LOS DERECHOS SECUESTRADOS

 

por Luis Casado (Francia)

 

La digna viuda de Salvador Allende, nuestra Tencha Bussi nacional,

declaró el 11 de septiembre pasado en La Moneda: ""Chile aun no vive

en plena democracia"(1).

 

Pobre Ricardo Lagos. Pobre. Había intentado subirse al carro de la

historia pretendiendo que él, y no otro,(2) era el hombre de estado

que había, ¡por fin!, abierto las grandes alamedas poniéndole término

al "momento gris y oscuro" (sic) gracias a una "nueva constitución"

(resic).

 

Lagos se hizo culpable ese día de dos pecadillos graves: primero, no

conocer las imborrables palabras pronunciadas por Allende al morir

defendiendo la Constitución legítima, y segundo, intentar vender el

texto mamarracho surgido de la mente fascistoide de Jaime Guzmán (con

algún maquillaje en plan "porque yo lo valgo") como la culminación de

un proceso de democratización aun no concluido.

 

Lamentablemente, algunos días más tarde Michelle Bachelet se hizo eco

de esta estafa al declarar que con esta constitución "la transición ha

terminado"(sic). Puede que esta desafortunada afirmación tenga algo

que ver con su asesor Andrés Velasco, quién ha declarado admirar a

Jaime Guzmán y el sistema electoral binominal que le dio "estabilidad

al país".(3)

 

El momento en que Lagos firmó -muy solemnemente- el texto mamarracho,

fue bien elegido. Durante las fiestas patrias el pueblo de Chile está

en otra y la estafa pasó "piola". O al menos eso creen quienes se

felicitan del timo.

 

Por cierto, el modo en que el texto firmado por Lagos vio la luz del

día no tiene nada de glorioso. Prolongando el mal uso de las

tratativas de pasillo que le han permitido a la derecha conservar lo

esencial de la impunidad y lo fundamental del ordenamiento jurídico

legado por Pinochet, el maquillaje de la constitución del 80 fue

negociado, línea por línea, a espaldas de la ciudadanía. El

Parlamento, o lo que en la constitución pinochetera hace las veces de,

sirvió de tapadera.

 

De ahí que sea legítimo preguntarse:

 

¿Y el pueblo en todo esto?

 

¿Qué se hizo la soberanía popular?

 

¿Qué se hizo la voluntad general como fuente de legitimidad del poder?

 

En suma, ¿Qué se hicieron los derechos ciudadanos?

 

Desde luego no basta con utilizar, a guisa de preámbulo y en modo que

recuerda el coitus interruptus, una frase mal copiada del Contrato

Social: "Las personas nacen libres e iguales en dignidad y

derechos".(4)

 

El crimen antidemocrático es de tal envergadura que conviene recordar

un par de cosas.

 

EL FIN DEL CONTRATO SOCIAL

 

El pensamiento que condujo a establecer el derecho como el resultado

de convenios entre hombres libres es muy anterior a Jean-Jacques

Rousseau, aun cuando se le suele atribuir al pensador ginebrino la

paternidad del invento.

 

Aquellos que empezaban a sentirse estrechos en la monarquía de derecho

divino, asentada en el principio que todo derecho legítimo provenía de

Dios, propusieron una solución muy distinta, basada en el derecho

natural.

 

El hombre es libre dijeron, porque la naturaleza le hizo libre. Si el

hombre accede a someterse a las leyes, es porque él mismo participa a

su creación y aprobación. La ley no es sino la expresión de la

voluntad general, y genera derechos y deberes. Los hombres hacen las

leyes para evitar los amos, y mantenerse libres.

 

En su obra "El contrato social"(5) Rousseau expuso las ideas que

servirían de zócalo al orden civil instaurado por la revolución

francesa, y a las democracias construidas sobre las cenizas de la

monarquía absoluta.

 

"El hombre ha nacido libre, dice Rousseau, pero por doquier se halla

encadenado..." El derecho nacido de la fuerza no es legítimo, dice,

porque no ha sido libremente aceptado por el hombre libre. Si un

pueblo está obligado a obedecer... hace bien... pero en el momento en

que puede sacudirse el yugo... hace todavía mejor..."

 

Corrigiendo a Aristóteles, quién afirmó que algunos hombres nacen para

la esclavitud y otros para la dominación, Rousseau dice que el

filósofo macedonio tomaba el efecto por la causa. Y agrega, "Los

esclavos pierden todo con sus cadenas, hasta el deseo de liberarse de

ellas... Si hay, pues, esclavos por naturaleza, es porque hubo

esclavos contra naturaleza. La fuerza hizo los primeros esclavos; su

cobardía los ha perpetuado".

 

La tremenda carga revolucionaria de los escritos de Rousseau le

granjeó algunas enemistades, y hay quién le acusó de difundir ideas

totalitarias. Pero como bien dice Enrique López Castellón,(6) no se

conoce ninguna dictadura que haya reclamado una inspiración

rousseauniana. Mal podrían hacerlo. Rousseau afirma que la fuerza es

un poder físico y a ese poder no se le puede atribuir ninguna

legitimidad porque "Ceder a la fuerza es un acto de necesidad, no de

voluntad..."

