*INTERNATIONAL ASSOCIATION AGAINST TORTURE (IAAT-AICT)
ASOCIACION INTERNACIONAL CONTRA LA TORTURA (AICT)
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Intervención del Representante Permanente de la Asociación Internacional
contra la Tortura Sr. Fernando RUIZ
COMITE DE LOS DERECHOS ECONOMICOS SOCIALES Y CULTURALES, 33º PERIODO DE
SESIONES,
PALAIS WILSON GINEBRA, 8 DE NOVIEMBRE DEL 2004

Distinguidos miembros del Comité,

Introducción

En esta oportunidad queremos comenzar recordando a los presentes que en
Chile la Concertación de Partidos por la Democracia que lleva casi tres
lustros administrando la herencia dictatorial, ha gobernado el país con
la misma Constitución y con las mismas instituciones con que lo recibió
en 1990, las que fueron impuestas por la alianza cívico-militar que
destruyó la democracia con el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973.

Aquel régimen, que fue condenado tantas veces por esta comunidad
internacional, se perpetua así a través de sus instituciones y de su
constitución, al frente de las cuales está la alianza política arriba
citada. Estas instituciones y sus efectos han sido duramente criticadas
por distintos relatores especiales, en particular en lo que concierne a
los atropellos a los derechos humanos y a la justicia social. Por
nuestra parte, coincidimos con el Pacto Internacional cuando afirma que
los derechos humanos son una unidad, concepto reiterado por la
Conferencia mundial sobre los derechos humanos en 1993 y por eso
estimamos que mientras se siga violando a uno solo de estos derechos se
sigue cometiendo una injusticia con todos ellos.

Desarrollo

El neoliberalismo impuesto por la fuerza, que sustituyó a la democracia
participativa en Chile, sigue amenazando los derechos al trabajo, a la
alimentación, a la habitación, a la salud, a la educación y a la cultura
de la población chilena. En todos estos terrenos la población de escasos
recursos no goza de estos derechos de forma plena. Hoy tenemos
estructuras monopolísticas en todas las áreas del país, que se
desarrollaron protegidas por la dictadura y que ejercen su dominación
sin contrapeso. Ahora hay grandes monopolios en los sectores bancario,
previsional, minero, maderero, pesquero, etc. frente a las cuales los
pobres no pueden hacer valer sus derechos económicos, sociales y
culturales, como lo demuestra el Informe Paralelo del Capítulo Chile que
tienen en sus manos.

Hoy día existe y cito ese Informe Paralelo "…un déficit democrático, una
distribución del ingreso inequitativa y una ausencia de mecanismos
estatales de promoción de la participación ciudadana, que cuestionan la
estructura social del País". Similares carencias fueron señaladas por el
Comité Contra la Tortura en mayo de este año en este mismo Palacio. Lo
propio hizo por su parte el Relator Especial señor Stavenhagen. No
podemos dejar de señalar, por nuestra parte, que existe además un
duopolio de la información que controla prácticamente a toda la prensa
escrita del país y que es también otra herencia de la dictadura que
persiste en el actual gobierno, y que contribuye a amordazar los
derechos ciudadanos. A pesar de las afirmaciones sobre la libertad de
expresión El Clarín, el diario de mayor circulación en Chile que fue
expropiado por la dictadura sigue sin ser autorizado a circular ni ser
indemnizados sus propietarios españoles, situación de la que hemos
advertido al Relator Especial pertinente.

Si bien en el decenio de los noventa, en Chile, se iniciaron procesos de
reforma educacional y del sistema de justicia, las víctimas de la
dictadura (en especial los ex-presos y los torturados) tardan en verla
llegar. La iniciativa del actual gobierno llamada No hay mañana sin Ayer
-a la que se refiere en su respuesta- confirma los límites estrechos de
la acción gubernamental, el poco caso que hace de las recomendaciones de
la comunidad internacional y, la interpretación arbitraria que hace del
Art.14 de la Convención contra la tortura al decir que otorgará una
reparación austera y simbólica. No es eso lo que manda el Derecho
Internacional como se lo reiteró recientemente el Comité contra la
Tortura, sino que se debe dar una reparación e indemnización justa y
adecuada.

