Se invita a toda la militancia de la Región Metropolitana a un Foro a realizarse el próximo lunes 10 de noviembre, a las 18:30 horas, en la sede partidaria, París 873.

Estarán presentes Fidel Espinoza, jefe de la bancada de diputados socialistas, y abogados de Derechos Humanos, para debatir acerca de los Proyectos de Ley recientemente enviados al Congreso por el Ejecutivo.

1.- Los firmantes de esta declaración, hemos coincidido siempre respecto a que la opinión del movimiento estudiantil universitario ha jugado históricamente un rol de enorme importancia en la sociedad chilena. Por eso, hemos valorado como una señal significativa para el país las elecciones estudiantiles, sobre todo cuando éstas corresponden a la universidad más importante y de mayor tradición simbólica, como es la Universidad de Chile.

2.- Por ello no podemos dejar de reconocer nuestra preocupación porque la primera mayoría relativa en las últimas elecciones de la FECh la obtuviera una lista de derecha, y que en virtud de ello, en los próximos doce meses, por primera vez después de varias décadas, esta importante organización estudiantil no será presidida por un estudiante de izquierda o progresista, como lo fue históricamente.

3.- Pero ésta no ha sido una victoria de la derecha, sino más bien una derrota de las distintas organizaciones y movimientos de izquierda y progresistas de la Universidad de Chile, los que teniendo más del 65% del apoyo de los estudiantes que concurrieron a votar, producto de su dispersión en cinco listas distintas, permitieron la mayoría relativa de la lista de derecha, que obtuvo, apenas, un tercio de los votos.

4.- Lo que ha pasado con la izquierda en la Universidad de Chile no es distinto de lo que está pasando con la izquierda y las fuerzas progresistas en todos los ámbitos del país. Las ideas de justicia social, de distribución equitativa de la riqueza del país, de generación de oportunidades para todos los hijos de esta tierra, siguen teniendo una adhesión muy profunda en la sociedad chilena, pero la dispersión política y orgánica entre los diversos partidos y movimientos que las representan, han hecho posible el avance de la derecha y de las ideas neoliberales, egoístas y discriminatorias, que sin ser mayoría, ni tener raíces profundas en nuestra sociedad, consiguen resultados como el que hoy lamentamos en la FECH.

5.- Esta dispersión de la izquierda y del progresismo en Chile, no es mera casualidad, ni obedece a pequeñeces o egoísmos estériles de uno u otro dirigente, aunque estos factores también pueden estar presentes. Se explica, sobre todo, porque la izquierda está aún cursando un proceso de reflexión y de intento de construcción de nuevas propuestas, que intenta ser fiel y coherente con sus principios históricos de justicia e igualdad; asumiendo, al mismo tiempo, el desafío de pensar con cabeza propia, sin dogmatismos ni recetas seguras, las nuevas realidades culturales, económicas y sociales que vive Chile, en un mundo y un país que han cambiado radicalmente.

6.- Quienes suscribimos esta declaración, más allá de cualquier cargo formal, tenemos responsabilidades de conducción en distintos espacios de las fuerzas de izquierda y progresistas. Por ello no podemos eludir la urgente tarea de colaborar a generar un proceso que frene la dispersión actual de los sectores de izquierda y progresistas y fomente su reencuentro, bajo los nobles propósitos de la libertad, la democracia y la justicia social. Estamos convencidos que sólo ello permitirá que, en el futuro inmediato, el movimiento social alcance el protagonismo necesario para concretar, todos unidos, un nuevo proyecto de desarrollo social, político, económico y cultural, por el que tanto luchamos y que aún no logramos construir.

Jorge Pavez                            Carlos Ruiz                                          Sergio Aguiló                 Fuerza Social                               Movimiento Surda                                    Diputado Socialista

Santiago, octubre 13 de 2003.

Ante los graves hechos que han impactado a la opinión publica, y que constituyen los más graves delitos y violaciones a los Derechos Humanos de niños, niñas y adolescentes sometidos a bárbaras aberraciones sexuales; y ante las reacciones producidas por las declaraciones de la diputada Pía Guzmán, nos hacemos un deber declarar lo siguiente:

1. Consideramos un hecho de la mayor gravedad y una verdadera distorsión valórica, que no nos escandalicemos ante lo más escandaloso: que en nuestro país, orgulloso de sus logros y avances a la modernidad, niños, niñas y adolescentes que sufren la desprotección de la extrema pobreza, sean las víctimas de quienes poseen el dinero y el poder. Este es el rostro más feo y doloroso de la inequidad. Y ello esta ocurriendo todos los días en las principales ciudades de nuestro país.
2. Respecto de las declaraciones de la diputada Pía Guzmán, consideramos que ha errado en el procedimiento, pero la entendemos y compartimos su legítima preocupación: que presiones de redes de protección, como aquellas que impidieron la detención del pederasta Paul Shaeffer, sean nuevamente capaces de bloquear la investigación, instalando otra vez la impunidad en estos bárbaros delitos.
3. Por lo menos es imprescindible analizar algunos aspectos de este caso que constituyen otro escándalo y que están pasando casi inadvertidos: una jueza que guarda, durante dos años, sin examinar los video pornográficos que, seguramente, constituyen el más importante material para desbaratar la red de pedofilia y sus protectores. ¿Habrá algún reproche o sanción para esa autoridad del Poder Judicial? Igualmente resulta sospechoso y preocupante que no esté en marcha la investigación de la llamada telefónica de un oficial de Carabineros que impidió la detención del millonario empresario Claudio Spiniak en un momento previo.
4. Por todo lo antes dicho, formularemos las siguientes proposiciones a las instancias correspondientes:

A la Cámara de Diputados: Que la Comisión de Familia se aboque a investigar las razones que explican el fracaso que han mostrado hasta ahora los organismos públicos pertinentes para desbaratar la red de pedofilia, estudie la realidad de los niños, niñas y adolescentes de más alto riesgo social y que están siendo víctimas del comercio sexual y de las redes de pedofilia, y proponga nuevas iniciativas que puedan impulsarse desde el Estado para complementar y hacer más eficaces las acciones públicas y privadas que actualmente se desarrollan.

Al Ministro de Justicia y al Presidente de la Corte Suprema, con quien nos entrevistaremos esta semana: que dispongan medidas especiales de resguardo para el material probatorio incautado en las diversas diligencias policiales.

Al Ministro del Interior: para que disponga medidas de protección estrictas a todos los niños, niñas y adolescentes, que por haber sido víctimas de la red de pedófilos, son testigos privilegiados de estos delitos y se encuentran en situación de alto riesgo.

Los abajo firmantes se sienten en la obligación de expresar su opinión a propósito del ingreso del Acuerdo de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos para su ratificación en el Honorable Congreso Nacional.

Al respecto quisiéramos señalar:

Reconocemos la importancia que han tenido los acuerdos bilaterales negociados por Chile para el crecimiento económico y la expansión de las exportaciones. Sin embargo, este crecimiento, que muestra señales de agotamiento en los últimos cinco años, no ha venido acompañado de equidad, justicia social, mejoramiento en la situación de los trabajadores y consumidores, oportunidades para los micro y pequeños empresarios, real participación ciudadana y sustentabilidad ambiental.

El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos nos preocupa especialmente por cuanto, a diferencia de todos los otros tratados bilaterales, plantea serias dudas en torno a los límites de la política pública. Creemos que los compromisos contenidos en el TLC pueden cerrar las puertas a modificaciones de la estrategia económica en curso y a la política económica, lo cual podría impedir una recuperación del crecimiento y del empleo, acentuar las desigualdades existentes y afectando en mayor medida a los trabajadores y a los pequeños y microempresarios. Tenemos la responsabilidad, entonces, de evaluar los costos y beneficios del TLC en forma realista y sin ideología, con un doble propósito: compensar a aquellos sectores que se verán afectados negativamente por el TLC y ayudar a resolver las dudas existentes sobre los límites que impone el TLC a la autonomía de la política pública.

(Preparado por Rodrigo Pizarro, Fundación TERRAM, Agosto 25, 2003. www.terram.cl)

Los parlamentarios abajo firmantes, y en compromiso con la organizaciones sociales y gremiales presentes, consideramos que junto con la suscripción de este tratado es imprescindible clarificar aquellas dudas que han surgido en el proceso de negociación y considerar las adecuadas compensaciones en favor de aquellos sectores que saldrán abiertamente perjudicados:

Si bien la desgravación arancelaria ofrece oportunidades para los productores nacionales, las realidades económicas y de competencia entre Chile y los Estados Unidos son tan disímiles que la reducción arancelaria, siendo una condición necesaria, resulta insuficiente para asegurar el mayor acceso al mercado norteamericano. Como ha sido probado en todas las experiencias históricas de desarrollo exitoso, no basta con la apertura de mercados para colocar una mayor oferta exportable y de mejor calidad, sino que se requiere un conjunto de políticas públicas adecuadas para fortalecer a nuevos sectores. Esto es especialmente significativo cuando se trata de un mercado tan exigente como el norteamericano.

La única forma de promover una segunda fase exportadora, con mayor valor agregado, es fortaleciendo la capacidad profesional, tecnológica y crediticia de nuestra pequeña y mediana empresa. Lamentablemente, los recursos para estos sectores son claramente insuficientes; más aún, a la fecha ni siquiera se han cumplido los compromisos de mayores recursos financieros hacia la PYME, luego de la eliminación progresiva de importantes beneficios como el reintegro simplificado. Asimismo, la actual institucionalidad de fomento productivo en torno a los distintos programas de fomento, la CORFO y el rol del Banco del Estado son claramente insuficientes, con recursos e instrumentos muy limitados.

Por tanto, si se quiere ratificar el TLC, proponemos la aprobación de un nuevo sistema de fomento productivo, con una organización eficaz y recursos económicos suficientes, así como instrumentos crediticios para apoyar a la pequeña y mediana empresa exportadora o a aquellas pequeñas o micro empresas que proveen servicios para la gran empresa exportadora.

Así como existen sectores beneficiados por la reducción arancelaria, también existen sectores vulnerables. No cabe duda de que la agricultura tradicional se encuentra seriamente complicada por la gama de acuerdos suscritos y por la fragilidad de las bandas de precio como mecanismo de estabilidad de precios agrícolas.

Es importante destacar que la agricultura tradicional juega un rol fundamental en la economía nacional, permitiendo el desarrollo de zonas muy importantes del país y con altos niveles de empleo. Asimismo ésta es altamente competitiva, pero no puede competir frente a los miles de millones de dólares destinados a los distintos tipos de subsidios y apoyos agrícolas directos que existen a nivel internacional y, especialmente, en Estados Unidos.

Hay que considerar que la agricultura tradicional, además de asegurar la mantención de los pequeños agricultores y sus familias y de asegurar la alimentación básica autónoma, puede ser la conservadora de cultivos que protejan nuestros frutos y granos, generando oportunidades para la conservación y rescate de la biodiversidad y el desarrollo sustentable.

Proponemos una respuesta seria y responsable para apoyar a nuestra agricultura, a través de compensaciones directas u otros tipos de incentivos para su apoyo y/o reconversión.

El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, así como los distintos tratados suscritos en el último tiempo, significan que hoy día Chile es uno de los países más abiertos a la economía mundial. No obstante, los mecanismos e instrumentos de protección frente a prácticas desleales de comercio como el anti-dumping son engorrosos, difíciles de aplicar y poco efectivos.

Proponemos revitalizar la institucionalidad e instrumentos para la defensa comercial de prácticas desleales, generando mecanismos más expeditos y eficientes para la aplicación de medidas transitorias de protección comercial, cuando nuestra industria se vea amenazada.

Lo anterior es particularmente importante, ya que actualmente el sistema anti-dumping norteamericano es un instrumento de protección comercial utilizado indiscriminadamente. Nuestros productos se han visto afectados en forma permanente por él, más aún, la capacidad de defensa para empresas pequeñas y medianas es limitado y sin un adecuado apoyo estatal.

Proponemos la creación de un Fondo Financiero para PYMEs exportadoras, de manera de apoyar la defensa de nuestros productos afectados por medidas de defensa comercial injustificadas.

El tipo de acuerdo que se ha logrado no parece tener beneficios concretos y específicos para Chile, más allá de consolidar el amplio acceso con que Chile ya cuenta para ingresar al mercado norteamericano. De hecho, los estudios académicos que se conocen indican que el tratado tendrá un impacto mínimo sobre el comercio y el ingreso nacional. Un estudio realizado por la Universidad de Michigan y citado en el Washington Post (5/12/2001) estima que mientras el impacto sobre el ingreso nacional chileno será de apenas US$700 millones, el PIB norteamericano aumentará en US$4.200 millones. Asimismo un reciente estudio de la Oficina de Comercio Norteamericano señala que los impactos comerciales son insignificantes. Paralelamente, el Tratado significa una serie de compromisos en relación a la propiedad intelectual, el comercio electrónico, la tecnología y la protección a la inversión extranjera que van más allá de lo suscrito ante la Organización Mundial de Comercio. El TLC, entonces, ayudará a consolidar así una relación comercial en que Chile exporta materias primas y Estados Unidos los servicios asociados a la nueva economía y la alta tecnología.

Si bien todos los Tratados de Libre Comercio significan límites a la soberanía nacional, éste puede traer serias consecuencias sobre la capacidad de generar una política económica autónoma, lo que significa en la práctica renunciar a alterar mínimamente la actual estrategia de desarrollo.

