documento en solidaridad con Dionisio Pereira
 
Querido colega, ante el nuevo juicio contra el historiador Dionisio
Pereira,
 hemos decidido recoger nuevamente firmas para terminar con el acoso
judicial
contra nuestro colega, demostrar que no nos resignamos al goteo continuo 
de
 procesos parecidos y demandar públicamente al Presidente de Gobierno, e
 instancias parlamentarias, medidas políticas y legales que eviten la
 vilnerabilidad e indefensión de los historiadores de la represión, durante
 la guerra civil y el franquismo, en su tareas investigadoras.

 Como firmante del primer documento en solidaridad con nuestro colega, por
 intermedio de Paco Espinosa, solicitamos por lo tanto tu adhesión a un
 segundo documento que reproducimos al final.

 Cordialmente,

 Carlos Barros
 Universidad de Santiago de Compostela
Coordinador de Historia a Debate
 cbarros@...
www.cbarros.com
 www.h-debate.com


 Excmo. Sr. Presidente del Gobierno
 Excmo. Sr. Presidente del Congreso de Diputados
 Excmo. Sr. Presidente del Senado
 Madrid, España
 Los abajo firmantes, investigadores y profesores de historia de
 universidades y otros centros de estudio españoles y de otros países,
 queremos manifestar nuestra solidaridad con el historiador Dionisio
 Pereira, denunciado judicialmente una y otra vez por familiares de
presuntos represores durante la guerra civil y la dictadura, que aparecen
nombrados en las fuentes utilizadas en sus investigaciones publicadas
sobre
la represión franquista en el pueblo de Cerdedo (Pontevedra).
El Juzgado de Primera Instancia de A Estrada, amparando con abundante
 jurisprudencia sus derechos constitucionales de libertad científica y de
 opinión 'en el terreno histórico', ha absuelto ya a nuestro colega, cuya
 situación legal depende, así y todo, de lo que decida próximamente la
 Audiencia Provincial de Pontevedra, y aún posteriormente de previbles
 recursos a instancias jurídicas superiores. Un calvario judicial que
 muestra la flaqueza y vulnerabilidad de nuestra joven democracia y su
 ordenamiento legal en el tema que nos ocupa.
 La difusión de esta anómala situación ha destapado en toda la geografía
española otras parecidas que están siendo resueltas 'caso a caso' por los
 tribunales de justicia, con la consiguiente alarma de los historiadores,
 que vemos así dificultado nuestro trabajo sobre la historia española
 reciente ante la posibilidad de ser víctimas del acoso judicial de los
 descendientes de las personas que aparecen en la documentación, oral y
 escrita, como responsables de torturas y asesinatos de personas por causa
de sus ideas durante la guerra civil y la dictadura franquista. 
Tratamiento
 injusto, antidemocrático y hostil hacia los historiadores de profesión que
 ninguno de nosotros, independientemente de nuestras especialidades y
 nacionalidades, estamos dispuestos a tolerar.

 La sentencia del Tribunal Constitucional del 23 de marzo de 2004 asegura 
la
 protección constitucional de una 'ciencia histórica libre' y que son los
 'propios ciudadanos quienes, a la luz del debate historiográfico y
 cultural, conforman su propia visión de lo acaecido, que puede variar en 
el
 futuro'. No siendo, por tanto, 'misión de los Tribunales de Justicia el
 realizar un juicio sobre verdades históricas'. Sin embargo, los juicios
contra historiadores siguen celebrándose, y pueden incluso intensificarse
 conforme se vayan aplicando las nuevas políticas publicas de 
investigación,
 reparación y reconocimiento de las víctimas de la guerra civil y la
 dictadura aprobadas en al Ley de la Memoria Histórica del 26 de diciembre
de 2007, cuya puesta en práctica y perfeccionamiento exigimos.

 Por todo lo cual, demandamos del Gobierno español, y de las instituciones
 parlamentarias, garantes por imperativo constitucional de un ejercicio no
 discriminatorio de las
 libertades democráticas y responsables del cumplimiento de las leyes
vigentes, el desarrollo de la 'Disposición final primera' que habilita al
 Gobierno a 'dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el 
desarrollo
 y la aplicación' de la citada ley de la memoria. Proponemos, en concreto,
 que se añada una declaración de legitimidad constitucional de la libre
 investigación sobre la guerra civil y el franquismo, en base a fuentes
 históricas, tanto escritas como orales, de acuerdo con las metodologías
 correspondientes, sin censura
 previa sobre ningún nombre, fuente o dato histórico.
 Es obligación general de las autoridades democráticas amparar en la
 práctica las libertades de análisis, interpretación y opinión de los
 historiadores, sin excepción, y del Gobierno en particular fijar una
 referencia legal que facilite a las administraciones, funcionarios e
 instituciones del Estado salvaguardar en las mejores condiciones el
 ejercicio libre de la investigación en temas que son, además, de vital
importancia para cerrar de una vez, con la identificación, localización y
dignificación de las víctimas (y el reconocimiento de los luchadores por 
la
 libertad), la guerra civil y la dictadura franquista, completando así la
 transición a la democracia en España iniciada en 1977.
 Resulta incomprensible que, habiéndose previsto medidas de apoyo y
responsabilidad institucional tocante a la conservación de documentos,
 acceso a los archivos, investigación sobre las victimas del franquismo y 
la
guerra civil (incluyendo la recuperación de sus restos), se hayan olvidado
 los legisladores españoles de las personas que están aportando de forma
 comprometida y desinteresada su rigor académico y honestidad profesional a
 un conocimiento más preciso y plural de la verdad histórica, sin el cual
 difícilmente las generaciones futuras podrán apreciar, en su esencia y con
 perspectiva histórica, el régimen político democrático que van a heredar.

