Estamos preocupados.

Nuestras preocupaciones se han acentuado en los últimos meses.

No se cumple el programa que la Concertación prometió al país. El crecimiento ha sido reducido y el desempleo elevado. Lo principal es que no ha habido señal alguna que apunte a reducir las desigualdades.

La política exterior ha colocado todos sus énfasis en ampliar las relaciones con los países industrializados, en especial con los Estados Unidos. Esto intensificará la concentración económica y la explotación de los recursos naturales, favoreciendo las desigualdades. Pero, además, puesto nuestro país como "socio" estratégico de los Estados Unidos, nos separa peligrosamente de nuestros vecinos. Ningún programa de la Concertación o del Partido Socialista se propuso un objetivo de esta naturaleza.

Las políticas gubernamentales siguen favoreciendo a los grupos económicos locales y a las transnacionales. Hasta el Ministro Eyzaguirre se ha visto obligado a aceptar que el gran problema de Chile es la mala distribución del ingreso. Sin embargo, ni el gobierno ni los socialistas actuamos institucionalmente en concordancia con lo prometido en el programa de gobierno de la Concertación: crecer con igualdad. Y no hablamos de palabras y discursos, sino de acciones concretas, de medidas legislativas.

Son muchos los chilenos que han visto frustradas sus legítimas esperanzas en nuestro gobierno. Es el desempleo que no disminuye. Esa desprotección, incertidumbre y vulnerabilidad que se presenta a diario. Y, también son las desigualdades que han puesto en evidencia que cuando el país crece la plata se acumula en unos pocos grupos económicos. El resto, los trabajadores, tienen que tolerar salarios modestos y largas jornadas de trabajo para recibir a cambio una educación para sus hijos de baja calidad, una salud pública incierta y una previsión que no permite una vejez digna.

Los gobiernos de Aylwin y Frei tuvieron éxito en lograr altas tasas de crecimiento económico, en generar empleos y reducir los niveles de pobreza que existían en el país. Sin embargo, estos mismos gobiernos fracasaron en cumplir con el compromiso asumido en favor de la equidad. La concentración de la riqueza y la mala distribución de los ingresos se acentuaron, lo que ha permitido que empresarios como Luksic, Angelini y Matte aparezcan entre los hombres más ricos de América Latina y con un inaceptable poder fáctico en las decisiones económicas y políticas en nuestro país.

En el último tiempo, después que las esperanzas de un nuevo gobierno de la Concertación se habían esfumado por los lamentables hechos de corrupción en torno a las coimas y al caso MOP-CIADE, se escucha renacer el optimismo, pero no fundado en la fuerza propia sino, más bien, se apuesta a las agudas contradicciones de la Alianza por Chile y a su corrupción moral.

La escasa entidad moral de la derecha es cosa sabida. Patrocinaron y ampararon los peores crímenes de la dictadura militar, que de extraño tendría su involucramiento en hechos no menos deleznables en nuestros tiempos. Pero es demasiado pobre la política que pone sus esperanzas en el derrumbe moral, político y judicial de la derecha.

La Concertación tiene un enorme patrimonio histórico, ético y político que construido a partir de su lucha contra la dictadura le permite y le pone como exigencia reemprender un proyecto progresista que nos haga vivir en un Chile mejor.

Tenemos la obligación de instar al gobierno y a nuestros parlamentarios a que los dos últimos años de gobierno sirvan para dar señales que las cosas pueden ser de otra manera. Que estamos dispuestos a reducir las desigualdades.

Es preciso reencontrarse con los trabajadores, los estudiantes sin recursos, los jubilados, los medio ambientalistas, los pueblos originarios y los pequeños empresarios. A estos sectores son los que representamos. Favoreciendo las luchas de la gente modesta cumpliremos con el programa de la Concertación y seremos consecuentes con nuestra historia, aumentaremos nuestro contingente electoral para las municipales e impediremos que triunfe la derecha.

Estamos preocupados.

Hemos discrepado de los énfasis pro-empresariales del gobierno tanto con sus propuestas de política como con las señales que da al país cuando nuestras máximas autoridades valoran más los encuentros en la Enade, el CEP, la SOFOFA antes que en la CUT, la Conupia o en la federaciones de estudiantes. Hoy día nos preocupan, en especial, las nuevas propuestas pro-empresariales, y contrarias a la mayoría de los chilenos, a que apuntan la flexibilidad laboral, la reforma a la salud y las iniciativas en la educación universitaria.

