(en breve se
os comunicará lugar y hora, pasar nota a todos)
Escrito dirigido a todas las Familias y sus Componentes.
Me dirijo
a todos vosotros padres, madres, hijos, abuelos y demás familiares de
separados, que os estáis viendo afectados. Como a aquellos que sin existir
separación estáis sensibilizados, creéis en la igualdad de derechos y queréis
erradicar la violencia, ya sea física, psíquica o moral. Violencia que esta
siendo ejecutada contra los hijos“Las Verdaderas
Victimas”, y con ello contra los Padres y Madres,
por parte de todos aquellos Padres y Madres que utilizan a los hijos como mera mercancía, así como por Jueces y Tribunales“Dictando Sentencias basadas en opiniones meramente
personales y no ajustadas a Derecho y aplicación de Ley”, que se niegan a reconocer la Igualdad que marca La Constitución Española. Vulnerando no
solo la Legislación Vigente del Estado Español, sino también los Derechos
Internacionales tanto de Adultos como de Niños. Ejerciendo un abuso de poder jamás visto, tanto a nivel
Judicial como Político y que todos estamos padeciendo.
“Si no actuamos pronto lo seguiremos padeciendo”.
“Padecerán nuestros hijos y seguirán
padeciendo nuestros descendientes”.
Papá yMamá.
AYUDADME A CRECER.”AÚN ESTAIS A TIEMPO”. REACCIONAR.
“Escuchemos el grito de Socorro de Nuestros
Hijos”.
Salgamos a la calle.
Revindiquemos Nuestros Derechos y los de Nuestros Hijos.
Salud: Veo en tu mensaje unos logos de los que dos son Lazos Azules... Esta bien, pero te sugiero que al menos uno lo pases a color Verde (enseña mundialmente aceptada por : CUSTODIA COMPARTIDA ).
Senado: SE TRATA EL PROYECTO DE SOVIETIZACIÓN DE LA FAMILIA
Existe una orden al Senado del Poder Ejecutivo Nacional de sancionar el Proyecto de ley de Protección Integral del Niño/a y Adolescente, hoy, miércoles 27, o el jueves 28 de noviembre. También podría tratarse la ratificación del Protocolo del CEDAW.
Recordamos que el proyecto de Protección Integral de los Niños/niñas y adolescentes, no reconoce la vida desde la concepción y pone a los menores bajo la autoridad del Estado, negando los derechos de los padres a su educación, como en los regímenes marxistas. Es un proyecto de sovietización de la familia.
El trámite del expediente ha sido irregular, entre otras cosas, no se respetó la precedencia de las comisiones. Las evidentes trampas, hicieron que de los 18 senadores firmantes del despacho, el martes 26, retiraran su firma 4: Miguel A. Pichetto, Jorge Yoma, Malvina Seguí y Eduardo Moro y podría haber más.
Una exigencia del oficialismo duhaldista, aliado del feminismo para sancionar el proyecto, fue pedir que se tratara sin debate, a lo que se negó la senadora Negre de Alonso.
Los que vivimos cerca de la Ciudad de Bs. As. debemos estar en las sesiones de los dos días, que empezarán a las 15:30 hs. Hay que llevar impresos para repartir e ir en tono pacífico, pero enérgico. A la Cámara de Senadores se ingresa por la entrada del 1800 de calle Hipólito Irigoyen. La sesiones son públicas. Nadie puede impedir la entrada. Sugerimos no pretender pasar en grupo.
La mecánica parlamentaria implica que hasta que se trata un proyecto pueden pasar muchas horas de espera. La espera no es inútil; los que así la consideren, carecen de convicciones. Si la cobardía de los buenos fomenta la audacia de los malos, cuanto más la comodidad.
No pensemos en lo que pueden hacer los demás. Hagamos lo que debemos hacer cada uno de nosotros. (Para mas datos sobre el contenido del proyecto Vid. Notivida nº 110).
RUEDA DE ENLACE DE ONG’s
_______________________________________
NOTIVIDA, Año II, nº 111, 27 de noviembre de 2002
Editor Pbro. Juan C. Sanahuja, (54-11) 4813-5320; 4811-1678
Abogados piden una norma específica y general sobre separación parejas de hecho
El colectivo de abogados reclama una norma específica y general que regule, en todo el territorio español, las separaciones en las uniones de hecho, "a la que poder acogerse en aras de la seguridad jurídica".
En declaraciones a EFE, la letrada del Colegio Provincial de Abogados de Badajoz, Francisca Rosa Romero, ha indicado que "cualquiera que tenga que resolver cuestiones de este tipo a diario necesita seguridad jurídica y la seguridad jurídica la da la norma".
Actualmente, el tratamiento procesal de las separaciones de las uniones de hecho "es una materia que no está regulada expresamente, a pesar de que se estrenó en enero de 2001 la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, que se debería haber preocupado de regular esta materia, y curiosamente no se ha hecho".
Según la letrada, por ello, "existe una polémica importante sobre cuál es la tramitación a seguir, ya que en algunas comunidades autónomas se ha regulado, pero no existe ninguna norma estatal que las regule expresamente". Entonces, para resolver estos casos, hay que buscar en el articulado de la Ley de Enjuiciamiento Civil y por analogía o por remisión encontrar cuál es el tratamiento procesal de la misma.
Asimismo, esta situación provoca que se esté a expensas de la aplicación que quiera dar cada tribunal y dependiendo de la comunidad autónoma "con el trato desigual que esto supone para los hijos menores habidos en esas relaciones".
Para Romero, en estos momentos, se da un tratamiento procesal diferente entre las parejas de hecho que han tenido hijos en su convivencia y las que no; en el primer caso, el tratamiento procesal se asemeja bastante al tratamiento procesal de las separaciones matrimoniales, y en el segundo caso es diferente, porque se remite a las normas generales y sólo se tratan las reclamaciones económicas, por lo que "existe cierta polémica sobre si es el juicio verbal el adecuado o es el ordinario".
Por todo ello, la letrada ha subrayado que "existe una preocupación generalizada", afirmando que "hay un gran interés por parte de todos porque exista una regulación específica", y se quejó de que "se hayan dejado pasar muchas oportunidades de regular, ya que desde 1981 ha habido intentos de regulación con una proposición de ley, pero fue rechazada por el Congreso".
Según Romero, en Extremadura, no existe tampoco una norma específica que regule las uniones estables de parejas de hechos, lo que sí existe es un registro civil de uniones de hecho.
Cabe indicar que, Francisca Rosa Romero intervino esta semana, en el II Congreso de Derecho de Familia de Extremadura, que bajo el título "Los procesos matrimoniales: Avanzando en el estudio de la Ley 1/2000", se celebrado en el Colegio de Abogados.
En este congreso, al que asistieron medio centenar de letrados, se abordaron diversos aspectos de los procedimientos matrimoniales dos años después de entrar en vigor la Ley de Enjuiciamiento Civil, que regula el Derecho de Familia.
Y, letrados, magistrados y fiscales de Cáceres y de Badajoz, disertaron sobre diversos temas relacionados con los aspectos procesales de los procedimientos matrimoniales, la liquidación en la Sociedad de Gananciales, el tratamiento fiscal que se da a la liquidación, la ejecución de sentencias, o los menores en los procesos matrimoniales.
El próximo día 29 (Viernes) en el programa de Canal Sur TV (Andalucía) LOS REPORTEROS, que se emite a las 21:00 horas. El citado programa tratara de la Agrupación Canaletas-Alhambra, al igual que de mi caso, y el de dos compañeros/as de Granada.
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From: "Peter Cornakovic" <peter.corn@...>
To: "Dads_In_Action@yahoogroups.com" <dads_in_action@yahoogroups.com>; "EPOC
News EPOC" <epoc_news@yahoogroups.com>; <fathers_in_action@yahoogroups.com>
Sent: Wednesday, November 27, 2002 4:00 PM
Subject: [fathers_in_action] The Politics of Fatherhood
The Politics of Fatherhood
Stephen Baskerville, Howard University
Fatherhood is rapidly becoming the number one social policy issue in
America. President Bill Clinton stated in 1995 that "the single biggest
social problem in our society may be the growing absence of fathers from
their children's homes, because it contributes to so many other social
problems." In 1997, Congress created task forces to promote fatherhood, and
in 1998 the governors' and mayors' conferences followed. President George W.
Bush recently unveiled a $315 million dollar package for "responsible
fatherhood." Nonprofit organizations such as the National Fatherhood
Initiative were formed in the mid-1990s. Fatherhood was seen as the most
serious social problem by almost 80% of respondents to a 1996 Gallup poll
(NFI 1996, 1).
Fatherhood advocates insist that the crisis of fatherless children is "the
most destructive trend of our generation" (Blankenhorn 1995, 1). Virtually
every major social pathology has been linked to fatherlessness: violent
crime, drug and alcohol abuse, truancy, teen pregnancy, suicide-all
correlate more strongly to fatherlessness than to any other single factor.
The majority of prisoners, juvenile detention inmates, high school dropouts,
pregnant teenagers, adolescent murderers, and rapists all come from
fatherless homes (Daniels 1998; NFI 1996). The connection is so strong that
controlling for fatherlessness erases the relationships between race and
crime and between low income and crime (Kamarck and Galston 1990).
Yet despite its salience in public policy debates and within psychology,
sociology, and law, fatherhood has received little attention from political
scientists.
This neglect is not a minor omission. Arguably it is what has left the
phenomenon unexplained. For despite a decade of attention, little attempt
has been made to account for where the fatherhood crisis comes from in the
first place. While it doubtless has a number of contributing social and
economic causes that stretch back decades, there is evidence that the
critical dimensions it has assumed in the last decade proceed at least in
part from public policy, and that the problem should be seen less as
sociological or psychological and more as political.
What is neglected is the large governmental machinery that has arisen at the
federal, state, and local levels-and abroad-to address family issues.
Extensive executive-branch agencies administer not only welfare but child
protection, child-support enforcement, and other quasi-police functions. Yet
the linchpin of this machinery is the judiciary: the little-understood
system of family courts, which have arisen during the last 40 years. Like
the fatherhood problem itself, this apparatus is most highly developed in
the Anglophone countries, with the marked political role the common law
tradition bestows upon the judiciary and with their more extensive history
of divorce (Riley 1991). The organization varies, but virtually every state
and democratic country now has special courts and civil service agencies for
family issues (DiFonzo 1997). Fatherlessness and the judicial-bureaucratic
machinery connected with it have grown up together as increasingly worldwide
phenomena.
The conventional wisdom-enunciated by political leaders, media commentators,
and scholars on both left and right-assumes the problem stems from paternal
abandonment. Clinton said the fathers pursued by his administration "have
chosen to abandon their children" (Clinton 1992). David Blankenhorn writes
that "the principal cause of fatherlessness is paternal choice . . . the
rising rate of paternal abandonment" (Blankenhorn 1995, 22-23).
