Los abajo firmantes se sienten en la obligación de expresar su opinión a propósito del ingreso del Acuerdo de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos para su ratificación en el Honorable Congreso Nacional.

Al respecto quisiéramos señalar:

Reconocemos la importancia que han tenido los acuerdos bilaterales negociados por Chile para el crecimiento económico y la expansión de las exportaciones. Sin embargo, este crecimiento, que muestra señales de agotamiento en los últimos cinco años, no ha venido acompañado de equidad, justicia social, mejoramiento en la situación de los trabajadores y consumidores, oportunidades para los micro y pequeños empresarios, real participación ciudadana y sustentabilidad ambiental.

El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos nos preocupa especialmente por cuanto, a diferencia de todos los otros tratados bilaterales, plantea serias dudas en torno a los límites de la política pública. Creemos que los compromisos contenidos en el TLC pueden cerrar las puertas a modificaciones de la estrategia económica en curso y a la política económica, lo cual podría impedir una recuperación del crecimiento y del empleo, acentuar las desigualdades existentes y afectando en mayor medida a los trabajadores y a los pequeños y microempresarios. Tenemos la responsabilidad, entonces, de evaluar los costos y beneficios del TLC en forma realista y sin ideología, con un doble propósito: compensar a aquellos sectores que se verán afectados negativamente por el TLC y ayudar a resolver las dudas existentes sobre los límites que impone el TLC a la autonomía de la política pública.

(Preparado por Rodrigo Pizarro, Fundación TERRAM, Agosto 25, 2003. www.terram.cl)

Los parlamentarios abajo firmantes, y en compromiso con la organizaciones sociales y gremiales presentes, consideramos que junto con la suscripción de este tratado es imprescindible clarificar aquellas dudas que han surgido en el proceso de negociación y considerar las adecuadas compensaciones en favor de aquellos sectores que saldrán abiertamente perjudicados:

Si bien la desgravación arancelaria ofrece oportunidades para los productores nacionales, las realidades económicas y de competencia entre Chile y los Estados Unidos son tan disímiles que la reducción arancelaria, siendo una condición necesaria, resulta insuficiente para asegurar el mayor acceso al mercado norteamericano. Como ha sido probado en todas las experiencias históricas de desarrollo exitoso, no basta con la apertura de mercados para colocar una mayor oferta exportable y de mejor calidad, sino que se requiere un conjunto de políticas públicas adecuadas para fortalecer a nuevos sectores. Esto es especialmente significativo cuando se trata de un mercado tan exigente como el norteamericano.

La única forma de promover una segunda fase exportadora, con mayor valor agregado, es fortaleciendo la capacidad profesional, tecnológica y crediticia de nuestra pequeña y mediana empresa. Lamentablemente, los recursos para estos sectores son claramente insuficientes; más aún, a la fecha ni siquiera se han cumplido los compromisos de mayores recursos financieros hacia la PYME, luego de la eliminación progresiva de importantes beneficios como el reintegro simplificado. Asimismo, la actual institucionalidad de fomento productivo en torno a los distintos programas de fomento, la CORFO y el rol del Banco del Estado son claramente insuficientes, con recursos e instrumentos muy limitados.

Por tanto, si se quiere ratificar el TLC, proponemos la aprobación de un nuevo sistema de fomento productivo, con una organización eficaz y recursos económicos suficientes, así como instrumentos crediticios para apoyar a la pequeña y mediana empresa exportadora o a aquellas pequeñas o micro empresas que proveen servicios para la gran empresa exportadora.

Así como existen sectores beneficiados por la reducción arancelaria, también existen sectores vulnerables. No cabe duda de que la agricultura tradicional se encuentra seriamente complicada por la gama de acuerdos suscritos y por la fragilidad de las bandas de precio como mecanismo de estabilidad de precios agrícolas.

Es importante destacar que la agricultura tradicional juega un rol fundamental en la economía nacional, permitiendo el desarrollo de zonas muy importantes del país y con altos niveles de empleo. Asimismo ésta es altamente competitiva, pero no puede competir frente a los miles de millones de dólares destinados a los distintos tipos de subsidios y apoyos agrícolas directos que existen a nivel internacional y, especialmente, en Estados Unidos.

Hay que considerar que la agricultura tradicional, además de asegurar la mantención de los pequeños agricultores y sus familias y de asegurar la alimentación básica autónoma, puede ser la conservadora de cultivos que protejan nuestros frutos y granos, generando oportunidades para la conservación y rescate de la biodiversidad y el desarrollo sustentable.

Proponemos una respuesta seria y responsable para apoyar a nuestra agricultura, a través de compensaciones directas u otros tipos de incentivos para su apoyo y/o reconversión.

El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, así como los distintos tratados suscritos en el último tiempo, significan que hoy día Chile es uno de los países más abiertos a la economía mundial. No obstante, los mecanismos e instrumentos de protección frente a prácticas desleales de comercio como el anti-dumping son engorrosos, difíciles de aplicar y poco efectivos.

Proponemos revitalizar la institucionalidad e instrumentos para la defensa comercial de prácticas desleales, generando mecanismos más expeditos y eficientes para la aplicación de medidas transitorias de protección comercial, cuando nuestra industria se vea amenazada.

Lo anterior es particularmente importante, ya que actualmente el sistema anti-dumping norteamericano es un instrumento de protección comercial utilizado indiscriminadamente. Nuestros productos se han visto afectados en forma permanente por él, más aún, la capacidad de defensa para empresas pequeñas y medianas es limitado y sin un adecuado apoyo estatal.

Proponemos la creación de un Fondo Financiero para PYMEs exportadoras, de manera de apoyar la defensa de nuestros productos afectados por medidas de defensa comercial injustificadas.

El tipo de acuerdo que se ha logrado no parece tener beneficios concretos y específicos para Chile, más allá de consolidar el amplio acceso con que Chile ya cuenta para ingresar al mercado norteamericano. De hecho, los estudios académicos que se conocen indican que el tratado tendrá un impacto mínimo sobre el comercio y el ingreso nacional. Un estudio realizado por la Universidad de Michigan y citado en el Washington Post (5/12/2001) estima que mientras el impacto sobre el ingreso nacional chileno será de apenas US$700 millones, el PIB norteamericano aumentará en US$4.200 millones. Asimismo un reciente estudio de la Oficina de Comercio Norteamericano señala que los impactos comerciales son insignificantes. Paralelamente, el Tratado significa una serie de compromisos en relación a la propiedad intelectual, el comercio electrónico, la tecnología y la protección a la inversión extranjera que van más allá de lo suscrito ante la Organización Mundial de Comercio. El TLC, entonces, ayudará a consolidar así una relación comercial en que Chile exporta materias primas y Estados Unidos los servicios asociados a la nueva economía y la alta tecnología.

Si bien todos los Tratados de Libre Comercio significan límites a la soberanía nacional, éste puede traer serias consecuencias sobre la capacidad de generar una política económica autónoma, lo que significa en la práctica renunciar a alterar mínimamente la actual estrategia de desarrollo.

El TLC ha adoptado un marco regulatorio para la protección de la inversión extranjera que, según la Oficina de Comercio norteamericana, va más allá de cualquier acuerdo que las partes hayan firmado, incluso el Nafta. Pero éste último ya es extremadamente estricto para la protección de la inversión, permitiendo la demanda al Estado de parte del inversor. Este marco regulatorio tiene serios cuestionamientos con relación a la posibilidad de alterar las actuales políticas sectoriales.

Por ejemplo, el NAFTA incluye una serie de derechos para las corporaciones multinacionales, que permiten que empresas demanden al estado local si estiman que la acción gubernamental ha afectado sus derechos. Esto pone en entredicho la capacidad de los estados nacionales de asegurar el interés público. En el Nafta ha habido más de una docena de demandas de parte de multinacionales, por más de US$13 mil millones. Un caso paradigmático es el de UPS, el servicio de correo privado norteamericano, que está exigiendo al Estado canadiense una compensación de US$100 millones porque el servicio de correo estatal de ese país, al participar en el negocio, está afectando su tasa de ganancia. Este es el primer caso contra un servicio público con serias consecuencias sobre la capacidad del Estado de proveer ciertos servicios básicos.

