Santiago, octubre 13 de 2003.

Ante los graves hechos que han impactado a la opinión publica, y que constituyen los más graves delitos y violaciones a los Derechos Humanos de niños, niñas y adolescentes sometidos a bárbaras aberraciones sexuales; y ante las reacciones producidas por las declaraciones de la diputada Pía Guzmán, nos hacemos un deber declarar lo siguiente:

1. Consideramos un hecho de la mayor gravedad y una verdadera distorsión valórica, que no nos escandalicemos ante lo más escandaloso: que en nuestro país, orgulloso de sus logros y avances a la modernidad, niños, niñas y adolescentes que sufren la desprotección de la extrema pobreza, sean las víctimas de quienes poseen el dinero y el poder. Este es el rostro más feo y doloroso de la inequidad. Y ello esta ocurriendo todos los días en las principales ciudades de nuestro país.
2. Respecto de las declaraciones de la diputada Pía Guzmán, consideramos que ha errado en el procedimiento, pero la entendemos y compartimos su legítima preocupación: que presiones de redes de protección, como aquellas que impidieron la detención del pederasta Paul Shaeffer, sean nuevamente capaces de bloquear la investigación, instalando otra vez la impunidad en estos bárbaros delitos.
3. Por lo menos es imprescindible analizar algunos aspectos de este caso que constituyen otro escándalo y que están pasando casi inadvertidos: una jueza que guarda, durante dos años, sin examinar los video pornográficos que, seguramente, constituyen el más importante material para desbaratar la red de pedofilia y sus protectores. ¿Habrá algún reproche o sanción para esa autoridad del Poder Judicial? Igualmente resulta sospechoso y preocupante que no esté en marcha la investigación de la llamada telefónica de un oficial de Carabineros que impidió la detención del millonario empresario Claudio Spiniak en un momento previo.
4. Por todo lo antes dicho, formularemos las siguientes proposiciones a las instancias correspondientes:

A la Cámara de Diputados: Que la Comisión de Familia se aboque a investigar las razones que explican el fracaso que han mostrado hasta ahora los organismos públicos pertinentes para desbaratar la red de pedofilia, estudie la realidad de los niños, niñas y adolescentes de más alto riesgo social y que están siendo víctimas del comercio sexual y de las redes de pedofilia, y proponga nuevas iniciativas que puedan impulsarse desde el Estado para complementar y hacer más eficaces las acciones públicas y privadas que actualmente se desarrollan.

Al Ministro de Justicia y al Presidente de la Corte Suprema, con quien nos entrevistaremos esta semana: que dispongan medidas especiales de resguardo para el material probatorio incautado en las diversas diligencias policiales.

Al Ministro del Interior: para que disponga medidas de protección estrictas a todos los niños, niñas y adolescentes, que por haber sido víctimas de la red de pedófilos, son testigos privilegiados de estos delitos y se encuentran en situación de alto riesgo.