The little work by political scientists perpetuates this assumption.
"Husbands abandon wives and children with no looking back," writes Cynthia
Daniels (1998, 2). "Millions of men walk out on their children," says Robert
Griswold (1998, 19).
Conservatives, who have done most to call attention to fatherlessness, also
accept this explanation. Lionel Tiger writes that men "are abandoning women.
. . . It supplies much of the 50 percent divorce rate. . . . Perhaps this
helps explain the single-mother rate of over 30% of births across the
industrial world" (Tiger 1999, 57-58). Leon Kass blames feminism for "male
liberation-from domestication, from civility, from responsible
self-command."
All this may seem intuitively correct, but is it true? In fact, no
government or academic study has ever shown that large numbers of fathers
are voluntarily abandoning their children.
Moreover, those studies that have addressed the question have arrived at a
rather different conclusion. In the largest federally funded study ever
undertaken on the subject, psychologist Sanford Braver found that the
"deadbeat dad" who walks out on his family and evades child support "does
not exist in significant numbers." Braver found at least two-thirds of
divorces are initiated by women. Moreover, few of these divorces involve
legal grounds, such as desertion, adultery, or violence (Braver 1998). Other
studies have found much higher proportions, with one concluding that "who
gets the children is by far the most important component in deciding who
files for divorce" (Brinig and Allen 2000, 126-27, 129, 158).
The importance of this finding cannot be overestimated. Policymakers clearly
assume the contrary, imposing punitive measures on allegedly dissolute
fathers. "Children should not have to suffer twice for the decisions of
their parents to divorce," Republican Senator Mike DeWine stated in June
1998, "once when they decide to divorce, and again when one of the parents
evades the financial responsibility to care for them."
Cases of unmarried fathers, usually younger and poorer, are more difficult
to document. Yet here too the evidence contrasts with the stereotype. One
study of low-income fathers ages 16-25 found that 63% had only one child;
82% had children by only one mother; 50% had been in a serious relationship
with the mother at the time of pregnancy; only 3% knew the mother of their
child "only a little"; 75% visited their child in the hospital; 70% saw
their children at least once a week; 50% took their child to the doctor and
large percentages reported bathing, feeding, dressing, and playing with
their children; and 85% provided informal child support in the form of cash
or purchased goods such as diapers, clothing, and toys (Wilson 1997). A
study of low-income fathers in England found that "the most common reason
given by the fathers for not having more contact with their children was the
mothers' reluctance to let them. . . . Most of the men were proud to be seen
as competent carers an
d displayed a knowledge of child-care issues" (Speak et al. 1999).
Also challenging the deadbeat stereotype, a Rutgers-Texas study found that
many fathers state governments want to track down for child support are so
destitute that their lives focus on finding the next job, the next meal, or
next night's shelter. "They struggle with irregular, low-wage employment,"
the authors write. "But economically and emotionally marginal as many of
these fathers were, they . . . continue to make contributions to their
children's households and to maintain at least a relationship with those
children" (Edin and Lein 1998).
So if fathers are not abandoning their children in record numbers, why are
so many children without fathers? Some 40% of the nation's children and 60%
of African-American children live in homes where their fathers are not
present (Popenoe 1993).
Part of the answer may be found by examining the governmental institutions
that regulate the relationships between parents and their children. The
first point of contact between most parents and the state is again the
family court and the bureaucratic machinery that surrounds it.
Family courts are a little-studied institution, yet they possess powers
unlike any other governmental body. Unlike other courts, they are usually
closed to the public, generally leave no record of their proceedings, and
keep few statistics on their decisions, so information is difficult to
obtain. In some ways they are closer to administrative agencies than courts;
one prominent judge describes them as a "social service delivery system."
Uniquely, their mandate is not even to administer justice as such but to
determine "the best interest of the child." Because this may involve no
transgression by litigants, family courts would appear to be the only courts
that can summon and impose their orders on citizens accused of no legal
infraction.
Thus while family courts sit lowest in the judicial hierarchy, paradoxically
they are regarded as the most powerful. "The family court is the most
powerful branch of the judiciary," according to Robert Page, presiding judge
of the family part of the Superior Court of New Jersey. By their own
assessment, "The power of family court judges is almost unlimited" (Page
1993, 11).
Perhaps most startling is that by some accounts they claim to be exempt from
the U.S. Constitution. Family courts describe themselves as courts of
"equity" or "chancery" rather than "law," implying they are not necessarily
bound by due process, and the rules of evidence are not as stringent as in
criminal courts. As one father reports being told by the chief investigator
for the administrator of the courts in New Jersey, investigating a complaint
in 1998: "The provisions of the U.S. Constitution do not apply in domestic
relations cases since they are determined in a court of equity rather than
court of law." A connected rule, known as the "domestic relations
exception," prevents federal courts exercising constitutional review over
family law cases.
Family courts handle matters such as divorce, custody, child support, child
protection, domestic violence, and juvenile crime. Their workload is
determined by the existence of these problems, all of which are directly
connected with fatherless homes. Recalling Dickens' observation that "the
one great principle of the law is to make business for itself," it may not
be overly cynical to suggest that family courts and their entourage have
developed a vested interest in separating children from their parents.
Though mothers and parents in intact families can also find their children
confiscated (a trend that seems to be increasing), the process most often
begins with the removal of the father, the weakest link in the family chain
(Mead 1969, 198). The children then become effectively wards of the state,
where they can be seized from their mothers as well, often on accusations of
child abuse (Hewlett and West 1998; Wexler 1990).
Like other state court judges, family court judges are elected or appointed
and promoted by commissions dominated by lawyers and other professionals
(Jacob 1964; Tarr 1999, 61-70). They are political positions, in other
words, answerable to the bar associations who effectively appoint them or
finance their election campaigns and who naturally have an interest in
maximizing the volume of litigation (Corsi 1984, 107-14; Watson and Downing
1969, 98, 336). While family courts, like all courts, complain of being
overburdened, it is clearly in their interest to be overburdened, since
judicial powers and salaries, like any other, are determined by demand.
"Judges and staff work on matters that are emotionally and physically
draining due to the quantity and quality of the disputes presented," Judge
Page explains. "They should be given every consideration for salary and the
other 'perks' or other emoluments of their high office." If the judiciary is
viewed in part as a business, then th
e more satisfied the customers-in this case, the bar associations and
divorcing parents who expect custody-the more customers will be attracted.
"With improved services more persons will come before the court seeking
their availability," writes Judge Page. "As the court does a better job more
persons will be attracted to it as a method of dispute resolution" (Page
1993, 19-20). The more attractive the courts make divorce settlements, the
more their business and the more children will be removed from, in most
cases, their fathers.
One tool at their disposal is restraining orders, which exclude fathers (or
mothers) from their children for months, years, and even life. These orders
are routinely issued during divorce proceedings, usually without any
evidence of wrongdoing. Elaine Epstein, former president of the
Massachusetts Women's Bar Association, has written that restraining orders
are doled out "like candy." "Restraining orders and orders to vacate are
granted to virtually all who apply," and "the facts have become irrelevant,"
she found. "In virtually all cases, no notice, meaningful hearing, or
impartial weighing of evidence is to be had" (Epstein 1993, 1). The
rationale was revealed during a judges' training seminar, when municipal
court judge Richard Russell told his colleagues:
Your job is not to become concerned about the constitutional rights of the
man that you're violating as you grant a restraining order. Throw him out on
the street, give him the clothes on his back, and tell him, see ya around. .
. . We don't have to worry about the rights. (Bleemer 1995, 1)
Professional associations and "revolving doors" connect family courts to
executive branch agencies that handle child protection and child support
enforcement. These agencies likewise can be said to have a interest in
removing children from their fathers. Judges also wield substantial powers
of patronage, whereby lucrative positions "are generally passed out to the
judge's political cronies or to persons who can help his private practice"
(Jacob 1984, 112).
The links connecting these professionals and agencies with the courts can be
glimpsed from those documented cases that cross the line into illegality.
One investigation uncovered a "slush fund" operated by Los Angeles family
court judges into which attorneys and other "court-appointed professionals"
contributed. The professionals included court monitors, who received up to
$240 a day to watch fathers accused of spousal or child abuse while they are
with their children, raising the question of whether the payments resulted
not simply in certain individuals receiving appointments in preference to
others but in the function itself being created in the first place (O'Meara
1999). What appears to be involved is not simply individual bribery to favor
particular individuals or cases but a kind of systemic, institutional
bribery leading to innocent fathers being monitored. This fund may be
exceptional, in that it was exposed. But it may be exceptional only in
degree, given that court o
fficials have more subtle methods of rewarding judges who send business
their way.
Such connections extend to the legislative branch, where the available
documentation relates mostly to criminal cases, which may nevertheless
constitute the tip of a larger, quasi-legal iceberg. In March 2000 four
Arkansas legislators, including the most powerful member of the Arkansas
Senate, were convicted on federal charges of racketeering for taking
kickbacks and arranging government contracts for personal benefit, mostly
connected with child custody and child support. One scheme ostensibly
provided legal counsel to children, a practice that extends the patronage of
judges by bringing in additional attorneys, often at litigants' expense
though in this case with state funds voted for by lawmakers. Columnist John
Brummett of the Arkansas Democrat-Gazette wrote on April 29, 1999, that "no
child was served by that $3 million scam to set up a program ostensibly
providing legal representation to children in custody cases, but actually
providing a gravy train to selected legislato
rs and pals who were rushing around to set up corporations and send big
checks to each other." The program "not only sailed through the legislature
without extended comment or eligibility restriction," as is often the case
with legislation promoted for children, "but got its insider contracts
expeditiously approved at the Arkansas Supreme Court." The offense for which
the senators were indicted was not the diverting of contracts to their own
firms-which is apparently considered legal-but receiving personal kickbacks
and the cover-up. The underlying point here is that such opportunities only
become available once children are removed from their parents.
The largest component of government fatherhood policies is child-support
enforcement. Here too the courts, civil services agencies, and private firms
have a stake in separating children from their fathers.
Nearly 60,000 agents now enforce child support throughout the United States,
about 13 times the number in the Drug Enforcement Administration worldwide.
This does not include the rapidly growing number of private enforcement
companies. Though theoretically part of the executive branch, public
agencies maintain close relationships with family courts. David Gray Ross,
head of the federal Office of Child Support Enforcement (OCSE) in the
Clinton administration, began his career as a family court judge before
moving on to higher courts and a stint in a state legislature. "He was
honored as 'Judge of the Year of America' by the National Reciprocal Family
Support Enforcement Association in 1983 and as 'Family Court Judge of the
Nation' by the National Child Support Enforcement Association [NCSEA] in
1989" . That these groups bestow honors upon judges (and a federal
government web site would boast about it) indicates their financial interest
in family court decisions, primarily the on
e removing children from their fathers that sets the process in motion and
then the punitive child-support award that necessitates their services.