 

La conclusión es demoledora: la fuerza no constituye el derecho, y el

hombre sólo está obligado a obedecer a los poderes legítimos. Las

convenciones, el contrato social, son la base de la autoridad legítima

entre los hombres.

 

Como ejemplo de convenciones libremente aceptadas por los hombres

libres se cuentan la Constitución y las leyes.

 

Dato que lleva a interrogarse sobre la legitimidad del derecho que

emana de la Constitución impuesta por la dictadura de Pinochet. Dicha

Constitución nació del poder de la fuerza, fuerza ante la cual se

cedió como un acto de necesidad, no de voluntad.

 

Hoy en día nadie puede afirmar que la Constitución de 1980 responde a

la noción de Contrato Social.

 

El contrato social, ese convenio fuente de todo derecho legítimo, que

responde a la necesidad de "Hallar una forma de asociación que

defienda y proteja de toda la fuerza común a la persona y a los bienes

de cada asociado, y en virtud de la cual, al unirse cada uno a todos,

no obedezca más que a sí mismo y quede tan libre como antes".

 

Nadie, repito, osa afirmar hoy en día que la Constitución impuesta por

la dictadura haya sido el producto de la voluntad general.

 

¿Qué justifica su pervivencia?

 

¿Qué razones conducen la sociedad chilena a continuar sometida a una

Constitución ilegítima?

 

"El pueblo sometido a las leyes debe ser su autor", nos dice Rousseau.

 

Para luego agregar que la soberanía del pueblo es "inalienable". En

otras palabras, al ser la soberanía del pueblo el ejercicio de su

voluntad general, esta voluntad general sólo puede estar representada

por el pueblo, y en ningún caso por un sátrapa, un príncipe, un

dictador, o a fortiori por un parlamento domesticado cuyo trabajo

legislativo se hace a espaldas del pueblo soberano.

 

Rousseau agrega que la voluntad particular tiende por su naturaleza a

las preferencias, mientras que la voluntad general tiende a la

igualdad.

 

Al constatar la preeminencia de los intereses muy particulares del

gran capital, del mundo de las finanzas y de la inversión extranjera

por sobre la voluntad y los intereses generales del pueblo de Chile no

podemos sino preguntar: ¿Qué puede justificar el aparente

contentamiento con el que se acomodan a una Constitución impuesta por

la fuerza las autoridades nacidas de esa ley ilegítima?

 

Buscando una respuesta uno no puede sino citar a Rousseau: "La fuerza

hizo los primeros esclavos; su cobardía los ha perpetuado".

 

A menos que concluyamos que el gobierno nacido de la Constitución

impuesta por la fuerza no es sino la expresión de una voluntad

particular, cuyo fin consiste en imponer determinadas preferencias en

contra de los intereses de los más, en contra de la voluntad general.

 

Por otra parte, el convenio, como fuente de todo derecho, afirma no

sólo la libertad de los hombres sino también su igualdad política.

Cada cual cede una parte de su propia libertad para someterse a la

autoridad de la ley común aprobada por todos.

 

Rousseau lo expone del modo siguiente: "Cada uno de nosotros pone en

común su persona y todo su poder bajo la dirección suprema de la

voluntad general, y recibimos además a cada miembro como parte

indivisible del todo".

 

Se crea de este modo un ente social, un yo común, que en otras épocas

recibía el nombre de ciudad,(7) y que ahora es llamada república, o

Estado.

 

Respecto de los asociados, dice Rousseau, toman colectivamente el

nombre de pueblo,(8) y se llaman en particular ciudadanos en cuanto

participan de la autoridad soberana, y súbditos en cuanto están

sometidos a leyes del Estado.

 

Jean-Jacques Rousseau no nos dice como deben ser llamados aquellos

asociados tan especiales, y tan propios de la sociedad chilena, que

ejercen todos sus derechos pero no aceptan ningún deber, y en

particular no se someten a la ley común.(9)

 

Y no es que Rousseau se hiciese muchas ilusiones con relación a la

factibilidad de la democracia construida sobre la base de los

principios expuestos en "El Contrato social", ya que preveía, intuía,

que la libertad y la igualdad políticas proclamadas como derecho

natural, no irían muy lejos sin la igualdad económica. Hecho no banal,

si consideramos que para Rousseau la desigualdad es el mal original,

el que engendra todos los demás.(10)

 

La previsión de Rousseau va siendo confirmada por los hechos: hoy en

día la desigualdad económica aleja progresivamente a los ciudadanos

del ejercicio de sus derechos más elementales, mientras que la

imposición de estructuras de reflexión y de decisión internacionales

perfectamente impermeables a la opinión ciudadana como el Fondo

Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de

Comercio, el Foro de Davos, para no hablar de los Tratados de Libre

Comercio que maniatan a países ya controlados por las multinacionales,

termina por eliminar definitivamente la posibilidad para la voluntad

general de ejercer algún tipo de influencia en los temas que le

conciernen.