El TLC ha adoptado un marco regulatorio para la protección de la inversión extranjera que, según la Oficina de Comercio norteamericana, va más allá de cualquier acuerdo que las partes hayan firmado, incluso el Nafta. Pero éste último ya es extremadamente estricto para la protección de la inversión, permitiendo la demanda al Estado de parte del inversor. Este marco regulatorio tiene serios cuestionamientos con relación a la posibilidad de alterar las actuales políticas sectoriales.

Por ejemplo, el NAFTA incluye una serie de derechos para las corporaciones multinacionales, que permiten que empresas demanden al estado local si estiman que la acción gubernamental ha afectado sus derechos. Esto pone en entredicho la capacidad de los estados nacionales de asegurar el interés público. En el Nafta ha habido más de una docena de demandas de parte de multinacionales, por más de US$13 mil millones. Un caso paradigmático es el de UPS, el servicio de correo privado norteamericano, que está exigiendo al Estado canadiense una compensación de US$100 millones porque el servicio de correo estatal de ese país, al participar en el negocio, está afectando su tasa de ganancia. Este es el primer caso contra un servicio público con serias consecuencias sobre la capacidad del Estado de proveer ciertos servicios básicos.

Un segundo caso paradigmático es el de Metalclad, una empresa de disposición de residuos tóxicos, que argumenta que el Estado de San Luis de Potosí en México, al rechazar un permiso para la disposición de residuos, afectó indebidamente sus derechos como inversor. El Gobernador del Estado estimó que la planta propuesta por Metalclad significaba un riesgo ambiental y ordenó que la cerraran. Metalclad buscó compensación por US$90 millones y obtuvo US$16,7 millones, bajo el argumento que ya había iniciado la construcción y requería indemnización. Los casos de Waste Management Inc. en Acapulco y Azinian en Desona también son similares, ya que afectan la capacidad del Estado mexicano de llevar a cabo su política ambiental. El caso de Cemsa/Feldman fue el primero bajo el esquema Nafta que limitaba la capacidad del Estado de alterar la estructura tributaria. Se interpuso una demanda de US$50 millones porque a la empresa le fue denegada una exención tributaria por la exportación de cigarrillos.

Independientemente de si estas demandas se ajustan a los efectivos derechos de los inversores, es claro que al otorgarle mayor seguridad jurídica al inversor existe un costo para Chile. La pregunta es cuál será la implicación para Chile en el marco de sus políticas regulatorias y de las empresas públicas como Codelco, ENAP y Correos de Chile, así como de otros servicios públicos como el agua, la electricidad y otros que ya se encuentran en manos de inversionistas extranjeros. En consecuencia, la autoridad debe aclarar el ámbito de acción e impacto potencial del capítulo de protección de inversiones que se encuentra en el tratado.

Proponemos que la autoridad entregue un informe en derecho realizado por estudios jurídicos independientes, que analicen las implicancias legales y posibles impactos de este marco regulatorio. Asimismo, esperamos que se aclare la flexibilidad de la política pública, especialmente en el ámbito regulatario. Una preocupación especial es la posibilidad de la aplicación de un ‘royalty’ a la minería chilena.

Este es uno de los aspectos más preocupantes de la negociación. Entendemos que Chile accedió a eliminar el encaje al capital especulativo, una de las políticas más aplaudidas a nivel internacional en los Noventa. Este compromiso limitará enormemente la capacidad del Estado chileno para fijar políticas de protección a los movimientos del capital de corto plazo. Aparentemente, el TLC contiene un mecanismo de excepcionalidad ante crisis económicas, pero su duración de un año parece insuficiente para enfrentar una seria crisis del sector externo.

Proponemos que la autoridad explique y aclare la naturaleza, impactos y consecuencias de los compromisos en este ámbito, así como también un informe en derecho independiente sobre la interpretación de este compromiso y la salvaguardia de un año en cuanto a su utilidad para enfrentar eventuales crisis financieras.

Chile adquirió compromisos más allá de los acuerdos ante la Organización Mundial de Comercio sobre propiedad intelectual. Éstos aún no se evalúan adecuadamente, pero todo indica que significarán un costo importante en cuanto a las nuevas patentes, costos de fiscalización e introducción de una nueva institucionalidad. Un sector especialmente perjudicado es la pequeña y mediana empresa que será incapaz de pagar por los software computacionales y otras patentes que elevarán sustancialmente los costos de producción. Un informe de la Oficina de Comercio norteamericano señala que las pérdidas para la industria estadounidense son de aproximadamente US$70 millones al año, ¿esto significa entonces que con mayor regulación en este ámbito será nuestra industria la que asumirá estos costos?

Esperamos que se aclare plenamente los compromisos en propiedad intelectual, especialmente los impactos y consecuencias esperadas, en relación al costo de las medicinas, acceso a nuevas tecnologías de información y cultura.

Proponemos, la creación de un fondo para la innovación tecnológica para la Pequeña y Mediana Empresa, que permita ajustarse a los nuevos requerimientos legales. Asimismo, esperamos que la autoridad aclare detalladamente los compromisos legislativos posteriores y sus costos para ajustar nuestra legislación en materia de propiedad intelectual.

Mayor fiscalización de los derechos de autor y de copyright, han sido señaladas como logros por personas vinculadas a la cultura. Sin embargo, los compromisos generales del TLC afectan seriamente la capacidad de Chile de tener una política importante en materia cultural. Esperamos que se aclare el real alcance del tratado sobre la capacidad del Estado de tener políticas de apoyo a nuestra cultura, especialmente en la posibilidad de tener políticas de discriminación positiva, a proyectos culturales nacionales, en cine, televisión y otros medios culturales.

Algunos sectores de las organizaciones sindicales han manifestado su acuerdo con el TLC debido al compromiso explícito del Gobierno con los principios de la OIT, así como con las cláusulas para una mayor fiscalización del cumplimiento de las normas laborales y ambientales. No obstante, los compromisos más profundos con respecto a la estrategia de desarrollo ponen en clara desventaja a las organizaciones sindicales y ambientales, particularmente porque se perpetúa la actual situación. Más aún, la mayor exigencia en cuanto a la fiscalización posiblemente se constituya en un incentivo para retrasar una legislación moderna, tanto laboral como ambiental, por lo que muy probablemente el tratado será contraproducente.

Con el aumento de los flujos de comercio a EEUU aumentará la competitividad, pero nada hace suponer que la empresa buscará mecanismos para competir que no afecten las ya precarias condiciones laborales. Lo más esperable es que reduzcan sus costos vía incorporación de tecnología y/o reducción de costos en personal. Esto significará una nueva presión a los índices de desempleo abierto, sino se toman los resguardos anticipados. Por otro lado, la única forma de inserción en sectores más dinámicos es con nuevas destrezas, las que sólo pueden ser adquiridas por aquellos que cuentan con recursos económicos para la formación. Los trabajadores pobres serán nuevamente marginados sin una política activa de capacitación para las nuevas condiciones.

Proponemos por un lado, una adecuación en el uso de franquicias Sence que fomente la capacitación, independiente de las opciones que el empresario tome para capacitar y, además, que se genere una institucionalidad que permita la capacitación a los que no han trabajado y los cesantes.

Deben abrirse canales formales y vinculantes de participación ciudadana, al ser las negociaciones comerciales un área que afecta sustancialmente la política pública, sujeta a procesos de rendición de cuentas y control social, hasta ahora inexistentes.

Proponemos la creación de instancias de discusión y debate entre el parlamento, las autoridades oficiales e instancias de la sociedad civil que hayan desarrollado planteamientos y propuestas viables en la materia.

Siendo el tema educacional un aspecto no explicitado en el TLC con Estados Unidos, creemos de suma importancia que el tratado no impida ciertos márgenes de acción relativos a políticas educativas consagradas en la Ley Orgánica Constitucional de Educación, sobre todo en lo relacionado con la acreditación obligatoria de las carreras universitarias de pedagogía y la creación de la superintendencia de educación.

Asimismo creemos fundamental que el TLC no afecte la capacidad del Estado de determinar sus políticas en el ámbito de la salud pública, como también el costo potencial del alza en los precios de los medicamentos.

Proponemos un informe independiente que aclare los ámbitos de acción en políticas de educación y salud permisible por el tratado, así como el alcance de la excepcionalidad del Anexo II en el Tratado.

El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos no es una panacea, tiene beneficios y costos. Tomemos el tiempo para un debate abierto y sincero, de manera que se aclaren las legítimas dudas y se permita el surgimiento de propuestas, para aprovechar los beneficios y limitar los costos. Los acuerdos comerciales no son un fin en sí mismo, sino un instrumento para alcanzar un país más desarrollado, justo y ambientalmente sustentable. Ese es nuestro objetivo final.

1.- Somos mujeres que hemos compartido una historia de defensa de nuestros derechos y demanda de justicia. Hemos sufrido la represión en sus múltiples expresiones: cárcel, tortura, exilio y desaparición y ejecución de nuestros familiares.

Profesor de Economía, Universidad de Cambridge.

EL MOSTRADOR

13 de Agosto del 2003

El común denominador entre los políticos con ‘culpa’ (por sincera que sea) es que su brújula ideológica pierde el norte ‘magnético’. De ahí en adelante, puede apuntar para cualquier lado. Y cuando la culpa es patológica, como parece ser el caso de Guastavino, la autoflagelación los puede llevar hasta la ‘identificación con el agresor’, en cuanto concluyen que ellos son tan responsables del golpe, como los que lo llevaron a cabo.

Según Hobsbawm, "el rol de un historiador es recordar lo que otros olvidaron". Guastavino muestra ser mejor político que historiador: su capacidad de recuerdo no es sólo extremadamente limitada, sino últimamente muy cómoda. Sus palabras lo dejan en una posición políticamente práctica en el Chile de hoy. Así como el período de la Unidad Popular es un caso paradigmático de lo que Hobsbawm llama ‘la época de los extremismos’, el Chile de hoy (y, aparentemente, la actitud de Guastavino) lo es de la uniformidad chata que caracteriza la ‘época del fin de la historia’. Como bien dice Moulian en otra columna de El Mostrador.cl: si todos somos culpables del golpe, nadie termina siendo culpable por el episodio más triste de la historia nacional, y así logramos el último absurdo de una uniformidad ionesquiana. Bueno, también ayuda a crear la ilusión de que en Chile aún hay algo de equidad: la responsabilidad frente el golpe.

Mi recuerdo personal del período de la Unidad Popular es muy distinto del de Guastavino. Es del orgullo de haber sido, a una edad muy temprana, uno de los directores de Chuquicamata durante su proceso de nacionalización. Es el de haber formado parte de un equipo que -junto al esfuerzo de los trabajadores del cobre- no sólo nacionalizó la mina ‘a tajo abierto’ más grande del mundo, sino que logró mantener y luego aumentar la producción de cobre sobre el nivel previo a la nacionalización, constituyendo, según expertos en el tema, el primer caso en la historia del Tercer Mundo. Claro, no somos muchos los directores de Chuquicamata de esa época que sobrevivimos para contar el cuento.

Sin embargo, siguiendo el análisis de Guastavino, las familias de David, Haroldo y tantos otros deberían estar, ahora, algo más tranquilas, pues al menos saben que ellos ya limpiaron sus deudas con la historia (pagando con sus vidas su cuota de ‘responsabilidad’ en el golpe) ¿Y qué acrobacia hacemos ahora (en este circo ideológico que caracteriza a tanto del Chile de hoy) que nos ayude a reinterpretar lo que ocurría sólo kilómetros más abajo, donde Eugenio, mi amigo de la infancia del Verbo Divino, agonizaba en medio de cobardes torturas que hasta el día de hoy me son inimaginables?

Por supuesto que todos los que participamos en el proyecto de la Unidad Popular, de alguna forma u otra, somos responsables de sus errores y omisiones y en definitiva de su fracaso wagneriano. Pero del golpe, de la dictadura y de su terror, por favor, no construyamos telenovelas de una historia tan dolorosa.

Quisiera enfatizar que las palabras de Guastavino son importantes porque reflejan una actitud generalizada en el Chile de hoy, caracterizada por su intento de generar amnesia colectiva vía ‘recordar para olvidar’ -en particular cuando se acerca el triste aniversario número treinta de aquella tragedia-. Al menos, Guastavino es explícito en su conversión a la chata uniformidad ideológica de la ‘post-modernidad’ globalizadora (aferrada a la mayor utopía de todos los tiempos, la meta-narrativa fetichista del ‘mercado’). Esta transparencia de Guastavino no es tan clara en la mayoría de los ‘nuevos convertidos’ de la Concertación, donde destacan algunos de mis colegas economistas cuyo discurso ‘gatopardista’ no es más que la contraparte del de Guastavino.

La economía del continuismo a-la-Gatopardo: cuando todo tiene que cambiar para que todo pueda seguir igual

Bien se sabe que cuando Pinochet llamó al plebiscito del 88, trató desesperadamente de que se transformara en una votación sobre la política económica de la dictadura. Los estrategos de la naciente Concertación, y con justa razón, decidieron no caer en esa trampa, manteniendo el debate en el sitial que le correspondía. La alternativa que se votaba era si Chile iba a continuar otros 8 años más como república bananera, o si iba a recuperar su honor, su tradición democrática y su historia verdadera. El costo fue primero callar y luego apoyar ‘el modelo’. El beneficio inmediato fue infinito.