NCSEA's Internet site lists its members as "state and local agencies,
judges, court masters, hearing officers, district attorneys, government and
private attorneys, social workers, caseworkers, advocates, and other child
support professionals," as well as "corporations that partner with
government to enforce child support" . In other words, it includes officials
from at least two branches of government plus the private sector, who all
have a financial interest in having children separated from their fathers.
Setting child support levels is likewise a political process dominated
largely by collection personnel. About half the states use guidelines
devised by courts and executive-branch enforcement agencies that interpret
and enforce them (Morgan 1998, table 1-2). Such legislating by courts and
enforcement agencies raises questions about the separation of powers and
thus the constitutionality of the process. The method of formulating child
support guidelines, according to a Georgia district attorney, "violates both
substantive due process and equal protection guarantees of the Constitutions
of the United States and the State of Georgia" (Akins 2000).
The review process is likewise controlled largely by enforcement personnel.
Virginia completed its review in 1999 with a commission consisting of one
part-time member representing fathers and 11 full-time lawyers, judges,
child-support enforcement agents, and representatives of other organizations
who have a vested interest in both removing children from their fathers and
making the fathers' support obligations as burdensome as possible (Koplen
1999). Georgia commissions have comprised "individuals who are unqualified
to assess the economic validity of the guidelines, or who arguably have an
interest in maintaining the status quo, or both," Williams Akins writes. Of
the 11 members in 1998, "Two were members of the judiciary, two represented
custodial parent advocacy groups, four were either present or former child
support enforcement personnel and two were state legislators" (Akins 2000).
These ethical conflicts extend to the private sector, where an obvious
financial interest exists in creating fatherless children. Child-support
enforcement is now a multi-billion dollar enterprise, with claimed
arrearages of up to $68 billion and growing (HHS 2001). Privatization has
created a large industry of firms with a stake in pursuing parents, such as
Policy Studies Incorporated (PSI), SupportKids, and Lockheed Martin IMS.
These firms are also involved in setting the levels of what they collect and
so can create the very delinquents on which their business depends. From
1983 to 1990, Robert Williams, now president of PSI, was a paid consultant
with the Department of Health and Human Services (HHS), where he helped
establish uniform guidelines for the states with a grant from the National
Center for State Courts. During this time, a federally driven approach led
to significantly increased obligations. When the Family Support Act of 1988
required states to implement child-support guidelines (and gave them only a
few months of legislative time to do so or lose millions in federal funds),
most opted for Williams' guidelines, the model being devised by the agency
overlooking the program (Akins 2000; Rogers and Bieniewicz 2000).
One year after joining HHS, and the same year the federal guidelines were
created, Williams started PSI, which targeted privatization opportunities
with those he had consulted. In 1996, his company had the greatest number of
child-support-enforcement contracts of any of the private companies that
held state contracts (Johnston 1999). Company promotional literature reports
that PSI operates 31 privatized service locations in 15 states. The Denver
Business Journal reported on 27 June 1997, that PSI had grown "by leaps and
bounds because of the national crackdown on 'deadbeat dads,'" even before
welfare reform legislation took effect, by which the company "stands to
profit even more."
More significant than the profiteering is the level of obligation. PSI has a
vested interest not only in making the child-support levels as high as
possible to increase its absolute collection, but also in making them so
high that they create arrearages and "delinquents." Only by creating a level
of obligation high enough to create hardship, can the guidelines create a
large enough pool of defaulters to ensure demand for collection services.
Like his public sector counterparts, Williams's business depends on creating
as many deadbeat dads as possible.
Williams's model sharply raised obligations and has been widely criticized.
Economist Mark Rogers has charged that it resulted in "excessive burdens"
based on a "flawed economic foundation." Williams himself has stated, "There
is no consensus among economists on the most valid theoretical model to use
in deriving estimates of child-rearing expenditures," and, "Use of
alternative models yields widely divergent estimates of the percentages of
parental income or consumption allocated to the children." Donald
Bieniewicz, member of an advisory panel to OCSE, comments: "This is a
shocking vote of 'no confidence' in the . . . guideline by its author"
(Bieniewicz 1999, 2; Rogers 1999; Williams 1994, 104-105). Yet on the basis
of this guideline, parents are being arrested and jailed, usually without
trial.
The politics of fatherhood is difficult to classify according to existing
political vocabularies. It possesses similarities to a patronage machine,
wherein judgeships themselves are distributed (Glick 1978, 510). The judge
in turn sits at the center of a distribution system where he or she is in a
position to reward friends and punish enemies. Yet the patronage wielded in
family court appears to be less partisan and more pecuniary (cp. Ashman
1973, 242; Jacob 1984, 112; Stumpf and Culver 1992, 49). The judge who sits
at the center of the machine is not necessarily in command of it, and a
judge who fails to see to the interests of the attorneys and other
professionals can be punished when the time comes for reappointment and
promotion.
What is unprecedented is the commodity in contention. Children serve as the
tool or even weapon in disputes among contending parties, not only parents
but government officials. Control of children brings control over adults and
confers power and financial rewards on those who can successfully claim to
be acting in the children's interest (Brinig and Allen 2000, 133, 156). The
politics of fatherhood may thus be seen as part of a larger politics of
children which is only beginning to receive scrutiny (Hewlett and West 1998;
Mack 1997; MacLeod 1997). An extensive literature already examines family
politics and lays the groundwork for political scientists to go further in
understanding the developing role of the state in family relationships
(Binion 1991; Dewar 2000; Elshtain 1989; Houlgate 1998; Okin 1991). What
must now be explored is what happens when specific state institutions step
in to assume control over children and, in the name of their well-being or
that of the larger so
ciety, regulate their relationships with their parents. Notes
1. Government fatherhood programs exist in Canada, Britain, Australia, and
New Zealand. In June 1997 the German magazine Der Spiegel ran a cover story
on "The Fatherless Society." The problem is increasing in countries with
such traditional family morality as Japan and India (e.g., Bhadra Sinha, "No
Time For Each Other," The Times of India, 3 December 2000). References
Akins, William C. 2000. "Why Georgia's Child Support Guidelines Are
Unconstitutional," Georgia Bar Journal 6 (October).
Ashman, Charles R. 1973. The Finest Judges Money Can Buy. Los Angeles: Nash
Publishing.
Bieniewicz, Donald J. 1999. "Improving State Child Support Guidelines."
Testimony to the Virginia Child Support Quadrennial Review Panel, Richmond.
Binion, Gayle. 1991. "On Women, Marriage, Family, and the Traditions of
Political Thought," Law and Society Review 25 (2).
Blankenhorn, David. 1995. Fatherless America: Confronting Our Most Urgent
Social Problem. New York: Basic Books.
Bleemer, Russ. 1995. "N.J. Judges Told to Ignore Rights in Abuse TROs," New
Jersey Law Journal 140 (24 April).
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Subject: [fathers_in_action] ASSISTANCE REQUESTED: ERIN PIZZEY RE: "BERMUDA: ROYAL GAZETTE: "Bermuda's two-parent challenge": Senator Anne Cools and Erin Pizzey..."
-----Original Message----- From: Erin Pizzey [mailto:pizzey@...] Sent: Sunday, November 24, 2002 5:51 AM To:freedomforkids-owner@yahoogroups.com Subject: Re: [freedomforkids] BERMUDA: ROYAL GAZETTE: "Bermuda's two-parent challenge": Senator Anne Cools and Erin Pizzey...
Just back the whole tour was such a wild success that I was asked to stay longer. Ann had to get back to the Senate. I was so thrilled by the reception by the government who are seriously going to make changes in the legislation and tackle the women who refuse access to the children. Can anyone fill me in on the 'three strikes and you're out? I know somewhere in the USA they are saying that if a woman refuses access more than three times the residency goes to the father and this would be a perfect solution for Bermuda and the Minister for Health and Social Services is really keen to hear about the details of how it works. Help anyone?
Bermuda was last night warned to take hold of the growing problem of absent dads on the Island 'before family life and civilisation is destroyed'.
At a public forum organised by family group Child Watch, overseas experts said society as a whole had to take the blame when parents became estranged from their children, and said men were not solely responsible for becoming detached in many cases.
Canadian Senator Anne Cools and British author Erin Pizzey, who have both worked with domestic violence and family mediation over a combined 60 years, said globally, the judicial system, legal fraternities and care workers had to change their mindsets, and legislation, to bring equality to both men and women.
They said it was often too easy to say that a child was fatherless because the dad had chosen to no longer be around, but said quite often men were forced or pushed away by court systems and mothers that worked in tandem. Ms Pizzey (see story, Page 7), who opened the world's first domestic violence shelter in the early 70s, said she had faced death threats and violence for many years because she did not follow feminists in claiming that men were to blame.
But she said women were as equally capable of violence as men, and said of the first 100 people she accepted into her shelter, 62 of them were worse or as bad as their male abusers.
She also warned of the lies some women told in order to remove the father from the lives of their children.
"Domestic violence is a fast track to divorce for many women," said Ms Pizzey.
"If that does not work fast enough, we accuse him of sexual molestation. And, if that does not work, here (in Bermuda) we take the children off the Island.
"The family is the cornerstone of any civilisation. If we destroy the family, we destroy civilisation.
"I have a feeling that in time we will move human relationships out of the court system because the court system is not designed to deal (with them)
"We need to start in schools teaching relationships – teaching boys and girls how to relate to each other.
"Never in the history of this world have men been so hated and despised."
A panel of 18 people, including the guest speakers from overseas, gathered before an audience of about 100 people at the Fairmont Hamilton Princess Hotel last night.
The forum had been designed to raise awareness about the ever-growing number of absent dads, many of who claim they have been forced away by the mothers of their children and an unfair court system.
Among the panellists was Health Minister Nelson Bascome, Police Inspector Tracy Adams, Justice Norma Wade-Miller, representatives from Social Services, the Family Learning Centre, The Women's Resource Centre, a reverend, Government and Opposition MPs, and men's groups.
The general consensus was that mediation should be forced on splitting couples who are fighting over the custody of their children to ensure an unbiased fair outcome, and everyone agreed that two parents were needed to raise children. Sen. Cools said she had heard a number of the organisations set up to deal with family and abuse victims claim last night that the majority of their clients were single women with children.
But she said: "It's time for us as legislators and policy-makers to delve deeply into why so many of these men have been shut out.
"Men are not looked upon with favour in many of the courts. What is going on in the land of the courts is scary."