 

En su día, los nacientes Estados inspirados en las ideas de libertad e

igualdad expuestas por Rousseau eliminaron los privilegios

monárquicos, o bien los heredaron, y asumieron los poderes nacidos de

la voluntad general, es decir de la soberanía del pueblo.

 

Entre otros, el derecho de acuñar moneda (que hoy en día llamaríamos

la emisión monetaria), el derecho de cobrar impuestos (que hoy en día

llamaríamos política tributaria o régimen impositivo), el poder

legislativo o en otras palabras el derecho de establecer las leyes, la

capacidad de aplicar la ley, de imponer la justicia, el derecho

exclusivo del ejercicio de la violencia legítima, el derecho a

castigar los infractores de la ley incluyendo la privación de

libertad, la educación (rescatada de manos de la iglesia y de los

colegios e institutos reales), la responsabilidad de la sanidad

pública, la edificación y el mantenimiento de las infraestructuras

públicas, las relaciones exteriores, la administración del patrimonio

de la nación, la seguridad pública.

 

El Estado, y cada poder del Estado, nacieron pues de la voluntad

general, de la soberanía del pueblo. En esta concepción del orden

civil, el Estado supone representar el interés de todos, la voluntad

general.

 

Ahora bien, como decíamos más arriba, la realidad histórica nos ha

mostrado que el interés general suele confundirse con el interés de

unos pocos, y que la igualdad política dista mucho de tener una

relación de causa a efecto con la igualdad económica. La intuición de

Rousseau, a mediados del siglo XVIII, era cierta.

 

En pleno siglo XIX, testigo de la revolución industrial y del

desarrollo del capitalismo, Karl Marx desarrolló una tesis distinta a

la de Rousseau, en la que el interés general cede la plaza a los

intereses contradictorios, opuestos e irreconciliables, de sectores

sociales diferenciados por su riqueza, la posesión o la carencia de

medios de producción y el papel que desempeñan en la vida económica,

en el modo de producción.

 

Marx constata que la voluntad particular se impone a la voluntad

general, y en la concepción marxista la noción del Estado como

representante del interés general cede su lugar al Estado como

instrumento de defensa de los intereses de la clase dominante.

 

He ahí donde conducía la desigualdad económica prevista por Rousseau.

 

Al alba del siglo XXI, el triunfo del capitalismo primitivo y primario

que ahora llaman neoliberalismo, -y que suele disfrazarse bajo la

denominación de "economía de mercado"-, consagra la desigualdad

social, política y económica, destruye los cimientos mismos de la

democracia, e impone la derrota de la voluntad general.

 

El corolario es simple: si como consecuencia de la desigualdad

económica existe dominación de un sector de la sociedad sobre otros

sectores de la sociedad, tampoco hay igualdad política.

 

La igualdad política desaparece, aplastada por la desigualdad económica.

 

Los derechos de los ciudadanos libres, aquellos de los cuales emana el

poder legítimo a través de la voluntad general, comienzan a

transformarse cada vez más en derechos puramente formales.

 

El ejercicio del poder en favor de la voluntad particular, a favor de

la clase dominante, va alejando a los ciudadanos de sus derechos más

elementales.

 

A pesar de su aguda intuición, Rousseau ni siquiera pudo imaginar

hasta que punto la desigualdad económica llevaría a la negación misma

del Estado que nació inspirado en sus ideas. Y a la negación de la

igualdad política, a la negación del hombre nacido libre por derecho

natural.

 

El desarrollo del capitalismo primitivo y primario, -rebautizado en

modo vergonzante con la expresión economía de mercado y que según John

Kenneth Galbraith (11) debiese ser conocido como el sistema de las

sociedades anónimas-, ha ido transformando al ciudadano, nacido libre

e igual, en un socio de segunda o tercera clase despojado del derecho

de inmiscuirse en lo que le concierne.

 

Después de abandonar los complejos de inferioridad que el capitalismo

desarrolló en razón de sus repetidas crisis económicas -y en

particular la crisis de 1929-, cuyas catastróficas consecuencias le

impusieron algo de pudor en la explotación de la mano de obra

asalariada, el capitalismo actual, el neoliberalismo como se ha dado

en llamar lo que no es sino capitalismo primitivo y primario de la

peor especie, impone leyes y reglas que se alejan definitivamente de

la voluntad general, del interés general, para no ser sino la

expresión de los intereses de la clase dominante.

 

Para utilizar la expresión de Samuel Huntington, los gobiernos son

"Residuos del pasado, cuya única función consiste en facilitar las

operaciones de la elite global".

 

Dos fenómenos convergentes, la imposición del pensamiento único en la

economía, y la aceleración de la globalización, alejan continuamente

al ciudadano de los derechos cuyo origen Rousseau atribuía a la

naturaleza: los derechos de un hombre nacido libre e igual.

