Compañero Casado,

concuerdo con el objetivo que Usted señala y estamos trabajando para eso.

"Hoy es el día de la dignidad nacional y de la solidaridad. Es el día de la dignidad, porque Chile rompe con el pasado; se yergue con fe de futuro y empieza el camino definitivo de su independencia económica, que significa su plena independencia política..."

"Por fin y por primera vez en nuestra historia, Chile va a tener una política nacional sobre minería. Ya no habrá empresas foráneas, extranjeras, dueñas de las grandes minas del cobre..." (Salvador Allende, Presidente de Chile, Rancagua, 11 de julio de 1971)

Como en aquella época, hoy, la nacionalización del cobre es un objetivo de Chile y por ello, es políticamente transversal. Ese fue el espíritu de ayer y es nuestro espíritu hoy.  Héctor Vega

ROYALTY MINERO§

Héctor Vegaf

El derecho del Estado de Chile a imponer un royalty o regalía

El royalty o regalía es un derecho que el Estado soberano cobra al concesionario por la explotación de sus riquezas naturales. Situación que corresponde al caso del cobre, que es además un bien no-renovable. Su cobro tiene relación con la cantidad de mineral extraído, independientemente de las transacciones mercantiles a que puede ser objeto. El fundamento jurídico de la regalía es el dominio fundiario del Estado. Esta es la noción que consagra don Andrés Bello en el Art. 591 inc. 1º del Código Civil (1855). En ese artículo Bello entiende que la naturaleza jurídica del dominio del Estado sobre las minas y yacimientos es completo y de carácter patrimonial.

La noción de dominio patrimonial del Estado enunciada por Bello, proviene de las Ordenanzas de Minas de Nueva España (1783) las cuales rigen en Chile a partir de 1785, donde coexisten el alto dominio de carácter y naturaleza regalista patrimonial del Estado sobre minas y yacimientos con el dominio útil del particular, esto es sujeto a la condición precisa de trabajarlas y de pagar la correspondiente regalía. Esta es la noción que prevalece en la reforma de la Constitución de 1925 del año 1971 cuando el Presidente Allende nacionaliza los yacimientos del cobre el 11 de julio de ese año. Allí se establece el dominio minero patrimonial del Estado, noción que se mantiene en la Constitución de 1980.

Interpretaciones civilistas en la legislación minera

El razonamiento de don Andrés Bello es histórica, política y jurídicamente consistente. El Estado de la República de Chile, reemplaza al Estado del absolutismo español personificado, durante la colonia, en el soberano. Por lo tanto, don Andrés Bello mantiene y reconoce el carácter de Estado patrimonial/regalista que surge de las luchas independentistas y que anteriormente detentaba el soberano. Con la independencia, la soberanía pasa del soberano español a la Nación, la cual ejerce de manera inequívoca su dominio sobre “todas las minas de oro, plata, cobre, azogue, estaño, piedras preciosas, y demás substancias fósiles, no obstante el dominio de las corporaciones o de los particulares sobre la superficie de la tierra en cuyas entrañas estuvieren situadas” (Art. 591, inc. 1º del Código Civil). Noción sin ambigüedades, a la cual la Comisión Revisora del proyecto superpone un criterio sui generis, sin parangón en otras legislaciones, a saber el dominio eminente del Estado, introducido en el Art. 591 inciso 2º donde “se concede a los particulares la facultad de catar y cavar en tierras de cualquier dominio” (y explotar dichas minas) “y la de disponer de ellas como dueño (yo subrayo- HV), con los requisitos y bajo las reglas que prescribe el Código de Minería”.

Nótese que en la Constitución de 1833 no hay ninguna norma o referencia al dominio de las minas y yacimientos. Hasta 1874, fecha de promulgación del Código de Minería, rigen las leyes españolas. Es más, el pago de regalía al Estado es una práctica consagrada que se impone sobre cualquier interpretación civilista de la propiedad minera. El Estado de Chile, históricamente sumido en los problemas de las dos deudas gemelas – déficit fiscal y deuda externa – no podía prescindir de políticas que exigían por una parte, pago oportuno de regalía e impuestos y por otra, contrapartida de lo anterior, un ejercicio útil de la concesión, estableciéndose una contribución local para el caso de suspenderse la explotación durante dos años. El jurista Julio Vildósola resume en su tratado de derecho minero (El Dominio Minero y el Sistema Concesional en América Latina y el Caribe, véase pp. 345-400) la transmisión, desde la cátedra, de las teorías civilistas de la propiedad minera. Menciona a Claro Solar, en el decenio de 1930, como la fuente de interpretaciones de autores, esencialmente jurisperitos, que “sin analizar, evaluar, ni profundizar en absoluto sus curiosas afirmaciones y argumentos de autoridad” repiten sistemáticamente que “el Estado tiene sobre las minas un derecho de propiedad general y superior, y no un derecho patrimonial perfecto” (textos de Arturo Alessandri R., y Manuel Somarriva), con lo cual, concluyen estos autores, el Art. 591 del Código Civil repetido por el Art. 1º del Código de Minería de 1932 trasunta estas ideas doctrinarias. Así, “las minas son en principio bienes del Estado, pero no son bienes nacionales de uso público ni bienes fiscales; el dominio eminente de aquél sirve para justificar los derechos que al respecto otorga a los particulares”. Con estas interpretaciones se quiere asimilar la propiedad minera a la propiedad civil, como un derecho real, que conforme al Art. 577 del Código Civil se tiene sin respecto a determinada persona, interpretación que limita drásticamente cualquier intervención de Estado en la regulación y planificación de la actividad minera. Así, se transmitía de generación en generación de jurisperitos positivistas, la ambigüedad que culminaría en la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras del 21 de enero de 1982 (LOCCM Nº 18097), vaciando de contenido las disposiciones constitucionales de 1980 que transcribían literalmente las declaraciones de la reforma constitucional de Allende de 1971, donde el dominio de los recursos minerales es atribuido al Estado a título “absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible” (véanse la CPE de 1925, con la reforma de 1971, Art. 10 nº 10 inc. 4º; y la CPE de 1980 Art. 19, nº 24 inc. 6º). En definitiva, estas disposiciones señalan la inconstitucionalidad de la LOCCM, la cual se construye sobre interpretaciones civilistas que desconocen tanto la letra como el espíritu de más de 300 años de legislación minera en Chile. Sobre bases ideológicas liberales del siglo 19 que sacralizan la propiedad privada y que hacen suya la consigna, “todo a los particulares, nada con el Estado”, se echan las bases para una virtual cohabitación espuria entre la Constitución y la LOCCM.

Una cohabitación espuria

La LOCCM consagra el “dominio subsidiario del Estado”. Según esta doctrina, el Estado es un mero tutor, depositario y administrador de la riqueza minera de la Nación. De este dominio subsidiario, se deriva que lo que se le otorga al particular es una concesión plena sin ingerencia del Estado. A renglón seguido la LOCCM establece el dominio privado del yacimiento a través de la concesión plena, la cual se consagra como el derecho real inmueble (...) oponible al Estado y a cualquier persona...,etc., rigiéndose por las mismas leyes civiles que los demás inmuebles (Art. 2 de la Ley Nº 18097). Quienes justifican la concesión plena en nuestra legislación privilegian la vigencia de la LOCCM sobre la Constitución y destruyen de raíz la posibilidad del royalty o regalía, ignoran el carácter patrimonial y regalista del Estado y se otorga base jurídica a la confusión entre propiedad civil y propiedad de una actividad productiva o comercial, cual es el caso de la explotación de minas. Se confunde así el patrimonio privado del poseedor con su patrimonio social, contra todo distingo de base consagrado en las legislaciones comerciales del mundo.

Dicha concesión es de carácter indefinido; es declarada por el juez, el cual verifica aspectos técnicos adjetivos (identificación del concesionario, límites de la concesión, mensura de la superficie, etc. etc.), eliminándose toda intervención del aparato de administración del Estado, lo cual es una excepción a la orientación de las legislaciones mineras actualmente vigentes en el mundo. J. Vildósola, escribe que “en prácticamente todos los países del mundo con significación minera jurídica e incluso en los de vertiente anglosajona así como los de Europa y América Latina, la Autoridad Minera administrativa es la que otorga y concede, en representación del Estado o la Nación, los derechos mineros contenidos en el sistema concesional administrativo” (Op. cit., p. 368). Subrayemos que esa es la doctrina que se desprende de las disposiciones ya citadas de las Constituciones de 1925 (reformada) y 1980.

Durante 14 años de gobiernos democráticos la cohabitación de la Constitución de 1980 con la LOCCM ha buscado la neutralización del Estado. De hecho, se ha introducido la confusión entre propietario civil y propietario de una actividad productiva, distingo de base consagrado en todas las legislaciones comerciales del mundo. No por el hecho de desarrollar una actividad productiva y comercial sobre el yacimiento minero, el poseedor adquiere la calidad de propietario. Tampoco el concesionario podrá prevalerse del pago de la patente minera, o del IVA, para invocar su calidad de propietario del yacimiento. Noción que es válida tanto en el ámbito de la propiedad industrial, comercial, como civil. Agreguemos que en la ley tributaria el pago de contribuciones de inmuebles no acredita propiedad a quien efectúe dicho pago.

