CAMBIAR LA CONSTITUCION Y DERROTAR LAS DESIGUALDADES

El crecimiento económico logrado en los últimos quince años no ha significado una reducción de las desigualdades. La brecha entre ricos y pobres se ensancha dramáticamente. Al mismo tiempo, el retorno a la democracia no se ha traducido en la ampliación de los espacios de participación para todas las fuerzas políticas del país ni tampoco para la sociedad civil organizada. No es retórica afirmar que la estrategia económica y el sistema político vigentes han conducido a la existencia de dos Chile muy distintos: por una parte el Chile de los ricos y los incluídos, por la otra el de los pobres y de los excluídos. Esta realidad es inaceptable desde el punto de vista ético, constituye un freno para un mayor crecimiento económico y conduce a tensiones sociales que son incompatibles con una democracia integral.

La exclusión política, la concentración económica y las desigualdades le plantean a la ciudadanía dos desafíos de envergadura que están estrechamente vinculados: cambiar la Constitución y atacar las desigualdades. Es evidente que la derecha construyó el sistema electoral binominal y se aferra a él para asegurar una representación parlamentaria que no le corresponde. De ese modo, prácticamente ha establecido un veto parlamentario en su favor, lo que hace imposible impulsar los cambios necesarios para conseguir una mayor igualdad económico-social. Enfrentar exitosamente estos dos desafíos exige una decidida voluntad política para modificar el sistema electoral binominal y atacar mediante acciones múltiples y simultáneas las desigualdades que nos afectan. Esa voluntad, si existe, obliga a construir un acuerdo entre todas las fuerzas políticas y sociales que desean estos cambios, desde el centro hasta la izquierda.

El cambio constitucional no puede esperar, no sólo por la indignidad que significa que la ley fundamental de Chile lleve la firma del dictador Pinochet, sino también porque la mitad de los ciudadanos no está participando en el actual sistema político. Los más jóvenes se niegan a inscribirse en los registros electorales, otros ciudadanos se abstienen de votar y un grupo significativo sufraga nulo o blanco. La masiva ausencia del ejercicio ciudadano democrático es efecto, entre otras causas, de un sistema electoral binominal que obliga a la conformación de dos bloques políticos y que convierte las elecciones parlamentarias en un acto cuyos resultados están en gran medida predeterminados.

Por otra parte, atacar seriamente las desigualdades tampoco admite espera. La inmensa brecha entre ricos y pobres se ha convertido en una camisa de fuerza para el crecimiento económico. Las desigualdades en la educación, la salud y la seguridad social, así como la desprotección de los trabajadores, consumidores y pequeños empresarios frente al mercado y al control que sobre él ejercen los grandes negocios, constituyen un peligro para la convivencia social y la seguridad de la familia chilena. La amplitud de las desigualdades estremece el corazón de las personas sensibles y es un atentado a la razón de las personas decentes. Recientemente, los organismos internacionales han llamado la atención por la aberrante distribución del ingreso vigente en Chile. Implícitamente se ha producido una convergencia de criterio entre militantes de los partidos políticos de la Concertación, las organizaciones de trabajadores, las fuerzas políticas extraparlamentarias y las organizaciones no-gubernamentales: todos coinciden que las desigualdades son inaceptables y que no debe postergarse el inicio de una lucha decidida para terminar con ellas. Se abre la oportunidad para convertir la coincidencia de ideas en fuerza política y aislar a los sectores conservadores que rechazan todo cambio en favor del progreso social.

Los firmantes de este manifiesto expresamos la decisión personal de contribuir a cambiar la Constitución que impuso el dictador y nos comprometemos a colocar nuestra mayor voluntad política para enfrentar las desigualdades que dividen a la sociedad chilena. En este ánimo, invitamos a las organizaciones políticas y sociales progresistas y a las organizaciones no gubernamentales a promover iniciativas conjuntas y construir los acuerdos que sean necesarios para materializar con éxito esta doble tarea.

Santiago, 10 de Enero de 2005.