 

Los fenómenos mencionados van generando un problema mayor, cual es el

de determinar como se estructura la sociedad y el orden civil, el

problema de saber de donde emana la autoridad y la legitimidad del

poder y del derecho.

 

Quienes sostienen la indiscutible racionalidad del mercado, su

insuperable sabiduría, su predominio absoluto en todas las materias

que fueron de incumbencia ciudadana, no hacen sino desplazar la fuente

de la autoridad y de legitimidad del poder y del derecho al mercado,

significando con ello el fin del Contrato Social y consagrando la

dictadura del dinero.

 

EL MERCADO COMO ELEMENTO ESTRUCTURANTE DEL ORDEN CIVIL

 

De modo pues que, según el pensamiento dominante, el elemento

regulador de las relaciones sociales, del orden civil, la fuente de la

legitimidad del poder y del derecho es el mercado... La "racionalidad"

del mercado...

 

No obstante, cada día que pasa nos trae nuevas evidencias de la

"pérdida de confianza" en el mercado.

 

¿Adónde vamos a parar si ya no se puede creer ni en el mercado?

 

La Crisis, -así, con mayúscula-, es mayúscula.

 

Asistimos simultáneamente, por una parte, a un fenómeno de pérdida de

credibilidad de la política y de los políticos, (13) y por la otra, a

un desmadre de falta de confianza en los mercados. En estas

condiciones ¿a qué santo encomendarse?

 

Que la política y los políticos tengan, hoy por hoy, el mismo peso

específico que un paquete de palomitas de maíz se explica: la dimisión

colectiva que constituye la transferencia de buena parte de sus

prerrogativas al mercado, la irresponsabilidad reivindicada al darle

autonomía a los bancos centrales sin razón aparente y la mutilación de

las competencias del Estado por vía Constitucional bastan, por si

solas, para comprender que la política y los políticos se reservan la

potestad del vacío.

 

Lo que explica además que el discurso político conjugue

sistemáticamente sus verbos en tiempo futuro.

 

Pero que el mercado, sacralizado por esos mismos políticos, al cual le

asignaron poderes cuasi divinos, pierda toda credibilidad... plantea

un problema mayor.

 

Hubo una época no muy lejana en la cual se daba por sentado que cada

ciudadano debía respetar la ley -que nadie debía ignorar- generada en

un Parlamento compuesto por representantes elegidos democráticamente.

 

O sea la ley que surgía de la manifestación de la soberanía popular.

 

El triunfo del capitalismo primitivo y primario que llaman

neoliberalismo, con su secuela de responsabilidades transferidas al

mercado, pretendido demiurgo de la estabilidad económica y del

progreso social, le dejó al Parlamento un campo de competencias

reducido, limitado a poca cosa más que a escuchar el mensaje

presidencial, cada 21 de mayo, o a aprobar Acuerdos internacionales en

la negociación de los cuales no tiene arte ni parte.

 

¡Desdichada soberanía popular! El mercado puede más.

 

A los mercados hay que darles garantías. A los mercados, ¡pobres de

ellos! hay que darles confianza. ¿Y como hacer si la política ya no

inspira ninguna o muy poca?

 

¿Que puede el ejecutivo, o el Parlamento, para darle confianza a los

mercados?

 

¿A esos mercados que ya no le inspiran confianza a nadie?

 

La retahíla de estafas, fraudes, engaños, timos, embelecos, desfalcos,

pillajes, rapacerías, hurtos y raterías cometidos por insospechables

multinacionales ligadas estrechamente al poder político

estadounidense, por los auditores encargados supuestamente de

controlarlas, y por los analistas financieros truhanes cuya sapiencia

ha servido para embaucar incautos en vez de esclarecer las decisiones

de los accionistas se está pagando muy cara.(14)

 

Políticos mezclados con intereses espurios determinados por el

mercado. Mercados espurios, comprando políticos para falsear los datos

del mercado.

 

Ecuación que da como resultado valores bursátiles inferiores a los

valores económicos.

 

Y decenas de millones de desempleados. ¿Pero a quién le importa?

 

Y millones de pensionados que ven desaparecer sus pensiones. ¿Pero a

quién le importa?

 

Falta de confianza que reduce las inversiones, que a su vez reduce el

empleo, que a su vez reduce la demanda, que a su vez reduce las

inversiones, que a su vez...

 

La racionalidad del mercado. Al que hay que "restituirle la confianza".

 

¿Pero cómo devolver la confianza, si lo que se ha dado en llamar "la

comunidad de negocios" no sólo duda sino que sospecha fundadamente de

los datos que provienen de los agentes económicos?

 

¿Cómo acordarle alguna credibilidad a las cuentas de las

multinacionales cuya opacidad es insondable?

 

Tan insondable que las demasiado frecuentes malversaciones son

indetectables gracias a los cientos de filiales situadas en paraísos

fiscales, a participaciones cruzadas, a carteras de pedidos ficticias,

a facturaciones de favor de casa matriz a filial y viceversa, a

provisiones artificiosas, y a un sinnúmero de triquiñuelas contables

más o menos ilegales.(15)

 

Balances que no convencen ni a los propios accionistas, que hace ya

algún tiempo aprendieron a desconfiar de la pomada llamada "corporate

governance".