Sin embargo, la Concertación, una vez gobierno, siguió el conocido camino de los cambios fundamentales en la historia: los que siempre parten de urgentes necesidades ‘prácticas’, pero luego se transforman en ‘política’, y finalmente terminan siendo ‘ideología’. Así, muchos de los economistas de la Concertación, rápidamente, se convirtieron a los cuatro grandes ‘principios’ del capitalismo globalizador: (i) todo lo que ocurrió antes fue errado, ineficiente y populista; (ii) una vez realizadas las ‘reformas’, todo cambio es necesariamente para peor; (iii) ahora lo único que importa es generar ‘credibilidad’; y (iv) la política económica debe estar dominada por la lógica ‘de situación en permanente estado de emergencia’.

Respecto de la primera, como el fenómeno no es sólo chileno, sino prácticamente universal, las palabras de Gustavo Franco, Presidente del Banco Central de Brasil hasta la crisis económica del 99, son reveladoras. En una entrevista a la revista Veja, junto con reafirmar la uniformidad de la ideología contemporánea, declarando que "hoy día en Brasil la alternativa es clara: o uno es neo-liberal, o es neo-idiota [neo-burro]", afirmó en seguida que su labor era la de "rehacer 40 años de estupideces [besteira]". El hecho que Brasil durante la mayor parte de esos 40 años fuera una de las economías más dinámicas del mundo, según el propio Franco, es sólo un detalle de la historia.

Respecto de la segunda -una vez instaurado el neo-liberalismo, todo cambio es necesariamente para peor-, el punto es tan obvio que no necesito explayarme. Sobre el tercero, el problema central de tantos de mis colegas y amigos era ¿cómo vender credibilidad sin creer? Después de todo, 18 años de ateísmo neo-liberal (¡y tantas notables publicaciones criticando el ‘modelo’!) no eran la mejor carta de presentación. La Concertación requería de una expresión de fe que en principio no podía ofrecer. Se necesitaba de un ‘milagro’, que al final ocurrió.

Según el filósofo brasileño Paulo Eduardo Arantes (en un brillante análisis micro de los primeros seis meses del gobierno de Lula), la filosofía pascaliana sale al rescate en esas difíciles situaciones. Lo que hay que hacer es simplemente seguir el camino del ritual: "Haga como si creyese y la credibilidad -y la creencia- vendrán por sí solas". Esto es, si al inicio de la Concertación no se creía realmente en ‘el modelo’, una rígida devoción a la liturgia terminaría creyendo por ellos (y hasta con naturalidad).

La clave estaba en no mezclar lo que hacía con lo que decía que se hacía. En ensayar un quiebre esquizofrénico entre discurso y realidad. En repetir y hacer lo que se ‘debía’ hacer -con una regularidad de autómata-, y la rutina al final se convertiría en credibilidad y la credibilidad en fe. En resumen, diga que no sabe, pero haga lo que ‘debe’ (y eso no significa que los dirigentes de la Concertación, incluidos los presentes, no sabían como eran -y como ahora son- las cosas; lo importante era progresivamente comportarse ‘como si’ no supiesen).

Sin duda, en este ritual hay un importante elemento de pragmatismo de supervivencia, pero también hay una ventaja infinita que es que el automatismo ayuda a renunciar poco a poco a las convicciones anteriores (casi) sin darse cuenta. Qué mejor manera para generar credibilidad que un ritual autómata que disocie los sentimientos personales del quehacer diario. ¡Y, como nos dice la ‘teología materialista’ de Pascal, al final el automatismo siempre termina llevando consigo a la mente! De ahí sólo hay un paso al fundamentalismo neo-liberal, y sólo dos a la idolatría del mercado.

Así se realiza una mutación casi antropológica resultado de un sistema ideológico tan peculiar que se puede dar el lujo no sólo de ‘convertir’ (¡y en forma tan fácil!) a tantos contrincantes, sino también de lograr sus mayores (bueno, en realidad únicos en América Latina) éxitos de crecimiento bajo la dirección de los ‘nuevos convertidos’.

Respecto al último principio -el ‘masoquismo’ (no hay otra palabra) de buscar voluntariamente una situación donde domine la lógica de vivir permanentemente en ‘estado de emergencia’-, los países de nuestra América optaron por crear una nueva institucionalidad económica basada en una creencia casi ‘mística’ del capital. El mecanismo básico de funcionamiento de nuestra economía ‘globalizante’ es que todo país en desarrollo entra al partido con ‘tarjeta amarilla’. De ahí en adelante vive sistemáticamente bajo la amenaza de muerte (crisis) súbita. El capital, tanto nacional como extranjero -en parte por su movilidad internacional, en parte porque la tendencia (auto)destructiva de su forma de relación social es parte de su ADN-, puede levantar la tarjeta ‘roja’ cuando quiera.

Esa es ley pareja, incluso para aquellos aventajados alumnos de nuestro Chile bajo la Concertación (aunque llegan todos los días con una manzana para el profesor). Dentro de esa perspectiva, ¿qué problema hay en renuncia de facto al uso (tan efectivo en el pasado) de los controles de capital (o al menos hacerlos tan caros, que se transformen en imposibles) si ese es el ultimo ‘antojo’ de Wall Street? Como dijo una vez Larry Summers, el economista ortodoxo de los economistas ortodoxos: "liberalizar irrestrictamente la cuenta de capitales en un país en desarrollo equivale a construir una central de energía atómica sin válvulas de seguridad". En definitiva, es darle al mercado financiero internacional la posibilidad de sacar ‘tarjeta roja’ cuando lo desee -algo así como un partido de ajedrez donde uno de los dos lados (cualquiera sea su posición) pueda dar el ‘jaque mate’ cuando quiera.

Y la ‘mística’ se le atribuye a un mercado financiero internacional que lo único que parece saber es estar envuelto en crisis tras crisis financiera tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados. Las crisis de nuestros países en desarrollo las conocemos bien.

En los desarrollados -¿se acuerdan de la burbuja financiera de bienes raíces japoneses, cuando Tokio llega a valuarse al mismo precio que todos los bienes raíces norteamericanos- cuyo resultado, ahora, ahoga a la economía japonesa bajo el peso de casi tres trillones de dólares (tres mil veces un billón de dólares) de deuda irrecuperable? ¿Y del mercado financiero internacional que entre 1997 y 2001 financió inversiones por cuatro trillones de dólares en equipos y servicios de telecomunicación en Estados Unidos y Europa, de los cuales un trillón ya se perdió en efectivo y dos tercios del resto se evaporaron en forma virtual (y donde la tasa de utilización de la inversión en la parte más capital-intensiva de la industria no llega hoy día ni siquiera al 5%)?

Y para que decir de LTCM, manejado por dos Premios Nobel de Economía, paradigmático caso del ‘tejado de vidrio’ sobre el cual funciona una parte tan importante del sistema financiero internacional: cuando quebró se descubrió que con un capital propio de tan solo 4 billones de dólares había llegado a tomar ‘posiciones’ equivalentes a medio trillón. Como dice un dicho en inglés, "nunca deje que la realidad enrede su ideología".

Y que hacer con la extraordinaria desigualdad del ingreso. ¿Cuántos economistas y políticos de la Concertación pierden el sueño porque después de trece años de gobierno la distribución del ingreso está de vuelta adonde la dejó Pinochet en 1989 -y, en algunos aspectos (tomando en cuenta los eternos problemas de medición de esta variable) ya está peor? ¿Es la estructura de incentivos del ‘modelo’ -donde las zanahorias se las llevó el capital y los látigos se los adjudicó el trabajo- la más adecuada, cuando (en términos de porcentaje del ingreso) el 10% más rico se lleva casi el doble del ingreso que su contraparte en Corea, pero invierte muchísimo menos (por largos periodos, sólo alrededor de la mitad)? Como dijo Gore Vidal, con su ironía habitual, el neoliberalismo Latinoamericano consiste en generar ‘socialismo’ para los ricos y capitalismo para los demás.

¿Y los tres millones de pobres? ¿Y el medio millón de desempleados que reconocen las estadísticas? ¿Dónde quedó la honestidad que caracterizó el inicio del período de Aylwin, de primero reconocer de verdad y luego intentar pagar -y con urgencia- la enorme ‘deuda social’? ¿No será que las culpas de Guastavino se equivocaron de dirección?

Así como Barros Luco decía que había dos tipos de problema, ‘los que se solucionaban solos y los que no tienen solución’, ahora se acepta sin discusión que también hay sólo dos tipos de problema: ‘los que soluciona el mercado y los que no tienen solución’. Y nuestros ‘nuevos convertidos’ están quedando entre los pocos economistas en el mundo -aún entre los neo-liberales- que todavía creen en el neo-liberalismo-a-la-Barros-Luco: que el mercado, nadie más que el mercado y sólo al ritmo del mercado se pueden solucionar estos problemas.

Cuando las palabras pierden su sentido

Tanto en la ‘política-culpa-amnesia’ de Guastavino como en la ‘economía continuista del Gatopardo’, el fenómeno que nos recuerda Confucio está entrando en operación: "cuando las palabras pierden su sentido, la gente pierde su libertad". Si bien en Chile nunca hubo ‘ley de punto final’, después de este aniversario número treinta del golpe militar lo más probable es que se intente consolidar definitivamente ‘la ley del olvido final’ (¡y ‘olvido final’ no sólo de los crímenes de la dictadura!). Como nunca hemos resuelto en forma verdadera los horrores del pasado -ni siquiera como en Sudáfrica con una comisión seria ‘de verdad y reconciliación’-.

Ahora, sólo nos queda generar amnesia colectiva para inventar un pasado que ayude a no sólo a justificar la violencia y la vulgaridad (¡y hasta la siutiquería!), sino que, además, puede hacer consistente la ideología de hoy (y su ‘falsa conciencia’) con la realidad histórica y la contemporánea.

Es difícil no especular acerca de cuál será el programa de la ‘Concertación-post-culpa-a-la-Guastavino’ y ‘post-aniversario número treinta’ para las próximas elecciones presidenciales. Quizá un eslogan de campaña podría ser: "Haremos lo mismo que Lavín, pero con más paz, más amor y mejores amenidades que, como los buenos desodorantes, no se derritan a media tarde".

Cuando en el futuro algún historiador escriba sobre el período de la Concertación, tal vez titule su libro "Crónica de una autodestrucción anunciada".

El significado político de la discusión sobre los royalties en la minería chilena del cobre, supera con creces los resultados económicos que se proclaman. Suponiendo, un precio de USc/lb.0,80, y una producción de 4 millones 600 mil toneladas por año, el rendimiento del impuesto bajo su modalidad ad valorem, a una tasa anunciada, entre otras, de 2%, sería de US$162 millones. Bajo los mismos supuestos, pero a un precio de USc/lb.0,70, el rendimiento no superaría los US$141 millones. Simplificando al extremo, y suponiendo un universo de 50 empresas homogéneas de la minería del cobre sujetas al pago de royalty, el cargo por empresa, se situaría alrededor de US$3 millones anuales en el mejor de los casos. Hasta ahí la noción de royalty vinculada a los precios del mercado. Un royalty así estimado desemboca fatalmente en el tema tributario, jurídicamente situado en la órbita de la Ley Orgánica de Concesiones Mineras (LOCCM, 1982), y de manera más general, en el conjunto de relaciones que se impusieron para crear un régimen especial y único en el mundo para atraer la inversión minera a Chile (a la LOCCM agreguemos la Ley de Impuesto a la Renta y el DL 600 sobre inversiones extranjeras). Por el contrario, si el royalty es un derecho que el Estado soberano cobra al concesionario por la explotación de sus riquezas naturales, el royalty se acercaría más a la noción, como algunos sostienen, de patente, que el Estado, dueño de una riqueza natural no-renovable cobra al concesionario por explotar dicho bien, absolutamente independiente de las valoraciones del mercado. (Estas últimas son objeto de los llamados precios de referencia, con lo cual ese mercado pierde toda validez cuando de lo que se trata es saber por una parte, cual es el valor de la patente, y por otra, cual es la base imponible a la cual deben sujetarse las empresas). Tratándose de una patente, el concesionario ampara su concesión mediante su pago y el trabajo efectivo que desarrolla. En mi opinión esta última noción es la correcta.

En Chile, no se cobran royalties, contrariamente a la mayoría de los países donde existe minería del cobre, entre ellos, Argentina, Australia, Brasil, Bolivia, China, Costa de Marfil, Etiopía, USA, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, etc., (véase Anexo 1). Una mirada a la legislación internacional sobre la materia revela que algunos países incurren en un cálculo destinado a cuantificar el royalty según una determinada tasa, por ejemplo, tantas unidades monetarias – pesos, rupias, dólares, etc... - por tonelada de fino vendida, lo cual obliga en último término, a buscar un valor de referencia o valor de mercado. Es el caso de China, donde el cobre paga un royalty de 2% sobre los ingresos que se obtienen de la venta; o en Ghana, donde el poseedor de la concesión minera paga un royalty que puede variar entre 3% y 12% del valor bruto del mineral. Más cercana a la noción del derecho del Estado a usar, gozar y disponer de los minerales que se encuentran en su territorio, es aquella que fija derechamente un derecho nominal sobre el mineral extraído sin referencia al valor del mercado. Es el caso de la India donde el Estado cobra Rs17 por centésimo de mineral contenido por tonelada de mineral; Indonesia donde el cobre paga US$45 por tonelada, etc. En Estados Unidos, el royalty es un derecho estadual, no federal, llegándose aún a un pago entre particulares en cuyo caso se supone una renta presunta basada en ciertas externalidades que son valoradas de manera subjetiva (o práctica conocida vulgarmente en Chile, como "derecho de llaves"). Este último criterio, independiente de los resultados financieros de la explotación minera o del valor del yacimiento, se acerca más a la noción de patente que a la de royalty estimado según precios de mercado.