En la Red, a 22 de abril de 2008

 Excmo. Sr. Presidente do Goberno
 Excmo. Sr. Presidente do Congreso dos Diputados
Excmo. Sr. Presidente do Senado Madrid, España
Os abaixo asinantes, investigadores/as e profesores/as de historia
 deuniversidades e outros centros de estudo españois y doutros
países,queremos manifestar a nosa solidariedade co historiador
 DionisioPereira, denunciado xudicialmente unha e outra vez por familiares
 de presuntos represores durante a guerra civil e a ditadura,que
 aparecennomeados nas fontes empregadas nas súas investigacións publicadas
 sobre a represión franquista na vila de Cerdedo (Pontevedra).
 O Xulgado de Primeira Instancia de A Estrada, amparando con
 abundantexurisprudencia os sus dereitos constitucionais de liberdade
 científica e de opinión 'en el terreno histórico', absolveu xa ao noso
 colega, cuxa situación legal depende, de todas maneiras, do que decida en
 breves días a Audiencia Provincial de Pontevedra, e aínda de previsíbeis
 recursos a instancias xurídicas superiores. Un calvario xudicial que amosa
 a febleza e vulnerabilidade da nosa xove democracia e o seu ordenamento
 legal na temática que nos ocupa. A difusión desta anómala situación, ten
destapado en toda a geografíado Estado español outras semellantes que 
están
 a ser resoltas 'caso a caso' polos tribunais de xustiza, coa consiguinte
 alarma dos historiadores e historiadoras, que vemos dificultado deste 
xeito
o noso traballo sobre a historia española recente, diante da 
posibilidadade
 de ser víctimas do acoso xudicial dos descendientes ou achegados das
 personas que aparecen na documentación, oral e escrita, como responsabeis
 de torturas e asasinatos de cidadáns por causa das súas ideas durante a
 guerra civil e a ditadura franquista. Tratamentoinxusto, antidemocrático e
 hostil cara os historiadores de profesión, que ningún de nós,
 independentemente das nosas especialidades enacionalidades, estamos
 dispostos a tolerar.
 A sentenza do Tribunal Constitucional do 23 de marzo de 2004 asegura
 aprotección constitucional dunha 'ciencia histórica libre' e que sonos
 'propios ciudadanos quienes, a la luz del debate historiográfico 
ycultural,
conforman su propia visión de lo acaecido, que puede variaren el futuro'.
Non sendo, polo tanto, 'misión de los Tribunales de Justicia el realizar 
un
 juicio sobre verdades históricas'. Nembargantes, os xuizos contra
 historiadores e historiadoras seguen a se celebrar, e poden mesmo aumentar
 conforme se apliquen de vez as novas políticas publicas de investigación,
 reparación e recoñecemento das víctimas da guerra civil e a ditadura
 aprobadas na Lei da Memoria Histórica do 26 de decembro de 2007, cuxa 
posta
en práctica e perfeccionamento esiximos.
 Por todo o cal, demandamos do Goberno español, e das
 instituciónsparlamentares, garantes por imperativo constitucional dun
 exercicio non discriminatorio das liberdades democráticas e responsabeis 
do
cumprimento das leis vixentes, o desenvolvemento da 'Disposición final
primera' que habilita ao Goberno a 'dictar cuantas disposiciones sean
 necesarias para el desarrollo y la aplicación' da devandita Lei da 
Memoria.
 Propoñemos, en concreto, que se engada unha declaración de lexitimidade
constitucional da libre investigación sobre a guerra civil e o franquismo,
 en base a fontes históricas, tanto escritas como orais, de acordo coas
 metodoloxías correspondentes, sen censura previa sobre ningún nome, fonte
 ou dato histórico.

 É obriga xeral das autoridades democráticas amparar na práctica as
 liberdades de análise, interpretación e opinión dos historiadores sen
 excepción, e do Goberno en particular fixar unha referencia legal
 quefacilite ás administracións, funcionarios e institucións do
 Estadosalvagardar nas mellores condicións o exercicio libre da
 investigación en temas que son, asemade, de vital importancia para pechar
 dunha vez, coa identificación, localización e dignificación das víctimas 
(e
 o recoñecemento dos loitadores pola liberdade), a guerra civil e a
ditadura
 franquista, completando deste xeito a transición á democracia en España
 iniciada en 1977.

 Resulta incomprensible que, prevéndose medidas de apoio e responsabilidade
 institucional no tocante á conservación de documentos, acceso aos 
arquivos,
 investigación sobre as victimas do franquismo e a guerra civil (incluíndo 
a
 recuperación dos seus restos), se esqueceran os lexisladores españois das
 persoas que están a aportar de xeito comprometido e desinteresado o seu
 rigor académico e honestidade profesional para un coñecemento máis preciso
e plural da verdade histórica, sen o cal difícilmente as xeracións futuras
 poderánaprezar, na súa esencia e con perspectiva histórica, o régime
 políticodemocrático que van herdar.
Na Rede, a 22 de abril de 2008

---

Sigue los principales acontecimientos deportivos en directo. MSN Motor

---

Sigue los principales acontecimientos deportivos en directo. MSN Motor