Nuestras preocupaciones son compartidas por muchas personas militantes o adherentes de otros partidos aliados de la Concertación.

Hay que impulsar una política económica progresista, centrada en las personas y no en el fetichismo de los mercados.

Vamos mal, entonces, cuando las dos reformas impositivas de este gobierno han tenido un carácter regresivo. Vamos mal, cuando se aceptan los abusos que cometen las grandes empresas, desde las sanitarias a la Mac Donald, sobre miles de indefensos consumidores. A las inversiones privadas en concesiones viales se les garantiza una utilidad mínima. A los consumidores de agua potable de Santiago se nos obliga, en cambio, compulsivamente (si no pagamos nos cortan el agua) a pagar 317 millones de dólares por la planta de reciclaje de La Farfana de propiedad exclusiva de la Empresa de Aguas Andinas con la cual se venderá el agua purificada a los agricultores.

Vamos mal, cuando los empresarios de la gran minería privada no pagan sus impuestos y el gobierno se hace el leso con la iniciativa de legislar sobre el royalty. Los ciudadanos ya no resisten los abusos de las telefónicas y las eléctricas, las que son pan de cada día.

Estas cosas no las podemos compartir ni aceptar.

Nuestro gobierno, ante tanto abuso, tiende a ponerse del lado de los grandes empresarios en vez de hacerlo junto a los trabajadores y la sociedad civil que a fin de cuentas son los que lo eligieron y lo respaldan.

Inexplicable es la falta de voluntad para cumplir la reiterada promesa, realizada durante las elecciones, de que no quedaría ningún joven capaz fuera de la educación superior por razones económicas. Decenas de miles de jóvenes surgidos de familias de clase media y de trabajadores, además de sufrir una fuerte discriminación por provenir de una educación pública deficiente, ven cerradas sus posibilidades en la educación superior por falta de recursos económicos.

Por otra parte, ha sido un error de incalculables consecuencias convertir a los Estados Unidos en un "socio estratégico" de Chile, mediante los profundos compromisos económicos y militares que significan el TLC y la compra de aviones de combate F 16. Queremos relaciones normales y de respeto mutuo con los Estados Unidos, pero no de subordinación económica, militar y política. Más aun, es nuestra obligación luchar por enfrentar el unilateralismo norteamericano a nivel mundial y propender a que nuevamente se imponga un mundo multilateral en que impere la razón, el respeto mutuo y se valoren los intereses de los países pobres del mundo.

Valoramos los esfuerzos gubernamentales por alcanzar un reencuentro entre civiles y militares, pero no estamos dispuestos a transar el derecho de las familias de los asesinados y desaparecidos, de los torturados, de los encarcelados y de los exiliados durante la dictadura. Verdad, justicia, reparación económica y moral, siguen siendo los fundamentos que deben regir el accionar del Partido Socialista y es nuestra obligación moral que ellos quede expresado en las iniciativas legislativas gubernamentales

Chile es un país de gente mayoritariamente triste. Nuestro país tiene los mayores índices de stress, consumimos gran cantidad de medicamentos para poder conciliar el sueño. La ingesta de alcohol y drogas en nuestra juventud tiene enormes dimensiones. La agresividad en nuestras relaciones personales se ha instalado con carácter permanente. El denominador común de nuestras percepciones son la frustración e inseguridad respecto al futuro.

La política tiende a elitizarse por el nepotismo y el dinero. Ello ha producido un comprensible apoliticismo entre los jóvenes.

El individualismo y el culto al dinero se difunden por todos los estratos de nuestra sociedad.

Son los efectos del modelo neoliberal sobre el ser humano.

No se puede medir un sistema sólo a partir de las cifras macro económicas que como ya resulta evidente sólo benefician a los grandes grupos económicos.

Estos son los problemas de nuestro tiempo sobre ellos debemos reflexionar profunda y seriamente.

Compañeros, se han hecho también cosas valiosas y dignas de resaltar, no pueden ser ellas olvidadas. El término de la pena de muerte y los avances para materializar una ley de divorcio han hecho retroceder las posiciones conservadoras de una derecha comprometida con el Opus Dei y los Legionarios de Cristo. También gracias a la nueva ley de prensa y al término de la censura cinematográfica, el gobierno del Presidente Lagos ha permitido que ningún censor pueda imponer ahora el cine que podemos ver y ningún periodista tendrá que optar por el exilio para eludir la persecución de quienes intentan imponer su moral al resto de los chilenos.

Nuestro partido tiene problemas que se retroalimentan con los del país.

Las principales resoluciones políticas que el PSCH ha tomado en sus órganos colectivos como Congreso, Consejo General y Conferencia de Organización, que compartimos, han sido sistemáticamente vulneradas. Se ha asumido el pensamiento neoliberal; se ha aceptado la "asociación estratégica" con los Estados Unidos y no se ha actuado con energía frente a los hechos de corrupción. Algunos dirigentes del Partido no han tenido fortaleza para enfrentar el pensamiento único; otros, han optado por una dialéctica dudosa diciendo una cosa y haciendo otra; finalmente, se ha guardado silencio frente a aquellos militantes que, como lobbistas, se han pasado directamente al campo de los grandes empresarios.

El incumplimiento del programa de la Concertación no tiene contento a los chilenos y tampoco a los socialistas. Nuestras insatisfacciones se han expresado en este período en temas de alta relevancia respecto de los cuales no podemos permanecer indiferentes:

La insistencia del Ministerio del Trabajo en la iniciativa de flexibilidad laboral resulta sorprendente. Es difícil imaginar una mayor flexibilidad a la ya existente.

La dictadura, con sistemática prolijidad, destruyó al movimiento sindical y social y pocos cambios lograron las reformas laborales que con lentitud ha implementado la democracia, debido a la nula fiscalización del Estado cuya Dirección del Trabajo cuenta sólo con 330 Inspectores para todo el país; el desempleo que ha precarizado los mercados laborales y por tanto devaluado el poder de los trabajadores organizados; y la condescendencia generalizada de la clase dirigente con los intereses de las grandes corporaciones trasnacionales.

Los trabajadores que en la actualidad cumplen jornadas de trabajo de 16 horas, 3 horas de transporte, 4 horas de sueño y 1 de entretención se sienten privilegiados de poder trabajarlas y es fácil comprobar que otros, como los empleados del comercio detallista de malls, grandes almacenes y supermercados, trabajan aún más de esas 16 horas, sin descanso, por temor al desempleo o para mejorar sus magros salarios. No hay seguridad laboral, lo que se expresa en los periódicos despidos masivos y en el clima en que se desenvuelven los asalariados que aún conservan sus empleos. Más vulnerables aún, son aquellos que trabajan en sus casas a maquila, sin horario, sin previsión y con miserables pagos a destajo. Este es el problema central y no la flexibilidad laboral. La lucha nuestra debiera ser por la protección de los trabajadores, por fortalecer la negociación colectiva y no por la flexibilidad laboral.

Que se pretenda dejar sin indemnización a los jóvenes, someterlos a sueldos sin mínimos legales, a horarios arbitrarios, promoverá aún más el capitalismo salvaje..

Es falso que la flexibilización traiga más empleo. No hay prueba alguna de ello. Los países desarrollados tienen altos grados de protección y de sindicalización, con negociación colectiva, y nada de ello se coloca en cuestión a la hora de discutir el tema del empleo. En realidad, lo que buscan los patrones y el Ministerio del Trabajo en Chile es abaratar los costos de producción en la perspectiva de la llamada competitividad internacional. Sobre explotadas nuestras riquezas naturales, se nos propone ahora exportar bajas remuneraciones y jornadas de trabajo aún más intensivas.

Hay serias indicaciones de que el desempleo tiene hoy día un origen estructural. En el afán de abaratar costos se reemplaza trabajo por tecnología o se aumenta (sobre explotación / racionalización ) el producto de una misma jornada de trabajo sobre la base de su intensificación.

Solo la racionalidad del estado puede resolver estas contradicciones.