Un segundo caso paradigmático es el de Metalclad, una empresa de disposición de residuos tóxicos, que argumenta que el Estado de San Luis de Potosí en México, al rechazar un permiso para la disposición de residuos, afectó indebidamente sus derechos como inversor. El Gobernador del Estado estimó que la planta propuesta por Metalclad significaba un riesgo ambiental y ordenó que la cerraran. Metalclad buscó compensación por US$90 millones y obtuvo US$16,7 millones, bajo el argumento que ya había iniciado la construcción y requería indemnización. Los casos de Waste Management Inc. en Acapulco y Azinian en Desona también son similares, ya que afectan la capacidad del Estado mexicano de llevar a cabo su política ambiental. El caso de Cemsa/Feldman fue el primero bajo el esquema Nafta que limitaba la capacidad del Estado de alterar la estructura tributaria. Se interpuso una demanda de US$50 millones porque a la empresa le fue denegada una exención tributaria por la exportación de cigarrillos.

Independientemente de si estas demandas se ajustan a los efectivos derechos de los inversores, es claro que al otorgarle mayor seguridad jurídica al inversor existe un costo para Chile. La pregunta es cuál será la implicación para Chile en el marco de sus políticas regulatorias y de las empresas públicas como Codelco, ENAP y Correos de Chile, así como de otros servicios públicos como el agua, la electricidad y otros que ya se encuentran en manos de inversionistas extranjeros. En consecuencia, la autoridad debe aclarar el ámbito de acción e impacto potencial del capítulo de protección de inversiones que se encuentra en el tratado.

Proponemos que la autoridad entregue un informe en derecho realizado por estudios jurídicos independientes, que analicen las implicancias legales y posibles impactos de este marco regulatorio. Asimismo, esperamos que se aclare la flexibilidad de la política pública, especialmente en el ámbito regulatario. Una preocupación especial es la posibilidad de la aplicación de un ‘royalty’ a la minería chilena.

Este es uno de los aspectos más preocupantes de la negociación. Entendemos que Chile accedió a eliminar el encaje al capital especulativo, una de las políticas más aplaudidas a nivel internacional en los Noventa. Este compromiso limitará enormemente la capacidad del Estado chileno para fijar políticas de protección a los movimientos del capital de corto plazo. Aparentemente, el TLC contiene un mecanismo de excepcionalidad ante crisis económicas, pero su duración de un año parece insuficiente para enfrentar una seria crisis del sector externo.

Proponemos que la autoridad explique y aclare la naturaleza, impactos y consecuencias de los compromisos en este ámbito, así como también un informe en derecho independiente sobre la interpretación de este compromiso y la salvaguardia de un año en cuanto a su utilidad para enfrentar eventuales crisis financieras.

Chile adquirió compromisos más allá de los acuerdos ante la Organización Mundial de Comercio sobre propiedad intelectual. Éstos aún no se evalúan adecuadamente, pero todo indica que significarán un costo importante en cuanto a las nuevas patentes, costos de fiscalización e introducción de una nueva institucionalidad. Un sector especialmente perjudicado es la pequeña y mediana empresa que será incapaz de pagar por los software computacionales y otras patentes que elevarán sustancialmente los costos de producción. Un informe de la Oficina de Comercio norteamericano señala que las pérdidas para la industria estadounidense son de aproximadamente US$70 millones al año, ¿esto significa entonces que con mayor regulación en este ámbito será nuestra industria la que asumirá estos costos?

Esperamos que se aclare plenamente los compromisos en propiedad intelectual, especialmente los impactos y consecuencias esperadas, en relación al costo de las medicinas, acceso a nuevas tecnologías de información y cultura.