Actitud de la Junta Militar

Subrayemos que la Junta Militar que ejercía en esa época el poder legislativo se opuso a esta virtual capiti diminutio del Estado. El Contraalmirante de la Armada, Carlos Quiñónez, Ministro de Minería de la época, expuso el alcance del Art. 19 nº 24, de la Constitución de 1980. Citando a Canadá, Australia, Zambia, Zaire, Estados Unidos, Perú, Filipinas, Nueva Guinea, etc, grandes productores de cobre y otros metales, el Ministro expresa que los cuerpos legales que rigen la explotación minera, otorgan “un derecho temporal de explotación, sin desprenderse de su dominio patrimonial estatal sobre la riqueza minera y bajo el régimen de concesiones que corresponden mayoritariamente a países que han desarrollado la explotación de sus recursos mineros; lo cual no obsta a otorgar las correspondientes garantías que se requieren para incentivar el desarrollo minero con la participación activa de inversionistas privados, nacionales o extranjeros (yo subrayo – HV)”. Haciéndose cargo de las teorías civilistas, el Ministro agrega “hacer revivir la concepción sui generis chilena del dominio eminente del Estado sobre las minas, mediante la figura del dominio subsidiario, es repudiable (yo subrayo – HV)”. Es más, cita el Art. 10 nº 10, incisos 4º, 5º y 6º de la Constitución de 1925 (que consagra la reforma del gobierno del Presidente Allende) para establecer el “dominio del Estado sobre las minas” el cual, afirma, “no es un dominio teórico (yo subrayo – HV)”.

Al aprobarse el proyecto de LOCCM, el Ministro Quiñónez renunció y fue reemplazado por José Piñera, quien finalmente llevó adelante junto con sus asesores, la aprobación legislativa, promulgación y posterior publicación del texto. En síntesis Piñera argumentaba que el derecho del Estado es sobre un objeto indeterminado, que no tiene forma...desconociéndose incluso su ubicación (yacimiento) y existencia real. En seguida afirma, no es necesario que el Estado exprese su manifestación de voluntad traslaticia de derechos que sirva al particular de título para adquirir la concesión. Basta, prosigue, que el Poder Judicial reconozca un titular legítimo de pleno dominio civil sobre la concesión. Con lo cual, la resolución judicial será así constitutiva de derecho y no meramente declarativa del mismo. Por último, el argumento lapidario: el Estado es un simple “tutor” – sentencia Piñera – mero depositario de la riqueza minera de la Nación.

El “royalty chileno” en el contexto de la LOCCM y leyes tributarias

El significado político de la discusión sobre los royalties en la minería chilena del cobre, supera con creces los resultados económicos que se proclaman, según el gobierno alrededor de US$ 100 millones. Del lado de los costos para las compañías mineras, un estudio de CODELCO, señala que el proyecto en su forma actual, disminuiría sólo en un uno por ciento la rentabilidad de dichas empresas. En el proyecto de ley enviado al Congreso, que establece la regalía minera (Mensaje del 5 de julio de 2004, véanse Arts. 18 y 19), vincula dicha regalía a los precios de mercado, pues su cobro se determina aplicando un coeficiente de 0% a 3% sobre las ventas brutas (deducidos ciertos costos específicos); para empresas que venden más de 2000 Unidades Tributarias Anuales: alrededor de US$ 1,2 millones. Esta peculiar concepción convierte el royalty en un impuesto, lo cual es erróneo, pues éste no es sino la emanación de la soberanía del Estado sobre el patrimonio minero con todas sus consecuencias regalistas: se paga por lo que se extrae, no por lo que se vende.

Al presentar el gobierno este impuesto como modificación a la LOCCM, plantea un escenario abiertamente desfavorable a su aprobación, pues en ese caso requiere un quórum calificado de 4/7, esto es una mayoría que dada la actual correlación de fuerzas el gobierno está lejos de alcanzar en el parlamento. Agreguemos que este virtual impuesto arrastra consigo un efecto práctico importante pues lo sitúa al mismo nivel que un costo específico, es decir como base para argumentar una rebaja del impuesto a la renta que deberá deducirse en la determinación final de dicho impuesto. Con ello se ignora que la renta minera o regalía es independiente, como se ha dicho más arriba, de los resultados del negocio, constituyendo por si mismo un factor de producción condicionante de la explotación. En otras palabras, no es posible incorporar capital, mano de obra u otros insumos si no existe el yacimiento, el cual según nuestra interpretación y para todos los efectos, pertenece al Estado.

El “royalty-impuesto” así planteado, desemboca fatalmente en el tema tributario, que conjuntamente con la interpretación de la concesión plena – inconstitucional en la legislación chilena – consagra un régimen especial único en el mundo para atraer la inversión minera a Chile. En este sentido, a la LOCCM ya citada, agreguemos la Ley de Impuesto a la Renta, 1974 y modificaciones y el DL 600 sobre inversiones extranjeras de 1974 y su modificación del año 1993[1]. El Art. 11 bis del DL 600 sobre inversiones extranjeras consagra la libertad de precios y de exportación para todas las empresas extranjeras que invierten en Chile, por lo cual resulta difícil impedir las operaciones dudosas, entre otras las cubiertas por los llamados precios de transferencia o precios mediante los cuales las filiales venden lo producido a precios manifiestamente reducidos a sus casas matrices, con lo cual las utilidades tributarias se minimizan o se transforman en deudas. La ley 19506 (30 de julio de 1997), que modifica la Ley de Impuesto a la Renta, entregó al Servicio de Impuestos Internos atribuciones para impugnar los precios de transferencia que no se ajusten a operaciones similares celebradas entre empresas independientes, y para rechazar el exceso que determine por concepto de intereses, comisiones y otros que provengan de operaciones crediticias o financieras, celebradas con la casa matriz o institución financiera en la cual tenga participación de a lo menos un 10% del capital la casa matriz (Art. 38, incisos 4º y 5º de la Ley sobre Impuesto a la Renta). El Art. 18 del Proyecto de Ley sobre Royalty enviado por el Ejecutivo al Congreso prevé la situación de los precios de transferencia cuando establece un precio mínimo de la primera venta del producto minero y el caso de transacciones entre empresas relacionadas.

La historia de la aplicación de la ley demuestra que el Servicio de Impuestos Internos ha sido incapaz de controlar los precios de transferencia. Es más, salvo las disposiciones citadas, no se ha legislado específicamente. Baste decir que se trata de un tema complejo, pues los precios de transferencia entre empresas relacionadas instaladas en distintos países se refieren a préstamos, prestación de servicios, uso o transferencia de bienes tangibles, uso o transferencia de bienes intangibles y transacciones en los mercados de futuro. La manipulación de estos precios de transferencia en transacciones con empresas relacionadas en el extranjero, puede disminuir los ingresos o generar gastos excesivos según el caso. Es más, pese a las reformas introducidas por la Ley de Evasión Tributaria, la situación sigue siendo vulnerable. La ley de Impuesto a la Renta impone un impuesto de 4% a las remesas por pago de intereses de préstamos, y la Ley de Evasión Tributaria establece que el impuesto se elevará a 35% cuando las remesas correspondan al pago de intereses por préstamos otorgados por empresas relacionadas y que equivalgan a 3 veces el capital de la empresa deudora. Si bien el mecanismo previsto es un avance sobre la legislación anterior, en la práctica la elusión tributaria se perfecciona creando en el extranjero acreedores ficticios no relacionados. Recordemos, que la ley anterior no tenía en cuenta que 65% de las inversiones de las compañías extranjeras corresponden a créditos asociados, mecanismo mediante el cual se evade el impuesto a la renta para transformarlo en impuesto a las remesas por préstamos, de 4%. Todo esto revela la complejidad del tema.

En Derecho Comercial Moderno se ha impuesto la llamada doctrina del “disregard”, esto es, sin perjuicio de los precios fijados, debe investigarse irrestrictamente, la empresa, sociedad, o grupos de sociedad (conjunto de empresas que constituyen una “cadena de valor”) y las distintas funciones de las sociedades por acciones, para con ello verificar si los precios de transferencia de sociedades vinculadas, pero jurídicamente independientes, con sede en diversas jurisdicciones fiscales, establecen precios que no se corresponden con los “precios normales de mercado abierto” (arm’s length principle), eludiendo con ello el pago del impuesto a las ganancias, mediante la reducción de la base imponible en el país donde están domiciliadas. Las prácticas que no se sujetaren a ese principio acarrean, como en el caso de Chile, la erosión de la recaudación fiscal en beneficio de la empresa constituida localmente, la cual cae en flagrante delito de evasión fiscal: casos de La Disputada, El Indio y 45 filiales de un total de 47 transnacionales que operan en el territorio de Chile. En consecuencia, la reglamentación de los precios de transferencia, persigue evitar el flujo ilegal de ingresos fiscales entre distintos países que en la abrumadora mayoría de los casos afecta a las economías subdesarrolladas. En los países de origen de las transnacionales, la tendencia ha sido su protección. Las transnacionales trasladan, vía precio de bienes y servicios, el impuesto a las ganancias para pagarlo en las naciones origen de las empresas y no en aquellos países donde se desarrollan las actividades de sus subsidiarias. Su justificación es evitar la doble tributación, argumento que puede en su caso conducir a conflictos entre la economía (subdesarrollada) que acoge la inversión y la economía (desarrollada) origen de la empresa transnacional.[2]^,[3]

Las reservas mineras

Si el Estado ejerce un dominio exclusivo, absoluto, inextinguible e imprescriptible y los concesionarios son propietarios del mineral extraído, todo el problema acerca de la legalidad del establecimiento del royalty o regalía, consiste en saber a quien pertenecen las reservas mineras.

Mi opinión es que según su redacción, el Art. 11 nº 2 de la LOCCM parecería reconocer el dominio del Estado sobre las reservas. Dicha disposición establece que el concesionario de la explotación tiene el derecho exclusivo de todas las sustancias minerales que extraiga, con lo cual, podría alegarse que la ley reconoce implícitamente que el concesionario no es dueño de las reservas, las cuales caerían dentro del dominio eminente del Estado. Desde luego, no se trataría del dominio subsidiario, o dominio eminente del Estado sui generis de los civilistas liberales, sino de un bien fundiario, dominio de un Estado patrimonial/regalista (supra).