Se ha venido promoviendo un proyecto de ley que disminuya las penas sobre la base que los inculpados entreguen información. Se pretende también exculpar de penas a algunos de los participantes que hubieran sido llevados a la comisión de violaciones a los Derechos Humanos por sus superiores. Nuestra actual legislación contiene las suficientes eximentes y atenuantes para aplicar justicia en estos casos y no se requiere de disposiciones especiales. Es decir se les quiere dar un trato especialmente privilegiado a los culpables, los inocentes no necesitan de leyes especiales. Lo más grave de todo esto es que en virtud del principio pro reo todos los actualmente procesados o condenados en tribunales podrían beneficiarse de esta legislación especial. Con razón, se ha dicho que hay aquí rasgos de evidente impunidad.

Esta preocupación por los victimarios contrasta vivamente con el trato a las víctimas. Se ha dicho que las reparaciones a ex presos y torturados solo serán "austeras y simbólicas". No encontramos razones jurídicas ni éticas para este trato discriminatorio a que se pretende someter a quienes sufrieron los abusos de la dictadura militar.

En días recientes el ex dictador ha dado una entrevista en la cual pretende cínicamente exculparse de sus crímenes sobre la base de inculpar a sus subordinados. Sin perjuicio de la bajeza moral que esto constituye lo que queda de manifiesto es que es una persona perfectamente lúcida y con un claro concepto de la realidad, del todo alejada de una demencia que le impida ser procesado.

La situación actual de Pinochet a quien se trajo de vuelta a Chile bajo pretexto de someterlo a juicio es inaceptable para un país civilizado. Nuestro partido debe reiniciar las acciones legales y políticas que impidan la prolongación de tan manifiesta situación de burla a la justicia.

Los gobiernos de la Concertación se han encargado sólo de administrar el sistema de educación creado en la época de la dictadura, sistema que traduce la lógica del mercado en el ámbito de la educación. Por ello persisten las inmensas desigualdades entre la educación pública y privada en todos los niveles de formación de niños y jóvenes.

Este estado de cosas ha producido una crisis profunda en la educación superior, principalmente en la educación superior pública. La consecuencia última de este proceso es la desvinculación paulatina del Estado respecto de las Universidades Públicas, llegando a financiar, por ejemplo, sólo en aproximadamente un 20% a la Universidad de Chile y en un 15% a la Universidad de Santiago estimulando con ello las políticas de autofinanciamiento de estas universidades, las que dependen del aporte fiscal para llevar a cabo su misión.

En estas condiciones, las universidades privadas cuentan con apoyos empresariales mientras que las públicas se apoyan en los fondos concursables o en aumentar el número de alumnos, sin una concepción estratégica, como mecanismos de financiamiento de la Educación Superior. Las Universidades Públicas generan conocimientos que son patrimonio de todos los chilenos, es en el seno de estas instituciones donde es posible generar un proyecto país que se vincule con el pueblo de Chile y que no responda únicamente a intereses sectoriales. Es en este espacio donde se debieran forman profesionales integrales y donde se desarrolle la investigación, se discutan los problemas nacionales y no sólo se dicten clases para obtener recursos. Las Universidades Públicas no pueden ser un negocio que compite con las privadas.

Durante el gobierno de Ricardo Lagos, al contrario de lo que se planteó durante su campaña presidencial, este proceso se ha profundizado. El punto más álgido de este proceso, y que pone en evidencia la orientación que han adoptado los gobiernos de la Concertación, lo constituyen los proyectos de ley enviados por el ejecutivo al Congreso sobre acreditación de las universidades y de las carreras y sobre la creación de la agencia de financiamiento estudiantil. Estos proyectos fueros enviados al Congreso a pesar del rechazo que tuvieron de parte de las organizaciones estudiantiles y de los estudiantes en general.

El proyecto de ley de acreditación, merece críticas en cuanto a su contenido y a su forma. La acreditación, como lo señala el pre-proyecto, estará vinculada al financiamiento de las universidades. Se evalúan de igual manera a las universidades sin diferenciar aquellas que se dedican a la docencia, investigación y extensión, sin distinguir aquellas que no realizan estas tres actividades; tampoco se diferencia a las Universidades Públicas de las Privadas, y según el puntaje que cada una obtenga en proceso de acreditación el Estado determinará el monto de dinero con que financiará a cada una. Este mecanismo de financiamiento institucional es la legalización del sistema que heredamos de la dictadura.