La relación tributaria de las compañías transnacionales del cobre con el Estado de Chile, demuestra que históricamente aquellas han eludido el impuesto a sus ganancias. Es más, la base tributaria de los cálculos ha sido desvirtuada por los precios de transferencia - notoriamente más bajos que los de las Bolsas de Londres y Nueva York COMEX - consagrados entre las filiales establecidas en Chile y sus casas matrices. Agreguemos, que en la formulación de los proyectos presentados para la aprobación de la inversión extranjera por el Comité de Inversiones Extranjeras, se adopta una tasa de descuento que refleja la apuesta del inversionista en el futuro donde el mercado le ofrece variadas alternativas de inversión (riesgo). Los Flujos de Caja (descontados) del proyecto no hacen sino reflejar la determinación de invertir y constituyen el fundamento de la base tributaria a la cual los inversionistas están obligados. No cobrar impuestos durante el período de desembolsos sin Flujos de Caja y limitarlo sólo al período en que estos se producen, sería postular que la explotación minera es un álea permanente en la cual una parte, el Estado, asume todos los riesgos (no pago de impuestos), situación que se presentó en los casos emblemáticos de El Indio y La Disputada Las Condes, donde nunca se declararon utilidades y por el contrario "pérdidas irremediables". (Lo cual no fue un impedimento para que la AngloAmerican comprara la Disputada a EXXON en US$1300 millones y El Indio cerrara por haber agotado completamente el mineral de oro en 15 años - y haberlo vendido - sin haber tributado un centavo de dólar al Estado de Chile).

La venta de La Disputada se realizó en el extranjero para eludir impuestos impagos, frente a lo cual, el gobierno de Chile inició acciones por un monto de US$ 300 millones. Después de laboriosas negociaciones se llegó a un acuerdo de pago por US$ 30 millones. La EXXON alegó que la Disputada Las Condes era una sociedad contractual, en consecuencia no se le aplicaba la legislación tributaria correspondiente a las sociedades anónimas. Sin embargo, aún en el caso que la Disputada Las Condes hubiese sido sociedad anónima, (lo sorprendente del caso es, que la legislación y ) la interpretación de la ley tributaria por el Servicio de Impuestos Internos (SII), facultaba a la compañía transnacional precisamente para no pagar. Siendo la venta de la sociedad Disputada Las Condes una venta de acciones, se aplica la legislación sobre impuestos asociados a la ganancia obtenida por la venta de dichas acciones. Con respecto a ese caso, el mismo SII que inició las acciones ante tribunales, dictaminó que está exenta totalmente de impuesto a la ganancia de capital, la venta de acciones adquiridas antes del 31 de enero de 1984 (la EXXON compró la Disputada Las Condes en 1978) si no existe habitualidad (esto es si el giro de negocios de la EXXON no es la compra y venta de acciones), en cuyo caso no hay tope respecto a la transacción, considerándose aplicable la exención tributaria tanto a acciones de sociedades abiertas como cerradas (Cf., http:www.sii.cl\SIIPRENSA70307718.htm). La interpretación del SII lesiona seriamente los intereses de Chile y demuestra la fragilidad del Estado frente a las manipulaciones de las transnacionales.

En los casos citados, como en las 45 empresas extranjeras de la minería del cobre que no pagan impuestos, la formulación y presentación del proyecto ante el CIE quedaría entonces reducido al nivel de un mero ejercicio académico sin efectos tangibles. Los montos sugeridos de no pago, US$4000 millones y más aún, superan en 5 veces el costo del Plan Auge, Chile Solidario y el déficit de la caja fiscal por baja aranceles percibidos según los tratados de libre comercio con la Unión Europea, Estados Unidos y Corea, todo ello sin considerar el financiamiento de la educación, el déficit en vivienda y la reactivación de la economía.

El Estado de Chile dictó la Ley de Evasión Tributaria, cuyos mecanismos son aún parciales e incompletos y abren la puerta a la elusión tributaria. Es el caso de las depreciaciones aceleradas, el pago de intereses por préstamos contraídos en empresas relacionadas con la filial en Chile y los precios de transferencia.

Con el mecanismo de la depreciación acelerada se retiran flujos de caja como si no fueran renta, cuando en realidad lo son. Se argumenta que la "Ley de Evasión Tributaria" habría cambiado esta situación. Esto último es parcialmente correcto en cuanto se refiere al pago del impuesto de Primera Categoría. No es el caso del Impuesto de Segunda Categoría o Global Complementario pues cuando se distribuyen dividendos, en el momento del pago del Global Complementario se descuenta el crédito de manera proporcional a las rentas que tributaron. El resto quedando afecto al impuesto Global Complementario o adicional sin crédito.

Con relación a la ley de Impuesto a la Renta que impone un impuesto de 4% a las remesas por pago de intereses de préstamos, la Ley de Evasión Tributaria establece que el impuesto se elevará a 35% cuando las remesas correspondan al pago de intereses por préstamos otorgados por empresas relacionadas y que equivalgan a 3 veces el capital de la empresa deudora. Si bien el mecanismo previsto es un avance sobre la legislación anterior, en la práctica la elusión tributaria se perfecciona creando en el extranjero acreedores ficticios no relacionados. Ahora bien, se estima que en Chile, 65% de la inversión extranjera no es inversión directa, sino que créditos asociados a esta inversión, con lo cual tenemos una idea de la elusión tributaria en curso. Es útil examinar lo que dispone la ley americana al respecto, país de origen de transnacionales que hoy operan en nuestro territorio. La Ley Federal del Impuesto a la Renta de Estados Unidos considera, con relación a subsidiarias de compañías extranjeras instaladas en su territorio, que los intereses pagados por dichas compañías extranjeras instaladas en su territorio, se asimilan a aquellos pagados por una corporación estadounidense. En otras palabras, la rama de la compañía extranjera instalada en Estados Unidos recibe el tratamiento de una subsidiaria estadounidense. Por lo tanto, su situación corresponde a la de una corporación americana que paga intereses que provienen de una fuente de ingreso americana, estando estos últimos sujetos a un impuesto de 30%, a menos que dicha tasa sea eliminada o reducida por un tratado (véase el Título 26 del Código de Impuesto a la Renta, sección 881 y volumen 34 de la Jurisprudencia Americana sobre Ingresos del Extranjero, imponentes extranjeros, párrafo 8190).

La fragilidad en que se encuentra el Estado de Chile por los precios de transferencia es aún más flagrante. No existe legislación al respecto. En Derecho Comercial Moderno se ha impuesto la llamada doctrina del "disregard", esto es, sin perjuicio de los precios fijados, debe investigarse irrestrictamente, la empresa, sociedad, o grupos de sociedad (conjunto de empresas que constituyen una "cadena de valor") y las distintas funciones de las sociedades por acciones, para con ello verificar si los precios de transferencia de sociedades vinculadas, pero jurídicamente independientes, con sede en diversas jurisdicciones fiscales, establecen precios que no se corresponden con los "precios normales de mercado abierto" (arm’s length principle), eludiendo con ello el pago del impuesto a las ganancias, mediante la reducción de la base imponible en el país donde están domiciliadas. Las prácticas que no se sujetaren a ese principio acarrean, como en el caso de Chile, la erosión de la recaudación fiscal en beneficio de la empresa constituida localmente, la cual cae en flagrante delito de evasión fiscal: casos de La Disputada, El Indio y 45 filiales de un total de 47 transnacionales que operan en el territorio de Chile. En consecuencia, la reglamentación de los precios de transferencia, persigue evitar el flujo ilegal de ingresos fiscales entre distintos países que en la abrumadora mayoría de los casos afecta a las economías subdesarrolladas. En los países de origen de las transnacionales, la tendencia ha sido su protección. Las transnacionales trasladan, vía precio de bienes y servicios, el impuesto a las ganancias para pagarlo en las naciones origen de las empresas y no en aquellos países donde se desarrollan las actividades de sus subsidiarias. Su justificación es evitar la doble tributación, argumento que puede en su caso conducir a conflictos entre la economía (subdesarrollada) que acoge la inversión y la economía (desarrollada) origen de la empresa transnacional. Baste decir que Estados Unidos y el Reino Unido gravan los dividendos que sus sociedades residentes reciben de sus filiales extranjeras. Agreguemos, que la inclusión de una sociedad holding permite aplazar la imposición sobre los dividendos hasta el momento en que son efectivamente transferidos al país de residencia de la sociedad matriz. En Francia y Bélgica, no existe un régimen fiscal particular a los holding, el derecho común de sociedades de ambos países hace que los dividendos percibidos de sociedades filiales en el extranjero estén exentos de tributación, no así las plusvalías de la venta de participaciones, que sí se ven gravadas.

El tema no es fácil. En Japón, se han creado cuerpos especiales de fiscalización de precios de transferencia, no obstante lo cual los resultados son a la fecha muy escasos. En Francia, habiéndose regulado los precios de transferencia y sus diferencias en 1996 (un antecedente importante de esta legislación son los Comentarios Oficiales del Servicio de Rentas Internas de Francia, de 4 de mayo de 1973), se estima que entre el inicio del procedimiento y la sentencia definitiva, se puede incurrir en un plazo no menor a diez años. En el Reino Unido de la Gran Bretaña (Notas de guía del proceso documental, 1997, Art. 770), la diferencia de precios tiene fuertes penalidades para la filial allí domiciliada. En Canadá, la Dirección de Impuestos Internos puede reajustar los precios cuando se demuestre que las condiciones de las transacciones difieren de las de mercado abierto (arm’s length principle, contenido en la legislación de 1997). En Brasil, en un comienzo, el control sobre los precios de transferencia tenía relación solamente con la valoración aduanera, y el objetivo era evitar la subfacturación con propósito de disminuir tributos ad valorem. La ley 9430/96 ordenó y fijó los parámetros para determinar los precios practicados en operaciones efectuadas a partir del 1 de enero de 1997, aplicándose solamente para las operaciones realizadas con residentes en países extranjeros. En el caso de la exportación, la legislación brasileña especifica márgenes de lucro que pueden ser alterados por solicitud del contribuyente, asociación representativa del sector económico, o de oficio por la autoridad. El Internal Revenue Service (IRS) de USA, tiene la facultad por ley de formular y hacer cumplir las reglas sobre los precios de transferencia. La sección 6662 obliga al contribuyente a documentar sus prácticas sobre los precios de transferencia todos los años. El IRS evalúa el precio entre partes relacionadas utilizando como referencia el precio que se pacta en una transacción comparable. La confiabilidad del método propuesto depende del grado de comparación entre transacciones que se pueda establecer. En México, la fiscalización está a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual sigue el principio arm’s length propuesto por la OCDE.

Los casos citados revelan un factor común: con la evasión tributaria las compañías extranjeras del cobre buscan ajustar financiamientos originarios insuficientes con fondos extraídos del no pago de impuestos. En otras palabras, la base tributaria es falseada y los fondos que se reciclan al negocio minero son en definitiva fondos locales. Se controlan más recursos de los que las compañías realmente aportan. (Mercados capturados desde dentro aceleran el drenaje de fondos locales. En un terreno relacionado, con la vigencia y operación de los Tratados de Libre Comercio esta situación se pondrá a la orden del día).

Bajo modalidades diversas, el propio Departamento de Comercio del gobierno americano reconoce en el período 1960-1964, que por cada 100 dólares invertidos por las compañías norteamericanas en el sector manufacturero latinoamericano, 80 dólares fueron financiados con recursos regionales. Reinversión de utilidades no tributadas (ya sea mediante precios de transferencia o depreciaciones aceleradas) y créditos externos ficticios, son métodos clave para transferir los riesgos de la inversión al Estado que acoge la inversión.

Reconociendo las limitaciones del sistema tributario chileno, ¿cómo asegurar una situación de riesgos compartidos, o dicho de otra manera, reducir el riesgo minero, para el conjunto de las partes?, esto es, el Estado y las transnacionales.

Un primer paso, exigible por el Estado al inversionista, es establecer el capital necesario (desembolsos) del proyecto de inversión, conjuntamente con los flujos de caja futuro que genera el proyecto que se somete a consideración del CIE según el DL 600.

La definición de capital permitirá estimar primero, una base tributaria y segundo, un Pago Provisorio Anual de impuestos (PPA). Los flujos de caja serán calculados por el propio inversionista y sometido a aprobación del CIE junto con el proyecto de inversión. Si los flujos de caja, supongamos a partir del sexto año, son superiores o inferiores a los previstos, el Servicio de Impuestos Internos (SII), reliquidará el impuesto, teniendo en vista todos los antecedentes consignados por el Comité de Inversiones Extranjeras y el inversionista.

Con estas garantías, el impuesto a la renta se calculará y deberá pagarse a partir del primer año de iniciado el proyecto. La tasa de descuento considerada será la misma propuesta por el inversionista en el momento de presentar su dossier en el CIE.

Resumamos en el cuadro siguiente la situación de un inversionista minero que presenta un proyecto de vida útil de 9 años. Supongamos que realiza desembolsos durante 5 años, sin obtener flujos de caja. El desembolso inicial es de 9000. El problema consiste en saber cual es el Valor Actual Neto del proyecto si los flujos de caja previstos comienzan a partir del sexto año y el tipo de interés de los flujos de caja es de, supongamos, 5%.

