La Cámara valenciana aprobó ayer la primera ley del actual periodo de sesiones. La norma regulará el funcionamiento de los Puntos de Encuentro Familiar. En estos centros los padres separados podrán dejar a sus hijos para que sea recogido por el otro cónyuge.

La ley salió adelante con los votos de los diputados del PP. Los grupos de la oposición justificaron su rechazo en que los populares quieren "privatizar" el servicio. Como ya ocurrió en comisión, el grupo mayoritario garantizó que la prestación será gratuita, a pesar de que el centro fuera de gestión privada.

En los Puntos de Encuentro Familiar habrá asesoramiento para los niños cuyos padres estén en situación de divorcio o en otros casos de interrupción de la convivencia familiar.

No es extraño que en un proceso de separación de un matrimonio la relación de los dos miembros de la pareja no sea cordial. En muchos de estos casos, cada vez que una de las partes deja al hijo en casa de su ex pareja se produce una situación violenta. Habitualmente, el más afectado siempre es el menor de edad. Con esta ley se pretende que los niños no tengan que pasar por el mal trago de ver enfrentados a sus padres. En la norma se establece que estos espacios son un servicio social "gratuito, universal y especializado". En los 12 puntos de encuentro familiar se realizaron 6.000 atenciones durante el año 2007.

La diputada del PP Asunción Quinzá calificó esta iniciativa de "pionera". La parlamentaria del principal partido de Les Corts añadió que el objetivo es garantizar el régimen de visitas para los padres en caso de que exista un conflicto familiar. Su compañero de partido, Antonio Peral destacó que la norma salió adelante sólo con los votos del PP. Peral lamentó que los dos grupos de la oposición no se hayan querido sumar al acuerdo.

El diputado del PP criticó que tanto PSPV como Compromís duden de la gestión de Consell de estos servicios que quedarán regulados por ley. Los puntos de atención familiar contarán con letrado, auxiliar administrativo y trabajador o educador social para que además de las medidas jurídicas se pueda ofrecer "un trabajo complementario" con carácter "psicopedagógico".

La socialista Dolores Huesca criticó que se privatice el servicio y lamentó que no asistan a casos de violencia machista. La diputada de Compromís Mireia Mollà reclamó su carácter público.