La “memoria histórica” , un deber
Grupo Memoria Libertaria Valladolid
Miércoles 5 de noviembre de 2008
A pesar de todo el ruido mediático provocado por el Auto del juez Baltasar Garzón, el hecho es que el Gobierno socialista sólo ha implementado algunas de las tímidas medidas de la Ley de la Memoria Histórica, aprobada en diciembre de 2007 para dar “consideración y reparación las víctimas de la represión franquista”.
Así pues, continúa el vergonzoso deshonor de una Democracia que sigue considerando legales las sentencias pronunciadas por los consejos de guerra franquistas y manteniendo aún enterradas en fosas comunes y cunetas a miles de demócratas fusilados por los militares sublevados y las milicias falangistas.
Es por esto que es un deber continuar denunciando esta vergüenza y proseguir el proceso de recuperación de la Memoria Histórica. Y más en estos momentos en que, a pesar de la euforia “memorialista”, son muchos los que -por las razones que todos sabemos- preconizan el olvido del pasado y el entierro definitivo del proceso de recuperación de la Memoria Histórica.
De ahí la importancia de seguir organizando eventos como éste, que rescatan la memoria de ese pasado y muestran lo que fue la represión franquista. Y que evidencian además lo difícil que fue comenzar el proceso de recuperación de la memoria histórica y llegar hasta aquí sin haber conseguido el objetivo que fue la motivación fundamental del inicio de este proceso: acabar con el olvido institucional sobre lo que fue la Dictadura y forzar al Estado a rehabilitar a las víctimas de la represión franquista y a cuantos lucharon por reconquistar las libertades confiscadas por el franquismo.
Este fue el objetivo perseguido con los Recursos de revisión de sentencias franquistas presentados en 1989, para Julián Grimau, y en 1998, para Francisco Granado y Joaquín Delgado. Luego siguieron campañas para exigir la aprobación de tales Recursos y otros fueron presentados con el mismo objetivo. Y, a partir del 2000, comenzaron a constituirse Asociaciones y Foros para la Recuperación de la Memoria Histórica, que se dieron a la tarea de localizar, identificar y dar una sepultura digna a los miles de personas asesinadas por los franquistas y enterradas en cunetas o en fosas comunes al principio de la guerra civil. Y, como en el caso de los Recursos, tampoco estas Asociaciones contaron con ninguna ayuda institucional.
Dado que el objetivo de estos colectivos era luchar contra el olvido institucional y rehabilitar a las víctimas de la represión franquista, todos hicieron suya la exigencia de la anulación de la sentencias franquistas. Y fue así como se consiguió que algunos partidos (IU-ICV, ERC, PNV y el PSOE e inclusive CiU) asumieran su responsabilidad política y presentaran Proposiciones de Ley en el Congreso de los Diputados: tanto para dar respaldo político a los Recursos de revisión de sentencias franquistas como para las reivindicaciones de las Asociaciones y Foros que reclamaban apoyo institucional para sus actividades de localización de desaparecidos y reaperturas de fosas comunes.
Inclusive se consiguió que el Congreso de los Diputados aprobara el 20 de noviembre de 2002, por primera vez y por unanimidad, una Declaración institucional de condena del golpe militar de 1936 y consideración para las víctimas. Sin embargo, pese al triunfo electoral socialista en 2004, no fue hasta finales de 2007 que el Parlamento aprobó por escasa mayoría la Ley llamada de la Memoria Histórica. Una Ley que ha pretendido poner fin institucional al “olvido” y rehabilitar a las víctimas “de la Guerra Civil y de la posterior represión franquista”; pero que denuncian todos los colectivos memorialistas por considerarla cobarde, insuficiente y discriminatoria.
Pese a ello, el Gobierno socialista persiste en no escuchar estas denuncias y en su propósito de no ir más lejos de lo estipulado en esa Ley. Una Ley cobarde, porque excluye la anulación de las sentencias franquistas. Insuficiente, porque no obliga al Estado a asumir plenamente las tareas de localización y apertura de fosas comunes. Y discriminatoria, porque establece dos clases entre las víctimas de la represión franquista: las asesinadas antes de 1968, con 9.600 € de indemnización, y las asesinadas desde esa fecha hasta 1977, que recibirán una indemnización de 135.000 €.
El Auto del Juez Baltasar Garzón pretende abrir la “posibilidad” de exigir responsabilidades a los que ordenaron aquellos crímenes; pero eso significaría -si no prospera el Recurso de la Fiscalía- que la condena sería in fine penal y no política, y que el Gobierno socialista lograra mantener su Ley cobarde, insuficiente y discriminatoria.
No permitamos tal infamia.
http://www.memorialibertaria.org/valladolid/spip.php?article85
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