En el Cuadro 1 se presenta la base tributaria que se entiende como el promedio simple del total de los Flujos de Caja descontados. Se calcula sobre el período total de vigencia del proyecto, en este caso 9 años.

En el Cuadro 2 se presenta una reliquidación de la base tributaria o imponible, pues hemos supuesto que el desembolso inicial ha variado. Véanse columnas 3 y 4 del Cuadro 2. No hay modificaciones en el primer año. El monto de 3000 se mantiene. Sin embargo, los montos de los años 2 a 4 varían. El año 5 no sufre variaciones. El total de la columna 4 señala que se han invertido 9800 en lugar de 9000 (columna 3).

En consecuencia, la base tributaria se reajusta. Para efectos del cálculo se comparan los cambios introducidos en los desembolsos, reajustándose la base tributaria inicialmente calculada (columna 2), por el porcentaje de cambio. Si hay un mayor desembolso que el previsto, la base tributaria se reduce en el mismo porcentaje. Si el desembolso es menor la base tributaria aumenta en la misma proporción del cambio.

En el Cuadro 3, se presenta la base tributaria para los años en que hay Flujos de Cajas, esto es del año 6 al 9 del proyecto. Para cada año se presentan modificaciones, las cuales pueden ser observadas en la columna 2 del Cuadro (hipótesis), así como los Flujos descontados (columna 4). La base tributaria es calculada para cada año, teniendo en cuenta el monto total previsto que es dividido por los 9 años de vida del proyecto.

En los Cuadros de 4 a 12 se presenta el VAN para cada año, teniendo en cuenta las modificaciones en los desembolsos (columna 2) y los Flujos de Caja (columna 3). Se detallan los factores de descuento considerados.

Finalmente, se presenta un resumen de las modificaciones anuales con relación a desembolsos, flujos de caja, base tributaria y VAN. Se observa que la mayor baja en la base tributaria se produce cuando en el cuarto año hay un desembolso de 50% más de lo previsto. En los años 1 y 2 no hay modificaciones y por lo tanto la base tributaria es la prevista en los cálculos iniciales.

En conclusión, este procedimiento permite agotar el análisis de todos aquellos datos relevantes al cálculo de los resultados asociados al proyecto. Cálculo que interesa no sólo al inversionista sino particularmente a la autoridad tributaria. Para todos sus efectos, los pagos del impuesto a la renta y el royalty, son insumos que deben ser considerados al momento de someter la inversión al proceso de aprobación del Comité de Inversiones Extranjeras. En la aprobación del dossier deberán intervenir mediante informes, tanto el Servicio de Impuestos Internos como COCHILCO.

Si el inversionista no llega a la situación de flujo de caja, en ese caso podrá retirarse del negocio sin cargo de impuestos. Decisión que deberá ser comunicada dentro de los plazos determinados por las partes y sin reliquidación de impuestos recaudados. Los impuestos calculados deberán ser pagados a 31 de diciembre del año en que el inversionista decide retirarse del proyecto minero.

La variable institucional juega un papel determinante en las prácticas de explotación y tributarias que las compañías extranjeras del cobre desarrollan en Chile. La Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras (LOCCM, publicada el 21 de enero de 1982), el Código de Minería (1983), la Ley del Impuesto a la Renta y el DL 600 sobre inversiones extranjeras han dejado al Estado de Chile, desde hace más de 20 años, en la más absoluta indefensión. Chile es caso único entre las legislaciones mineras del mundo pues establece un tipo de concesión que no es tal sino propiedad de un mal llamado concesionario. En el sistema anglosajón el concesionario es un arrendatario (lessee), esto es, un mero tenedor (tenant), y en esa calidad lo que se le concede es el arriendo del yacimiento (mining lease). Es más, el titular del mining lease, ampara sus derechos sobre los minerales concesibles mediante la exploración y explotación. Principio este último, que retienen las legislaciones mineras del mundo, aún en países de tradiciones jurídicas diversas, como Estados Unidos de América, Brasil, Cuba, Sudáfrica, Rusia, Australia, etc. La LOCCM y el Código de Minería no sólo traicionan el espíritu de la reforma constitucional de 1971, donde el dominio de los recursos minerales es atribuido al Estado a título "absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible" y donde la autoridad administrativa minera en representación del Estado otorga la concesión, sino que además - como lo comenta el jurista Julio Vildósola, en su Tratado sobre el Dominio Minero y el Sistema Concesional en América Latina y el Caribe, Caracas, Venezuela. 1999 - al espíritu de la misma Comisión de Estudios de la Nueva Constitución (1977), y por consiguiente la Constitución del año 1980, donde se obliga al dueño a desarrollar la exploración o explotación efectiva para satisfacer el interés público (Art. 19 Nº 24). Ni el amparo por el trabajo, ni la intervención de la autoridad minera técnico-administrativa en el procedimiento de concesión son adoptados por la LOCCM y el Código de Minería. Ese es el derecho que hoy rige en Chile y que ha permitido, entre otras situaciones, la aprobación del Tratado de Integración Minera entre las Repúblicas de Argentina y Chile (2001), cuyas disposiciones permiten la virtual cesión de un tercio del territorio chileno a las transnacionales. La legislación chilena es excepcional en América Latina. En este ámbito el derecho de explotación o pertenencia minera prolongado se sitúa comúnmente entre 20 y 25 años, con legislaciones como la colombiana en que el plazo es de 30 años y revirtiéndose los activos al Estado al final de ese período. En México el plazo máximo es de 50 años. Sólo Argentina, Perú y Chile constituyen la excepción pues sus legislaciones consagran la duración ilimitada de la concesión y su irrevocabilidad.

Resulta sorprendente que en Chile, el Ministerio de Minería, según su estatuto orgánico (DF.Ley 302/1960), con casi cuarenta años de vigencia, carezca absolutamente de funciones y atribuciones relacionadas con la cuestión del dominio del Estado sobre las sustancias minerales concesibles (véase Julio Vildósola, Op. cit.). Esto representa una verdadera capitis diminutio del Estado, lo cual, escribe Vildósola, no sólo tiene que ver con la constitución de derechos mineros por parte de las empresas extranjeras sino también con empresas del propio Estado, como son Codelco y Enami.

1º) El royalty es un derecho, no un impuesto, que se impone al inversionista por el hecho de explotar un bien no-renovable. Es independiente de la base imponible y se establece en cuanto requisito de amparo de la concesión;

2º) Sin ninguna ambigüedad, el royalty, el impuesto sobre las ganancias y remesas por el pago de préstamos, deben ser considerados como insumos del cálculo económico del inversionista; forman parte de los desembolsos del proyecto, se pagan a partir de la operación del proyecto en el terreno y se manejan independientemente de los flujos de caja. Las reliquidaciones se producirán en el curso de la vida útil del proyecto. Las negociaciones entre partes – a partir de los principios aquí retenidos – constituyen la base preponderante de las relaciones entre Estado e inversionistas. Bajo ese contexto, el álea minera, esto es, no pago de impuestos, flujos de caja diferentes a los calculados, se impondrá como un elemento asumido y compartido por las partes (Estado y transnacionales) en la explotación del yacimiento;

3º) La definición de capital aportado como fundamento de la base tributaria es el elemento clave de los riesgos compartidos o relaciones entre el Estado de Chile y los inversionistas. El inversionista arbitra sus obligaciones tributarias según el potencial del yacimiento y durante toda la vida útil de la mina. En una economía global, la indefinición permanente del inversionista con relación a su aporte durante la vida útil de la mina es lesiva para el Estado y para la estabilidad de las relaciones económica internacionales;

4º) Los resultados del sistema tributario actual no invitan precisamente al optimismo, sobre todo si se consideran las falencias en el financiamiento de la salud, educación (básica, media y universitaria), vivienda, empleo, y las sumas que el Fisco chileno deja de percibir por el no pago de las compañías transnacionales por impuestos a la renta y adicional, sean estos bajo el régimen normal (36,5%) o de invariabilidad tributaria (42%);

5º) La legislación sobre precios de transferencia es un elemento clave en las relaciones del Estado con las transnacionales. Sin legislación y organismos operativos en su control, las bases de la tributación estarán absolutamente falseadas, la evasión tributaria y la inestabilidad en las relaciones económicas internacionales continuarán, especialmente en aquellas economías domicilio de las transnacionales;

6º) Centrado en la firma de tratados de libre comercio, el gobierno no se ha percatado que la principal fuente de controversias, no ha sido resuelta, esto es, las inversiones y sus modalidades, su régimen tributario, competencia de los tribunales, regímenes de holding y paraísos tributarios que los cobijan. Deben iniciarse negociaciones urgentes en estos diversos dominios. Casos como el de la venta de La Disputada Las Condes por EXXON no pueden repetirse. La pasividad, mansedumbre e ineficacia del gobierno frente a este caso hace augurar nuevas situaciones, donde si no hay un cambio de rumbo fundamental, las transnacionales impondrán nuevamente sus prácticas de pillaje e ilegalidad.

7º) Revertir situaciones institucionales así como tributarias, implican una completa revisión del estatuto de relaciones que hoy impera entre el Estado de Chile y las transnacionales. Instituciones como el Ministerio de Minería y COCHILCO deben ocupar un sitio preponderante en la institucionalidad que rige la actividad minera en Chile. Las transnacionales, saben que el derecho relativo a la concesión minera y los privilegios tributarios, son situaciones de excepción, irrepetibles en otros yacimientos en el mundo, explotados por las mismas transnacionales instaladas en Chile. Por ello, su situación es precaria y en estricta lógica, están dadas las condiciones para iniciar las negociaciones entre las compañías extranjeras y el Estado de Chile, encontrándose objetivamente la iniciativa del lado de este último.

Una revisión de 24 legislaciones da los siguientes resultados. En 17 países se contempla el pago de royalties, 2 de ellos admiten el pago sobre bases contractuales entre particulares o entre el Estado y particulares. En 6 países no se contempla su pago. En un país existe el royalty pero limitado a un producto minero.

Los 17 países donde se contempla el pago de royalties, son los siguientes: Argentina, Australia, Brasil, Bolivia, China, Costa de Marfil, Etiopía, Estados Unidos de América, Filipinas, Ghana, India, Indonesia, Kazakstán, Papúa Nueva Guinea, República de Sudáfrica, Tanzania, Uzbekistán.

Dentro de estos países hay 2 en que el royalty se establece de manera contractual, a saber: República de Sudáfrica y Estados Unidos de América.

Seis países no contemplan el pago de royalties, a saber: Canadá, Chile, Groenlandia, México, Perú y Suecia.

En Namibia se establece un royalty sólo en el caso de piedras preciosas brutas y no cortadas.

ARGENTINA: Según la Ley de Inversiones Mineras su legislación no permite royalties con una tasa superior al 3% del valor de la mina.

El impuesto a la renta es de 33%. Los yacimientos que caen en el régimen de la ley de inversiones mineras tienen un trato diferente a aquellas que no caen en ese régimen.

AUSTRALIA OCCIDENTAL: El cobre paga un royalty de 7,5% del valor del cobre contenido en el mineral o 5% del valor contenido en el concentrado o 2,5% del valor declarado del metal (pureza máxima lograda en el proceso de refinación). El carbón paga 7,5% del valor de ventas de exportación. El carbón, venta local, paga $A2,29/tonelada. El oro no paga royalties. El mineral de hierro paga 7,5% del ingreso FOB del mineral de hierro en mina ("cascotas" en una muestra inicial); 5,635% por el contenido de hierro en el mineral; 5% de mineral tratado. La legislación permite un tratamiento especial convenido con los productores. El zinc, paga 7,5% del valor declarado en el mineral o 5% del concentrado o 2,5% del valor declarado del metal (ley de fino del proceso). La piedra caliza para la industria de la construcción paga $A0,30/tonelada; los diamantes 7,5% del valor declarado o 22,5% de la utilidad contabilizada, imponiéndose una u otra tasa según el mayor valor que se obtenga.

BOLIVIA: Los royalties se denominan "impuestos complementarios". Según la ley boliviana, el impuesto a la renta pagado constituye un crédito en el momento de pagar el royalty. El cobre paga 1% del valor del concentrado. Otros minerales también pagan royalties a saber, oro, carbón, níquel, hierro, zinc.

El impuesto a la renta es de 25%

BRASIL: Los royalties toman el nombre de "compensación financiera por explotar recursos mineros" (CFEM). Estos royalties son pagaderos al Estado, municipios u otras autoridades. Las tasas fluctúan entre 0,2 y 3 por cientos del valor neto facturado, esto es, descontando impuestos, transporte y seguros. El cobre paga 2%. La misma tasa se aplica al hierro, piedras calizas, níquel, zinc, abonos, carbón y otras substancias minerales. El aluminio, manganeso, sal y potasio pagan 3%. El oro cuando es explotado por sociedades mineras paga 1%. Los diamantes, piedras preciosas y semi preciosas, carbonatos pagan 0,25. El total de la propiedad inmueble concesionada – según la superficie - paga un impuesto al Departamento de Minas, fijado en 50% del monto del royalty pagado al gobierno. Si el royalty es 2% se paga un 1% al Estado o al propietario privado, según quien detente el dominio de la tierra.