La totalidad de los actores involucrados entiende la necesidad de una Reforma estructural en los Sistemas que regulan las Políticas y Prestaciones en Salud. Esto fundamentado en los cambios demográficos y epidemiológicos que estamos viviendo; así como en la constatación de brechas inaceptables en la Salud a que logra acceder la gran mayoría de nuestra población atendida en el Sistema Público, comparada con la minoría que puede financiar su atención en el Sistema Privado.

Respecto de los Proyectos de Reforma enviados por el Ejecutivo y que se discuten en el Parlamento, estimamos fundamental dejar establecidas las siguientes observaciones críticas:

1. La construcción de las propuestas muestra un claro sesgo tecnocrático y economicista, orientado a la contención de costos, pasando por encima de criterios sanitarios
2. La participación social en este proceso ha sido escasa o inexistente.
3. El Plan AUGE, parte de esta reforma, así como las normativas que proponen la autonomía de los Hospitales y el ingreso de privados en su administración, señalan un camino que, pasando por la exacerbación de la lógica mercantil en el sector llevan indefectiblemente al colapso del Sistema Público en Salud, el que terminará absorbido por los privados.

Este enfoque refleja parte de las exigencias que el FMI y el Banco Mundial hacen a sus países "clientes", en la dirección de minimizar el rol del Estado y abrir nuevos mercados para la inversión y el lucro de los grandes capitales transnacionales

En nuestro país, como se sabe, la gente de altos ingresos adquiere planes de salud individuales- para ellos y su grupo familiar – en los seguros privados; mientras la gente humilde y clase media modesta está en FONASA. Los proyectos de Reforma a la Salud NO cambian esta realidad. No estamos dirigiendo la Reforma de Salud hacia el objetivo de garantizar Acceso y atención igualitaria y financiamiento solidario.

El conflicto mapuche ha tenido durante la administración de los gobiernos de la Concertación un mal manejo que denota, por una parte, la falta de voluntad política para resolver de forma "real" el problema, y por otra parte un serio incumplimiento de los compromisos asumidos tanto en el programa de la Concertación como en los programas de sus tres gobiernos.

Agrava la acción de los gobiernos de la Concertación, el que haya sido precisamente uno de estos gobiernos el que haya instalado un verdadero Estado Policial en la región del conflicto, y lo que es peor aún, es que ha sido el gobierno de Ricardo Lagos el que ha profundizado el actuar represivo del Estado en dicha zona, tanto a través del manejo y dilación política del conflicto, como a través de la implementación de a lo menos tres políticas que nos parecen extremadamente graves :

• La instalación en la zona de una fiscalía especialmente dedicada a la represión de las organizaciones mapuche y sus integrantes.

• La negativa a instalar una mesa real de negociación, y no de simple dialogo que asuma con valentía la solución del conflicto.

• La instalación en la zona del conflicto, de la Prisión Política Mapuche como concepto, utilizando para ello, las mismas armas que usó la dictadura para reprimir a nuestro pueblo, a saber, la Ley Antiterrorista, La Ley de Seguridad del Estado y la Ley de Control de Armas.

Además ha que impulsar, de verdad, sin más retórica ni documentos, una política de respeto e integración de todos los pueblos originarios. Ya no resiste el desprecio y el atropello que se ha impuesto a nuestros hermanos más pobres y modestos de Chile, aquellos que siempre vivieron en estas tierras.

La posición de Chile en el contexto regional se ha tornado difícil.

La realidad es que desde hace largas décadas no se presentaban tantos problemas objetivos y tampoco manifestaciones tan críticas desde los países vecinos. No sólo de gobiernos sino de la prensa, los partidos políticos y de organizaciones de la sociedad civil. Únicamente las organizaciones empresariales de América Latina destacan con entusiasmo el " modelo chileno" y su estrategia internacional.

Ese gran afecto y solidaridad con los chilenos que fue tan fundamental para aislar a Pinochet y conquistar la democracia se ha transformado en desconfianza y dudas respecto de lo que Chile hace hoy día y, en particular, de su real compromiso con sus vecinos. No se le cree al gobierno de que "Chile hace su política internacional desde la región" y algunos especialistas destacan que la política internacional no es lo mismo que negociaciones económicas internacionales.