 

¿Cómo pues, repito, devolverle la confianza a los mercados?

¿Privatizando más para abrirle el apetito a la inversión privada

nacional y/o extranjera?

 

Toda privatización trae consigo una pérdida de patrimonio para la

nación. Es decir empobrece al país.

 

Cuando el Estado decide vender una empresa se sitúa automáticamente en

posición de debilidad: si quiere vender debe hacerlo de modo que quede

en evidencia que quién compra hace un beneficio. Y, en lo posible, muy

rápidamente.

 

Si no es el caso, ¿para qué comprar? Es decir que el Estado debe

vender a un valor financiero inferior al valor económico. Por ello se

sub-evalúa la empresa que se va a privatizar. No solo en Chile. En

cualquier sitio en el que se privatizan activos públicos.

 

De ahí que la fiebre privatizadora aumentase rápida y

exponencialmente: era el mejor modo de hacerse rico en poco tiempo. Y

hay quienes compran y venden sus acciones en el mismo día para

concretizar rápidamente sus ganancias.

 

Pero privatizando, ¿se le devuelve la confianza a quién?

 

Desde luego no a los inversores.

 

¿Cómo podrían los inversores confiar en un Estado que se hace

esquilmar vendiendo a vil precio el patrimonio nacional? En otras

palabras, ¿Cómo confiar en un cretino? ¿O en un deshonesto?

 

Y tampoco se le devuelve la confianza al "factor trabajo", ese que

suele ser el primer damnificado con las reducciones de personal, las

deslocalizaciones, las reducciones de salarios, la precarización.

 

Menudo problema al que están enfrentados los vencedores. Los

capitalistas primarios (neoliberales). Aquellos que escribieron "el

fin de la historia".

 

Que la desideologización y la despolitización les importe un bledo, se

entiende. ¡Pero la pérdida de confianza en el mercado!... Eso debe

importarles.

 

Esa pérdida de confianza que hace temer a Felix G. Rohatyn que "el

capitalismo… no sobrevivirá".

 

Menudo problema en verdad. Porque si el elemento estructurante de la

vida en sociedad ya no reposa en el Contrato Social, ni en la

racionalidad del mercado ¿la vida en sociedad se sustenta en qué?

 

La sociedad civil -los ciudadanos-, no logra encontrar una expresión

coherente en el Estado político.

 

¿Cómo se expresan las libertades ciudadanas para millones de pobres e

indigentes?

 

¿Qué significa el crecimiento para cientos de miles, millones de

desempleados?

 

¿O la seguridad para los pobladores víctimas de la delincuencia que

engendra la miseria?

 

¿De qué manera ven el progreso los estudiantes sin recursos?

 

¿Qué son los adelantos científicos para las familias sin servicios

médicos?

 

La Constitución legada por la dictadura transformó el Estado en

instrumento de los poderosos, para mantener a raya a los débiles y el

maquillaje operado por Lagos no hace sino perpetuar esa función.

 

El Estado no representa sino a quienes lo transformaron en la

alcahueta de sus propios intereses. Tal vez ello explique que casi 50%

de la ciudadanía no se inscriba, no vote, o vote blanco o nulo. Al

imponer el neoliberalismo en Chile la dictadura dio un gran salto

atrás: un salto atrás de siglos.

 

Cuando el Estado deja de representar los intereses de la nación, la

nación se desinteresa del Estado...

 

Por eso es conveniente preguntarse una y otra vez: si el elemento

estructurante de la vida en sociedad ya no reposa en el Contrato

Social, ni en la racionalidad del mercado... ¿La vida en sociedad, el

orden civil, se sustenta en qué?

 

NOTAS DEL AUTOR

(1)Durante el homenaje a Salvador Allende en el Palacio Presidencial.

(2)Patricio Aylwin, presente en la ceremonia, continua insistiendo en

que la transición terminó durante su mandato.

(3)Dicho sea de paso Jovino Novoa, líder de la UDI, piensa y declara lo

mismo.

(4)Capítulo I, Art. 1 del texto mamarracho.

(5)«El Contrato Social» - J.J. Rousseau – Ed. Mateos – Madrid, 1999.

(6)Enrique López Castellón. Prólogo a la citada edición del Contrato

Social.

(7)De ahí la calidad de "ciudadano", miembro de la ciudad, y parte de

la soberanía ciudadana.

(8)Pueblo, y en ningún caso "gente", que en el latín "genus" quiere

decir familia o tribu. El pueblo, del latín populus, es el conjunto de

ciudadanos que ejerce derechos y respeta deberes adoptados libremente.

(9)Pinochet y sus secuaces por dar un ejemplo…

(10)J.J. Rousseau. Op. cit.

(11)«Les mensonges de l'économie"; J.K. Galbraith. Ed. xxxx – Paris.