Lógica de la LOCCM para evaluar las reservas mineras

Ahora bien, la redacción del nº 3 del artículo 11 de la LOCCM establece que se indemnice al concesionario las reservas al valor presente de los flujos netos de caja. Observemos que es imposible que se haga esta evaluación a menos que se realice la venta de las reservas del mineral. Sin el conocimiento de dos parámetros fundamentales de la operación, a saber el precio de venta del mineral y el interés del capital, estaríamos en la imposibilidad absoluta de realizar el cálculo exigido por la ley, a menos que se tratare de una simple proyección (teórica) la cual supone hipótesis relativas al precio del mineral y el valor del capital necesario para producirlo.[4] No es precisamente un ejercicio teórico el que establece la ley sino atenerse a evaluaciones que correspondan a lo que sucede realmente en los mercados mundiales. Una predicción de ambos parámetros es imposible, pues el mineral transado en los mercados de Londres y Nueva York (COMEX) representa apenas 0,06% del total comercializado, siendo opciones y futuros (23,5%), más operaciones fuera de Bolsa (76,4%), la cifra de 99,9% del total[5]. Si se quiere mantener el ejercicio teórico y al mismo tiempo evaluar correctamente la base imponible que permita la indemnización que establece la ley, habrá que extraer el mineral y venderlo, manteniendo un eventual crédito del Estado por pago de impuestos y royalty (si existiese) y, lógicamente, según el comportamiento del mercado. Lo cual lleva a una conclusión sorprendente: en la imposibilidad de llevar a cabo lo dispuesto en el Art. 11 Nº 3 de la LOCCM el juicio de expropiación carece de objeto, y como consecuencia de ello resulta irrelevante que el Estado sea propietario o no de las reservas mineras.

Un tal resultado muestra los extremos a que llegaron “legisladores-seudo-economistas” (ver infra) que concibieron una ley que establecía operaciones “comerciales prospectivas”, imposibles de evaluar, según el método propuesto por la LOCCM, con una consecuencia precisamente no deseada por ellos, a saber una indemnización indeterminada por la imposibilidad de valorar los activos (reservas del mineral), a la manera de la ley.

Algunos sostienen que el Art. 11 nº 3 da sustento para que el concesionario pudiera rechazar el royalty, “argumentando que, si tiene derecho a que se los paguen (los recursos) si es expropiado es porque son propios, y el Estado no puede tener derecho a recibir compensación por recursos que son del minero“ – abogado Sergio Hernández)[6]. El mismo Hernández busca una interpretación alternativa armónica entre los nº 2 y 3 del Art. 11, argumentando que la disposición del nº 3 “sólo sería aplicable para el caso especial de estar en presencia de una expropiación y no para el caso de una concesión no afecta a ella. En este último caso, primaría la disposición del nº 2 citado, en cuyo caso el concesionario no es dueño aún de lo que no ha extraído, siendo por lo tanto jurídicamente factible la aplicación de regalías a favor del Estado, sin afectar el derecho de propiedad”.[7]

Estas interpretaciones no toman en cuenta el ámbito comercial en que se sitúan los autores de la LOCCM, y a fortiori tampoco toman en cuenta los parámetros de cálculo involucrados. No está demás insistir, como ya en otra ocasión alguien lo señalara, que esta ley fue hecha por economistas - agreguemos al servicio de las transnacionales - transformados en legisladores. Su sobreargumentación los llevó a consolidar el dominio eminente del Estado patrimonial/regalista sobre las riquezas mineras y con ello a justificar, sin que ello fuera su intención, la existencia de una eventual regalía independiente de los avatares del mercado.

El royalty en las legislaciones mineras

En Chile, no se cobran royalties, contrariamente a la mayoría de los países donde existe minería del cobre, entre ellos, Argentina, Australia, Brasil, Bolivia, China, Costa de Marfil, Etiopía, USA, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, etc. Una mirada a la legislación internacional sobre la materia revela que algunos países incurren en un cálculo destinado a cuantificar el royalty según una determinada tasa, por ejemplo, tantas unidades monetarias – pesos, rupias, dólares, etc... - por tonelada de fino vendida, lo cual obliga en último término, a buscar un valor de referencia o valor de mercado. Es el caso de China, donde el cobre paga un royalty de 2% sobre los ingresos que se obtienen de la venta; o en Ghana, donde el poseedor de la concesión minera paga un royalty que puede variar entre 3% y 12% del valor bruto del mineral. Más cercana a la noción del derecho del Estado a usar, gozar y disponer de los minerales que se encuentran en su territorio, es aquella que fija derechamente un derecho nominal sobre el mineral extraído sin referencia al valor del mercado. Es el caso de la India donde el Estado cobra Rs17 por centésimo de mineral contenido por tonelada de mineral; Indonesia donde el cobre paga US$ 45 por tonelada, etc. En Estados Unidos, el royalty es un derecho estadual, no federal, llegándose aún a un pago entre particulares en cuyo caso se supone una renta presunta basada en ciertas externalidades que son valoradas de manera subjetiva (o práctica conocida vulgarmente en Chile, como “derecho de llaves”). Este último criterio, independiente de los resultados financieros de la explotación minera o del valor del yacimiento, se acerca más a la noción de patente que a la de royalty estimado según precios de mercado.

Conclusiones

1.         El “royalty-impuesto” según la versión del gobierno será muy probablemente rechazado en el Congreso (escribimos el 2 de agosto de 2004) pues requiere un quórum calificado.

Pese a los resultados previstos, el proyecto de ley del Ejecutivo ha permitido acercar las discusiones parlamentarias a múltiples sectores de la ciudadanía y establecer conciencia en el país sobre los privilegios tributarios de que gozan las compañías extranjeras del cobre, amén de la importancia de recursos que se transfieren al extranjero en desmedro de inversiones productivas y beneficios que se podrían capitalizar para la población. En definitiva la discusión se instaló en la conciencia nacional de manera irreversible.

En un grado de conciencia más regional que nacional está el hecho que las compañías de la Gran Minería del cobre son titulares de derechos de aprovechamiento de aguas, superiores a sus necesidades, y sus efectos colaterales sobre la agricultura altiplánica la cual se ha visto desplazada y en muchos casos eliminada de raíz. Hoy los afectados son los marginales de las grandes urbes costeras, esto es, Iquique (Alto Hospicio), Antofagasta y Arica. La contaminación de las napas subterráneas es hoy un problema de salud pública que el ministerio de Salud, no las compañías, ha debido hacerse cargo. De manera más general, se trata de externalidades a las faenas mineras, a las cuales podemos agregar infraestructura productiva, como rutas, energía, educación, vivienda que finalmente deben ser financiadas ya sea por el presupuesto público o por otras actividades privadas. Tres senadores, Jorge Lavandero, Carmen Frei y Ricardo Núñez presentaron al gobierno un proyecto de impuesto específico para cuya aprobación se requiere quórum simple. De esa manera se sale del impase que significa la modificación de la LOCCM. En este plano, la Constitución de 1980 en su artículo 19, Nº 20 inc. 4º autoriza por ley de quórum simple que se establezca un tributo afectando actividades locales para obras de desarrollo comunal. Caso que cae precisamente en las externalidades señaladas y que como solución alternativa llenaría, en parte, los objetivos que se buscan con el establecimiento de la regalía.

2.         En el mediano plazo la LOCCM deberá ser derogada. Como consecuencia de ello, la propiedad minera sobre sustancias que señala el Art. 19 nº 24, inc. 6 debe ser establecida por una ley común. Eso lo mandata el mismo Art. 19 nº 24 , inc. 7. En esa ley común se determinarán las sustancias mineras objeto de la concesión. Además en esa misma disposición la Constitución resuelve que la ley debe fijar la duración de la concesión (véase opinión en este sentido de J. Vildósola, op. cit. p. 383).

Un examen elemental de las bases de la indemnización sugerida en la LOCCM – esto es, valorización de las reservas de mineral, al valor presente de los flujos netos de caja – revela su total inconsistencia. Es más, dada la orientación de las legislaciones y prácticas mineras en el mundo coloca a los inversores extranjeros en un terreno de inseguridad e indefensión. Los inversores saben que se trata de privilegios que no pueden mantenerse indefinidamente y que de alguna manera debe llegarse a una situación, a los ojos de la opinión pública informada, aceptable para ambas partes. La soberanía del Estado sobre los recursos mineros deberá restablecerse realmente. Lo cual no es sino reconocer el carácter patrimonial/regalista del Estado. Con la derogación de la LOCCM se habrá terminado cualquiera duda relativa a la existencia de la concesión plena en la legislación, concepto que va contra toda la tradición jurídica chilena en materia de recursos mineros. Conforme a ello deberá dictarse una ley común de quórum simple que reconozca los derechos y deberes del concesionario, y reglamente la actividad que satisfaga el interés publico que justifica su otorgamiento. El pago de una regalía al Estado, la duración de la concesión, así como el dominio útil en cuanto causal de caducidad de la concesión, deberán ser fijados en dicha ley.

