Europarlamentarios al Sáhara: ¿y si las cañas se tornasen en lanzas?
Por Ana Camacho | 29 de Enero de 2009

Una delegación del Parlamento Europeo acaba de visitar El Aiún, la
capital del Sáhara Occidental, en el marco de una visita a Marruecos
centrada en la situación de los derechos humanos. Los saharauis
proreferéndum de autodeterminación, desesperados ante el silencio
internacional sobre su drama, le han visto el lado positivo: por fin
alguien saca del olvido el conflicto que mantiene la paz alejada de
su tierra desde hace 34 años[1]. Por su parte, los europarlamentarios
han vendido la misión como un acontecimiento "histórico", la primera
vez que miembros de la Eurocámara tienen la oportunidad de evaluar
sobre terreno la situación de los derechos humanos hablando no sólo
con los agresores, sino también con las víctimas. A pesar de tanto
júbilo, cabe preguntarse si, tras las buenas intenciones, no nos
encontramos ante un nuevo intento del poderoso lobby promarroquí en
Bruselas por respaldar la estrategia con que el régimen marroquí
lleva desde 1975 intentando legalizar la anexión de un territorio que
ese año invadió después de que el Tribunal Internacional de la Haya
confirmase que nunca fue suyo.

La visita la anunció la pasada semana en Bruselas el eurodiputado
español del PP, Carlos Iturgáiz, en calidad de presidente de la
delegación del Parlamento Europeo para las Relaciones con el Magreb,
poniendo mucho énfasis en que, por fin, el Gobierno marroquí había
accedido a dar la autorización al viaje que la delegación de
europarlamentarios llevaba solicitando desde 2005.

El hecho de que los eurodiputados reconozcan alto y claro que para
viajar a El Aiún han tenido que someterse a la voluntad de las
autoridades marroquíes indica dos cosas: en primer lugar que, como ha
denunciado en múltiples ocasiones, entre otros, Frank Ruddy,
diplomático, experto en derecho internacional y ex número dos de la
misión de paz de Naciones Unidas para el Sáhara, la ONU ha consentido
hasta tal punto el ninguneo marroquí, que los cascos azules
desplegados en el territorio han acabado por convertirse en una
presencia ornamental a las órdenes de los ocupantes cuando, en todo
caso, debería ser lo contrario; segundo y, más grave, que al pedir la
autorización marroquí, los eurodiputados también acatan
implícitamente la política de hechos consumados con que Marruecos ha
intentado, desde los vergonzosos (para España) llamados acuerdos de
Madrid, simular que manda en la colonia española con título de
propiedad.

Con ello han contribuido a dar por hecho que lo normal es que
corresponda al Gobierno de Marruecos dar el permiso para su viaje a
El Aiún. Mientras el evento les ha dado pie para resaltar la
posición "absolutamente constructiva" [2] que está tomando el régimen
de Mohamed VI (esa posición constructiva y de avances con la que en
Bruselas han justificado la negociación del acuerdo de estatuto
avanzado con el país magrebí), hasta el momento no han rectificado
las declaraciones oficiales con las que en Rabat han destacado la
visita de los europarlamentarios a "las provincias del Sur", como
llaman los marroquíes al territorio del Sáhara Occidental, haciendo
caso omiso de que, según la ONU, está pendiente de descolonizar. [3]

Contribuir a la ficción de que lo normal es que sea el régimen de
Marruecos quien controle las fronteras del Sáhara, es acorde con el
legado de los firmantes de la Declaración de Madrid, ese simulacro de
acuerdo con el que el último Gobierno de Franco traicionó en 1975 al
pueblo saharaui, abriendo las puertas del Sáhara a la invasión del
ejército marroquí. Los responsables de la entrega del pueblo saharaui
a sus enemigos pretendieron aparentar con estos mal llamados acuerdos
tripartitos un traspaso de la administración a Marruecos y Mauritania
que no fue dado por bueno por la ONU y que, aunque tomó nota de estos
acuerdos, siguió señalando a España como potencia administradora del
Sáhara. No podía ser de otro modo puesto que los mismos españoles que
orquestaron la farsa, una vez que se quitaron la patata caliente de
encima (la amenaza de una guerra con Marruecos para defender al
pueblo saharaui como requerían sus compromisos con la carta de la
ONU), ni siquiera osaron intentar legalizar los supuestos acuerdos,
como requería la ley española, publicándolos en el Boletín Oficial
del Estado. Hubiese sido el colmo.

El resultado de esta peculiar variante del higienismo político
español (el lavado de manos con el pueblo saharaui) es lo que los
Gobiernos de derechas e izquierdas, desde la transición, han llamado
equívocamente la posición de neutralidad activa de la política
exterior española en relación al conflicto. En la práctica se traduce
así: hago como que soy neutral y equidistante no tomando partido por
ninguna de las dos partes en conflicto pero, en realidad, Marruecos
me debe el gran favor de no ejercer la responsabilidad que le
corresponde a España como potencia tutelar del pueblo saharaui,
defendiendo sus derechos e intereses.

Los sucesivos gobiernos españoles han colaborado activamente con la
monarquía alauita para que la comunidad internacional olvidase quién
es la auténtica potencia administradora del Sáhara (España) con el
fin de evitar tener que reconocer ante la ONU, como hizo Portugal con
Timor Este tras la invasión indonesia, que si no podía ejercer sus
responsabilidades de potencia colonizadora era por la situación de
guerra creada por la invasión marroquí.

Cabe imaginarse cuál sería la reacción marroquí: invasión de pateras
de las islas Canarias y el sur de España; hostigamiento diplomático y
militar con Ceuta, Melilla y, quizás, