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s_20070624.html
MONTSERRAT COMAS, PRESIDENTA DEL OBSERVATORIO DE VIOLENCIA DE GÉNERO DEL
PODER JUDICIAL
Montserrat Comas
«La integración de los inmigrantes debe basarse en la asunción de nuestros
principios constitucionales» La jueza rechaza que el alejamiento se imponga
de forma «automática»
J. MUÑOZ j.munoz@.../BILBAO
Montserrat Comas
Montserrat Comas, en su despacho del Observatorio de Violencia de Género. /
J. R. LADRA
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El Observatorio de Violencia de Género, un órgano dependiente del Consejo
General del Poder Judicial (CGPJ), ha dado la voz de alarma al cumplirse dos
años desde la puesta en marcha de los juzgados de violencia de género. Los
asesinatos sexistas no sólo no remiten en España tras la entrada en vigor de
la ley integral, sino que la tercera parte de los cometidos este año -38
víctimas desde enero pasado, la última en La Coruña- han sido perpetrados
por extranjeros. La magistrada Montserrat Comas, vocal del CGPJ, advierte de
que el índice de agresores machistas entre los inmigrantes es de cinco por
cada millón de habitantes. «Entre los españoles, es de uno», explica.

-Cinco veces menos.

-Los extranjeros imputados por la muerte violenta de sus parejas están
aumentando, pues el año pasado representaron el 24% del total. Mi
preocupación por los hombres violentos de nacionalidad española no ha
disminuido un ápice, pero debemos reflexionar sobre la aparición de una
nueva realidad social. El machismo violento no sólo está arraigado en
nuestra sociedad, sino que es todavía mayor en algunas culturas donde no se
defiende la libertad ni la igualdad de las mujeres, y donde la subordinación
está más acentuada.

-Usted se ha declarado partidaria de reclamar a los inmigrantes un
compromiso explícito con los valores de la sociedad española.

-Nunca he dicho que deba ser una condición para entrar en nuestro país, pero
hay que abrir este debate. La integración tiene que basarse en la asunción
de nuestros valores constitucionales. No conozco una fórmula acabada para
abordar la formación de los inmigrantes, pero la ley integral de violencia
de género establece que todos los ciudadanos, cualquiera que sea su
nacionalidad, deben ser educados en la igualdad y en la resolución pacífica
de los conflictos.

-Sugerir una formación cívica para los extranjeros ¿no puede interpretarse
como una medida discriminatoria?

-Creo que no. Sólo estoy constatando una realidad, un problema adicional,
que requiere un esfuerzo colectivo de las administraciones central y
autonómica. Del Ministerio de Educación, de las consejerías de Justicia

-La enseñanza y las leyes han conseguido que el machismo de los españoles
retroceda en los últimos años.

-En comparación con otras culturas, España ha avanzado de forma irreversible
hacia la igualdad real de hombres y mujeres. No sólo en el terreno
constitucional y legal; también en el ámbito de los valores. Es impensable
que alguien sostenga públicamente que las mujeres no deben estar
representadas en los puestos de dirección; o que no tienen derecho al mismo
salario por desempeñar el mismo trabajo. Pero en las sociedades donde ese
proceso cultural no se ha realizado, donde persiste la discriminación, es
lógico que exista un reflejo en las tasas de violencia de género, pues la
violencia es la expresión más brutal de la desigualdad.

Sentencias del Supremo

-La última víctima de la violencia machista, una anciana de La Coruña, había
pedido que le retiraran la orden de alejamiento a su marido. Otras parejas
quebrantan, sin más, esa decisión del juez.

-Es uno de los problemas más importantes y más frecuentes de los juzgados.
De momento, no hay jurisprudencia del Tribunal Supremo, sino dos sentencias
contradictorias. La primera, del 26 de septiembre de 2005, considera que,
cuando las partes reanudan la convivencia, con la aceptación de ambas,
desaparecen las circunstancias que justificaron la medida de alejamiento. La
segunda sentencia, de 20 de enero de este año, dice que el consentimiento de
la víctima no elimina la antijuricidad del quebrantamiento. El principio de
autoridad -en este caso, la autoridad judicial- es el bien jurídico que se
protege. La pena no es algo disponible para las partes.

-¿Y usted por qué resolución se inclina?