3.            Finalmente, el reconocimiento del derecho patrimonial del Estado sobre todos los yacimientos del territorio de Chile, lleva a plantear el tema de la nacionalización de los yacimientos del cobre. Políticamente ese es un problema de largo plazo. Fundamentalmente, se trata de crear una política minera de la que actualmente carece el Estado y cuyo eje central es la explotación sustentable de un recurso no renovable: el cobre. En tres decenios se habrán agotado las reservas cupríferas y el Estado será el propietario de los hoyos que habrán dejado tras sí las transnacionales. Será la oportunidad de explicar a las futuras generaciones la desidia con que se trató este problema. Lo cual será demasiado tarde, pues los efectos de esta política suicida que lleva a dilapidar una riqueza natural no renovable son irrecuperables. Es entonces el momento de seguir la vía que franquea la Constitución de 1980 en su artículo 5º, el cual consagra el llamado poder constituyente originario. En el Art. 5º citado se lee que “la soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito..” Agreguemos que el artículo 4º de la Constitución declara que “Chile es una república democrática” eliminando el vocablo “representativo” de la Constitución de 1925 (artículo 1º), con lo cual el carácter directo o al menos semi-directo del sistema político aparece como el desiderátum lógico de la Constitución de 1980. Las constituciones de 1925 y 1980 fueron aprobadas mediante convocatoria en que el Presidente de la República sometía su aprobación a la voluntad solemnemente expresada por sus conciudadanos a través del plebiscito. En conclusión nada obsta para que el Presidente de la República haga uso de sus facultades y llame a plebiscito para aprobar la modificación de la LOCCM, en el sentido de eliminar cualquier duda respecto a la naturaleza de la concesión, reafirmando de esta manera el carácter patrimonial/regalista del Estado.

Santiago, 2 de agosto de 2004

Cuando a propósito de los ocho millones de dólares de la familia Pinochet The Clinic ironizó que el golpe de Estado tenía que ser reinterpretado como un asalto, la idea me quedó dando vueltas. Concluí, en realidad, que en Chile hubo un asalto, pero de la oligarquía. Las Fuerzas Armadas fueron su instrumento. Pinochet un oportunista, que creyó que sirviendo a los poderosos pasaría a la historia como uno más de ellos. Las platas del dictador deben ser investigadas, es cierto. Pero Pinochet sólo agarró las migajas. Fueron otros los que se han llevado la mayor parte de la riqueza. A estos les cabe una responsabilidad mayor. Son los que instauraron una nueva institucionalidad económico-social a partir de 1974 y cuyos resultados son la prueba manifiesta del verdadero asalto a que han sido sometidos los chilenos: concentración del poder económico, aberrante desigualdad y la indefensión de las familias que no fueron parte de la piñata.

Ahora hay ricos de verdad, que aparecen en la revista Forbes (ahora y no antes), los verdaderos dueños del poder y la riqueza: Luksic, Angelini, Matte, Claro, Saihé y algunos otros. Tambien las transnacionales aumentaron inmensamente sus ganancias, se han llevado los recursos naturales y ni royalty nos han dejado. Los más vivos de la lumpen-burguesía se enriquecieron de la nada, eran empleados de las empresas del Estado y se sacaron la lotería con las privatizaciones, gracias a vínculos familiares y a servicios oscuros prestados al régimen: Yuraseck y Ponce Lerou, los más emblemáticos. Todo esto ha sido posible, primero por la fuerza de las armas que Pinochet puso a disposición de la oligarquía y luego por la vía de las leyes, el mercado y la nueva institucionalidad económico-social. Esa misma institucionalidad condenó a la vulnerabilidad y a la desesperanza a los trabajadores, permitiendo a sus patrones despedirlos por "necesidades de la empresa", utilizando la "polifuncionalidad en la planta" para que los empleados de los supermercados sean una semana cajeros, otra semana barrenderos y la tercera payasos disfrazados de elefantes para alegrar a los hijitos de los compradores. Esta misma institucionalidad es la que hace posible que el capitalista grande pague una tasa de interés apenas del 3% por el crédito bancario mientras que al pequeño empresario le cueste 30%, porque este último no tiene nombre conocido, ni relaciones sociales, ni activos suficientes para respaldar los créditos solicitados. Todos no pueden emprender en las mismas condiciones. Ni tampoco todos pueden beneficiarse con financiamiento provenientes del bajo "riesgo país" que ha logrado el talento macroeconómico chileno; en realidad, este sólo les sirve a aquellos que pueden conseguir recursos en Wall Street, o sea a los grandes empresarios. El mercado no los trata a todos por igual. Trata mal a los trabajadores y a los pequeños empresarios. En cambio favorece a los grandes capitalistas. Esto es posible además porque el Estado no ejerce su rol compensador con los débiles, no los atiende cuando estos reclaman, cuando exigen sus derechos.

El asalto a los ciudadanos ha sido cotidiano en la salud y previsión con el incumplimiento de las AFP y las ISAPRES, con una educación que no entrega conocimientos básicos a los niños y jóvenes de la escuela pública, con la fijación de precios arbitrarios y pagos diferidos de los Supermercados a los pequeños agricultores, con acuerdos de precios oligopólicos del negocio farmaceútico en contra los pacientes, con valores a los consumidores que se triplican gracias a los recargos que imponen las tarjetas de crédito de Ripley, Falabella y Almacenes París.

También los ciudadanos son asaltados todos los meses, cuando reciben las cuentas de teléfonos, del gas, de la luz, del agua. Uno nunca sabe lo que está pagando. Las compañías de teléfonos nos acusan de pornógrafos porque aparecen en las cuentas llamados que nadie a hecho a negocios que se dedican a cultivar el morbo telefónico; nos amenazan que el gas natural puede subir en cualquier momento porque a los argentinos se le está terminando; las empresas de electricidad inventaron cálculos de pagos en que siempre pierde el consumidor; el agua aumenta sus precios porque las constructoras se olvidaron de los sistemas de aguas lluvias. Y, por último, apareció la TAG, esa cosa horrible que obliga a pagar a los automovilistas para transitar por las calles de Santiago, con el agravante que el mismo usuario tiene que hacer largas colas para conseguirla porque de otro modo será multado. ¿ A quién reclamarle cuando siempre se le da la razón a los dueños de las empresas, antes públicas y hoy privatizadas?

El golpe de Estado lo dieron las Fuerzas Armadas. Pero el asalto económico y social que sufrimos cotidianamente es responsabilidad directa de la oligarquía. Los gobiernos de la Concertación son responsables de no haber enfrentado esta lamentable situación. Así las cosas, el país marcha hacia la tragedia, hacia una peligrosa división de los chilenos.

En los últimos meses, como por encanto, ha surgido en el debate público, de manera incipiente pero perceptible, un tema que durante estos años de transición ha sido el más censurado, escamoteado y deliberadamente olvidado de nuestra democracia: la profunda desigualdad que caracteriza a Chile.

Diversos reportajes en los medios de comunicación; realización de foros y paneles especiales; una que otra declaración política, incluso de representantes de la derecha, y hasta un reconocimiento del ministro de Hacienda han empezado a sacar del anonimato esta dramática realidad, que muestra a Chile como una de las diez naciones más desiguales del planeta.

Es posible que haya colaborado para que esto ocurriera la confluencia de diversos acontecimientos más o menos convergentes en el tiempo: la edición y difusión de los últimos informes sobre el desarrollo humano en Chile y en el mundo, elaborados por el PNUD; el persistente desapego, cuando no rechazo, mostrado por la ciudadanía al "modelo económico" –pese a sus logros en materia de crecimiento y estabilidad-, evidenciado en todas las encuestas serias; el contundente y a la vez lapidario informe elaborado por los especialistas de la OECD y del Banco Mundial sobre Chile, mostrando las inmensas brechas de desigualdad que se mantienen en educación, en salud y en otras importantes áreas. Ello se reitera con los resultados de la última encuesta CASEN, que informa del nulo avance del país en materia de redistribución del ingreso. Probablemente, también haya influido en esta repentina aparición del tema de la desigualdad en el debate público, la reciente exhibición de la hermosa película nacional "Machuca".

A más de alguien pudiera parecerle paradojal esta toma de conciencia progresiva que se hace presente en nuestra sociedad en torno al fenómeno de la desigualdad, justo cuando parece iniciarse un nuevo período de crecimiento en el país. No lo es, sin embargo. Por el contrario, es precisamente en los períodos de bonanza que la ciudadanía constata con mayor claridad cómo los frutos del crecimiento finalmente se acumulan en un segmento minoritario y privilegiado del país.

Por nuestra parte, además, estamos convencidos de que los denominados males sociales contemporáneos, tales como la delincuencia juvenil, la drogadicción y la violencia, se encuentran muy asociados a la diferencia de oportunidades entre el que creció en un buen barrio y el que lo hizo en un sector pobre y marginado. A ello se agrega, una generalizada desafección juvenil respecto de la actividad política, la que parece evidenciar su descontento sobre la escasez de canales para su participación en los asuntos de su interés. En los últimos días, varias familias, de diversos estratos sociales, se han llenado de dolor por el asesinato de sus hijos. Se trata de adolescentes que se enfrentan, que usan las armas para expresar su rabia, para ser reconocidos. Hay serias indicaciones de que la exclusión social y política de los jóvenes ha conducido a la gran mayoría al desencanto frente a un sistema que los margina, que los desconoce, que no los tiene en cuenta, que no les da oportunidades. Unos se expresan rechazando la inscripción en los registros electorales, mientras que otros manifiestan su descontento por medio de la violencia. Apelar sólo a la represión para enfrentar esta situación sería un profundo error.

Cuando las oportunidades para el desarrollo de los individuos son tan radicalmente distintas, la propia libertad se encuentra limitada. Al reducirse las diferencias económicas, sociales y culturales, las personas pueden decidir con mayor propiedad la construcción de su futuro. Por otra parte, hoy día se reconoce que los países con mayor igualdad pueden aprovechar en mayor plenitud sus capacidades humanas, incentivar la libertad para emprender y, por lo mismo, pueden alcanzar un crecimiento más elevado y sostenido en el tiempo.

Sin embargo, en este incipiente debate público no ha surgido hasta ahora ni una sola propuesta para aminorar, ni qué decir para terminar, las profundas desigualdades que nos afectan. No sería intelectualmente aceptable, ni éticamente admisible, la excusa de que la discusión recién se inicia y que, por tanto, es bueno tomarse un tiempo para pensar y concordar los caminos de solución posibles.

Nunca la urgencia de los temas que deben concitar la atención de las autoridades y líderes democráticos puede estar determinada por el momento en que las elites admiten haber adquirido conciencia sobre los mismos. Antes bien, la urgencia de los problemas y la necesidad de enfrentarlos deben estar relacionadas con el hecho de que afectan a los seres humanos, que entraban el desarrollo de la sociedad y que pueden constituirse en un riesgo para la estabilidad del país. Pensamos que es el caso de las desigualdades que caracterizan a Chile.

Sabemos que las desigualdades de una sociedad no se superan en corto tiempo. Que se requiere recorrer un camino largo, no exento de la ineludible dificultad de enfrentar intereses poderosos.

Aun cuando se han verificado evidentes avances en la superación de la pobreza y la indigencia, luego de quince años de gobiernos de la Concertación y de cinco años de gobierno del Presidente Ricardo Lagos, la distribución del ingreso en Chile sigue siendo la misma del año 1989 y, como ya se ha señalado, una de las diez peores del mundo. No existen señales de ese "Crecimiento con igualdad" que se le ofreció al país.

Quienes, desde hace algunos años, hemos estado reflexionando sobre estos temas, queremos ahora hacer una contribución a través de una propuesta con medidas concretas que el país debiera adoptar desde ya, proponiéndose como objetivo intermedio alcanzar para el Bicentenario de nuestra independencia una distribución del ingreso similar a las de Costa Rica o Uruguay, países que tienen la mejor distribución en la región.

El único argumento que se ha escuchado hasta ahora en el país, es que con más y mejor educación se mejoraría la distribución del ingreso. Se trata de un argumento parcial y, sobre todo, inconsecuente. Se sabe que mientras el gasto promedio por alumno en colegios privados es US$ 2.772 anual, el gasto promedio por alumno que realiza el sector público en colegios públicos y privados subvencionados apenas alcanza a US$ 600 al año. Por tanto, las familias de altos ingresos son las que pueden pagar la educación de sus hijos en colegios con las mejores condiciones docentes y de infraestructura. Ello explica la amplia brecha en los resultados de la prueba SIMCE entre los colegios privados y los municipalizados.

Las diferencias de calidad en la educación se ven reforzadas por las malas condiciones de vida de los sectores de bajos ingresos a lo que se agrega el hecho que en las escuelas municipalizadas sólo un 40% de los niños reciben colaciones por parte de JUNAEB.

Por otra parte, ha sido evidente en el último tiempo la dificultad de los jóvenes pobres para financiar sus estudios superiores, tanto por insuficiencia de los programas de becas o por no ser sujetos de crédito según la lógica que rige a la banca.

Finalmente, persiste una muy baja cobertura en la educación preescolar, cuestión grave por dos razones: limita las oportunidades de los padres para buscar trabajo y mejorar así el ingreso familiar; y, sobre todo, porque la formación cognitiva de los individuos es decisiva desde su nacimiento hasta los 5 años de edad.

Por tanto, si se quiere mejorar la educación y apoyar por este medio la disminución de las desigualdades,

1. Duplicar, de aquí al año 2010, la unidad de subvención educacional, discriminando positivamente en favor de aquellas escuelas y liceos que cuentan con alumnos de mayor vulnerabilidad social.

2. Elevar al 2010, la cobertura de las colaciones que entrega JUNAEB al 100% en las escuelas municipalizadas.

3. Replantear el pago de las subvenciones a las municipalidades sobre la base de las matrículas y no de las asistencias. Casi siempre las ausencias de los alumnos a la escuela de los sectores de bajos ingresos, normalmente en invierno, obedecen a razones médicas ocasionadas por la contaminación ambiental o enfermedades respiratorias de los alumnos. Por tanto, con este replanteamiento se podría reducir el déficit de financiamiento para la educación en las municipalidades más modestas del país.

4. Otorgar becas de escolaridad, adicionales a las ya existentes, para cursar estudios de educación superior (técnicos, profesionales y universitarios) a todos aquellos alumnos provenientes de familias de los dos quintiles de más bajos ingresos del país que hayan demostrado aptitud y competencia. Estas becas adicionales tendrían el siguiente cronograma: 20.000 en 2005, 40.000 en 2006, 60.000 en 2007, 80.000 en 2008, 100.000 el 2009 y 100.000 en 2010.

   Para los alumnos provenientes de "sectores medios" (III y IV quintil), se mantendría el sistema de crédito universitario.

5. Considerando que la JUNJI, Integra y el Ministerio de Educación atienden en conjunto a 450.000 niños y en el país existen 1.650.000 niños entre 0 y 5 años, se propone triplicar el presupuesto destinado a la educación preescolar en un período de 6 años. De esta forma, el universo atendido pasaría de 27 % al 100% en el 2010.

6. Eliminar el IVA a los libros, diarios y revistas, a fin de estimular la lectura y favorecer el acceso a la información y la cultura de los sectores de ingresos medios y bajos.

1. Aumentar al 2010 en un 100% el gasto en los consultorios de atención primaria de salud.

2. Mejorar la eficiencia y asignación de recursos a los hospitales públicos. Para tales fines deberá impulsarse en estos organismos, una gestión orientada a resultados, de tal forma que el financiamiento se asigne en función de una negociación anual de metas y de los recursos necesarios para llevarlas a cabo. El Plan Anual del Hospital deberá desagregarse por cada una de las unidades de gestión, de tal forma de poder medir la eficiencia desde su base misma. Al mismo tiempo, se debiera aumentar progresivamente los recursos en favor de aquellos hospitales que cumplan adecuadamente con sus metas.

3. En materia de Isapres, se deberá ajustar los incrementos de los planes conforme a las variaciones de un índice especial que mida la evolución de los costos promedio en las atenciones de salud, así como a los efectivos mayores desembolsos por cobertura de licencias médicas, terminando con la modificación unilateral y arbitraria de los valores de los planes por parte de las Isapres. Así mismo, es indispensable prohibir por ley los tratamientos discriminatorios en contra de las personas consideradas en situación de riesgo, especialmente mujeres en edad fértil y adultos mayores.

La grave situación de los pensionados tiene su origen en un sistema previsional profundamente injusto y que obedece a una lógica empresarial antes que social. En efecto, ya ha alcanzado un importante consenso la idea de que el actual sistema previsional, además de inicuo, puede llegar a colapsar de no adoptarse algunas medidas urgentes de corrección. Actualmente existen 6 AFP y hay indicaciones manifiestas de que éstas actúan coordinadamente, ya que a partir de 1998 mantienen las mismas participaciones en el mercado y cobran comisiones similares. El alto monto de éstas les ha permitido tener una rentabilidad sobre patrimonio de 30 % promedio en los últimos años, cifra muy superior a las que exhiben las empresas de otros sectores de la economía.

Se hace cada vez más evidente que el aumento del PIB en nuestra economía ya no trae aparejada una efectiva creación de puestos de trabajo. Las demandas empresariales por flexibilidad laboral y por bajar el salario mínimo resultan inconducentes no sólo socialmente sino que además revelan desconocimiento de la estructura económica y de su dinamismo. La cifra de desempleo cercana a los dos dígitos estremece a la ciudadanía y constituye una prueba más del carácter excluyente del actual modelo económico. Ello obliga a realizar un verdadero esfuerzo, serio y responsable, que brinde oportunidades efectivas a las micro y pequeñas empresas, que son las que proporcionan sobre el 70% de los empleos en la economía. El apoyo debe dirigirse exclusivamente a aquellas empresas que efectivamente promueven una actividad real y no a aquellas surgidas, en el último tiempo, para el propósito de abaratar los costos de contratación de trabajadores de las grandes empresas mediante el subterfugio de la externalización.

1. Redefinir el rol del Banco del Estado, para que reoriente su actividad, colocando en el centro de su atención a los micro y pequeños empresarios. Con este propósito el Banco del Estado y, en lo que corresponda, la administración fiscal debieran:

• Implementar una política de tasas de interés similar a la que el Banco aplica en sus préstamos a las grandes empresas. Esto, en el momento actual, significaría reducir el costo del dinero desde 20-30% al 4% anual para los pequeños y microempresarios.

• Conceder un período de gracia de 3-4 años para el pago del impuesto de 1ª categoría y de las patentes a los pequeños y microempresarios que inician sus actividades.

• Apoyar con asesoría en el desarrollo de proyectos a los empresarios de estos sectores.

• Mantener su línea de clientes y de negocios tradicionales, pero subordinada al propósito principal de constituirse en sustento financiero de su primera misión.

En Chile apenas un 10% de los trabajadores ejerce su derecho a sindicalizarse y negociar colectivamente, a pesar de que ambos derechos están consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales suscritos por el país. Todos los informes de la OIT indican que el ejercicio de estos derechos es indispensable para conseguir mejorar la distribución del ingreso.

Los esfuerzos de descentralización y para promover el equilibrio entre las distintas regiones del país requieren de impulsos que vayan más allá del accionar inercial de la política presupuestaria. Para tal propósito,

1. Que las regiones participen en igualdad de condiciones en la postulación al fondo para proyectos de desarrollo que se genere con el royalty.