El impuesto a la renta es de 15%. Las compañías mineras que ganan menos de R$12.3 millones pueden optar a diversas opciones que le brinda la ley. Existe un impuesto sobre el exceso de utilidades.

CHINA. Los royalties (se les denomina "compensación por recursos mineros") se establecen según los ingresos por ventas. Las tasas varían entre 1 y 4 por cientos. El cobre tiene una tasa de 2%. Otros minerales que pagan royalties son, oro (debe venderse obligatoriamente al Estado a un mínimo de 90% del precio de mercado, lo cual significa implícitamente un royalty de 10% o más), hierro, zinc, diamantes. Existen además valores monetarios por tonelada de mineral extraído. Es el caso de la piedra caliza para la producción de cemento (0,3 y 30 yuan/ton); carbón (0,3-5 yuan/ton); minerales no metálicos (0,5 – 20 yuan/ton); metales ferrosos (2 – 30 yuan/ton); metales no-ferrosos (0,4- 30 yuan/ton); sal sólida (10- 60 yuan/ton); sal líquida (2 –10 yuan/ton).

Impuesto a la renta: 30% al gobierno central, más 3% de tasa provincial no deducible del pago al gobierno central. En consecuencia la tasa efectiva es de 33%.

COSTA DE MARFIL. Se trata de royalties sobre la base de ad valorem de minerales. La base del impuesto son las utilidades netas, i.e., deducidos los costos de transporte y operación: oro, 3%; diamantes y otras piedras preciosas, 3%; níquel, 2,5%; zinc, 2,5%; cobre, 2,5%; otros metales, 2,5%.

Impuesto a la renta: 35%, podrán imponerse reglas especiales en licencias mineras para determinar la base impositiva.

ETIOPÍA. La ley establece dos royalties. Uno, relativo a los minerales preciosos, con una tasa de 5% ad valorem, en el yacimiento; otro, relativo a los minerales metálicos y no metálicos, de 3%. Se fijará un royalty más bajo de común acuerdo en aquellos casos en que sea necesario estimular la inversión minera en determinadas áreas de desarrollo prioritario. En conclusión, el concentrado de cobre, paga un royalty de 3%. En el modelo calculado por la Universidad de Colorado (Op., cit.) el valor del concentrado, base del cálculo, se estimó de la siguiente manera: Valor Bruto de la libra de Cu = Precio de Venta – 35% de costos de operación (relativo a la fundición).

Impuesto a la renta: 35%

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA: Existen en varios estados de la Unión (p.ej. Nevada, Arizona), sin embargo, no se contempla en la legislación federal. Es corriente que se paguen royalties entre particulares.

Impuesto a la renta: tasa federal en base imponible de US$0 a 50.000, 15%; de US$50.000 a 75.000, 25%; US$75.000 a 10 millones, 34%; más de US$10 millones, 35%. Nevada no tiene impuesto a la renta estadual; Arizona, 9.30%.

FILIPINAS: Los minerales que a continuación se indican pagan royalties de 2% del valor bruto de la producción: cobre, oro, mineral de hierro, níquel, zinc, piedra caliza. El carbón, paga 10 pesos por tonelada métrica. Existe además un royalty de 1% del valor bruto del mineral en tierras ancestrales; 5% del valor bruto del mineral en reservas; 0,15 pesos por tonelada métrica en residuos y residuos con valor.

Impuesto a la renta: 35%

GHANA. El poseedor de la concesión minera pagará un royalty que puede variar entre 3 y 12% del valor bruto del mineral. El porcentaje se establece según el mineral en concesión (el oro paga un 3%) y el gobierno puede conceder un aplazamiento del pago. La variación del royalty depende del nivel de la ganancia marginal de operación. El royalty se fija al nivel del 3% cuando la mina excede el 30% de ganancia anual. En ganancias por sobre 30% y bajo 70%, la tasa del royalty aplicable (según el modelo de la Universidad de Colorado, Op., cit.) se calcula de la manera siguiente: 3% + (22.5% del tasa de utilidad operacional) – 30%. En el caso de utilidades que exceden el 70% de ganancias la tasa del royalty se fija a 12%.

El impuesto a la renta es de 35%. Existe además un impuesto sobre utilidades adicionales de 25%.

INDIA: Los royalties se refieren a varios minerales y varían según diversos criterios. Además se aplican valores monetarios a la tonelada. El cobre paga Rs17 por centésimo de mineral contenido en una tonelada de mineral. El oro paga Rs11 por gramo de oro contenido en una tonelada de mineral. El carbón (lignito), paga Rs2,5 y 195 (coke) por tonelada según la calidad y el estado. El mineral de hierro paga RS5 a 18 por tonelada según el grado (contenido de fósforo) de que se trate. El níquel paga Rs2,25 por centésimo de mineral contenido en una tonelada de mineral. Con el mismo criterio el zinc paga Rs16. Los diamantes pagan 20% de su precio de venta en la boca de la mina. La piedra caliza, insumo del cemento, paga entre Rs25 y 50 por tonelada.

Impuesto a la renta: compañías no residentes, 48%; compañías residentes, 35%.

INDONESIA. Los royalties varían según el mineral de que se trate y se expresan en valores monetarios por unidad de peso. El cobre paga US$45/tonelada, i.e., US$0,0204 por libra; el oro US$235/kg; el mineral de hierro US$2,90/tonelada; el níquel, US$78/tonelada; el zinc US$12,50/tonelada; la piedra caliza US$0,14/tonelada. Finalmente, el carbón paga 13½ % de los ingresos percibidos por la venta.

Impuesto a la renta: 30%

KAZAKSTAN. Las tasas de los royalties se negocian contractualmente y dependen de los costos y estimados técnicos de los proyectos y según los procedimientos establecidos por el gobierno. En las piedras calizas, el royalty se fijó en 1% de las ventas.

Impuesto a la renta: 30%

PAPUA NUEVA GUINEA: El cobre paga 2% del fundido resultante; oro y níquel, pagan 2% del precio FOB declarado y finalmente, piedra caliza 2% ad valorem.

Impuesto a la renta: concesiones de US$75 millones y más: 35%; concesiones de menos de US$75 millones de capital: 25%.

REPÚBLICA DE SUDÁFRICA. El Estado carece del dominio de los recursos minerales y de este principio se deriva el régimen de royalties. No existen los royalties en cuanto tal a menos que el Estado haya adquirido la propiedad del mineral, en cuyo caso negociará el royalty con la compañía explotadora del mineral. El royalty varía según la rentabilidad proyectada del cuerpo mineralizado (volumen explotable hasta cierta ley).

Impuesto a la renta: 35% (excepto minas de oro)

TANZANIA: Se establecen según el valor de las ventas: cobre, mineral de hierro, oro, níquel, zinc, tienen una tasa de 3%; carbón, 2%; diamantes, 5%.

Impuesto a la renta, 35% (se reduce a 20% en los primeros 5 años de ingresos de la mina)

UZBEKISTÁN: El oro paga 7% de costos de producción. Ignoramos si la depreciación se incluyen los costos de producción. Algunas propuestas públicas han considerado 2,5% de royalty en las ventas brutas durante el período de 7 años de "vacaciones impositivas" y 6% después de las "vacaciones"). No existe información sobre royalties en el cobre y otros minerales (carbón, hierro, níquel, zinc, diamantes, piedra caliza) no pagan royalties.

Impuesto a la renta: 16-36%

Canada: La tasa básica del impuesto a la renta federal es de 38%, menos rebaja (provincial) de 10%, más una sobre tasa federal de 1,12%, todo lo cual reviene a una tasa federal neta de 29,12%. Un margen compensatorio destinado a los recursos reduce la tasa federal efectiva a 21,84%.

Chile: Impuesto a la renta (general): 16,5% año tributario 2004, calendario 2003 y 36% en conjunto considerando el impuesto adicional por remesa de dividendos. Alternativa de régimen de invariabilidad con tasa de 42% (16,5% + 25,5% adicional por remesas de dividendos). En el año comercial 2001 y tributario 2002, la tasa era de 15%; en el año comercial 2002 y tributario 2003, la tasa subió a 16%. Al año siguiente – como ya se señaló - sube a 16 y medio por ciento y finalmente en el año comercial 2004 y tributario 2005 la tasa subirá al 17%.

Groenlandia: impuesto a la renta, 35%; México: impuesto a la renta, 34%; Peru: impuesto a la renta, 30%; Suecia impuesto a la renta, 28%.

En Namibia: No existen royalties, excepto para piedras preciosas brutas y no cortadas (los diamantes pagan 10% de su valor). La tasa mínima del impuesto a la renta es de 25%.

En el Anexo 1, presentamos legislaciones que hacen depender el royalty, o regalía, de tasas sobre el volumen de la producción exportada, lo cual convierte esta tasa en un impuesto ad valorem. En otros casos, se presenta como un impuesto específico establecido sobre el peso o volumen del mineral producido. Como se expresó en el texto principal, las transacciones de cobre, operadas por las transnacionales desde territorio chileno, obedecen a precios de transferencia o mercado interno entre filiales (situadas en Chile) y la casa matriz domiciliada en el país de origen de la transnacional, relación que afecta el arm’s length principle, o "precios normales de mercado abierto". Por ello, sin una base impositiva confiable, el impuesto ad valorem pierde todo significado real y lesiona los intereses de Chile. La necesidad de evitar la doble tributación aparece como explicación oficial de este tipo de relación. Sin embargo, la existencia de sociedades holding en paraísos fiscales, a través de las cuales se canalizan capitales financieros a las filiales domiciliadas en Chile, neutraliza el cumplimiento de las leyes tributarias tanto en el país domicilio como en el país de origen de la filial.

Las siguientes hipótesis se refieren al caso general de Chile: una economía subdesarrollada con una exportación cuprífera predominante; sistema de concesión donde el concesionario es propietario de la mina; sistema de renta (patente, royalty) igual a cero o más baja que una eventual renta presunta fijada por el Estado; sistema de precios de transferencia; se supone doble tributación, hipótesis que puede ser relajada pues su diferenciación con la tributación única se expresa en una mayor o menor minimización de la renta cuprífera debida al Estado de Chile, respectivamente. En la decisión de invertir están considerados los impuestos, independientemente que se paguen o no, ya sea durante toda la vida del proyecto o sólo durante el período de flujos de caja.

El pago de la renta por explotar el yacimiento se calcula en el país donde se sitúa el yacimiento y el objetivo para la empresa inversora es su minimización. Dicha renta se puede traducir en una patente o en un impuesto específico. Además, en un mercado de competencia imperfecta donde las compañías buscan la minimización de la renta del propietario de las minas, las utilidades antes de impuesto se calculan en el país origen de la empresa (transnacional). En el modelo general, la minimización de la renta minera (Rta) debida al Estado de Chile es determinante en la maximización de la ganancia (Gn) del inversionista, es decir,

lo cual se traduce en las modalidades de pago de esta renta. El impuesto a la ganancia en el domicilio de la empresa (Chile) es neutral.

Llamaremos φ a la diferencia entre la renta debida o renta presunta (Rta) y la renta minimizada realmente pagada, Rmin. Gn, es el margen de ganancia y Cf es el costo de factores de producción. La suma de estos tres factores constituye el precio de transferencia, P_f.

φ, representa un margen de ganancia adicional. Sumando P_f a φ se obtiene el "precio normal de mercado abierto", sobre cuya base se calculará la ganancia en el país origen de la transnacional para calcular el impuesto correspondiente a la ganancia.

La renta minera debida al Estado es anterior al margen de ganancia obtenido en el mercado. Esta es la base de la endogenización de los precios de la minería del cobre en una situación de oligopolio. En otras palabras, por el concepto de renta mínima pagada al Estado se puede decir que esta actividad no es tomadora de precios internacionales. Este ejercicio de max. Gn = min. Rta, fija en definitiva la base imponible de la transnacional. La cual aparece determinada por el precio de transferencia y la renta mínima. En esas condiciones el impuesto a la ganancia es neutral.

Restituir la situación a términos equitativos significa definir una renta presunta para Chile o en otros términos suprimir el sistema de precios de transferencia.

Junto con la definición de la renta presunta deberán negociarse las condiciones para evitar la doble tributación con el país origen de la transnacional. Señalamos el caso de los Países Bajos referido en el texto principal, en cuya legislación no existe un régimen especial para las sociedades holding.

Como ya se ha señalado en el caso de Chile, el concesionario, según la LOCCM, es propietario. En consecuencia debe asumir los riesgos que normalmente el sistema de la renta mínima hace incurrir al propietario cuando este es el Estado. Esto se materializa en que el concesionario propietario debe pagar impuestos por el total del período de vida del proyecto, incluyendo aquella etapa donde sólo existen desembolsos.

Las siguientes hipótesis se refieren a un caso particular del mercado del cobre en Chile. En un mercado de competencia imperfecta los elementos clásicos determinantes de la maximización de utilidades están representados por la tasa de extracción, el volumen de reservas económicas, la ley de fino del mineral y los impuestos para determinar las utilidades netas de impuesto. Al igual que en el caso general, los impuestos están considerados, independientemente que se paguen o no, ya sea durante toda la vida del proyecto o sólo durante el período de flujos de caja.

