Las políticas educacionales de los gobiernos de la Concertación han proyectado en el orden civil los principios privatizadores y de mercado que instaurara la dictadura de Pinochet para la educación superior. Pese a algunos avances, el grueso del modelo pinochetista de educación superior sigue consolidándose.

Ese modelo pensado por las élites para reproducirse sin la intervención del estado, y producir fuerza de trabajo capaz y disciplinada es hoy una realidad instalada, sostenido por una gran ofensiva del sector privado, desde sus instituciones, sus centros de pensamiento, y sus medios de comunicación, por hegemonizar la educación y la cultura.

Es cierto que existe aún la constitución autoritaria, que las correlaciones de fuerza dificultan los avances parlamentarios, que los poderes fácticos golpean el tablero desde afuera de la cancha. Pero eso no oculta la vergonzosa facilidad con que las cúpulas políticas concertacionistas, que escalaron al poder sobre los hombros generosos de millones de chilenos, han hecho suyas las concepciones del mundo y el modo de vida de la elites, abandonando en la práctica la defensa real de un proyecto de país para las mayorías y por las mayorías.

Por algo el grueso de la juventud no se siente representado por la clase política y su democracia del lobby, sino más bien anhela una política nueva donde se pueda expresar por si misma.

La educación se ha consolidado como un bien privado, de costos altísimos en relación al promedio de ingresos de la población, fuente de endeudamiento de familias de clase media y baja, que mantienen su esperanza de movilidad social. Pero la desigualdad social, que en Chile es brutal en la distribución de la riqueza, ha aumentado también en la educación, inclusive universitaria, con la inevitable frustración de miles de jóvenes y sus familias.

Asimismo, hay que enfrentar que el sistema escolar tiene grandes responsabilidades en la generación de desigualdades, y terminar con la falacia de universidad para "los más capaces". Estos no son producto del orden natural, sino de un medio social favorecido y de una calidad educativa que pocos tienen. Las élites. Para el resto, hay toda una educación de segunda clase (universidades, institutos y centros de formación técnica), sin calidad, sin mercados de trabajo, sin resguardos por el desarrollo integral de sus alumnos, que alimentarán el sub-empleo tan preciado por los grandes intereses económicos.

Forzadas a un régimen de autofinanciamiento y de competencia mercantil, las universidades públicas se endeudaron y adoptaron una política de financiamiento basada en la venta de servicios y patrimonio, de precarización laboral, de aumento de cupos y aranceles, de restricción de la inversión en investigación, extensión cultural y formación de recursos humanos.

La gestión universitaria también es deficiente: se mantiene una cultura burocrática y autoritaria, y aún falta bastante para la construcción de comunidades auténticamente democráticas, con esa igualdad de derechos entre los estamentos que permitiría mayor transparencia y colaboración en el gobierno universitario.

Por otra parte, la gran expansión vivida por la educación superior corresponde a las instituciones privadas, y de los 800 mil estudiantes que se proyecta tendrá la educación superior el 2010, ya se percibe que de no mediar transformaciones la abrumadora mayoría corresponderá a la educación privada.

La universidad pública ha visto decrecer su influencia en la sociedad. Chile hoy se piensa preferentemente desde centros de pensamiento privados, orientados por grandes grupos económicos, partidos políticos, o órdenes religiosas conservadoras, consolidando el dominio de los grupos de poder en la sociedad.

Además, la universidad pública está cada vez más al margen en la producción cultural de la sociedad, cada vez más al margen del debate sobre la construcción de país, no aporta mucho al diseño de las políticas públicas ni a la resolución de los problemas sociales. El conocimiento que se produce es cada vez más a la medida de quien lo compra, y no para la satisfacción de las necesidades nacionales. Casi ninguna universidad pública es ya símbolo de status: el poder y el éxito han emigrado a otra parte.

La ofensiva por desarmar el proyecto de universidad pública es fuerte. Golpeadas por las exigencias del mercado, por la penetración de la hegemonía cultural neoliberal, y por la sostenida equiparación gubernamental entre instituciones públicas y privadas, lo que de facto está en entredicho hoy es la viabilidad de la educación superior pública. Es que la sociedad ya no percibe ni valora la misión de la universidad pública, y desde ese punto se sostienen los intereses hegemónicos privatizadores.

Sin embargo, hay una creciente toma de conciencia en las comunidades universitarias y en sectores académicos, profesionales y políticos sobre la grave crisis que afecta a las universidades, y los riesgos del colapso de las universidades públicas.

Pero las regulaciones por las cuales comienza a clamarse no revierten por si mismas ese panorama. Aunque necesarias, el fondo del asunto es que las universidades deben ganarse a la sociedad demostrando su aporte social, educativo y científico, y no de modo burocrático. Porque la crisis de la universidad pública deviene al fin y al cabo de la ausencia de un proyecto de país en el cual la educación humanista, pluralista, crítica e igualitaria, esté puesta al servicio de construir una sociedad plenamente democrática, en lo político y en lo social. Para ese proyecto de sociedad queremos alcanzar una universidad nacional, gratuita, plenamente democrática, abierta a la sociedad, a la vanguardia del conocimiento y comprometida con los intereses de las mayorías.

Para eso exponemos resumidamente a seguir un conjunto de medidas y políticas de corto y mediano plazo, que aplicadas durante este gobierno creemos aseguran las condiciones para abrir un nuevo ciclo de desarrollo de la educación superior pública, reposicionando sobre nuevas bases las universidades públicas en la sociedad, y frenando así en forma constructiva la ofensiva del sector privado de la educación en la sociedad.