2. Que el proceso de descentralización se profundice sobre la base de enmarcarlo en un gran acuerdo nacional de desarrollo espacial equilibrado del país.

Apoyar con mayor vigor el fondo de compra de tierra en favor de los pueblos originarios, construcción de centros culturales y fomento a la pequeña actividad empresarial de sus miembros.

6. Investigación y Desarrollo

Ha crecido el consenso en el país de que una fuente estructural de la desigualdad en la distribución del ingreso se funda en un tipo de producción-exportación caracterizada por los productos primarios. Esta realidad, además, genera vulnerabilidad en el sector externo y limita la posición competitiva de la economía en el mercado internacional. Por tanto, un verdadero esfuerzo para promover mayor incorporación de valor agregado en la producción nacional pasa por un vigoroso avance tecnológico lo que requiere de un salto decidido en investigación y desarrollo.

(a) Disponer de recursos adicionales por US$ 904 millones en el periodo 2005-2010, que complementen el incremento presupuestario inercial. Esto significa pasar desde el actual 0.5% del gasto en investigación y desarrollo a la cifra de 1.3%.

2. FINANCIAMIENTO.

Con el actual nivel de ingresos públicos es imposible adoptar muchas de las medidas anteriormente propuestas. En efecto, los ingresos tributarios representan menos del 17% del PIB, cifra excesivamente pequeña para el ingreso per cápita de nuestro país y teniendo en cuenta las profundas desigualdades que lo caracterizan.

Mantener los equilibrios macro-económicos, en particular el equilibrio entre ingresos y gastos fiscales, y además asumir el compromiso de mejorar la distribución del ingreso obliga a aumentar los ingresos tributarios.

Para aumentar estos ingresos creemos necesario apuntar a una modificación de los tratamientos impositivos especiales, que abundan en el sistema chileno. En efecto, a pesar de la publicitada neutralidad de la política económica chilena, el sistema tributario tiene un conjunto de regímenes especiales, exenciones, deducciones, créditos a los impuestos, diferimiento del impuesto y tasas reducidas, que se aplican tanto a los impuestos a la renta como al IVA.

Aunque el objetivo que tuvo presente el legislador para introducir estos beneficios tributarios fue promover ciertas actividades económicas y/o zonas del
país, muchos de dichos beneficios tributarios se orientan a privilegiar a las grandes empresas. Considerando la rentabilidad que éstas obtienen se estima innecesario este beneficio adicional. Por lo tanto,

Proponemos:

Se propone eliminar esta franquicia para las grandes empresas, vale decir, aquellas con ventas por sobre 100.000 UF. Esta medida permitiría una mayor recaudación del orden de 374 millones de dólares anuales.

Las constructoras tienen derecho a imputar contra el IVA un crédito especial igual al 65% del impuesto debitado en sus ventas. El tamaño de este crédito supone que las empresas constructoras operan con márgenes promedio de 65% sobre las ventas. Sin embargo, en la realidad estos márgenes son bastante menores, por lo que es usual que al aplicar este crédito especial se generen remanentes. Estos remanentes pueden ser imputados contra cualquier otro impuesto, o bien, cuando no hay impuestos contra los cuales descontarlos, se puede solicitar su devolución. La consecuencia de lo anterior es que el beneficio a la construcción de viviendas es muy superior a una simple exención de IVA, estando mas cerca de una exención total, como la de los exportadores.

La eliminación de esta exención permitiría una mayor recaudación de 191 millones de dólares al año.

4. Acentuar el control de la evasión y elusión tributarias

Aunque Impuestos Internos ha avanzado en su tarea de reducir la evasión y elusión tributarias todavía parece existe un margen para aumentar la captación impositiva por este medio, que se puede estimar en US$ 300 millones para el periodo 2005-2010.

Si el país crece a una tasa media del 5% entre 2005 y 2010, se generarían mayores ingresos tributarios del orden de los US$ 6.286 millones. Estos mayores ingresos tributarios se originan en el aumento de la actividad económica, lo que se traduce en mayor recaudación tributaria (IVA y otros ingresos tributarios). Por tanto, es necesario que la política de gasto fiscal privilegie con mayor fuerza la atención y solución de los problemas de los sectores más carenciados del país, para lo cual debería reorientar los mayores recursos fiscales originados por el crecimiento de la actividad económica con mayor vigor en la dirección señalada.

3. Royalty a la minería.

Los recursos naturales, y en particular la minería, poseen una renta que simboliza el valor del patrimonio utilizado como insumo en la actividad productiva. El Estado chileno no ha hecho uso de su derecho a cobrar por la utilización de esos recursos y por tanto ha subsidiado, de hecho, a las empresas nacionales y extranjeras que se han beneficiado de su gratuidad.

La discusión recién se ha abierto con el royalty a la minería, pero lamentablemente se ha confundido, presentándose por las empresas interesadas como si el tema tuviese un carácter impositivo. Este ha sido un error que ha facilitado las posturas de los empresarios mineros y de la derecha, conduciendo a la derrota de la propuesta gubernamental en el Parlamento.

La justicia de una ley que aplique un royalty a la minería es indiscutible. Se aplica en todos los países del mundo y en grados muy superiores a los que ha propuesto el Gobierno.

1. A lo menos mantener la misma propuesta gubernamental, la que significará mayores recursos por US $ 900 millones en el período 2005-2010. Estos debieran ser destinados a proyectos de desarrollo en que las regiones puedan participar en igualdad de condiciones, como algunos parlamentarios han sugerido.

Chile goza de un merecido prestigio internacional en lo que se refiere a los niveles de probidad con que se administra el Estado. La ubicación de nuestro país en los rankings internacionales en la materia así lo demuestra. Sin embargo, si vamos a pedir una contribución mayor a las grandes empresas, vía eliminación de exenciones impositivas será necesario extremar las medidas de austeridad, probidad y transparencia, para facilitar la mejor disposición a estas medidas.

En esa línea, es necesario entregar una señal de esfuerzo adicional por parte de la elite política que administra el Estado, considerando que en Chile la ciudadanía percibe que las altas autoridades públicas tienen rentas demasiado elevadas, para el nivel de desarrollo del país. (Por ejemplo, en Chile la relación entre la dieta parlamentaria y el salario mínimo es de 41 veces, mientras que en Inglaterra es de 6,5 veces; en España es de 12,2; en USA es de 15,6; en Costa Rica es de 14 veces).

Estimamos que disminuirían las dificultades que se pudieran encontrar al momento de proponer mayores tributos, si avanzamos con más decisión en materia de austeridad, probidad y transparencia fiscal.

1. Disminuir la dieta de senadores y diputados y las remuneraciones de ministros y subsecretarios, en un 20%.

2. Disminuir la brecha actualmente existente en la administración pública, entre el salario más alto y el más bajo, de 40 veces a 30 veces.

3. Todas las autoridades públicas deberán hacer una declaración pública ante notario de los activos físicos y financieros que posean antes de asumir sus cargos e informar de sus cambios patrimoniales.

A las desigualdades se agrega la vulnerabilidad de los ciudadanos frente al modelo imperante.

Una dramática expresión de esta vulnerabilidad, entre otras muchas que se pudieran mencionar, se encuentra en la fijación de precios arbitrarios y pagos diferidos de los supermercados a los pequeños agricultores y otros proveedores de menor poder económico; en los acuerdos de precios oligopólicos del negocio farmacéutico que afectan a los enfermos y en las tarjetas de crédito de los grandes almacenes comerciales que recargan duramente los precios de los consumidores abocados a comprar a crédito. Estas vulnerabilidades se traducen en desigualdades y abusos, ya que el pequeño productor no recibe un pago justo por lo que produce y vende. Los consumidores más pobres, que no pueden pagar al contado, se ven obligados a aceptar los altos precios que les fijan las empresas cuando compran al crédito. Y, los enfermos más modestos tampoco pueden comprar medicinas, o deben endeudarse para atender esa necesidad tan básica que es la salud. Aquí, nuevamente, se reproducen los dos Chile.

1. La reforma a la Ley del Consumidor se aprobó, después de tres años de gestiones de sus asociaciones. Sin embargo, éstas son extremadamente débiles y apenas cuentan con recursos para un precario funcionamiento. Habrá que ver sus resultados y sobre todo el Estado tendrá la responsabilidad de disponer de recursos para que el SERNAC tenga una dotación suficiente de personal que le permita cumplir con sus nuevas responsabilidades. Junto a ello, es decisivo potenciar el movimiento asociativo de los consumidores, dando impulso al fondo que la nueva ley consideró para contribuir al financiamiento de sus actividades de interés social.

2. En las relaciones contractuales entre supermercados y almacenes comerciales y sus abastecedores debe establecerse un protocolo público que especifique plazos para los pagos y que precise quién se hace responsable de la publicidad de los productos, así como regular otros asuntos que han afectado seriamente a los pequeños empresarios que proveen a los supermercados y grandes tiendas comerciales.

3. Respecto de las arbitrariedades de las empresas de servicios públicos habrá que trabajar una ley en el Parlamento que coloque las cosas en su lugar. Es verdad que las empresas privadas prestadoras de los servicios de utilidad pública tienen un sistema de regulación tarifaria. Sin embargo, lo que preocupa ahora con las facturaciones es que cuando se producen discrepancias entre el cliente y las empresas, el peso de la prueba se radique en éstas y no en los usuarios. Sólo así se podrá reducir la vulnerabilidad de los consumidores que pone en evidencia una desigualdad inmensa entre ellos y las empresas.