And she said she believed judges "pummelled" the law to mean what ever they wanted it to mean that day, and said she was an advocate for shared parenting, where each parent played an equal role in their child's life.
She said, in Canada, if a father failed to pay child support, he would be treated harshly by the courts, having his driving licence and passport withheld, and possibly even going to jail.
But she said: "The fact of the matter is there is very little consequences to women" (who breach custody orders by refusing to allow fathers access to their children).
"There are very few instances where women have been held in contempt." Government backbencher Arthur Hodgson, who has sat as a panellist in Family Court, said mothers in breach of court orders on the Island were breaking the law and therefore were treated as such by the courts.
But members of the audience disagreed, as did Sen. Cools.
And Justice Wade-Miller responded by saying: "In Bermuda we don't have these type of sanctions, but I do believe there should be parity."
And she said that some time ago a judge did order equal parenting, where the child spent equal time with each parent, and the order was overturned by the Appeals Court, which claimed the order had been made in the best interests of the parent and not the child.
As a result of that, she said it possibly would not be ordered again quickly.
But Sen. Cools said: "This is a Parliament problem."
The Senator said she often heard the term "deadbeat dad", but instead liked to use the term deadbolt dads and dead broke dads, as often they were left disillusioned and penniless.
Not only did she claim that the courts viewed dads unfairly when handing out access rights, but said too often they demanded too much financially of the fathers, and too little of the women.
This created even bigger social issues, she said.
Minister Bascome said the Children's Act reforms would go a long way to bringing dads back on board, and said the issue was still up for discussion among interested parties.
He said: "We are not disillusioned so as to think this is strictly a legal issue.
"The family in Bermuda faces many challenges today. The educational institutions are overwhelmed with some of the social problems rooted in our homes.
"As a community we have a responsibility to ensure the health and well-being of our families."
Well, sure, it is impossible to live without pre-judice. I have lived in a series of different countries, I speak six languages, but I fully admit: I have preferences. I.e. I clearly discriminate. This goes for food, for literature, languages, holiday-countries, ect ect Not to discriminate at the end come down to not to distinguish, not to have an opinion, not to have a personal taste. Just be a number, equal to anyone else, and say yes to anything the "PC" dictators dictate. .
mjh ----- Original Message ----- From: Peter Cornakovic <peter.corn@...> To: Dads_In_Action@yahoogroups.com <dads_in_action@yahoogroups.com>; EPOC News EPOC <epoc_news@yahoogroups.com>; <fathers_in_action@yahoogroups.com> Sent: Wednesday, November 27, 2002 4:45 PM Subject: [fathers_in_action] Non-politically correct thinking
Enviando un mensaje con encabezado "PASAR" a democraciadirecta@... para que un servidor automático lo re-envíe a la lista de 548 emails de representantes y líderes de opinión.
Direcciones, telefonos y direcciones de e mail de los Honorables del Senado verna@... VERNA , CARLOS ALBERTO Virrey Loreto 1955 T 4780-2343
alopez@... LÓPEZ , ALCIDES V Gomez 2961 T 4865-6248
altuna@... ALTUNA, JUAN CARLOS Pena 3064 T 4805-5141
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corach@... CORACH, CARLOS VLADIMIRO Av Belgrano 687 T 4331-0631/1615
Es inminente el tratamiento por el Senado de la Nación, a instancias de Hilda “Chiche” Duhalde, del proyecto de ley de Protección Integral del Niño/a y Adolescente. Otros proyectos de ley inicuos de posible tratamiento, tendientes a avasallar la vida humana y demoler la familia, pueden consultarse en Cristo Hoy del 21 de noviembre 2002.
En las últimas semanas, a la vez que se desarrollaba la campaña para la sanción de la ley de Salud Sexual (salud reproductiva-aborto encubierto), diversos grupos, organizaciones y personas presionaron al Senado para sancionar este proyecto. Entre ellos destacan: la UNICEF; las organizaciones que componen el Foro de los Derechos Reproductivos; la Fundación Niños Unidos, de Gabriela Arias Uriburu; instituciones del Foro del Sector Social; el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas, activo promotor de la llamada Mesa del Diálogo; y Norberto Liwski, Presidente del Consejo Nacional de Minoridad, Adolescencia y Familia, que pretende ser elegido miembro del Comité de Seguimiento de la ONU de la Convención de Derechos del Niño.
El proyecto, como hemos informado reiteradamente:
a) No reconoce la existencia del niño desde la concepción.
b) Instituye los llamados “derechos reproductivos y sexuales” de los niños desde los 12 años, dejándolos a merced de las políticas de salud reproductiva ejecutadas por el Estado.
c) Invierte el papel natural de la familia y el Estado, asumiendo este último el control, en todos los ámbitos, de los niños y adolescentes, como ocurre y ocurrió en los regímenes totalitarios.
En la sesión de la Cámara de Senadores del 21 de noviembre, estuvo a punto de tratarse sobre tablas.
Asociaciones pro-vida y diversas instituciones y personas, incluidos representantes del poder judicial, hicieron, durante este año, centenares de presentaciones contrarias al proyecto, pero para el Presidente del Senado, Juan Carlos Maqueda, sólo parecen existir los pedidos a favor de la ley de las organizaciones de la “cultura de la muerte” antes nombradas.
Es imprescindible, que todos aquellos que hicieron presentaciones contrarias al proyecto, vuelvan a remitirlas al presidente del Senado, y, al menos, a la Comisión de Legislación General, con una nota que diga: “Reiteramos la presentación hecha en fecha XX, por nuestra asociación e insistimos en el rechazo del Proyecto de ley de Protección Integral del Niño/a y Adolescente (CD-121-01; DAE 119/01)”.
La reiteración debe ser hecha por fax, antes del miércoles 27 de noviembre. Sugerimos llamar por teléfono y solicitar señal de fax.
Presidencia del Senado 4379-5858; Internos: 5858/59
Comisión de Legislación General: 4959-3000 Internos: 2140 al 2142
Presidencia de la Comisión de Legislación General (Senadora Negre): 4379-5896; 4379-5822
RUEDA DE ENLACE DE ONG’s
_________________________________________________
NOTIVIDA, Año II, nº 110, 24 de Noviembre de 2002
Editor Pbro. Juan C. Sanahuja, (54-11) 4813-5320; 4811-1678
Se les
llama Spyware a aquellos programas que sin avisarle, monitorean las acciones
de su computadora en Internet.
Esta práctica es muy mal vista, y más cuando se hace en forma clandestina y
sin dar mayores datos de que tipo de información o que uso se le dará a la
misma, es sin dudas una invacion a la privacidad.
SpywareBlaster impide que el spyware se instale en su sistema. Funciona
habilitando el llamado "kill bit" en los identificadores de clase
del registro (CLSIDs), relacionados con los controles ActiveX que dichos
programas deben instalar para cumplir con su cometido.Esta utilidad esta
disponible en nuesta pagina y la puede descargar en forma gratuita. Ingenieria en Sistemas www.ingenieria.eltalar.net.ar
NO hay consenso en las cifras referidas a la violencia doméstica, pues mientras el Gobierno señala que este año han muerto 44 mujeres por esta causa en España, la Federación de Mujeres Progresistas sitúa en 70 el número total de víctimas. Pero, sea cual sea la realidad, es incuestionable que el problema es igualmente dramático. Basta comparar cualquiera de ambas cifras con las ocasionadas por otras causas de muerte violenta (el terrorismo, sin ir más lejos) para constatar el doble rasero con el que frecuentemente nos situamos ante los distintos móviles de los criminales. Si el terrorismo merece, con toda justicia, la más amplia repercusión y condena internacional, la violencia de los hombres sobre las mujeres goza aún de espacios sociales y culturales de indiferencia y pasividad.
El triste fenómeno no es exclusivo de nuestro país. Ayer se celebraba el día internacional Contra la Violencia a las Mujeres, en lo que quiso ser una llamada ampliamente extendida contra las leyes permisivas y los hábitos sociales que posibilitan, cuando no alimentan, el uso de la violencia del más fuerte sobre la más débil. En Alemania, donde se aplica una dura legislación que castiga la violencia de género, se exhortaba ayer a los gobiernos de todo el mundo para que las medidas punitivas y de prevención tengan dimensiones equiparables a la lucha contra el terrorismo. El terror en casa, la amenaza y la violencia doméstica se focalizan sobre cada una de las víctimas concretas, sea cual sea su condición social y su circunstancia, pero el efecto global son esas cifras tremendas, que nos demuestran que las educadas y civilizadas sociedades occidentales están muy lejos de ser lo que pretenden.
Subject: [Mujeresred-violencia] Los padres que infrinjan maltrato perderán la custodia de sus hijos
> > > > > Los padres que infrinjan maltrato perderán la custodia de sus hijos > El ministro de Justicia anuncia cinco nuevas medidas contra los agresores. > Condecora a Agustín Antuña con la Gran Cruz de San Raimundo > B. MENÉNDEZ CAMPA/OVIEDO > > > > > > Los maltratadores perderán automáticamente la tutela, guardia, custodia y > potestad de los menores a su cargo. Esta fue una de las cinco medidas > anunciadas ayer en Oviedo por el ministro de Justicia, José María Michavila, > con objeto apoyar y proteger a las víctimas de la violencia de género. > > El ministro, que ayer se encontraba en la capital asturiana para condecorar > al abogado Agustín José Antuña con la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo > de Peñafort, mostró su interés por consensuar con el resto de los grupos > políticos esta batería de medidas. > > Coincidiendo con el Día Internacional contra la Violencia Doméstica, > Michavila explicó que dichas propuestas significan la reforma del artículo > 40 del Código Penal, con objeto de hacer más efectiva la pena de > alejamiento, y la del artículo 57, para hacerla simultánea en el tiempo a la > de ingreso en prisión. > > Asimismo, el Ministerio de Justicia pretende la modificación de la Ley de > Enjuiciamiento Criminal para acelerar el ingreso en prisión de los > condenados, que la reincidencia suponga un agravante y establecer que quien > quiebre la orden de alejamiento vaya a la cárcel de forma inmediata. > > Evitar la segunda agresión > > Con estas medidas, se busca, en palabras del ministro, «ser más eficaz en la > protección de las víctimas y que no se produzca en ningún caso una segunda > agresión». > > Por otra parte, subrayó que es la primera vez en la historia de la Justicia > en Asturias que se resuelven tantos asuntos como entran en los juzgados de > la región, y añadió que incluso en dos ámbitos especialmente sensibles para > los ciudadanos, como el civil y el penal, más de los que entran. > > En este sentido, destacó que en el ámbito civil entraron 26.182 asuntos y se > han resuelto 28.125, y que en penal fueron resueltos 88.000 casos frente a > los 86.500 presentados. Michavila achacó esta mejoría al hecho de que desde > 1997 se han triplicado los órganos judiciales y se ha profesionalizado la > plana judicial > > > http://www.elcomercio-sa.es/edicion/prensa/noticias/Asturias/200211/26/GIJ-AST-018.html > > > > _______________________________________________ > Mujeresred-violencia mailing list > Mujeresred-violencia@... > http://seisdedos.nodo50.org/cgi-bin/mailman/listinfo/mujeresred-violencia
Se les llama Spyware a aquellos programas
que sin avisarle, monitorean las acciones de su computadora en Internet.