2004

(12)Modelo económico conocido impropiamente como neoliberalismo, y que

no es sino la imposición de las tesis del capitalismo primitivo y

primario.

(13)p.ej.: 50% de abstención, voto blanco o nulo, y/o de no

inscripción en los registros electorales en Chile. Para no hablar de

los USA. O de Francia en donde más del 60% de los menores de 35 años

no votó en las últimas elecciones parlamentarias.

(14)A la desaparición de Andersen, motivada por fraude, estafa y

prevaricación, se suman los centenares de millones de dólares de multa

pagados por Merrill Lynch y KPMG con el exclusivo fin de parar los

procesos que la justicia de los EEUU llevaba adelante precisamente por

fraude, estafa y prevaricación… Es lo que se llama la "transparencia"

de los mercados.

(15)Ya sabes: Enron, Worldcom, Tyco, Parmalat, Ahold, los

laboratorios, los bancos, las empresas de telecomunicaciones, y un

largo, larguísimo etc.

 

 

 

 

DERECHO A LA INFORMACION: YO QUIERO VER MI FICHA DE LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA DE LA DICTADURA

 

LAS FICHAS DE 38.900 CIUDADANOS CHILENOS ELABORADAS POR LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA DE LA DICTADURA ESTAN EN LA JEFATURA DE INTELIGENCIA POLICIAL DE LA POLICIA CIVIL CHILENA POR ORDEN DEL JUEZ JORGE ZEPEDA: YO TENGO DERECHO A OBTENER LA MIA Y USTED TAMBIEN!

 

 

20 de Septiembre del 2005

 

Colonia Dignidad: El futuro de las 43.000 fichas halladas en el enclave

 

por  Jacmel Cuevas P.

 

www.elmostrador.cl

 

Pese los antecedentes recibidos por el ministro Jorge Zepeda acerca del maltrato y abusos que sufrieron los colonos hacen proyectar una rápida investigación para dilucidar la eventual existencia de una asociación ilícita, el futuro de los documentos de inteligencia hallados en los terrenos de Villa Baviera comienza a inquietar a los cercanos al proceso judicial.

 

Luego de recibir los antecedentes judiciales acumulados por el Juzgado de Letras de Parral, el ministro Jorge Zepeda -quien tiene a su cargo indagar todas las actividades ilícitas que pudieran estar relacionadas con la ex Colonia Dignidad- sostuvo diversas reuniones para dirigir a los equipos de la policía de Investigaciones que trabajan en dichos procesos.

 

Asimismo, el magistrado se dispuso a analizar los informes evacuados por el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) referidos a la clasificación y revisión del cuantioso arsenal encontrado en búnkeres subterráneos de Villa Baviera, así como también los relativos a las fichas de información halladas junto a las armas, tarea a cargo de la Jefatura de Inteligencia Policial (Jipol) de la policía civil.

 

Luego de extraer las potenciales informaciones que apunten a esclarecer casos de delitos de lesa humanidad que estarían ligados a las actividades que tuvo el enclave durante el gobierno militar, o a encontrar posibles restos de desaparecidos, el juez también comparte la preocupación por el destino que pudiese tener esa información, tanto pública como privada, de 38.900 ciudadanos, que abarca tanto aspectos públicos y privados de los afectados.

 

Parte de un expediente

 

Si bien, hasta ahora, las carpetas elaboradas por la ex jerarquía de Villa Baviera permanecen en dependencias de la Jipol, esta información oficialmente es parte del expediente del proceso judicial sobre la desaparición del militante del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU) Juan Maino Canales, de quien se perdió su rastro al interior del enclave.

 

En este caso se encuentran procesados el ex jefe de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el general (R) Manuel Contreras, y los ex agentes de este organismo Rolf Wenderoth, Osvaldo Pincetti (Doctor Tormento), el detective retirado Eugenio Fieldhouse y Carlos López Tapia, el ex jerarca de Dignidad, Paul Schaeffer, en calidad de autores, el médico Harmutt Hopp, como encubridor y los colones alemanes Gerhard Mücke y Karl van den Berg.

 

Fuentes del proceso estiman que esos antecedentes son parte de dicho expediente y, por tanto, deberían quedar anexados a éste. Dicha la alternativa abriría la posibilidad de que la información contenida en las fichas sea pública, una vez cerrado el sumario del caso. "No procedería romper un proceso judicial y entregarlo a los que pudieran estar afectados por esta información", opinó una fuente allegada al caso.

 

Hasta el momento los antecedentes registrados en las carpetas de información no han trascendido a la prensa, pero algunos de los que han tenido acceso a ellas comentaron que hay datos bastante comprometedores de algunos de los aludidos, a lo cual se suma que no existe ningún grado de veracidad sobre lo que se consigna, por lo cual sería un tema complejo que estos antecedentes trasciendan a la opinión pública sin ningún tipo de "filtro".