Este sistema no considera la minimización de la renta del propietario del yacimiento. Eso es lo que lo diferencia del caso general (chileno) estudiado. La empresa o transnacional paga, e incorpora en el cálculo de costos, el royalty (como otro impuesto) en el reembolso de los costos de investigación y prospección. Para el caso en que el royalty se establece según la producción y a un precio determinado por tonelada de mineral extraído, el sistema ofrece ventajas, mencionándose, la directa relación con la producción de cada año; un rendimiento predecible e ingresos estables durante toda la vida de la mina, aún cuando las ganancias sean bajas o inexistentes, amén de un cálculo, percepción y monitoreo fáciles. En este caso, es preciso subrayar la neutralidad del royalty con relación a los cambios de precios y las utilidades realizadas. Este sistema puede tener influencia en la tasa de extracción del mineral, o búsqueda de una mayor ley de fino en los yacimientos y recuperación de reservas. En este caso, algunas interpretaciones plantean dudas acerca de la conveniencia de invertir en minas marginales, cuando el inversionista pierde manejo sobre el mercado, sea este interno (relación casa matriz-filial), o de mercado abierto. Este es el modelo planteado por la Universidad de Colorado y no es compatible con modelos propios de una economía subdesarrollada, dependiente, sujeta al mercado globalizado – caso de Chile. Es decir, la empresa analiza su inversión a partir del valor neto presente (VNP) la compañía analiza entonces la oportunidad de su inversión, teniendo en cuenta el flujo de ingresos en el tiempo, los costos y el impacto de los impuestos, incluido el royalty

A partir de la fórmula clásica del VNP,

donde,

podemos introducir las condiciones económicas, geológicas e impacto de los impuestos. Según esto, los flujos de caja están definidos por, FC_t = (P_t a_t X_t) – C_t (X_t), donde,

El componente flujos de caja así definido nos permite introducir el royalty según tres variantes de cálculo: royalty basado en unidades de producción física "b", (electrolítico, concentrado, blister, refinado, cátodos). Véase ecuación (2); en unidades de mineral extraído, "c". Véase ecuación (3); en ingresos de exportación "d". Véase ecuación (4).

De esta manera, en (2) tantas unidades monetarias "b" por libra de mineral producida se restan del precio proyectado:

En (3) tantas unidades monetarias "c" por libra de mineral extraído:

En (4) se introduce un royalty ad valorem definido como un porcentaje "d" del total de los ingresos de exportación:

En los tres casos examinados, los royalties reducen las utilidades anuales y en consecuencia el VNP por cuanto suben los costos medios y marginales de producción o se reduce el precio unitario efectivo de las ventas. El precio es afectado por un monto nominal constante. Una baja del precio reduce el valor presente del flujo de caja con lo cual la compañía minera tratará de reducir la extracción anual o preferirá la producción futura por sobre la producción corriente. Un royalty por volumen de producción incentivará a la compañía minera a desarrollar minerales de una ley de fino más alta, puesto que lo que se busca es un alza en los valores futuros del flujo de caja descontado. En el fondo lo que está en juego es el tiempo de recuperación del capital. El royalty incentiva la búsqueda de tal resultado.

En el modelo especial el royalty forma parte del sistema tributario al cual está sometida la explotación minera durante toda su vida útil. En ese horizonte de explotación, están claras las ventajas del royalty para el gobierno: (a) fácil administración con bajos costos de recolección de impuestos; (b) asegura un flujo constante y estable de ingresos tributarios durante el curso de la vida útil de la mina; (c) valoriza la renta del recurso, especialmente en el caso en que no sea retención y crédito respecto al pago del impuesto a las utilidades. Como ya se ha explicado, es su relación con respecto al impuesto a las utilidades lo que define su situación en los sistemas tributarios. Cuando existe una tasa de impuestos a las utilidades de 40%, el pago por royalty debería bajar en la misma proporción. Un sistema así concebido no sólo respeta la lógica impositiva sino que además preserva los derechos del Estado sobre un bien no renovable y de los inversionistas al influir en el cálculo del VNP y de los valores descontados del flujo de ingresos. A diferencia del modelo general chileno, el modelo especial no se hace cargo del problema planteado por los precios de transferencia.

Santiago, 15 de Junio de 2003

Intervención del diputado Sergio Aguiló, en la discusión

del proyecto sobre aumento de impuestos

El señor Aguiló.- Señora Presidenta, tal vez como ningún otro de los proyecto que en el último tiempo nos ha tocado analizar, éste plantea una discusión muy profunda acerca del tipo de país que queremos construir.

El gobierno nos ha pedido financiar con recursos públicos dos grandes reformas que el país reclama. Incluso, una de ellas está en pleno despliegue. La reforma a la Salud para garantizar el derecho de todos los chilenos a una salud digna, y el Programa Chile Solidario, para ayudar aquellas familias más humildes y vulnerables, a los indigentes de nuestro país, para que puedan tener recursos y apoyo para salir de su situación de indigencia y de pobreza.

Todos quienes queremos ser serios y no demagogos sabemos que eso no puede hacerse sino con recursos, no puede realizarse con discursos y palabras, sino con recursos públicos. Entonces le señalo a los representantes de la Derecha que las palabras del diputado Julio Dittborn nos han emocionado por su sensibilidad con los más pobres.

Está bien: cambiemos la alternativa del IVA por aquella alternativa que ha sido presentada por dos grandes economistas chilenos como son Ricardo French-Davis y Juan Guillermo Espinosa. Creemos un royalty a las grandes empresas mineras de tres puntos, con lo que obtendremos 150 millones de dólares, y aumentemos los impuestos a las utilidades de las empresas de 16,5 a 19 por ciento, con lo que obtendremos otros 180 millones de dólares y con esa plata financiamos los dos programas que Chile reclama.

Quiero emplazar al diputado señor Dittborn. Si es verdad que su sensibilidad social es tal, hagamos un aparte en la reunión, salgamos afuera, aprobemos los impuestos a las utilidades y los royalty a las grandes mineras y no gravemos a las familias más vulnerables con el IVA. Si no está de acuerdo, señor Dittborn, usted es un demagogo y un populista.

Lo que ocurre es que la Derecha no quiere decir aquí –además trae gente para que la aplauda- es que está en contra de este impuesto a las empresas ....

La señora Allende, doña Isabel ( Presidenta) Recuerdo a las personas que se encuentran en las tribunas que está estrictamente prohibido manifestarse. Ruego que guarden respeto y silencio, como corresponde.

El señor Aguiló.- Señora Presidenta, escuché al Sr. Dittborn con mucha atención. Sé que cuando a la Derecha se le desnuda el carácter egoísta e insaciable, se pone histérica.

Si quieren demostrar su sensibilidad social, pidamos un receso de 10 minutos y acordemos gravar en tres puntos los royalty y las utilidades de las empresas, con lo cual financiamos lo que se nos pide. ¡Tiene la palabra la Derecha!

El señor Moreira.- ¡Le pido una interrupción Sr. diputado!

Varios Señores diputados.- ¡Vamos afuera! ¡Vamos afuera!

La señora Allende, doña Isabel ( Presidenta).- señores diputados, cuando intervino el diputado Sr. Dittborn hubo silencio en la sala. Pido a los colegas que ahora hagan lo propio en está oportunidad .

El señor Aguiló.- Señora Presidenta, no concederé interrupciones.

El señor Moreira.- Señora Presidenta, pido al diputado Aguiló que me conceda una interrupción.

La señora Allende, doña Isabel ( Presidenta).- Diputado Sr. Moreira, no le concederé el uso de la palabra.

Tiene la palabra el señor Aguiló.

El señor Aguiló.- Señora Presidenta, en segundo lugar resulta sorprendente que algunos parlamentarios de la Concertación hayan preferido –lo digo con mucha franqueza, porque estamos hablando sobre temas de fondo- disminuir o eliminar impuestos sectoriales y elevar un punto el IVA en lugar de mantener el IVA y gravar las vitivinícolas. Soy diputado por una región que exporta el 55 % del vino chileno y no tengo ningún problema en concurrir a las vitivinícolas para decirles que hay que hacer una contribución efectiva para que Chile pueda seguir creciendo con igualdad y pueda llegar con sus recursos a los más pobres.

Ciertamente, el impuesto más regresivo es el del IVA. Por eso, no comparto la actitud de algunos parlamentarios de la Concertación que prefiriendo los intereses corporativos y sectoriales de sus distritos, se han negado ha ver el efecto negativo del IVA.

Sin embargo, lo que menos se comprende –lo digo con franqueza- es la actitud del gobierno. Realmente, resulta insólito que el Ministro de Hacienda intente explicar aquí que el impuesto del IVA es progresivo y que mejora la distribución del ingreso.

El señor Leay.- ¡Mire, señor diputado! ¡El ministro está sentado a sus espaldas!

El señor Aguiló.- ¡No necesito mirar hacia atrás para saber quien está sentado a mis espaldas!

A diferencia de los regimientos a los que ustedes se acostumbraron, nosotros vivimos en democracia y podemos hablar con claridad. Nosotros no nos cuadramos ante nadie, sino que nos respetamos entre todos. ¡Esa es la diferencia!

Todas las teorías y experiencias del mundo reconocen que el IVA es un impuesto regresivo, que desgraciadamente afecta mucho mas sustantivamente a quienes dedican todo su ingreso al consumo, que no afecta por igual a los pobres y a los ricos. En Chile, la clase media y los pobres consumen el ciento por el ciento de su ingreso, en cambio, el 20 % más rico de la población apenas consume el 80% y dedica aproximadamente un 20 % de sus ingresos al ahorro. ¿Qué significa eso? Que al subir el IVA, estamos empeorando la distribución del ingreso, que en Chile es una de las cinco peores del mundo.

Por lo mismo, me cuesta entender que todavía el gobierno no haya comprendido por qué no se podían aplicar medidas alternativas; por qué no se podían subir los impuestos a las utilidades de las medianas y las grandes empresas.

El destacado economista French-Davis, que no es sólo economista, sino también doctor en economía de la Universidad de Chicago, ha explicado por qué sería mucho más razonable, más progresivo y más reactivador, aplicar un impuesto a las utilidades de las empresas en términos razonables, a aplicar un royalty a las mineras en vez de subir el IVA.

Por todas estas razones, pienso que la clase política está viviendo una confusión muy profunda. La Derecha, ya sabemos, actúa según su egoísmo clásico, eterno, según su insaciable voracidad por defender los intereses de los más ricos. Pero lo que no es fácil de entender, es que nuestro gobierno no haya preferido recurrir a instrumentos mucho más progresivos y reactivadores y haya decidido aplicar el aumento del IVA en los términos señalados.

La dirección nacional de mi partido ha pedido disciplina, y la vamos a tener, pero quiero decirle al ministro de Hacienda, presente en la sala, que no abuse de la disciplina de los parlamentarios de la Concertación; que no abuse de lo que él considera eventualmente un desconocimiento o ignorancia de los antecedentes económicos, porque en verdad se nos está acabando la paciencia con este tipo de medidas.

He dicho.

La señora Allende, doña Isabel ( Presidenta).- Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.

El señor Ortiz.- Señora Presidenta, ministros de Hacienda y de Mideplan, Secretario General de la Presidencia y de Gobierno, colegas parlamentarios.

Por un problema de principio ético y por una realidad que afronta cada uno cuando asume cargos de representación popular, a nadie le gusta aprobar proyectos que signifiquen nuevos tributos para el país.

Las políticas educacionales de los gobiernos de la Concertación han proyectado en el orden civil los principios privatizadores y de mercado que instaurara la dictadura de Pinochet para la educación superior. Pese a algunos avances, el grueso del modelo pinochetista de educación superior sigue consolidándose.

Ese modelo pensado por las élites para reproducirse sin la intervención del estado, y producir fuerza de trabajo capaz y disciplinada es hoy una realidad instalada, sostenido por una gran ofensiva del sector privado, desde sus instituciones, sus centros de pensamiento, y sus medios de comunicación, por hegemonizar la educación y la cultura.

Es cierto que existe aún la constitución autoritaria, que las correlaciones de fuerza dificultan los avances parlamentarios, que los poderes fácticos golpean el tablero desde afuera de la cancha. Pero eso no oculta la vergonzosa facilidad con que las cúpulas políticas concertacionistas, que escalaron al poder sobre los hombros generosos de millones de chilenos, han hecho suyas las concepciones del mundo y el modo de vida de la elites, abandonando en la práctica la defensa real de un proyecto de país para las mayorías y por las mayorías.

Por algo el grueso de la juventud no se siente representado por la clase política y su democracia del lobby, sino más bien anhela una política nueva donde se pueda expresar por si misma.

La educación se ha consolidado como un bien privado, de costos altísimos en relación al promedio de ingresos de la población, fuente de endeudamiento de familias de clase media y baja, que mantienen su esperanza de movilidad social. Pero la desigualdad social, que en Chile es brutal en la distribución de la riqueza, ha aumentado también en la educación, inclusive universitaria, con la inevitable frustración de miles de jóvenes y sus familias.

Asimismo, hay que enfrentar que el sistema escolar tiene grandes responsabilidades en la generación de desigualdades, y terminar con la falacia de universidad para "los más capaces". Estos no son producto del orden natural, sino de un medio social favorecido y de una calidad educativa que pocos tienen. Las élites. Para el resto, hay toda una educación de segunda clase (universidades, institutos y centros de formación técnica), sin calidad, sin mercados de trabajo, sin resguardos por el desarrollo integral de sus alumnos, que alimentarán el sub-empleo tan preciado por los grandes intereses económicos.

Forzadas a un régimen de autofinanciamiento y de competencia mercantil, las universidades públicas se endeudaron y adoptaron una política de financiamiento basada en la venta de servicios y patrimonio, de precarización laboral, de aumento de cupos y aranceles, de restricción de la inversión en investigación, extensión cultural y formación de recursos humanos.