1. Redefinir el concepto de educación superior publica, explorando otro proyecto de desarrollo para la sociedad chilena. Ello por medio de un debate de fondo con quienes presenten la voluntad política de superar la crisis de la educación superior.
2. Priorizar desde el Estado el desarrollo de las instituciones de carácter publico. En tanto estas refuercen la igualdad social, el libre acceso a la cultura y el saber, un proyecto laico, democrático y pluralista de sociedad, y promuevan la crítica social y el desarrollo de proyectos nacionales orientados al bienestar de las grandes mayorías, deben tener primacía por sobre el sector privado de la educación.
3. Terminar con el autofinanciamiento como eje central de generación de recursos para las instituciones publicas de educación superior.

1. Instaurar el pago de royalties a las mineras (en al menos 5%) para financiar prioritariamente la educación superior pública, la investigación, y la salud pública.
2. Que el estado asuma en forma parcial pero significativa las deudas de las instituciones publicas con el sector privado.
3. La deuda subordinada de los bancos debe pagarse en parte en forma de créditos blandos a las universidades públicas.
4. Abrir una línea de crédito en el Banco del Estado para fomentar inversiones de las instituciones publicas.
5. Incrementar el porcentaje de recursos destinados a educación, y dentro de éste el porcentaje invertido en educación superior, respecto el total del PIB.
6. Incrementar los fondos directos y concursables para las instituciones publicas. Se resguardara siempre fondos para investigación y desarrollo del capital humano.
7. No existirán fondos directos para instituciones privadas. Se eliminará el actual AFI y se restringirán los fondos concursables a las cuales tengan acceso.

4. Desarrollar un sistema de financiamiento estudiantil con criterio social y de excelencia académica.

1. Producto de los nuevos aportes los aranceles del sistema público no podrán superar el 50% del sueldo mínimo vigente a inicios de cada año.
2. El crédito pasará a la administración del MINEDUC.
3. El legítimo derecho de acceso de los estudiantes de instituciones privadas a mecanismos de financiamiento debe estar asociado al cumplimiento de compromisos de las instituciones privadas en cuanto a someterse a mayor regulación bajo criterios públicos.
4. No existirá participación del sistema financiero ni de capitales privados en el financiamiento y cobro de los créditos.
5. Existirá un significativo incremento de las becas de arancel totales y sobretodo de las parciales, asociadas a fomento de matriculas en áreas especificas del conocimiento.
6. Habrán estímulos para los estudiantes que se comprometan a devolver parte de su crédito bajo la modalidad de algún mecanismo tipo "servicio país".
7. Los estudiantes talentosos serán beneficiados con facilidades para el acceso a los postgrados e investigaciones.

5. Crear un nuevo marco regulatorio para la educación superior. Las nuevas leyes y normativas serán elaboradas con la participación activa de la comunidad universitaria.

1. El MINEDUC se concentrará en la educación y se creará un Ministerio de Cultura para la política cultural de Chile. Se reforzarán las atribuciones fiscalizadoras del MINEDUC. Se integrará mucho más la educación superior con la educación media.
2. Existirá un solo alto organismo público regulador de la educación superior. Este tendrá a su cargo la acreditación, la regulación de carreras y mercado de trabajo, fijar marcos para los aranceles, promover. Este organismo coordinará la regulación del conjunto de la educación superior, fomentando una complementación orgánica del sistema en pos de objetivos nacionales.
3. Dicho organismo será colegiado y presidido por el MINEDUC, y debe contar con una mayoría absoluta de representantes de universidades públicas con derechos plenos. En él participará en igualdad de condiciones una representación estudiantil. Estarán representadas todos los niveles de la educación superior.
4. Se creará una comisión nacional sobre calidad, dependiente del organismo regulador, que además del control formal sobre requisitos de calidad, promoverá la reflexión y la evaluación social sobre calidad y pertinencia de los profesionales y saberes universitarios.
5. Se estimulará la creación, tutela, y traspaso de los Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica a las universidades públicas.
6. Las instituciones de carácter publico deberán dar cuenta de su gestión y sus planes de desarrollo al organismo regulador para acceder a créditos estatales y a determinados fondos específicos.
7. Las instituciones privadas que cumplan con determinados requisitos (por ejemplo en investigación, extensión, gobiernos universitarios) podrán acceder al status de asociada al sistema público, accediendo a algunos nuevos derechos como la postulación a fondos adicionales, en especial financiamiento estudiantil.

6. Implementar un nuevo sistema de ingreso gratuito a la Universidad. La PSU-PAA será remplazada por mecanismo que privilegie la vocación y aptitudes, así como una mayor igualdad de oportunidades.
7. Fomentar la interrelación entre Universidad y Sociedad y entre Universidad y Estado, en los más diversos aspectos.

1. Prioritariamente en el campo de la propia educación se estimulará la asociación de universidades públicas entre sí, y con liceos, escuelas básicas y municipalidades.
2. Se promoverá la cooperación y asistencia técnica de las instituciones con comunidades, rurales y urbanas, así como con pequeños y medianos productores, fomentando el desarrollo económico sustentable y con miras al bienestar humano.

8. Desarrollar políticas funcionarias que respeten los derechos de los trabajadores y académicos, con evaluaciones periódicas y formación y capacitación permanentes.
9. Crear una agencia de promoción de la ciencia y la investigación en Chile (o transformar al CONICYT en una instancia efectiva).

1. Generar una real política de desarrollo científico del país, con el concurso de todos los actores involucrados.
2. Dotar a la agencia responsable de nuevas atribuciones y recursos, con capacidad de articular a los distintos agentes e instituciones científicas del país.
3. Se promoverá fuertemente la investigación científica primaria o de base en las universidades.
4. Se promoverá fuertemente la expansión y diversificación de los estudios de postgrado.
5. Se promoverá la creación de altos institutos de investigación aplicada y específica.