 

Cercanos al ministro Zepeda afirman que el hecho que más le complica es que estas carpetas referidas a distintos personajes de todos los espectros políticos e institucionales puedan ser mal utilizada con fines electorales, tomando en cuenta especialmente el período electoral que vive el país.

 

Por lo anterior, el magistrado ha reforzado las medidas de seguridad respecto a estos documentos y sólo haría público aquellos relacionados con casos de violaciones a los derechos humanos, tanto a su cargo, como instruidos por otros tribunales.

 

Experiencias internacionales

 

Uno de los consultados por este medio señaló que el juez Zepeda estaría estudiando diversa literatura jurídica para definir qué futuro le cabría a esas fichas de inteligencia.

 

Para ello, se ha interiorizado sobre las experiencias internacionales sobre información de inteligencia que han elaborado organismos de seguridad de regímenes autoritarios. Una de ellas es lo que se decidió hacer con los documentos pertenecientes a policía política de la ex Alemania comunista, conocida como Stassi.

 

Luego de la caída del muro de Berlín, en 1989, los archivos de la Stassi fueron entregados a cada uno de los facetados en forma reservada, quienes luego tomaron propiedad de dicha información para destruirla, guardarla o definir algún otro destino.

 

Eso es lo que de alguna forma el magistrado ya hizo con la información referida a dos detenidos desaparecidos cuyos casos se encuentra sustanciando, antecedentes que fueron copiados y entregados a los familiares de ambas víctimas a través de sus abogados, Nelson Caucoto y Loreto Meza.

 

Pero en América Latina también existen experiencias al respecto. Una de ellas es el caso de Paraguay, donde toda la información recopilada y almacenada por los organismos represivos, denominados "Los archivos del Terror", fue destinada a un "Centro de Documentación y Archivos para la Protección de los Derechos Humanos", lugar al que cualquier persona de esa nación puede acceder para consultarlos, pese al grado de privacidad que pueden tener dichos antecedentes.

 

Al ser consultada al respecto, una fuente cercana al proceso fue reacia a tal posibilidad. Sin embargo aclaró que para concretarse una idea en dicha dirección se debe contar con el respaldo del Poder Ejecutivo. "Para destinarlo a un archivo de consulta pública debe existir una Ley especial que así lo disponga, sino lo más lógico es que quede como parte del proceso judicial del que (dichos antecedentes) forman parte", sostuvo.

 

 

 

 

DERECHO A LA INFORMACION: YO TENGO DERECHO A OBTENER MI FICHA QUE ELABORARON LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA DE LA DICTADURA

 

LAS FICHAS DE 38.900 CIUDADANOS CHILENOS ELABORADAS POR LOS SERVICIOS

DE INTELIGENCIA DE LA DICTADURA ESTAN EN LA JEFATURA DE INTELIGENCIA

POLICIAL DE LA POLICIA CIVIL CHILENA POR ORDEN DEL JUEZ JORGE ZEPEDA:

YO TENGO DERECHO A OBTENER LA MIA ¡Y USTEDES TAMBIEN! ¿QUE HACEMOS PARA

ELLO?

 

20 de Septiembre del 2005

 

Colonia Dignidad: El futuro de las 43.000 fichas halladas en el enclave

 

por  Jacmel Cuevas P.

 

www.elmostrador.cl

 

Pese los antecedentes recibidos por el ministro Jorge Zepeda acerca del

maltrato y abusos que sufrieron los colonos hacen proyectar una rápida

investigación para dilucidar la eventual existencia de una asociación

ilícita, el futuro de los documentos de inteligencia hallados en los

terrenos de Villa Baviera comienza a inquietar a los cercanos al

proceso judicial.

 

Luego de recibir los antecedentes judiciales acumulados por el Juzgado

de Letras de Parral, el ministro Jorge Zepeda –quien tiene a su cargo

indagar todas las actividades ilícitas que pudieran estar relacionadas

con la ex Colonia Dignidad- sostuvo diversas reuniones para dirigir a

los equipos de la policía de Investigaciones que trabajan en dichos

procesos.

 

Asimismo, el magistrado se dispuso a analizar los informes evacuados

por el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) referidos

a la clasificación y revisión del cuantioso arsenal encontrado en

búnkeres subterráneos de Villa Baviera, así como también los relativos

a las fichas de información halladas junto a las armas, tarea a cargo

de la Jefatura de Inteligencia Policial (Jipol) de la policía civil.

 

Luego de extraer las potenciales informaciones que apunten a esclarecer

casos de delitos de lesa humanidad que estarían ligados a las

actividades que tuvo el enclave durante el gobierno militar, o a

encontrar posibles restos de desaparecidos, el juez también comparte la

preocupación por el destino que pudiese tener esa información, tanto

pública como privada, de 38.900 ciudadanos, que abarca tanto aspectos

públicos y privados de los afectados.

 

Parte de un expediente

 

Si bien, hasta ahora, las carpetas elaboradas por la ex jerarquía de

Villa Baviera permanecen en dependencias de la Jipol, esta información

oficialmente es parte del expediente del proceso judicial sobre la

desaparición del militante del Movimiento de Acción Popular Unitaria

(MAPU) Juan Maino Canales, de quien se perdió su rastro al interior del

enclave.

