
de ministros y subsecretarios, en un 20%.
* Bajar la brecha actualmente existente en la administración pública,
entre el salario más alto y el más bajo, de 40 veces a 30 veces.
* Que todas las autoridades públicas efectúen una declaración pública
ante notario de los activos físicos y financieros que posean antes de asumir
sus cargos e informar de sus cambios patrimoniales.
* Aumentar las facultades de la Contraloría General de la República
para investigar y sancionar los actos de corrupción que afecten los recursos
públicos.

• Sergio Aguiló, Diputado
  Rubén Andino, Comité Central
  Hugo Bordoli, Comunal San Bernardo
  César Canales, Dirigente Comunal Coquimbo
  Mercedes Córdova, Vicepresidenta de la Mujer Regional Coquimbo
  Francisco Fernández, Comité Central
  Jorge Espinosa, Dirigente Regional Coquimbo
  Eduardo Giesen, Comunal Peñalolén
  Cecilia Morelia González, Comunal La Florida
  Lorenzo González, Presidente Comunal San Fernando
  Roberto Irribarra, Comité Central
  Luis Lobos, Regional Metropolitano
  Cecilia Merino, Comunal Santiago
  David Nayar, Presidente Comunal Santiago
  Gonzalo Neira, Juventud Socialista
  Roberto (Tito) Pizarro, Comunal Santiago
  Sergio Retamal, Comité Central
  Fabián Salas, Juventud Socialista
  Pablo Videla, Comunal Santiago
  Jorge Wong, Comunal Santiago

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIALISTA (MAS)
(Corriente de opinión interna Partido Socialista de Chile)
Enero de 2005