Por Abderrahim El Ouali
CASABLANCA, Marruecos, 3 jun (IPS) - El descubrimiento de dos fosas
comunes y de una lista secreta de cinco lugares más donde yacen
víctimas de supuestas ejecuciones extrajudiciales en Marruecos
arrojan dudas sobre la autenticidad del proceso de reconciliación
nacional, que debe ser coronado con la abolición de la pena de muerte.

La sepultura más grande fue descubierta en marzo en la septentrional
ciudad de Fez, a 250 kilómetros de Casablanca, según las autoridades.
Más de 100 cuerpos fueron desenterrados en el parque Jnane Sbil.

Activistas de derechos humanos, impactados por la noticia, creen que
se trata de personas asesinadas por el ejército el 14 de diciembre de
1990, durante la represión de una huelga general contra el hambre y
la pobreza.

Pero las autoridades sugirieron que los cuerpos datan de un periodo
anterior.

Tras el episodio de Fez, una investigación parlamentaria concluyó que
cinco civiles murieron en los disturbios y 40 policías quedaron
heridos.

En abril, otra tumba masiva fue descubierta con 16 cuerpos, incluido
un menor de 12 años, en un cuartel de protección civil en la
septentrional ciudad costera de Nador, 590 kilómetros al norte de
Casablanca, informaron las autoridades.

Activistas de derechos humanos creen que esas personas murieron en
enfrentamientos entre el ejército y manifestantes ocurridos en esa
ciudad y varias otras del norte del país en enero de 1984. Las
protestas estuvieron propiciadas por el alza de precios de alimentos
y la marginación económica de la zona.

Tras los dos hallazgos, el presidente del no gubernamental Foro por
Verdad y Equidad, Mohamed Sabbar, declaró al periódico Almassae el 4
de mayo que tenía una lista con otros cinco lugares donde podría
haber más enterramientos masivos.

La cobertura periodística de los hallazgos puso en duda el trabajo de
la Comisión de Equidad y Reconciliación, creada por el rey Mohamed VI
en enero de 2004.

La comisión tuvo la tarea de investigar ejecuciones extrajudiciales y
otras violaciones a los derechos humanos bajo el reinado de su padre,
Hassan II, quien gobernó de 1961 a 1999. El periodo suele conocerse
como "años de plomo", por su extrema brutalidad.

El trabajo de la comisión, culminado a fines de 2005, concluyó que en
total hubo 592 ejecuciones extrajudiciales durante el reinado de
Hassan II.

Muchas de las víctimas de torturas fueron identificadas. Además, se
les permitió relatar su versión de los hechos en la televisión, pero
no nombrar a sus torturadores. Cientos de personas recibieron
indemnizaciones por lo sucedido.

La comisión recomendó al rey Mohamed VI abolir la pena de muerte, en
una clara demostración de quiebre con el pasado y de que el derecho
fundamental a la vida quede, en el futuro, consagrado por ley.

También exhortó al rey a ratificar el Estatuto de Roma, constitutivo
de la Corte Penal Internacional creada en 2002.

El tribunal no podrá investigar ni castigar delitos del pasado en
Marruecos, pero la recomendación apunta claramente a garantizar
futuras violaciones de derechos humanos.

La Corte siempre puede responsabilizar a personas, incluido el propio
rey, en aquellas situaciones en que tribunales nacionales no estén
dispuestos o no puedan actuar en casos de ejecuciones
extrajudiciales.

Pero, por el momento, las autoridades marroquíes no han derogado la
pena capital ni han ratificado el Estatuto de Roma, adoptado el 17 de
julio de 1998 en la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de
las Naciones Unidas sobre la Creación de una Corte Penal
Internacional.

"Es necesario abolir la pena de muerte", dijo a IPS el profesor de
derecho público de la Universidad Alkadi Iad, de la central ciudad de
Marrakech, Driss Lagrini, tras el descubrimiento de las fosas
comunes.

Unos 500 delitos aún son pasibles de recibir ese castigo extremo que
se usa "una y otra vez", señaló.

El Estado debe mostrar de forma clara que "se dio vuelta una página
de la historia. El descubrimiento de los cuerpos sólo revela cuán
graves fueron las violaciones de derechos humanos en la historia
moderna de Marruecos", apuntó.

La comisión debió afrontar "algunas dificultades", añadió. No se
trató de un tribunal de justicia ni tuvo el poder de juzgar los
crímenes perpetrados en el pasado.

"El Estado debe mostrar su seriedad respecto de abolir la pena de
muerte", dijo a IPS el presidente y fundador de la Asociación de
Comunicación y Reforma, Abdeljawad Achehbar.

Concordó también en que el hallazgo de los enterramientos masivos
ilustra la forma grosera con que se violó el derecho a la vida en la
historia reciente de Marruecos y recuerda que los culpables nunca
fueron procesados. Se necesitan garantías de que eso no volverá a
suceder.

También exhortó al Estado a "mostrar sus buenas intenciones"
indicando la ubicación de otras tumbas masivas. "El gobierno sabe
dónde están. Sus funcionarios dispararon balas y cavaron fosas",
señaló Achehbar.

De no ser así, la población puede tomar medidas colectivas para que
lo que no fue revelado por la comisión salga a la luz pública. "Debe
organizarse una caravana por la verdad que apunte al descubrimiento
de enterramientos como forma de presionar a las autoridades",
declaró.

"La abolición de la pena de muerte es necesaria, pero no suficiente",
coincidió el periodista y escritor Mohamed Nabil.

Las otras recomendaciones de la comisión también deben adoptarse,
apuntó, en clara alusión a la ratificación del Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional.

La preocupación de activistas de derechos humanos detrás del pedido
de abolición de la pena capital es que las autoridades recurran
nuevamente a medidas extremas a fin de sofocar la disidencia y
reprimir manifestaciones de forma violenta ante la carestía mundial
de alimentos básicos, añadió.

"Nadie puede asegurar que eso no volverá a pasar dada la mayor
tensión social y el encarecimiento del costo de vida", dijo a IPS el
analista Ahmed Hidaoui.

La última huelga en protesta por el alza del costo de vida ocurrió el
21 de mayo y no hubo enfrentamientos entre la policía y los
manifestantes.