4. Para la necesaria efectivización de los derechos de las personas cuando éstos son transgredidos por organismos públicos o por acción de los particulares que prestan servicios de utilidad pública, es urgente promover la aprobación parlamentaria de la iniciativa que crea en nuestro país el Defensor del Ciudadano, organismo autónomo encargado de velar por la promoción y resguardo de los derechos fundamentales de todos los habitantes del territorio nacional. El proyecto respectivo sigue sin tramitarse en la Cámara de Diputados, donde se volvió a presentar en diciembre de 2003, por lo que se corre el riesgo de que esta importante materia de fortalecimiento democrático quede una vez más incumplida al concluir el período de gobierno del presidente Lagos, tal como ocurrió en las anteriores administraciones de Aylwin y Frei.

4. CONCLUSIONES

1. Para terminar con las desigualdades sociales en Chile se requiere de mayores recursos para atender las necesidades de los sectores postergados. El propio sistema tributario se caracteriza por promover la desigualdad ya que la captación impositiva se basa en más de un 50% en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que, en términos proporcionales a los ingresos de las personas, carga muy fuertemente a la gente más modesta. Por ello, para obtener mayores recursos y actuar con justicia distributiva, no se puede apelar al IVA. Más bien, a mediano plazo habría que realizar esfuerzos para disminuirlo.

2. Consecuentemente, para financiar los gastos adicionales de US $ 5.563 millones, que se requieren para reducir las desigualdades, a lo largo del período 2005-2010, se dispondrá de US$ 4.206 millones provenientes de la eliminación de las exenciones tributarias (US$ 2.244 millones por eliminación de la depreciación acelerada, US$ 816 por la eliminación de la amortización de intangibles, US$ 1.146 por la eliminación del crédito especial a la construcción de viviendas); US$ 900 por la aplicación del royalty a la minería y US$ 300 millones provenientes de la mayor captación fiscal por el control de la evasión.

3. Con la propuesta de financiamiento sugerida, la carga tributaria, en términos porcentuales respecto del PIB, pasaría desde un 17% a un 20% Es difícil escandalizarse con estos guarismos, que siguen siendo bajísimos con relación a los países de la OECD y aun reducidos en comparación con países de nivel intermedio de desarrollo. Y, sobre todo es difícil escandalizarse si estos recursos adicionales tienen por propósito reducir las desigualdades.

La propuesta que ofrecemos al país es razonable y modesta. Buscamos con ella alcanzar un acuerdo mayoritario que permita una efectiva integración económica y social de todos nuestros compatriotas. Queremos un acuerdo para que ningún chileno se sienta excluido de los beneficios del crecimiento. Así entendemos el verdadero progreso. Esta es la real modernización que deseamos para Chile. Con esta propuesta buscamos que los ricos hagan un modesto esfuerzo económico en favor de los humildes, ya que éstos han aportado con creces al crecimiento de nuestro país. Pero los ricos deben entender que su modesto esfuerzo los beneficia a largo plazo, porque sólo reduciendo las desigualdades tendremos un país sin tantas tensiones sociales, con menos delincuencia y con mayor estabilidad política. Consecuentemente, tanto la ética como la razón demandan a todos los chilenos apoyar este conjunto de medidas para reducir las desigualdades. Ya no hay más tiempo. Así lo debiera entender el mundo político, los grandes empresarios, los ejecutivos públicos y privados de altos ingresos. Así lo deben entender los candidatos y las candidatas presidenciales. Esta es una demanda de los pequeños empresarios; de los trabajadores de las empresas productivas, de los servicios y el comercio; de las temporeras; de los jubilados; de los estudiantes; de las madres; y de todos aquellos que tenemos sed de justicia. Las desigualdades no pueden terminar con Chile y la familia chilena. Nosotros debemos terminar con ellas.

Sergio Aguiló Melo, Diputado de la República

José Ruiz Di Giorgio, Senador de la República

Juan Bustos, Diputado de la República

Enrique Accorsi, Diputado de la República

Jorge Arrate, ex Ministro de Educación y del Trabajo

Roberto Pizarro, ex Ministro de Mideplan

Luis Riveros, Rector de la Universidad de Chile

Arturo Martínez, Presidente Nacional de la CUT

Raúl de la Puente, Presidente Nacional de la ANEF

Cristina Girardi, Alcaldesa de la Comuna de Cerro Navia

Cristian Galaz, Cineasta

Diamela Eltit, Escritora

Cristian Acuña, Cineasta

Ana Bell, dirigente nacional de la CUT

Francisco Fernández, ex Fiscal Nacional Económico

Coral Pey, Alianza Chilena Para un Comercio Justo y Responsable

Fanny Pollarolo, ex Diputada de la República

Nivia Palma, ex Directora de FONDART

Ruben Andino, Periodista

Luis Sierra, Economista

Francisco Varas, concejal de la comuna de Cerro Navia

8. Se propone elevar las pensiones asistenciales en un 70%.

10. Se propone apoyar a los/las temporeros/as para que enteren su cotización ya que en la actualidad sólo lo hacen por el tiempo que están contratados el cual es de 6 meses. Los cálculos suponen que el Estado se hace cargo del 50 % de la cotización faltante y el empleador entera el 50% restante. Esto beneficiaría a 400.000 personas.

11. Se propone entregar financiamiento hasta un monto de 250 millones de dólares orientado a financiar compra de tierras, educación y emprendimiento de los pueblos originarios.

12. Se propone orientar la mayor parte de la recaudación a las regiones.

13. Se postula elevar en un plazo de 6 años el gasto en investigación y desarrollo de un 0,5% del PIB a un 1,3% del PIB.

14. Corresponde al incremento de gastos inerciales del presupuesto. Estos se han proyectado en un 5% anual, de acuerdo al crecimiento del PIB.

15. Corresponde a los gastos incrementales propuestos para disminuir la desigualdad y por tanto orientados al 20% más pobre de la población.

16. La diferencia entre los mayores ingresos tributarios y los mayores gastos para mejorar la distribución del ingreso, US$157 millones de dólares deberían financiarse con los mayores ingresos tributarios provenientes del crecimiento 2005-2010.

Fuente: Informe de Desarrollo Humano PNUD, 2003

Fuente: Banco Mundial, Apéndice Estadístico Inequality in Latin America and the Caribbean, Cuadro A.6, p. 403.

Fuente: Terram, elaborado con datos de la OECD y la Dipres.

Fuente: Dirección del Trabajo, Departamento de Relaciones Laborales, 2002

Santiago, 15 de noviembre de 2004

Camilo Escalona Carlos Ominami

Diputado Senador

Diferentes medios de comunicación han observado, creen observar, o recogen rumores que indicarían que los parlamentarios que suscribimos esta declaración tendríamos opiniones contrapuestas que anunciarían un rudo choque de posiciones entre quienes apoyan la opción de Michelle Bachelet para las elecciones presidenciales del 2005.

Están equivocados.

No habrá ni choques ni confrontaciones entre nosotros.

Nos anima la voluntad de ayudar y contribuir, sin menoscabo de ninguna otra figura o dirigente concertacionista, al desafío de derrotar al populismo – autoritario que encabeza Joaquín Lavín.-

Sobretodo nos interesa que el anchísimo caudal ciudadano que se agrupa y entusiasma con la persona de Michelle Bachelet entregue todas sus potencialidades y se identifique plenamente con su liderazgo de modo que su alternativa presidencial adquiera el volumen y la fuerza necesaria para dar adecuada respuesta al reto de avanzar como nación hacia una nueva etapa de progreso y justicia social.

Somos concertacionistas orgullosos de la tarea realizada durante 15 años. Por lo mismo, bien sabemos que los millones de personas que nos han apoyado incluso durante una fuerte crisis económica y que respaldan firmemente al Presidente Ricardo Lagos esperan de la Concertación, una profunda y auténtica capacidad de superación, que se proyecte en un vigoroso impulso, desde un nuevo gobierno hacia un Chile más justo, más libertario, con más derechos de su gente y sin los temores que el largo periodo dictatorial dejó vivos, como fantasmas que entorpecen el camino hacia una sociedad profundamente democrática.

La figura de Michelle Bachelet es parte esencial de un nuevo escenario nacional en el cual retrocede la arrogancia del lavinismo y en que importantes actores ciudadanos se rentusiasman ante el hecho cierto que la derrota de la derecha es posible. Estamos en condiciones de ganar y para ello todas las ideas democráticas deben estar a disposición del programa que la Concertación suscriba, de manera abierta, participativa, recogiendo las nuevas propuestas ciudadanas

Como la gran mayoría de las elecciones, la del 2005 será una batalla por el futuro, una disputa por el cambio y su orientación. Un buen balance de gestión, ayuda y mucho, a enfrentar en mejores términos el desafío, pero en si no asegura el triunfo frente a un adversario que, a pesar de su desgaste, representa la opción más competitiva que la derecha chilena ha conseguido levantar en los últimos… 50 años.

Un nuevo triunfo de la Concertación supone que se reúnan un conjunto muy exigente de condiciones, comenzando por una oferta de futuro, que sea atractiva y creíble, prometedora y responsable.

En el lanzamiento de la campaña municipal de la Concertación el Presidente Lagos sintetizó la obra de su gobierno y de modo general de la concertación repitiendo y repitiendo la afirmación: "Chile es un país sólido" Y es cierto, con mucho esfuerzo Chile a adquirido una solidez que le permite funcionar de una manera que a pesar de muchas insuficiencias , constituye más bien una excepción en América Latina y el mundo en desarrollo.

Pero eso está, es el fruto de todos los esfuerzos del pasado y del cual nos sentimos orgullosos. Por eso mismo no puede ser la promesa de futuro.