Esta práctica es muy mal vista, y más cuando se hace en forma clandestina y
sin dar mayores datos de que tipo de información o que uso se le dará a la
misma, es sin dudas una invacion a la privacidad.
SpywareBlaster impide que el spyware se instale en su sistema. Funciona
habilitando el llamado "kill bit" en los identificadores de clase
del registro (CLSIDs), relacionados con los controles ActiveX que dichos
programas deben instalar para cumplir con su cometido.Esta utilidad esta
disponible en nuesta pagina y la puede descargar en forma gratuita. Ingenieria en Sistemas www.ingenieria.eltalar.net.ar
Sent: Wednesday, November 27, 2002 12:49 PM
Subject: [EVPP] 368 - Nadie va a defenderlos !
Nadie más que Ud. puede defender sus derechos!
Una vez más, el Congreso está por aprobar una ley que atenta contra los
derechos de todos los Argentinos:
a) DERECHO A LA VIDA de todo ñiño por nacer
b) DERECHO A EDUCAR A NUESTROS HIJOS con nuestros valores sin ser
contradecidos por un Estado que quiere imponer su moral.
Por eso lo invitamos a hacer valer su opinión:
1. Forwardeando este mensaje a sus amigos
2. Enviando un email a Duhalde pidiendo que vete la futura ley de salud
reproductiva y de Protección Integral del Niño/a y Adolescente a
presidente@...
3. Llamando por teléfono o enviando el fax adjunto (es lo más efectivo)
antes del 28-Nov-02
4. Enviando un mensaje con encabezado "PASAR" a
democraciadirecta@... para que un servidor automático lo
re-envíe a la lista de 548 emails de representantes y líderes de opinión.
5. Enviando una carta o un telefonograma llamando al 4891- 9000 o desde
(fuera de BsAs ver http://www.correoargentino.com.ar/telecomu/mapat.htm) por
$8.15 las 20 palabras dirigido a Presidente de la Nación, Balcarce 50,
Capital Federal, diciendo: "Favor de vetar la Ley de Protección Integral del
Niño/a y Adolescente, por ser totalitaria y pro-aborto"
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2002
Sres. Comisión de Legislación General
Fax: 4959-3000 Internos: 2140 al 2142
Reiteramos las presentaciones realizadas anteriormente por varias
asociaciones pro familia y pro vida e insistimos en el rechazo del Proyecto
de ley de Protección Integral del Niño/a y Adolescente (CD-121-01; DAE
119/01)".
El proyecto, como se ha informado reiteradamente:
a) No reconoce la existencia del niño desde la concepción.
b) Instituye los llamados "derechos reproductivos y sexuales" de los niños
desde los 12 años, dejándolos a merced de las políticas de salud
reproductiva ejecutadas por el Estado.
c) Invierte el papel natural de la familia y el Estado, asumiendo este
último el control, en todos los ámbitos, de los niños y adolescentes, como
ocurre y ocurrió en los regímenes totalitarios.
En caso de no modificar el proyecto,
solicitamos un REFERENDUM.
Este referendum podría sumarse a las próximas elecciones del 2003,
incentivando mayor participación popular, menor abstencionismo y menor voto
en blanco.
Saludos,
Nombre:
DNI:
Email:
W32/Seoul.
Si detecta un antivirus, borra todo su disco
Nombre: W32/Seoul Tipo: Virus y Caballo de Troya Alias: Seoul, Trojan/Worm.Seoul,
Trojan.Seoul/Win32.HLLM.Seoul, Troj/Seoul Origen: Corea Fecha: 22/nov/02 Plataforma: Windows 32-bits Detectado por primera vez en Corea el 22 de noviembre de 2002
y reportado por DialogueScience, Inc. (antivirus Dr. Web), fue catalogado por
la compañía como de alta peligrosidad
El código del virus tiene una mención a su origen (Republic of Korea), y una
dedicación a AVAR (Association of anti Virus Asia Researchers), una
organización que reúne a los desarrolladores de antivirus del continente
asiático.
Se trata de un virus multi-componente, algunas de cuyas partes están encriptados. Cuando se activa, el virus examina la
memoria en busca de herramientas de análisis (Debug, etc.), monitoreo,
cortafuegos y antivirus, y si encuentra alguno, "mata" sus procesos
activos, finalizando su ejecución.
Luego muestra una ventana con el siguiente mensaje: What foolish thing you've done
Esta advertencia (algo así como "Que tontería ha hecho usted"), es
el preludio al borrado de todos los archivos del sistema en el disco duro,
preservando solo las diferentes carpetas y los archivos que estén en uso en
ese momento. De cualquier modo esto ocasiona la caída de Windows, y su
imposibilidad de reinicio por los métodos normales.
Se recomienda extremar las precauciones con adjuntos no solicitados , y
mantener actualizadas las soluciones antivirus de su equipo.
Estos son los nombres de los adjuntos con los que llega , si no son
ejecutados no se corre riesgo. WIN2290.TXT (12.6
KB) MUSIC_1.HTM
WIN2290.GIF (120 bytes) MUSIC_2.CEO Ingenieria en Sistemas www.ingenieria.eltalar.net.ar
Hace algunas semanas Antonio Pino me invitó amablemente a realizar una contribución a vuestra asociación. Nuestro contacto comenzó, o casi, como no podía ser de otro modo, a raíz de un conflicto familiar. Yo más bien diría que se trataba de una disputa familiar, y supongo que esto he de aclararlo para que no parezca un pretencioso juego de palabras. La disputa es la cara visible del conflicto. El conflicto es algo más profundo. Algo que casi nunca emerge porque no se lo permitimos. El conflicto, tan denostado en nuestra sociedad, es irremediable, es un componente básico del cambio social. Hubo tiempos en que la Sociología era la ciencia del consenso social. Y por eso era tan pobre. Al introducir el conflicto como elemento consustancial de análisis de la realidad se enriqueció notablemente. La disputa, decía, es la cara visible del conflicto. Pero es en manejar esa apariencia, esa cara visible, en lo que dedicamos tiempo, dinero, esfuerzo y sufrimiento. Rara vez somos radicales. Radical, en su sentido etimológico, es ir a la raíz de las cosas. Pero casi siempre nos quedamos en la superficie, donde habitualmente se mueven los más débiles, los más visibles, los que no disponen de refugios donde ocultarse mientras escampa el temporal.
Por la naturaleza de la publicación en la que recogéis vuestras inquietudes no quiero entrar en una disquisición académica sobre la Mediación Familiar. Ya veis que escribo con mayúscula los dos términos de la expresión. Y no es casualidad. Mediación en mayúsculas porque, más que un procedimiento, más que una intervención, más que una técnica, es un movimiento social. Un nuevo movimiento social que tiene como pilar básico la creencia profunda en que las personas somos capaces de manejar nuestros conflictos de forma pacífica. Siempre, claro, que se nos dé la oportunidad de hacerlo. Familiar con mayúscula, no porque se reivindique desde este movimiento preeminencia alguna para la familia como institución. Es solo que se reconoce el fundamental papel que juega en nuestra sociedad y porque se entiende que no adopta una única forma. Sería más correcto hablar de familias que de familia.
Hay, como en cualquier actividad o campo de conocimiento, montones de definiciones. Como suele decirse de otras áreas, tantas definiciones como personas mediadoras. El origen académico de las personas que a esto nos dedicamos no es único. Y muchas creemos que no debería serlo. La Mediación tiene tanto de arte como de ciencia. No se ajusta a recetas. Solo se le exige que sea autocrítica con su propia práctica. Que sea reflexiva. Que esté abierta al cambio.
De todas las definiciones que en un momento u otro he leído u oído sobre la Mediación Familiar la que más me ha gustado sin duda es la de Lenard Marlow, un conocido mediador familiar norteamericano que viene a decir que es un procedimiento imperfecto, realizado por una persona imperfecta, que ayuda a dos personas imperfectas, a alcanzar un acuerdo imperfecto, en un mundo imperfecto. La imperfección es la característica dominante de la Mediación. Y su mayor atractivo.
Por eso de que hay tantas mediaciones como personas mediadoras habrá quien cuestione este principio básico que yo asumo como precondición del “éxito” de las mediaciones. Su progresiva regulación, su institucionalización sin duda la convertirán en otro procedimiento estandarizado, aplicado de modo irreflexivo y acrítico, como una forma más de ganarse la vida. El día en que sea solo profesión habrá perdido su potencial. Pero es tan reciente entre nosotros que los apasionados con ella todavía nos la creemos. Aún creemos en sus potencialidades, que no son otras que las de las personas que participan en un proceso mediador.
En Mediación Familiar, pese a lo que se afirme sobre su supuesta neutralidad, hay preconcepciones, hay valores, hay creencias, hay prejuicios. Cómo, me pregunto, va a mediar del mismo modo un cristiano que un ateo. Hace tiempo que no nos creemos que todos los jueces juzguen del mismo modo ante “idénticas” circunstancias. Nunca son las circunstancias idénticas, aunque la Justicia haga como que lo son. La valencia personal de cada uno está implícita en cada una de sus decisiones. A las personas que mediamos nos pasa igual. Por eso no siempre utilizamos los mismos procedimientos, ni en el mismo orden, ni bajo los mismos supuestos, ni con los mismos fines.
Pero el mayor logro de la Mediación es, a mi entender, que se pone a sí misma entre paréntesis de modo permanente. Las personas somos machistas, o feministas o hembristas. O somos una u otra cosa en función de las circunstancias. Más que “ser” de algún modo, “estamos” de algún modo. La Mediación no es ni machista, ni feminista, ni hembrista. O intenta no serlo. El único requisito básico para mediar es que las personas en conflicto decidan voluntariamente hacerlo. Y decidan hacerlo sin agredirse, sin intentar hundir al otro. Con el compromiso de escuchar activamente lo que la otra persona tiene que contarnos. Y eso vale para todas las partes que forman parte de una mediación; mediador incluido, naturalmente.