 

En este caso se encuentran procesados el ex jefe de la disuelta

Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el general (R) Manuel

Contreras, y los ex agentes de este organismo Rolf Wenderoth, Osvaldo

Pincetti (Doctor Tormento), el detective retirado Eugenio Fieldhouse y

Carlos López Tapia, el ex jerarca de Dignidad, Paul Schaeffer, en

calidad de autores, el médico Harmutt Hopp, como encubridor y los

colones alemanes Gerhard Mücke y Karl van den Berg.

 

Fuentes del proceso estiman que esos antecedentes son parte de dicho

expediente y, por tanto, deberían quedar anexados a éste. Dicha la

alternativa abriría la posibilidad de que la información contenida en

las fichas sea pública, una vez cerrado el sumario del caso. “No

procedería romper un proceso judicial y entregarlo a los que pudieran

estar afectados por esta información”, opinó una fuente allegada al

caso.

 

Hasta el momento los antecedentes registrados en las carpetas de

información no han trascendido a la prensa, pero algunos de los que han

tenido acceso a ellas comentaron que hay datos bastante comprometedores

de algunos de los aludidos, a lo cual se suma que no existe ningún

grado de veracidad sobre lo que se consigna, por lo cual sería un tema

complejo que estos antecedentes trasciendan a la opinión pública sin

ningún tipo de “filtro”.

 

Cercanos al ministro Zepeda afirman que el hecho que más le complica es

que estas carpetas referidas a distintos personajes de todos los

espectros políticos e institucionales puedan ser mal utilizada con

fines electorales, tomando en cuenta especialmente el período electoral

que vive el país.

 

Por lo anterior, el magistrado ha reforzado las medidas de seguridad

respecto a estos documentos y sólo haría público aquellos relacionados

con casos de violaciones a los derechos humanos, tanto a su cargo, como

instruidos por otros tribunales.

 

Experiencias internacionales

 

Uno de los consultados por este medio señaló que el juez Zepeda estaría

estudiando diversa literatura jurídica para definir qué futuro le

cabría a esas fichas de inteligencia.

 

Para ello, se ha interiorizado sobre las experiencias internacionales

sobre información de inteligencia que han elaborado organismos de

seguridad de regímenes autoritarios. Una de ellas es lo que se decidió

hacer con los documentos pertenecientes a policía política de la ex

Alemania comunista, conocida como Stassi.

 

Luego de la caída del muro de Berlín, en 1989, los archivos de la

Stassi fueron entregados a cada uno de los facetados en forma

reservada, quienes luego tomaron propiedad de dicha información para

destruirla, guardarla o definir algún otro destino.

 

Eso es lo que de alguna forma el magistrado ya hizo con la información

referida a dos detenidos desaparecidos cuyos casos se encuentra

sustanciando, antecedentes que fueron copiados y entregados a los

familiares de ambas víctimas a través de sus abogados, Nelson Caucoto y

Loreto Meza.

 

Pero en América Latina también existen experiencias al respecto. Una de

ellas es el caso de Paraguay, donde toda la información recopilada y

almacenada por los organismos represivos, denominados “Los archivos del

Terror”, fue destinada a un “Centro de Documentación y Archivos para la

Protección de los Derechos Humanos”, lugar al que cualquier persona de

esa nación puede acceder para consultarlos, pese al grado de privacidad

que pueden tener dichos antecedentes.

 

Al ser consultada al respecto, una fuente cercana al proceso fue reacia

a tal posibilidad. Sin embargo aclaró que para concretarse una idea en

dicha dirección se debe contar con el respaldo del Poder Ejecutivo.

“Para destinarlo a un archivo de consulta pública debe existir una Ley

especial que así lo disponga, sino lo más lógico es que quede como

parte del proceso judicial del que (dichos antecedentes) forman parte”,

sostuvo.

 

 

 

 

 

NO A LA  IMPUNIDAD EN CHILE

 

From: Maria Luisa <cukacl@...>

 

OPERACION IMPUNIDAD

 

El indulto concedido por el presidente Ricardo Lagos

a quien asesinó a Tucapel Jiménez no fue un acto de

clemencia frente a una situación especial.

 

El indulto a Manuel Contreras Donaire supero su

alcance natural y se convirtió en la base de la LEY DE

IMPUNIDAD presentada a comienzos de septiembre.

 

El proyecto de ley de impunidad de autoría de los

senadores udi Larraín y Arancibia, y designados de la

concertación Boeninger y Silva Cimma, beneficiará a

personal civil y militar que haya participado en

violaciones a los derechos humanos cometidas entre los

años 1978 y 1990.

 

Se nos ha hecho creer que el indulto no alcanzará a

los altos mandos ni cubrirá hechos que hayan derivado

en la desaparición forzada de personas.

 

Se nos ha hecho creer que sólo se beneficiará a