La gestión universitaria también es deficiente: se mantiene una cultura burocrática y autoritaria, y aún falta bastante para la construcción de comunidades auténticamente democráticas, con esa igualdad de derechos entre los estamentos que permitiría mayor transparencia y colaboración en el gobierno universitario.

Por otra parte, la gran expansión vivida por la educación superior corresponde a las instituciones privadas, y de los 800 mil estudiantes que se proyecta tendrá la educación superior el 2010, ya se percibe que de no mediar transformaciones la abrumadora mayoría corresponderá a la educación privada.

La universidad pública ha visto decrecer su influencia en la sociedad. Chile hoy se piensa preferentemente desde centros de pensamiento privados, orientados por grandes grupos económicos, partidos políticos, o órdenes religiosas conservadoras, consolidando el dominio de los grupos de poder en la sociedad.

Además, la universidad pública está cada vez más al margen en la producción cultural de la sociedad, cada vez más al margen del debate sobre la construcción de país, no aporta mucho al diseño de las políticas públicas ni a la resolución de los problemas sociales. El conocimiento que se produce es cada vez más a la medida de quien lo compra, y no para la satisfacción de las necesidades nacionales. Casi ninguna universidad pública es ya símbolo de status: el poder y el éxito han emigrado a otra parte.

La ofensiva por desarmar el proyecto de universidad pública es fuerte. Golpeadas por las exigencias del mercado, por la penetración de la hegemonía cultural neoliberal, y por la sostenida equiparación gubernamental entre instituciones públicas y privadas, lo que de facto está en entredicho hoy es la viabilidad de la educación superior pública. Es que la sociedad ya no percibe ni valora la misión de la universidad pública, y desde ese punto se sostienen los intereses hegemónicos privatizadores.

Sin embargo, hay una creciente toma de conciencia en las comunidades universitarias y en sectores académicos, profesionales y políticos sobre la grave crisis que afecta a las universidades, y los riesgos del colapso de las universidades públicas.

Pero las regulaciones por las cuales comienza a clamarse no revierten por si mismas ese panorama. Aunque necesarias, el fondo del asunto es que las universidades deben ganarse a la sociedad demostrando su aporte social, educativo y científico, y no de modo burocrático. Porque la crisis de la universidad pública deviene al fin y al cabo de la ausencia de un proyecto de país en el cual la educación humanista, pluralista, crítica e igualitaria, esté puesta al servicio de construir una sociedad plenamente democrática, en lo político y en lo social. Para ese proyecto de sociedad queremos alcanzar una universidad nacional, gratuita, plenamente democrática, abierta a la sociedad, a la vanguardia del conocimiento y comprometida con los intereses de las mayorías.

Para eso exponemos resumidamente a seguir un conjunto de medidas y políticas de corto y mediano plazo, que aplicadas durante este gobierno creemos aseguran las condiciones para abrir un nuevo ciclo de desarrollo de la educación superior pública, reposicionando sobre nuevas bases las universidades públicas en la sociedad, y frenando así en forma constructiva la ofensiva del sector privado de la educación en la sociedad.

1. Redefinir el concepto de educación superior publica, explorando otro proyecto de desarrollo para la sociedad chilena. Ello por medio de un debate de fondo con quienes presenten la voluntad política de superar la crisis de la educación superior.
2. Priorizar desde el Estado el desarrollo de las instituciones de carácter publico. En tanto estas refuercen la igualdad social, el libre acceso a la cultura y el saber, un proyecto laico, democrático y pluralista de sociedad, y promuevan la crítica social y el desarrollo de proyectos nacionales orientados al bienestar de las grandes mayorías, deben tener primacía por sobre el sector privado de la educación.
3. Terminar con el autofinanciamiento como eje central de generación de recursos para las instituciones publicas de educación superior.

1. Instaurar el pago de royalties a las mineras (en al menos 5%) para financiar prioritariamente la educación superior pública, la investigación, y la salud pública.
2. Que el estado asuma en forma parcial pero significativa las deudas de las instituciones publicas con el sector privado.
3. La deuda subordinada de los bancos debe pagarse en parte en forma de créditos blandos a las universidades públicas.
4. Abrir una línea de crédito en el Banco del Estado para fomentar inversiones de las instituciones publicas.
5. Incrementar el porcentaje de recursos destinados a educación, y dentro de éste el porcentaje invertido en educación superior, respecto el total del PIB.
6. Incrementar los fondos directos y concursables para las instituciones publicas. Se resguardara siempre fondos para investigación y desarrollo del capital humano.
7. No existirán fondos directos para instituciones privadas. Se eliminará el actual AFI y se restringirán los fondos concursables a las cuales tengan acceso.

4. Desarrollar un sistema de financiamiento estudiantil con criterio social y de excelencia académica.

1. Producto de los nuevos aportes los aranceles del sistema público no podrán superar el 50% del sueldo mínimo vigente a inicios de cada año.
2. El crédito pasará a la administración del MINEDUC.
3. El legítimo derecho de acceso de los estudiantes de instituciones privadas a mecanismos de financiamiento debe estar asociado al cumplimiento de compromisos de las instituciones privadas en cuanto a someterse a mayor regulación bajo criterios públicos.
4. No existirá participación del sistema financiero ni de capitales privados en el financiamiento y cobro de los créditos.
5. Existirá un significativo incremento de las becas de arancel totales y sobretodo de las parciales, asociadas a fomento de matriculas en áreas especificas del conocimiento.
6. Habrán estímulos para los estudiantes que se comprometan a devolver parte de su crédito bajo la modalidad de algún mecanismo tipo "servicio país".
7. Los estudiantes talentosos serán beneficiados con facilidades para el acceso a los postgrados e investigaciones.

5. Crear un nuevo marco regulatorio para la educación superior. Las nuevas leyes y normativas serán elaboradas con la participación activa de la comunidad universitaria.

1. El MINEDUC se concentrará en la educación y se creará un Ministerio de Cultura para la política cultural de Chile. Se reforzarán las atribuciones fiscalizadoras del MINEDUC. Se integrará mucho más la educación superior con la educación media.
2. Existirá un solo alto organismo público regulador de la educación superior. Este tendrá a su cargo la acreditación, la regulación de carreras y mercado de trabajo, fijar marcos para los aranceles, promover. Este organismo coordinará la regulación del conjunto de la educación superior, fomentando una complementación orgánica del sistema en pos de objetivos nacionales.
3. Dicho organismo será colegiado y presidido por el MINEDUC, y debe contar con una mayoría absoluta de representantes de universidades públicas con derechos plenos. En él participará en igualdad de condiciones una representación estudiantil. Estarán representadas todos los niveles de la educación superior.
4. Se creará una comisión nacional sobre calidad, dependiente del organismo regulador, que además del control formal sobre requisitos de calidad, promoverá la reflexión y la evaluación social sobre calidad y pertinencia de los profesionales y saberes universitarios.
5. Se estimulará la creación, tutela, y traspaso de los Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica a las universidades públicas.
6. Las instituciones de carácter publico deberán dar cuenta de su gestión y sus planes de desarrollo al organismo regulador para acceder a créditos estatales y a determinados fondos específicos.
7. Las instituciones privadas que cumplan con determinados requisitos (por ejemplo en investigación, extensión, gobiernos universitarios) podrán acceder al status de asociada al sistema público, accediendo a algunos nuevos derechos como la postulación a fondos adicionales, en especial financiamiento estudiantil.

6. Implementar un nuevo sistema de ingreso gratuito a la Universidad. La PSU-PAA será remplazada por mecanismo que privilegie la vocación y aptitudes, así como una mayor igualdad de oportunidades.
7. Fomentar la interrelación entre Universidad y Sociedad y entre Universidad y Estado, en los más diversos aspectos.

1. Prioritariamente en el campo de la propia educación se estimulará la asociación de universidades públicas entre sí, y con liceos, escuelas básicas y municipalidades.
2. Se promoverá la cooperación y asistencia técnica de las instituciones con comunidades, rurales y urbanas, así como con pequeños y medianos productores, fomentando el desarrollo económico sustentable y con miras al bienestar humano.

8. Desarrollar políticas funcionarias que respeten los derechos de los trabajadores y académicos, con evaluaciones periódicas y formación y capacitación permanentes.
9. Crear una agencia de promoción de la ciencia y la investigación en Chile (o transformar al CONICYT en una instancia efectiva).

1. Generar una real política de desarrollo científico del país, con el concurso de todos los actores involucrados.
2. Dotar a la agencia responsable de nuevas atribuciones y recursos, con capacidad de articular a los distintos agentes e instituciones científicas del país.
3. Se promoverá fuertemente la investigación científica primaria o de base en las universidades.
4. Se promoverá fuertemente la expansión y diversificación de los estudios de postgrado.
5. Se promoverá la creación de altos institutos de investigación aplicada y específica.

PARA LA UDI LA DIGNIDAD HUMANA , TAMBIÉN, TIENE UN PRECIO EN EL MERCADO

En estos días, fecundos en iniciativas e ideas nuevas, han surgido dos propuestas que han generado un intenso debate en los medios de comunicación. Planteadas en ámbitos muy distintos del quehacer nacional, tienen sin embargo más de algo en común: las han formulado líderes del mismo sector ideológico y ambas tienen que ver con la dignidad humana.

A Joaquín Lavín, el máximo líder electoral de la UDI, se le ha ocurrido y está implementado una "tremenda idea a favor de los trabajadores": que éstos trabajen, también, los domingos. Como se sabe, convocó a las grandes tiendas de Santiago y, por cierto, a todo el comercio de la comuna que hoy dirige, para que abran sus puertas y vendan sus productos los domingos. La gente quiere trabajo y dinero dice Lavín. La fiscalización exhaustiva de la Dirección del Trabajo evidenció que todos los dependientes que laboraron el domingo son trabajadores de esos mismos negocios y, por ende , habían ya laborado de lunes a sábado. Esto es, no generó ningún nuevo empleo, sino que indujo a que los trabajadores del comercio, "voluntariamente" por supuesto, laboraran también los domingos. Es cierto, tendrán un pago de ocho horas más a la semana con un recargo de un 50%, siempre y cuando los empleadores cumplan la Ley laboral. Ese dinero extra es el precio que deben pagar los trabajadores por no descansar ni un solo día a la semana; o por hacerlo en un día distinto del resto de su familia. Para la UDI y LAVIN, ese dinero tiene mayor valor que el compartir con la familia, jugar con los hijos, conversar con el esposo o con la esposa, compartir con los amigos, esto es, también VIVIR la intimidad , los afectos, la recreación. Nos dirán ¿por qué irritarse tanto?, la dignidad de los trabajadores , también, tiene su precio en el mercado.

Y todo tiene su precio según la UDI. Incluso el dolor de la injusta desaparición y ejecución de un ser querido. Eso es lo que propone estos días el líder político de la UDI, Pablo Longueira, respecto a las violaciones a los derechos humanos cometidas por la Dictadura de Pinochet. Se trata, ni más ni menos, que ofrecerle a todos los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados que renuncien a saber dónde están y quienes asesinaron a sus padres, esposos, hijos, madres. Que renuncien a que se haga justicia y se repare así tanto dolor causado. Se les dice "usted decide: o sigue buscando justicia y nadie le asegura nada si es que la tendrá algún día, o bien acepta una suma de dinero ( seguramente no menor para que entusiasme) y se olvida de todo lo pasado". Se juega así con afectos, valores y necesidades dramáticas de quienes fueron brutales víctimas de la represión sistemática del gobierno militar que la propia UDI apoyó y fue parte de él. Y se juega porque se cree que dando "plata" los familiares "canjearán a sus muertos y desaparecidos". Ello es una ofensa grave a la moral y afectos de éstos. Se juega gravemente, además, porque se sabe que, en su inmensa mayoría, las familias afectadas pertenecen a los sectores más modestos de nuestro país.

La derecha en Chile no cambia, propugna el cambio como la panacea, pero no cambia. Sigue sin respetar los derechos de las personas; quiere que los hijos no vean a sus padres, ni a los de ahora, ni a los de hace 30 años. Pero sobre todo quiere confundir y hacer sentir que todo es moneda de cambio a través de campañas de prensa fríamente calculadas. Para la derecha todo lo verdaderamente importante se puede tratar a través de una operación por los medios de prensa, jugando con el sentir de las personas y con el futuro de la sociedad.

Nada más extraña que la rapidez de los medios para dar a conocer detalles de una propuesta que Longueira dijo que no daría a conocer. Al día siguiente de su privilegiada tribuna por TVN, ya todos los medios adelantaban que la propuesta consistía en indemnizaciones.

Es cierto que vivimos en un sistema económico neoliberal, mercantil. Sin embargo, estas acciones y propuestas de la UDI , constituyen una vergüenza para la dignidad humana de nuestros compatriotas. Señores, aún quedan ámbitos de decencia en la sociedad chilena. Los chilenos y chilenas queremos VIVIR DIGNAMENTE, con tiempo para amar y compartir con nuestras familias y amigos, no queremos vender a nuestros muertos, no queremos que se nos pague para que haya impunidad. La gratuidad del amor y la confianza, la generosidad para compartir y reír juntos, la justicia y verdad para mirarnos a la cara sin rencor y temor, son valores que no tienen ni pueden tener precio en el mercado.

Sergio Aguiló Melo

Diputado