-Me identifico con la segunda. Creo que no caben contemplaciones. Las penas
están para ser cumplidas. Si la Policía detecta que un hombre convive con la
víctima, a pesar de haber sido condenado a una pena de alejamiento con
sentencia firme, debe informar al juzgado para que esa sentencia se cumpla.
Ahora bien, si estamos en la fase de instrucción, antes del juicio, y nos
encontramos ante una orden de alejamiento cautelar, entonces el juez y el
fiscal pueden analizar el caso de forma individual. No hay una receta común.
La medida de alejamiento puede dejarse sin efecto cuando no exista riesgo.
Pero en situaciones graves habría que mantenerla.

-De todos modos, una vez que se dicta una condena, el juez tiene que imponer
la orden de alejamiento de forma obligatoria, sea cual fuere la gravedad de
la pena de maltrato. Y muchas mujeres lo ignoran.

-Soy partidaria de revisar ese punto. Mientras el automatismo se mantenga,
el cumplimiento de la medida de alejamiento creará problemas. Hemos
planteado al Ministerio de Justicia y a los grupos parlamentarios la
revisión del artículo 57 del Código Penal. El alejamiento debería ser algo
facultativo; es decir, el fiscal podría solicitarlo, y el juez lo decidiría
a continuación, en las situaciones de riesgo palpable para la víctima. Pero
no sería el caso si se trata de una primera denuncia sobre un hecho que
antes se consideraba leve; por ejemplo, un empujón precedido de una injuria
o de una coacción. Hay mujeres que no desean separarse del varón; interponen
la denuncia sólo para que lo ocurrido no se vuelva a repetir. Son las
primeras que se quedan sorprendidas por el alejamiento, así que ellas mismas
no facilitan que la medida se cumpla.

-Algunos juristas advierten, además, de que el quebrantamiento supone a
veces un castigo añadido más grave que la pena principal por maltrato.

-El enfoque de la pena por quebrantamiento no es la cuestión. El problema
reside en el automatismo del alejamiento, con independencia de la gravedad
del hecho y de las circunstancias personales. Además, las penas prin-
cipales con las que deberíamos realizar la comparación corresponden a
lesiones, coacciones, malos tratos físicos y psíquicos de carácter
continuado Son delitos que llevan aparejadas penas distintas y, en cualquier
caso, superiores a la pena de quebrantamiento.

-¿Ha llegado el momento de hacer balance de los juzgados de violencia de
género?

-Debemos hacerlo, porque el 29 de junio se cumplirán dos años de la puesta
en marcha de los juzgados especializados. Podemos concluir que han sido un
acierto, pues han puesto fin al peregrinaje de las víctimas para denunciar a
su agresor varias veces. Ahora, cada partido judicial cuenta con un juzgado
competente para investigar esos delitos; ese juzgado es un punto de
referencia al que las mujeres maltratadas pueden dirigirse para solicitar
una respuesta prioritaria, más especializada y eficaz.

Valoración integral

-Sin embargo, las muertes no cesan, hasta el punto de que el Gobierno ha
anunciado una nueva batería de medidas. ¿Qué mejoras hacen falta?

-Todos los juzgados deben trabajar con unidades de valoración integral, pues
de ese modo el juez puede disponer enseguida de informes sobre el riesgo que
corre la víctima y sobre la peligrosidad del imputado. Los juzgados de
violencia de género con 'competencia exclusiva' disponen esas unidades, pero
todavía no han llegado a muchos juzgados 'compatibles'. (Los primeros están
radicados en las capitales y sólo se ocupan de los casos de violencia de
género. Los segundos están repartidos por el resto de España; atienden todas
las denuncias de maltrato de su partido judicial, pero también investigan
otros delitos).

-En general, los juzgados 'compatibles' necesitan medios y personal.

-En los partidos judiciales pequeños y en las ciudades de tamaño medio, los
fiscales tienen que compaginar la labor del juzgado de guardia con la del
juzgado dedicado a la violencia de género. Hay que mejorar la planta del
ministerio público y de los abogados de oficio. Así se evitarían las
disfunciones a la hora de interrogar a los testigos y a las víctimas.

-Este año se crearán en España 42 nuevos juzgados de violencia de género.

-El Gobierno también ha prometido que creará el mismo número de fiscales
especializados.
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Antonio Luengo Dos Santos

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