Proponemos, la creación de un fondo para la innovación tecnológica para la Pequeña y Mediana Empresa, que permita ajustarse a los nuevos requerimientos legales. Asimismo, esperamos que la autoridad aclare detalladamente los compromisos legislativos posteriores y sus costos para ajustar nuestra legislación en materia de propiedad intelectual.

Mayor fiscalización de los derechos de autor y de copyright, han sido señaladas como logros por personas vinculadas a la cultura. Sin embargo, los compromisos generales del TLC afectan seriamente la capacidad de Chile de tener una política importante en materia cultural. Esperamos que se aclare el real alcance del tratado sobre la capacidad del Estado de tener políticas de apoyo a nuestra cultura, especialmente en la posibilidad de tener políticas de discriminación positiva, a proyectos culturales nacionales, en cine, televisión y otros medios culturales.

Algunos sectores de las organizaciones sindicales han manifestado su acuerdo con el TLC debido al compromiso explícito del Gobierno con los principios de la OIT, así como con las cláusulas para una mayor fiscalización del cumplimiento de las normas laborales y ambientales. No obstante, los compromisos más profundos con respecto a la estrategia de desarrollo ponen en clara desventaja a las organizaciones sindicales y ambientales, particularmente porque se perpetúa la actual situación. Más aún, la mayor exigencia en cuanto a la fiscalización posiblemente se constituya en un incentivo para retrasar una legislación moderna, tanto laboral como ambiental, por lo que muy probablemente el tratado será contraproducente.

Con el aumento de los flujos de comercio a EEUU aumentará la competitividad, pero nada hace suponer que la empresa buscará mecanismos para competir que no afecten las ya precarias condiciones laborales. Lo más esperable es que reduzcan sus costos vía incorporación de tecnología y/o reducción de costos en personal. Esto significará una nueva presión a los índices de desempleo abierto, sino se toman los resguardos anticipados. Por otro lado, la única forma de inserción en sectores más dinámicos es con nuevas destrezas, las que sólo pueden ser adquiridas por aquellos que cuentan con recursos económicos para la formación. Los trabajadores pobres serán nuevamente marginados sin una política activa de capacitación para las nuevas condiciones.

Proponemos por un lado, una adecuación en el uso de franquicias Sence que fomente la capacitación, independiente de las opciones que el empresario tome para capacitar y, además, que se genere una institucionalidad que permita la capacitación a los que no han trabajado y los cesantes.

Deben abrirse canales formales y vinculantes de participación ciudadana, al ser las negociaciones comerciales un área que afecta sustancialmente la política pública, sujeta a procesos de rendición de cuentas y control social, hasta ahora inexistentes.

Proponemos la creación de instancias de discusión y debate entre el parlamento, las autoridades oficiales e instancias de la sociedad civil que hayan desarrollado planteamientos y propuestas viables en la materia.

Siendo el tema educacional un aspecto no explicitado en el TLC con Estados Unidos, creemos de suma importancia que el tratado no impida ciertos márgenes de acción relativos a políticas educativas consagradas en la Ley Orgánica Constitucional de Educación, sobre todo en lo relacionado con la acreditación obligatoria de las carreras universitarias de pedagogía y la creación de la superintendencia de educación.

Asimismo creemos fundamental que el TLC no afecte la capacidad del Estado de determinar sus políticas en el ámbito de la salud pública, como también el costo potencial del alza en los precios de los medicamentos.

Proponemos un informe independiente que aclare los ámbitos de acción en políticas de educación y salud permisible por el tratado, así como el alcance de la excepcionalidad del Anexo II en el Tratado.

El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos no es una panacea, tiene beneficios y costos. Tomemos el tiempo para un debate abierto y sincero, de manera que se aclaren las legítimas dudas y se permita el surgimiento de propuestas, para aprovechar los beneficios y limitar los costos. Los acuerdos comerciales no son un fin en sí mismo, sino un instrumento para alcanzar un país más desarrollado, justo y ambientalmente sustentable. Ese es nuestro objetivo final.