Muchos hechos hablan por sí solos, entre los que destacan :

• Frente al desaguisado de los aparatos de inteligencia en Punta Arenas, el gobierno argentino, en vez de mantener el bajo perfil que se acostumbra en estos casos, lo denuncia públicamente y pide explicaciones a través del propio Presidente Kirchner.

• El levantamiento social y político que expulsó a Sánchez de Losada del gobierno de Bolivia utilizó como principal argumentación los problemas históricos con Chile y en particular los intereses que tendría nuestro país por el gas boliviano.

• Las dificultades con Perú se han acentuado con la reivindicación de una nueva línea marítima divisoria con nuestro país; el caso Lucchetti y el de Aerocontinente; la compra de los aviones F16 y la intervención de políticos de la Concertación en las últimas elecciones presidenciales.

• El Presidente Chávez ha sido reiterativo y explícito en su apoyo a Bolivia en el tema marítimo, lo que ha deteriorado seriamente nuestras relaciones con Venezuela. Curiosamente el propio Presidente Lula también hizo referencias al tema muy recientemente e incluso el Secretario General de Naciones Unidas.

• Han existido manifiestas diferencias con el Presidente Lula e Itamaratí en las negociaciones del ALCA, con la clara percepción brasileña de que el gobierno de Chile se encuentra aliado a los Estados Unidos y contra los intereses de Sudamérica. De hecho, la suscripción del TLC de Chile con Estados Unidos se ha entendido como un instrumento útil a la consolidación de los intereses estratégicos de los Estados Unidos en Sudamérica y contrario a los intereses económicos y políticos regionales.

Los gobiernos de la Concertación han colocado un exagerado énfasis en los temas económicos de las relaciones internacionales. Al mismo tiempo, el Presidente Lagos ha implementado un decidido interés en establecer una relación privilegiada con los Estados Unidos lo que sorprende no sólo a los países vecinos sino también a la propia militancia socialista.

En la dirección partidaria ha primado la lealtad al Presidente Lagos por sobre el programa de la Concertación y por sobre la propia historia del PS. Se ha prestado apoyo a la suscripción del TLC con los Estados Unidos y a la compra de aviones de combate F16 a este país, sin valorar debidamente las implicaciones de tales decisiones para su política exterior y, en particular, para las relaciones con los vecinos. Por tanto, la histórica vocación latinoamericanista e integracionista del socialismo chileno luce hoy más a retórica que a realidad. Nuestra postura ha ayudado a los grandes empresarios, a la derecha y a todos los partidarios del "adiós a América Latina" . Hemos cometido un grave error cuyo costo político será elevado.

Compañeros:

Nunca los esfuerzos y propuestas por alcanzar una sociedad más justas han sido fáciles para el Partido Socialista y para los trabajadores manuales e intelectuales de este país. Hoy es más difícil la tarea pues vivimos en una sociedad donde el neoliberalismo se ha instalado mas eficazmente que en toda América Latina, con grupos económicos que han concentrado como nunca riqueza y poder y que se aferran con dientes y uñas a las posiciones y ganancias que han alcanzado gracias al modelo de las desigualdades.

Sin embargo, nos asiste la convicción y la esperanza que las ideas progresistas que representamos tienen espacio y viabilidad en nuestra sociedad. Cientos de miles de chilenos excluidos del trabajo, la salud, la educación y el desarrollo tecnológico hacen necesario redoblar nuestros esfuerzos en pos de cambiar el actual estado de cosas.

Quedan dos años de gobierno. No es mucho, pero debieran servir para entregar señales a la gente más modesta de nuestro país que existe voluntad para disminuir las brechas sociales, que existe interés en preocuparnos de sus problemas más sentidos. Está en juego nuestra historia como socialistas, nuestra credibilidad como partido de gobierno y está en juego no entregar la administración del país a un grupo de fundamentalistas que no sólo confirmarán el modelo neoliberal sino además harán retroceder las libertades culturales que han sido conquistadas con tanto sacrificio.

Ya hemos hecho bastante en favor del modelo neoliberal y no es la tarea para la que nos convocó el pueblo de Chile. Es hora de cambiar.

Compañeros, el presente no es un documento terminal y definitivo, sino un texto abierto, susceptible de ser discutido y enriquecido que entregamos a la militancia ante una situación política que nos parece en extremo preocupante.