La Mediación Familiar no juzga, ni sanciona, ni impone soluciones estadandarizadas. Ni siquiera hace recomendaciones o sugerencias, ni da consejos. Si dos personas fueron libres para unirse han de serlo para dejar de estar juntas. Y aquí, idealmente, nadie más que las propias partes debería tomar decisiones. Son ellas las que van a vivir con un acuerdo. Son ellas las que deben parirlo. Todos y todas estamos cansados de ver criaturas con malformaciones que la Justicia está acostumbrada a parir. Pese a sus buenas intenciones en la mayoría de los casos. La Justicia es rígida. Se basa en la jurisprudencia y el conocimiento supuestamente experto. Se dice ciega, pero no se comporta como las personas ciegas, que adaptan su paso y su caminar a la naturaleza del terreno. La Justicia parece no conocer más que un tipo de territorio. Sobre él ha diseñado un mapa inamovible. Ha terminado confundiendo el uno con el otro. La Justicia, que debería ser un servicio público, ha devenido un Poder. Y de ahí su rotundo fracaso.
En Mediación Familiar no nos importa si la gente está unida por vínculo matrimonial, canónico o de hecho. No creemos que “familia” sea solamente esa institución compuesta por un padre y una madre unidos por vínculo matrimonial y sus hijos e hijas. Son familias las nucleares, las extensas, las reconstituidas, las monoparentales, las que se establecen entre personas del mismo sexo, las que tienen hijos e hijas, las que no… Familia es, en Mediación Familiar, al menos en la concepción que yo tengo de la misma, el resultado de la unión voluntaria de personas que han decidido compartir un proyecto de vida. Pero no por tiempo indefinido. O sí. Eso dependerá de cada familia, no de lo que determinen terceros ajenos a ella.
La Mediación Familiar es, en fin, la relación que se establece entre dos o más personas que viven un conflicto y que quieren resolverlo sin agredirse, sin pretensiones de “ganar” una batalla, y una tercera persona, o varias, que ayudan a esas otras a construir puentes de comunicación, para que, por sí mismas, lleguen a tomar las decisiones que les permitirán reorganizar sus vidas en el futuro sin cargar con estigmas y sin hacer de la ruptura una cruzada de por vida. Cuando hay hijos e hijas se convierten, aunque normalmente no asistan, en el centro de la Mediación. No porque no cuenten las partes, sino porque, habitualmente, esa es también la preocupación máxima de las mismas. Aunque sabemos lo habitual que es utilizar a los menores como armas arrojadizas. La Mediación Familiar considera que la familia no se rompe tras la ruptura. No al menos cuando hay hijos e hijas. Se puede recuperar el estado civil, pero nunca se dejará de ser padre o madre. Aunque mejor debiéramos decir padre-y-madre, porque conservar la relación, aunque de otro tipo, parece más que necesario para esos menores que durante un tiempo los han visto a ambos como uno solo. Y si durante un tiempo estos papeles se jugaron al unísono, tras la ruptura también deberían funcionar así, aunque este interjuego adopte otras reglas o cambie el terreno de juego.
A quién va dirigida la Mediación Familiar
La Mediación Familiar, en su acepción más restringida, está dirigida a las personas unidas en pareja que han decidido poner fin a su relación pero deben seguir relacionándose por una u otra razón; habitualmente, los hijos e hijas. Parte de la idea, como decía antes, de que la pareja se rompe, pero no la familia. Considera que, sobre todo, la ruptura, como la unión, son procesos que implican emociones, por lo que no puede tratársela solo como la disolución de un contrato. Considera que no hay una verdad universal aplicable a todas las parejas. Cada pareja vive su verdad. Por eso es responsabilidad de ella buscar sus propias soluciones a los problemas, sin dejar que terceras personas ajenas al conflicto decidan por ellas. Más que con derechos, se trabaja con necesidades e intereses. Más que decisiones “justas” se trabaja con opciones y alternativas personalizadas.
Una versión más amplia contempla que la familia es un sistema, en el que además de los miembros de la pareja y sus hijos e hijas, cuando los hay, forman parte del mismo otras personas que pueden contribuir a solucionar, o eternizar, el conflicto entre las partes. Por ello son las partes en conflicto las que deben decidir quiénes participarán en la mediación. El mediador ayuda a las partes a determinar quiénes son esas otras personas que pueden contribuir a la gestión del conflicto, pero no tiene poder, como el árbitro o el juez, para decidir quién participará. En algunos casos solo participan los miembros de la familia nuclear. En otros ni siquiera acuden los hijos e hijas. En otros es conveniente, si las partes así lo deciden, que participen también abuelos y abuelas, otros familiares y personas próximas, los abogados de ambos o las nuevas parejas de uno o ambos miembros. Todas estas personas van a seguir manteniendo una relación posterior con las partes y sus hijos e hijas, por lo que resulta más que conveniente que participen para evitar recelos, miedos y posteriores complicaciones. Pero, insisto, decidir quién ha de participar es, como casi todo, responsabilidad de las partes. La persona mediadora es solo responsable de conducir el proceso. De no tomar partido. De trabajar para todos los que participen en la mediación, especialmente para la pareja y los menores.
Qué ventajas presenta la Mediación Familiar
Sin duda muchas. De entrada, es un proceso rápido. Si existe la predisposición necesaria, si se trabaja con espíritu colaborador, las partes pueden llegar a un acuerdo en pocas horas. El procedimiento no se alarga innecesariamente. Si el mediador considera que las partes están empantanadas no los entretiene. En ocasiones las mediaciones terminan y las partes vuelven al sistema de Justicia. Por eso no es correcto el término “alternativo” para este tipo de procedimientos. La verdad es que la alternativa a la gestión de conflictos debería ser la Justicia. Hablar debería ser la primera opción.
Es un proceso económico. Los servicios gratuitos de Mediación Familiar que empiezan a extenderse por todo el estado permiten a las partes, cuando llegan a un acuerdo, contratar a un único abogado, lo que abarata los costes de la ruptura. Cuando deciden acudir a una mediación privada, se cobra por el tiempo que utilizan las partes para alcanzar ese acuerdo. Y, como decía antes, no se alarga el proceso indefinidamente. Las partes saben que disponen de un tiempo determinado para lograr un acuerdo. Trabajar con esos límites les ayuda a centrarse en los problemas dejando al margen los reproches, las atribuciones de culpabilidad y las agresiones.
La Mediación Familiar fomenta la coparentalidad. No parte de preconcepciones a propósito de quién es la persona más indicada para ejercer la custodia. Es más, yo procuro incluso no mencionar términos jurídicos. Prefiero hablar, por ejemplo, de tiempo compartido con los y las menores en lugar de régimen de visitas. La persona más indicada será la que ambos consideren que lo es en función de sus circunstancias personales, no de una adscripción automática en función del género. Cuando cada progenitor, por la distinta adjudicación de roles sociales, se ha ocupado de una parte de los cuidados, la Mediación Familiar se presenta como una oportunidad para enriquecer esa relación. La ruptura, aunque dolorosa siempre, se presenta como una oportunidad de cambio. Lo que no se hizo antes por una u otra razón puede hacerse ahora.
La Mediación Familiar reduce la conflictividad de la pareja. Numerosos estudios han puesto de manifiesto que lo que más dolor provoca en los y las menores no es tanto la ruptura en sí como la relación conflictiva de los progenitores. Muchos menores son huérfanos. Muchos otros ven poco a su padre o su madre por razones de trabajo. Esas situaciones no generan automáticamente malestar psicológico en los menores. La adaptación de los y las menores a esta nueva situación depende en mayor medida del comportamiento de sus padres que de factores psicológicos de los propios menores. Los dos primeros años tras la ruptura son cruciales. Si esta se gestiona civilizadamente la ruptura no será más que uno de los muchos cambios que toda persona ha de afrontar en su vida.
Espero haber contribuido a explicar de modo sencillo qué es la Mediación Familiar y cuáles son sus ventajas con respecto a los procedimientos litigiosos. Con mucho gusto explicaré más detalles del procedimiento si a vuestra asociación le interesa conocer más sobre el mismo. En cualquier caso quiero ponerme a vuestra disposición para contestar a vuestras preguntas o resolver vuestras dudas, si os surgen. Para ello podéis contactar conmigo a través de Antonio, o directamente escribiéndome a la dirección de correo electrónico que os dejo o llamándome por teléfono.
El motivo de mi consulta es la siguiente: Todos podimos ver en las noticias de un periodico Andaluz, que la Junta de Andalucia se personará como acusacion particular, en los casos de maltrato a mujeres , y miles de Andaluces y no solo, nos preguntamos ; Se personará la Junta tambien en los casos, en que el maltratador es la mujer ? Si no es asin , no estaria la Junta ,haciendo discriminacion por razon de sexo ? No estaria la junta menospreciando el art.14 de Nuestra constituición ?
Señor Chaves , es de lamentar que ciudadanos de nuestro pueblo mueran a manos de la persona que un dia , fué el amor de su vida , por ello, es necesário una ley que englobe a la mujer, y el hombre , porque una ley que maltrata al hombre, y defiende a la mujer , es una ley sexista y reprochable, por toda la sociedad .
Esperando su respuetas
se despide
Att. Jose Antonio Ferreira
Un ciudadano Español y con orgullo, de ser Andaluz
La Junta se personará en los casos más graves de maltrato a la mujer El Gobierno andaluz ejercerá de acusación contra los agresores, en un intento por ir más allá de la atención social, y pide reformar el Código Penal
Yahoo! Messenger Nueva versión: Webcam, voz, y mucho más ¡Gratis!
Ya existe el primer piso "tutelado" de España para hombres que han sido expulsados de su hogar.
La Fundación de Ayuda a las Familias Separadas y Discapacitados, se encarga de su mantenimiento, con escasísimos medios económicos y muchísimo esfuerzo personal. Su presidenta, Amparo Monleón 699129223. Está en C/ Tomás Sanz,36-3 de Mislata (Valencia).
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3.- QUEJA AL DEFENSOR DEL PUEBLO
Puesto que la queja que presentamos al Sindic de Greuges ha sido remitida, de oficio, al Defensor del Pueblo de España, hemos pensado que es el momento deenviar queja cada uno de nosotros, nuestros familiares y amigos y la propia Asociación al mismo Defensor del Pueblo, tal y como se acordó en la Asamblea Nacional APFS de Zaragoza.
Instrucciones para rellenar el modelo que te adjuntamos:
Lo marcado en Rojo: La historia personal de cada uno (se ponen datos ejemplo que debes personalizar).
En Azul:Si ha llegado a la Audiencia Provincial (se ponen datos ejemplo que debes personalizar)
En negro, lo que en cualquier caso debe figurar en cada escrito, que puedes personalizar.
No olvides firmarlo y personalizar tus datos al final (identificación).
Puedes enviarlo por correo ordinario (no hace falta certificar) a:
El Defensor del Pueblo Telf. de consulta: 900101025 Paseo de Eduardo Dato, 31 28010 MADRID
o por fax al número: 91 308 1158
Pasados unos días, recibirás por correo ordinario, acuse de recibo.