Nos hemos pasado quince años hablando del Chile que se puede construir. Ahora, a partir de nuestras realizaciones podemos y debemos convocar al Chile que queremos construir. Del Chile sólido que nos legan los Presidentes Aylwin, Frei y Lagos debemos avanzar al Chile justo que tanto anhelamos.

No es demasiado difícil describir un Chile con estas características. Más protección y más oportunidades son las principales demandas de una abrumadora mayoría de los chilenos. Más protección en la calle, en el trabajo, frente a la vejez y las enfermedades; más oportunidades de empleo, formación y educación, vía fundamental de progreso en la vida.

Se trata, ni más ni menos que de hacerse cargo de la enorme CONCENTRACIÓN DEL PODER que se ha producido en Chile. El nuevo impulso democrático debe orientarse a una redistribución del poder:

1. Hacia los ciudadanos creando nuevas instituciones como la Iniciativa Popular de Ley y la revocación de mandatos
2. Entre las instituciones atenuando el excesivo presidencialismo, por una parte y limitando las reelecciones de los parlamentarios, por la otra.
3. Hacia las comunas promoviendo el paso desde las actuales administraciones locales a verdaderos gobiernos comunales.

Es altamente probable que el Presidente Lagos termine con una distribución de los ingresos semejante a la que tenía el país al comenzar su gobierno. Es a su vez bien sabido que nuestra estructura de distribución se cuenta entre las más regresivas del mundo. Decir que esta es una cuestión de largo plazo que sólo se arregla con un salto cualitativo en educación equivale a decir que no hay nada que hacer salvo aceptar esta realidad que constituye una amenaza a la cohesión social y condiciona fuertemente la mala percepción ciudadana sobre la democracia.

Desde la reforma educacional debemos proyectar un conjunto de acciones encaminadas a una sociedad con igualdad de oportunidades. No se trata en absoluto de invalidar lo hasta ahora realizado, particularmente, en materia de reducción de la pobreza. A diferencia de la gran mayoría de los países en desarrollo Chile ha conseguido alcanzar niveles superiores de integración social. El problema es que esta es extraordinariamente desigual. El tema es en extremo complejo. Para enfrentar las desigualdades proponemos las siguientes ideas todas ellas estrechamente vinculadas entre si:

1. Una política de generación de empleos a partir de la transformación de un amplio espectro de necesidades sociales en puestos de trabajo (ampliación de la cobertura preescolar, atención de la tercera edad, apoyo a los discapacitados, reforzamiento de los apoyos estudiantiles, animación deportiva, etc.). Por ejemplo un programa de ampliación rápida de la cobertura preescolar que, no obstante los esfuerzos desplegados, no supera en la actualidad el 30% del universo de niños entre 0 y seis años, puede tener un tremendo impacto social, al cambiar su triste destino a miles de niños pobres y puede, a su vez, ser la oportunidad para la creación de miles de puestos de trabajo, destinados en particular a incentivar la inserción laboral de las mujeres.
2. Una reforma previsional que se haga cargo de los graves problemas del sistema actual: mala cobertura, fuerte machismo, altos costos de administración, baja tasa de reemplazo. En este plano se requieren reformas muy de fondo. Una cuestión inescapable es el aumento de la tasa de cotización. Un 10% con la actual esperanza de vida es a todas luces insuficiente para asegurar una pensión decente. Por otra parte, es evidente que el sistema requiere un componente solidario, sin el cual la mayoría de los chilenos tiene bien poco que esperar de bueno para su vejez. La reforma previsional debiera ser capaz de movilizar recursos para incentivar la incorporación al sistema de un amplio sector que en la actualidad esta fuera y al mismo tiempo atenuar la lógica puramente individualista que anima al actual sistema. A la hora de hacer los números, es importante tener presente que el déficit previsional alcanza a 5.7 puntos de producto, esto es del orden de los US 5 mil millones financiados año a año por el presupuesto publico.

Se hace necesario un pacto fiscal para enfrentar en serio las reformas anteriores. Esto significa un compromiso nacional para financiar eficientemente estos objetivos.

Chile tiene una política macro muy alabada por moros y cristianos. Sin embargo, estamos en condiciones de crecer más rápido. En promedio, este gobierno terminara con un crecimiento que no superará la mitad de los niveles de 6% que nos hicieron famosos en el pasado. Podemos seguir con una política que garantice muy baja inflación, cuentas fiscales incluso excedentarias pero con un crecimiento por debajo del potencial y cientos de miles de chilenos pagando en desempleo costos que se pueden evitar.

Chile ha dado pruebas ampliamente satisfactorias de responsabilidad macroeconómica y disciplina fiscal. Se trata ahora de hacer frente a los problemas más fundamentales de nuestra estructura productiva: falta de innovación, dependencia excesiva de un número limitado de recursos naturales que incorporan poco valor agregado, fuerte heterogeneidad estructural, expresada en la polarización entre un número relativamente pequeño de empresas grandes y medianas altamente competitivas y fuertemente orientadas hacia el mercado externo y miles de empresas pequeñas que marcan el paso con bajos niveles de productividad y sin beneficiarse de los procesos de apertura y ampliación de comercio que Chile ha protagonizado. Hay que avanzar en la puesta en práctica de una estrategia de desarrollo que oriente la generación de capacidades laborales, profesionales, tecnológicas hacia los sectores que claramente manifiestan ventajas competitivas. Apoyarnos en los sólidos resultados de la política macro y formular una estrategia de desarrollo efectiva supone además contar con una institucionalidad tan sólida en materia de inversión, regulación y micro y pequeña empresa como la que Chile ya dispone en materia de control de la inflación (Banco Central) y disciplina fiscal (Ministerio de Hacienda).

Del énfasis en lo comercial debemos pasar a la promoción de una mayor integración política especialmente con los países del Mercosur. Esta es una cuestión central si queremos gravitar en la construcción de un orden internacional más justo y equilibrado. La relación con los países vecinos es también una cuestión clave para el futuro económico y social de Chile. Cuestiones como el impacto de las migraciones hacia nuestro país no nos pueden ser indiferentes. Las sacudidas en América del Sur nos afecta y afectarán profundamente. Nuestra economía esta abierta al mercado global, sin embargo, Argentina y Brasil son parte de nuestros cinco socios más importantes junto a Estados Unidos, Japón y China.

Con gran coraje el Gobierno del Presidente Lagos fue capaz de rechazar la decisión unilateral del gobierno norteamericano de invadir Irak. Chile demostró en esa ocasión que con voluntad política es posible jugar papeles relevantes y positivos en la escena mundial. Debemos perseverar en esa dirección. Chile debe ser un activo participante de todas aquellas iniciativas destinadas a fortalecer el sistema multilateral. Una acción diplomática integral es también la condición para estrechar relaciones con las naciones vecinas y superar definitivamente los conflictos del pasado.

Ayer, al escuchar al Presidente Lagos dar su juicio público respecto al Informe de la Comisión Valech, sentí, con más fuerza que nunca, el horror y el asco casi físico que he sentido siempre frente al tema de las violaciones a los derechos humanos en la Dictadura.

Soy parte de las miles de familias que vivieron cotidianamente con la certeza que existían dos Chiles: uno, de las noticias donde nada pasaba y otro, de los amigos, de los familiares, de los libros y la Radio Moscú. Mis padres no fueron exiliados, perdieron sus trabajos pero no fueron considerados como exonerados, sufrieron marginación, rechazo, miedo y amenazas, discriminación y abusos, pero nunca contaron en ningún registro. Debieron sufrir la detención, la tortura, la desaparición de sus más íntimos y queridos amigos, vieron a sus amigos partir al exilio y no volver. Vivieron la miseria cotidiana que significaba ser de izquierda en un país lleno de odio y venganza.

Es por eso que este informe me ha removido tanto. Primero, porque es la primera vez que el Chile de mi infancia existe para todos. Que esos relatos en voz baja, los libros quemados y escondidos, las revistas y canciones prohibidas -que con persistente curiosidad rastreaba en los cajones y sobremesas- todas las formas de compartir, conocer y difundir una verdad negada a gritos y protegida con celo, comienzan a formar parte del conocimiento colectivo, y, más aún, son reconocidos como ciertos.

No puede ser reconfortante pero, al menos, provoca una sensación de íntima justicia el que, tras años de haber sido tratados como mentirosos y fantasiosos, los hechos vividos y conocidos por mi entorno más próximo, y también por buena parte de las familias de este país, deban ser objeto de reacciones y comentarios de los mismos que los negaban con soltura en años anteriores.

Sin embargo, no puedo dejar de pensar cómo será asumido esto por quienes, sin participar de forma alguna en la represión, prefirieron no saber, callar o simplemente negar una realidad que los asaltaba a cada vuelta de esquina, como los mendigos, y que, al igual que a éstos, decidieron ignorarla. Qué les dirán a sus hijos y nietos a quienes dejaron al margen de varios años de historia de su país. Sólo espero que esta vez las relamidas excusas de la Dictadura, las del apoliticismo, no los dejen cerrar sus ojos a la crudeza de lo que vivieron sus vecinos, sus compañeros de trabajo, sus pares.

También, me gustaría saber que mea culpa hará la prensa, la formadora de la opinión pública, aquella que fue cómplice, encubridora y testigo de las más atroces mentiras. La que encubrió crímenes y abusos con sarcasmos y burlas, y que ahora informa y se horroriza con las mismas noticias que antes ocultó. Qué mea culpa harán los periodistas, aquellos que prefirieron no escuchar los gritos, las amenazas y los disparos, a veces dirigidos contra su propio gremio.

Creo que hace falta. Creo que nos hará bien.

Paulina Aguilera M.

Periodista