La evolución de los indicadores económico-sociales en los sectores
vulnerables muestra escaso progreso como lo detalla este Informe
Paralelo. Mientras unos celebran la expansión del capitalismo y la
globalización económica que les permite mayores oportunidades de
crecimiento, aumento del ingreso nacional y mayores posibilidades de
consumo y bienestar, los otros -la gran mayoría de la población- son
víctimas cada vez más vulnerables frente a las fluctuaciones de los
mercados y de la economía mundial. Los sectores de menores recursos,
justamente, han sido y son los más afectados por esta indefensión debido
a que sus ingresos no les permiten más que sobrevivir. No tienen cómo
hacer frente a desastres naturales, a la pérdida del empleo, a las
enfermedades o al envejecimiento.

Cuando el 13 de noviembre de 1980 la Junta Militar impuso el Decreto Ley
Nº3.500, que creó las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), y
que sigue vigente al igual que las demás instituciones, se obedeció al
deseo de poderosos grupos financieros que querían apropiarse de los
aportes de los trabajadores a su previsión social. Estos aportes fueron
una inyección de recursos para el mercado de capitales privados. Y como
recordarán los presentes fue otra imposición forzada –al igual que la
constitución- pues el país no tenía libertades públicas, no había prensa
libre, el parlamento estaba clausurado, los partidos políticos
prohibidos y el movimiento sindical carecía de garantías para actuar en
defensa de los intereses de los trabajadores.

Recordando el artículo 9 del Pacto que dice"...muchos países cuyos
Estados ofrecen ...la seguridad social... están comenzando a transferir
la responsabilidad de estas prestaciones al sector privado. Estas
cuestiones plantean serios motivos de preocupación en lo que respecta al
goce de los derechos que figuran en el Pacto", queremos agregar que la
privatización del sistema de pensiones, proclamada durante los últimos
20 años como una de las máximas realizaciones del modelo económico
chileno, comienza a ser vista en su real dimensión. En octubre de este
año, el Banco Mundial, uno de sus principales impulsores reconoció en un
informe público ("Manteniendo la promesa de la seguridad social en
América Latina", octubre 2004), que sus resultados arrojarán a la
pobreza a millones de trabajadores. El fantasma de una vejez sumida en
la miseria se cierne sobre millones de personas, en especial todos
aquellos que han sido despedidos y que no han podido cotizar
permanentemente al fondo de pensiones. Paradojalmente, las Fuerzas
Armadas chilenas no aceptaron formar parte de este sistema impuesto por
su propio gobierno y optaron por continuar con el régimen previsional
anterior basado en la solidaridad nacional.

Conclusion

Finalmente, reiteramos que en la base de las injusticias que la
comunidad internacional ha constatado en Chile se encuentran las
instituciones heredadas de la dictadura y que mientras no haya cambios
de fondo que modifiquen la estructura social del país aquí se seguirá
escuchando similares comentarios. Hacemos un llamado a elaborar y
aprobar una nueva constitución libre y democraticamente por sus ciudadanos.

Postulamos que el Estado Chileno suscriba todos los Convenios y Tratados
Internacionales que vayan en apoyo de la real protección y efectiva
realización de los DD.HH en su totalidad. Sin embargo, no podemos
conformarnos con eso si al mismo tiempo no hace los cambios necesarios
en su legislación interna para lograr su plena y adecuada realización.
Es necesario insistir como se indica en el párrafo 1 del art. 2 del
Pacto "...en la adopción de medidas legislativas ... indispensable para
convertir en realidad los derechos económicos, sociales y culturales".
El Pacto es claro y sus afirmaciones coinciden plenamente con el caso
chileno cuando asevera ".... las leyes por sí mismas no son una
respuesta suficiente en el plano nacional. Será necesario que los
gobiernos adopten medidas administrativas, judiciales, políticas,
económicas, sociales, educacionales y de muchos otros tipos para
asegurar a todos el disfrute de estos derechos."

En conclusión, de poco nos sirve tener una Constitución impuesta que
garantiza la nacionalidad a todos si en la práctica se la niega a
nuestros propios hijos. De poco nos sirve esa Constitución que garantiza
la libertad de expresión si se sigue irrespetando los derechos del
Clarin que fue el principal diario independiente. De poco nos sirve esa
Constitución si hace ya veinticinco años nuestro compatriota Sergio
Poblete, un general democrático que irgió su frente en los momentos más
sombríos, aun no ha podido recuperar su nacionalidad chilena, de la que
fue despojado por la tirania ¿Porqué? Quisieramos saber ¿porqué? y sobre
todo ¿hasta cuando tendrá que esperar él para que la Concertación se la
devuelva?

Gracias.