4.- ACCION CONJUNTA 6 D
Hemos comenzado a preparar y coordinar acción conjunta APFS del 6 de Diciembre.
Se ha distribuido misiones y se ha encargado a una persona la coordinación de cada una de ellas.
A.P.F.S.-Asociación de Padres de Familia Separados
Hoy hemos mantenido reunión con Mercedes García-Vilanova Comas*, directora del
Punto de Encuentro de Valencia
C/ Genaro Lahuerta,s/n. Telf: 010-Ext. 4346
Horario: Viernes de 16 a 21.00
Sábado de 9 a 21.00 y domingo de 9 a 21.00
Su principal misión: Que se restablezca o instaure el régimen de visitas, que impuso el juez, que el progenitor custodio incumple.
Está integrado en la Federación de Puntos de encuentro, coordinada por el punto de encuentro de Valladolid.
Se ha creado gracias a un convenio con el Consejo General del Poder Judicial, Los Colegios de Abogados, Psicólogos y Trabajadores Sociales de Valencia, Consellería de Bienestar (20% capital) ,y 80% Ayuntamiento. Existe una comisión de seguimiento (con un miembro de cada y presidida por la concejala de Bienestar del Ayto.)
En Alicante existe otra oficina gestionada por APREMI y en Castellón otra por Cruz Roja.
Tienen Lista de espera de 2 a 3 meses. (están desbordados).
Atienden los casos que el juzgado les deriva tras incumplimientos reiterados del régimen de visitas por el progenitor custodio. Ha de solicitarlo el progenitor no custodio mediante denuncia en el juzgado.
Emiten informes al juzgado que les derivó el caso.
Su equipo de psicólogos está en estrecha relación con el (famoso ya) Gabinete Psicosocial de los juzgados de Familia de Valencia.
Datos:
Lo normal, en 6 meses lo solucionan. Hay casos de 1 año sin resolver que lo devuelven al juzgado.
Nacieron en Nov.2001. Con datos de Abril 2002 (5 meses), habían 24 casos de incumplimientos de madres ,7 de padres y 3 de abuelos.
Su franja mas amplia: menores de 7 a 10 años.
El problema común origen del incumplimiento: principalmente que el progenitor custodio intenta establecer alianzas con el/los hijo/s frente al no custodio, obligándole/s a posicionarse a los menores.
Como resumen: un parche pobre a la injusticia generada en los juzgados, que en lugar de imponer un cambio de custodia, según L.E.C. ( o custodia compartida) se limitan a anestesiar el problema intentando que se restablezca un régimen de visitas, impedido por el custodio.
*Mercedes García-Vilanova Comas: Es abogada de Familia, presidenta de la sección de familia del Colegio de Bogados de Valencia y está en la de Menor.
Untitled Document
----- Original Message -----
From: <apadeshi@...>
To: <azulfuerte@...>
Sent: Tuesday, November 26, 2002 2:10 AM
Subject: Los Hijos, victimas de las estrategias de obstrucción de vínculos
Conferencia
-Los Hijos, victimas de las estrategias
de obstrucción de vínculos-
Miércoles 4 de Diciembre de 2002, de 15 a 20:30 hs.
Auditorio de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
(Rivadavia y Riobamba , 1° Subsuelo, Cdad. Aut. De Bs. As.)
* * * Ingreso libre y gratuito * * *
Dirigido a Profesionales de la Salud mental, del Derecho, Docentes,
y publico en general.
Principales puntos a desarrollar:
* Estrategias de desvinculación entre Hijos y Padres (Papá - Mamá)
* Inculcación Maliciosa
* Denuncias Falsas
* Mala Praxis de Psicólogos y Abogados
* Relación entre denunciantes falsos, Funcionarios Judiciales,
abogados y profesionales de la salud.
Especialistas en la problemática y Testimonios
Realice su reserva de lugar en: obstrucciondevinculo@...
dejando Nombre y Apellido, teléfono, dirección de E-mail,
profesión e Institución en la cual actúa.
Organiza: - APADESHI -
Asociación de Padres Alejados de sus hijos - Per. Jur. 1078-94
-Papás y Mamás, en defensa del derecho de los hijos al contacto con ambos
Padres-
Av. Caseros 2516, Cdad. Aut. De Bs. As. Argentina
www.apadeshi.org
Estimado amigo, estoy de acerdo contigo en que tambien
se asigne abogado gratis para el incumplimiento de
visitas, pues se produce cada vez que existe puentes o
vacaciones tener que acudir al juggado para pedir los
dias con el consiguiente gasto que ya no se lo puede
permitir uno.
Habria que crear tambien una Direccion General de
Hombres para los temas de separados, tal como tienen
las mujeres con todos los mecanismos que ello
conlleva, asi como una comisaria para el sin fin de
cosas que ocurren bajo la custodia de la mujer, como
no poder hacer nada sobre la salud de la menor, si no
quiere la madre, como me ha pasado a mi, o bien que
maltrata al menor y no puede declarar hasta que tenga
10 años, con la consiguiente impunidad de la madre, o
bien conviva en el domiciliko con otra persona,
teniendo uno que pagar los gastos de la vivienda pafra
otra persona, ect ect.
Creo que habria que provocar una campaña de prensa,
pues en television y debido al dominio total de los
programas por parte de las mujeres feministas, como
antena 3 y tele 5, no hay nada que hacer, pues pueden
hablar continuamente las mujeres y cuando un hombre
sale, le tienen en minoria absoluta, y es una baza
perdida.
A ver si algun dia se le ocurre a alguna cadena de
television crear un programa equilibrado en el cual
solo opinin los hombres y entonces veremos las caras
ocultas de las separaciones bajo otro piunto de vista.
A. Curto
--- juan fernandez <tupapaymipapa@...> escribió:
>
> Hola.
> La "violencia economica" como titulo :se designara
> abogada gratis para reclamar las pensiones de
> alimentos o compensatorias, no esta explicado en el
> mismo si es independientemente de los recursos que
> dispongan economicamente, es una incongruencia y
> arbitrariedad pero si es el sistema legal lo
> permite porque no podemos litigar nosotros tambien
> con abogados gratis por el incumplimiento de la
> Sentencia , en el regimen de visitas.
> El establecimientos de ayudas generalizadas a las
> mujeres maltratadas como pensiòn esta dando lugar a
> la picaresca actual. pagan justos por pecadores
> Àprovecho para saludaros .
> Julian
>
>
>
> Zahorin <zahorin10@...> wrote:
>
>
> Las mujeres maltratadas tendrán abogada gratis para
> reclamar el pago de sus pensiones
>
>
> Esta iniciativa, pionera en España, persigue luchar
> contra la «violencia económica» que los
> maltratadores ejercen sobre sus víctimas en casi un
> 80% de los casos
>
> Casi el sesenta por ciento de las mujeres que se
> separan o divorcian no reciben las pensiones
> alimenticias o compensatorioas que establecen los
> tribunales. Esta ratio sube casi hasta el 80 por
> ciento en los casos de las mujeres que han sido
> maltratadas por su pareja, según cálculos del
> Instituto Andaluz de la Mujer. Por este motivo, ayer
> la directora de esta institución, Teresa Jiménez
> firmó un convenio, que calificó de pionero en
> España, con la Asociación de Mujeres Juristas Themis
> para que ellas se hagan cargo de la defensa legal de
> las mujeres maltratadas que decidan reclamar el
> impago de sus pensiones o las de sus hijos. Además
> el IAM establecerá un fondo para ayudar
> económicamente a estas mujeres mientras tramitan el
> pago de sus pensiones.
>
> La presidenta de Tehmis, Angela Alemany explicó ayer
> que estos casos de mujeres que han sido maltratadas,
> primero física o psicológicamente por sus parejas, y
> que luego sufren además la violencia económica que
> supone el dejar de percibir sus pensiones, son
> especialmente difíciles de tratar porque «la mayoría
> de las maltratadas tiene miedo de reclamar su dinero
> y que vuelvan a empezar los malos tratos o las
> amenazas. Huyen de una nueva confrontación con su
> maltratador». En ese sentido, Alemany indicó que en
> las abogadas de su asociación se preocuparán entre
> otras cosas de procurar a estas mujeres toda la
> protección que el sistema legal pueda ofrecer.
>
> Guía de derechos
>
> En el convenio firmado ayer se incluyen también la
> elaboración de una guía divulgativa de la ley que
> ayuda a las víctimas de la violencia, para que las
> mujeres maltratadas tengan un acceso fácil a conocer
> sus derechos, así como un trabajo de investigación
> sobre los impagos de pensiones, en el que se tratará
> de conocer no sólo el número de pensiones impagadas
> que se reclaman a los tribunales si no también
> aquellos casos que no llegan a ser reclamados por
> una razón u otra.
>
> Teresa Jiménez, la directora del IAM, explicó ayer
> que la violencia que se ejerce sobre las mujeres
> tiene muchas manifestaciones: la violencia física,
> la violencia psicológica, la sexual y la económica,
> y que, en su opinión, es necesario que haya «leyes
> integrales y coordinadas» para abordar este fenómeno
> en todas sus vertientes.
>
> En ese sentido, recordó que la Junta de Andalucía
> aprobó en 2001 un Plan de Acción contra la Violencia
> a las Mujeres de 20 puntos, que tiene vigencia hasta
> el 2004 y que se dotó con una financiación de 38
> millones de euros. El convenio firmado ayer con la
> Asociación Themis, viene a dar respuesta, según la
> directora del IAM a los puntos siete y ocho, al
> ofrecer la asistencia legal gratuita y al paliar con
> un aportación económica la situación en que se
> encuentran estas mujeres a causa del impago. Teresa
> Jiménez matizó, sin embargo, que este fondo no viene
> a sustituir al prometido por el Gobierno para el
> impago de pensiones.
>
> El convenio con Themis tiene una financiación del
> IAM de 94.285 euros (15.687.000 pesetas) y la
> Asociación garantiza dar cobertura legal a las
> mujeres maltratadas en todas las demarcaciones
> judiciales de Andalucía. Asimismo, la asistencia
> jurídica por el impago de las pensiones alcanzará la
> vía civil en un primer momento y si no se logra la
> vía penal. para conseguir que quien deja de pagar la
> pensión sea condenado por su delito.
>
> Poco castigado
>
> Angela Alemany explicó que el delito de impago de
> pensiones sólo está castigado con una pena privativa
> de libertad durante los fines de semana, y que la
> mayor parte de las veces al no haber antecedentes ni
> siquiera se cumple. En ese sentido, dijo que es
> necesario animar a las mujeres a denunciar una
> segunda vez, pues en esta segunda reclamación, como
> se considera al impagador reincidente sí se cumple
> la pena.
>
> Según la directora del IAM, aunque aún no hay
> estudios rigurosos sobre el impago de pensiones, y
> el que realizará la Asociación Themis, no estará
> listo antes de un año, se calcula, por ejemplo, que
> el 80 por ciento de los profesionales liberales no
> pagan las pensiones a sus hijos o cónyuges.
>
> Teresa Jiménez también criticó ayer la decisión de
> la Audiencia de Jaén que deja en libertad al ex
> marido de Clara Vallejo, al suspender la ejecución
> de la sentencia que lo condenaba por los malos
> tratos a los que sometió a su mujer. En ese sentido,
> Jiménez pidió que se reformen las leyes, incluidos
> los códigos civil y penal, para no dejar «lagunas»
> que permitan a los jueces dejar estos casos impunes.
> Según Teresa Jiménez la ley debe ser «ejemplarizante
> y no sólo disuasoria».
>
> Más de 300 denuncias, este año, en Jaén
>
> Las mujeres jiennenses han roto un silencio que les
> hacía cómplices a la vez que víctimas de su propia
> situación. Así se deduce del importante incremento
> del número de denuncias presentadas contra esposos o
> compañeros sentimentales por maltrato doméstico,
> informa Marisa Martínez. A falta de un trimestre
> para que concluya el año las acusaciones por
> maltrato superan a las registradas en ejercicios
> completos anteriores. En total, desde enero a
> septiembre, 329 mujeres han acusado a sus parejas.
> La cifra la facilitó ayer la directora provincial
> del Instituto Andaluz de la Mujer, Natividad
> Redondo, quien ha concretado que las más numerosas
> atendiendo a la relación con el presunto agresor,
> son las que se producen contra los cónyuges, con
> 258; seguidas con 33 de los compañeros
> sentimentales, 24 ex cónyuges, 7 de ex compañeros
> sentimentales, cuatro de ex novios y por último,
> tres efectuadas contra novios.
>
> Natividad Redondo señaló que el aumento registrado
> durante los últimos años en el número de denuncias
> corresponde a una mayor concienciación de las
> propias víctimas para revelarse ante estas
> situaciones de maltrato y dar «un paso tan crucial
> como es el de la denuncia».
>
> Publicado por ABC, 16 de noviembre de 2002
> Autor: A.F.C.
>
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Las Instituciones, los Medios de Comunicación y determinadas asociaciones vienen denunciando desde hace años la existencia de malos tratos domésticos.
En estas denuncias las víctimas son siempre mujeres, los maltratadores y/o los asesinos exclusivamente hombres y la causa única de los hechos el carácter machista y violento del hombre.
Este es un análisis parcial en lo que a víctimas se refiere y simple, incorrecto e interesado en el diagnóstico de las causas.
A-En efecto si nos atenemos a los datos la situación es muy diferente:
1º- Durante el año 2000,según los datos del M. Interior, en el ámbito familiar hubo las siguientes víctimas mortales:
-64 mujeres( de estas 44 víctimas de sus parejas o exparejas)
-44 hombres.(de estos 8 víctimas de sus parejas o exparejas)
Durante los primeros 9 meses del año 2002 ha habido 109 muertes consecuencia de la violencia familiar:
-62 mujeres
-47 hombres
2º-En el Informe Reina Sofía sobre violencia Infantil(año 2000) sobre una muestra de 3565 expedientes de menores,1379 niños habían sido víctimas de malos tratos.
El 60,30% de los agresores eran mujeres
El 39,70/ de los agresores eran hombres.
3º-Según los datos del INE del año 1999 se produjeron los siguientes suicidios:
-Hombres separados/divorciados:72
-Mujeres separadas/divorciadas:17
4º-Según los datos del C. Gral. del Poder Judicial durante el ejercicio 2001 hubo un total de 32116 denuncias de malos tratos en los juzgados.
De estas denuncias el 75,53% fueron interpuestas por mujeres y el 24,37% por hombres.
Pero hay que destacar que del total de denuncias, el 73% de las sentencias fueron absolutorias, lo que pone de manifiesto que el porcentaje de denuncias falsas es elevado.
5º-Un porcentajemuy elevado de progenitores custodios, hombres en el 96% de los casos, terminan perdiendo de forma involuntaria la relación con sus hijos. Ello es debido básicamente a:
1.La falta de medidas judiciales que hagan efectivo el derecho legal al ejercicio de la patria potestad compartida.
2.El sistema quincenal de régimen de visitas y de adjudicación monoparental de la guardia y custodia.
3.Los obstáculos, que en ocasiones llegan a la manipulación psicológica, que la madre a veces pone al ejercicio normalizado de la relación padre/hijos.
Ello es un maltrato psicológico grave y continuado hacia el padre y los hijos por parte del progenitor custodio y del sistema judicial.
DE ESTOS DATOS DEBEMOS CONCLUIR QUE LOS CONFLICTOS Y LA VIOLENCIA DENTRO DE LA FAMILIA ES UN PROBLEMA SOCIAL MUY IMPORTANTE QUE AFECTA ATODOS LOSCOMPONENTES DE LA MISMA, HOMBRES, MUJERES E HIJOS
B-Se argumenta que la causa de dichos conflictos y de la violencia familiar es básicamente el carácter machista del hombre.
Este es un argumento simple, demagógico, interesado y antisocial.
Para comenzar diremos claramente que en el reciente congreso de Barcelona sobre violencia y genética se ha concluido que:
-el 20% de los conflictos violentos pueden ser generados por factores genéticos. Y este porcentaje afecta a hombres y mujeres.
-el 80% de los conflictos violentos son generados por problemas sociales.
Si nos centramos en las causas argüidas para pedir la separación/divorcio vemos que la mayor parte de las separaciones se realizan de mutuo acuerdo.
Cuando la causa de la separación/divorcio son los malos tratos, estos van siempre asociados a problemas psicológicos, de drogodependencias, económicos etc..
Cuando surgen durante el proceso o con posterioridad al mismo, amen de estar asociados los anteriores, surgen aspectos emocionales u económicos que agravan todavía más la situación.
En efecto hay denuncias falsas de abusos a menores o malos tratos que hay que vivirlas para saber el desgarro emocional que ello supone para el denunciado, mayoritariamente hombre.
Hay actuaciones de algunos hombres tendentes a acosar a su expareja, agobiarla económicamente o enfrentarla con sus hijos.
Hay actuaciones de algunas madres tendentes a impedir la relación normalizada padres / hijos que generan unas situaciones de tensión límite a padres e hijos.
Las Institucionesdebieran realizar un análisis pormenorizado de estas problemáticas que les llevaría a la conclusión de que las causas de los conflictos y la violencia en la familia son variadas y complejas. Y desde este análisis aplicar las medidas que frenen esta escalada de conflictividad.
LAS SITUACIONES PREVISIBLES DE GENERARVIOLENCIA TIENEN CONNOTACIONES SENTIMENTALES,DE PATOLOGÍAS O SITUACIONES SOCIOECONÓMICAS EXTREMAS QUE CON UNA ADECUADA LABOR DE DETECCIÓN,SEGUIMIENTO Y TRATAMIENTO A TRAVÉS DE UNA ATENCIÓN INTEGRAL Y PLURIDISCIPLINAR,PUEDEN SER EN GRAN PARTE PREVENIDAS Y ENCAUZADAS.
Las medidas que las Administraciones han tomado no han resuelto el problema sino que han producido un aumento de la violencia. Esto básicamente por:
1-Basarse en un diagnóstico erróneo y mezclar violencia familiar con violencia de género.
2-Ser Discriminatorias, de carácter fundamentalmente penal y no dar un tratamiento preventivo, global e interdisciplinar al conflicto.
3-Tener un mucho de electoralistas, y basadas en la culpabilización de parte y en la confrontación social.
4-Poco democráticas, por ser impuestas sin consulta previa ni negociación con las organizaciones representativas
Las organizaciones representativas de madres y padres Separados estamos hartos de tanta manipulación, de tanta violencia, de tantas palabras.
Es hora de soluciones y por ello proponemos un plan de medidas urgentes para hacer frente a la violencia familiar.
Plan que debe ser:
-GLOBAL: Que con carácter integrador abarque en su atención a las mujeres, hombres y menores.
-INTEGRAL: Que aborde esta problemática desde todas las áreas que confluyen en el problema(económicas, legislativas, psicológicas, etc..) y en coordinación con las diferentes administraciones.
-NO DISCRIMINATORIO: Que favorezca un tratamiento de la igualdad mujer/hombre.
-INTEGRADOR: Que promueva el diálogo como método de resolución de los conflictos
-CONSENSUADO: con las organizaciones representativas de madres y padres separados
Plan que debe contener entre otras:
A-MEDIDAS PREVENTIVAS-ASISTENCIALES:
-Extensión en todo el Estado del programa de atención integral y pluridisciplinar a las familias en crisis.
-Creación de un teléfono 900 para dar una atención inmediata los problemas del sector.
B-MEDIDAS LEGISLATIVAS QUE CONTEMPLEN:
-la guardia y custodia compartida
-la creación del Instituto de la Familia
-la mediación familiar integral y pluridisciplinar
-una red de Puntos de Encuentros Familiares que sirvan para favorecer el derecho delmenor a relacionarse con ambos padres en igualdad de condiciones.
(exigimos que los PEFs que están contemplados como un apoyo exclusivo a la mujer maltratada sean inmediatamente redefinidos, su modelo sea negociadoy su gestión sea llevada por entidades plurales y reconocidas o representativas de las asociaciones de madres y padres separados)
c-MEDIDAS ECONOMICAS:
-Creación de un fondo social para situaciones de impago de pensiones alimenticias.
-Pisos de acogida para situaciones de maltrato ode necesidadeconómica grave.
-Salario Social para situaciones de maltrato o de necesidad económica grave.
-Plan de Formación dirigido al empleo y medidas de inserción laboral para las personas que como consecuencia de separación/divorcio tengan dificultadesde acceso almercado de trabajo
d-MEDIDAS EDUCATIVAS:
Tendentes a educar a los menores en los valores del respeto, igualdad entre hombres y mujeres, en la resolución pacífica y negociada de los conflictos, en la no violencia en todos los ámbitos de la vida tanto personal, familiar y social
Estas medidas son una parte del programa de medidas urgentes que presentamos a la sociedad en su conjunto y a las Instituciones con el objetivo de actuar con eficacia ante las situaciones de conflicto y violencia en la Familia.
Basta ya de confrontación y de violencia. Es hora de soluciones.
A 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002.
FIRMAN
.Confederación Estatal de Madres y Padres Separados
.APFS
-Asociación Galega de madres y padres separados
-Federación de Euskadi de madres y padres separados-KIDETZA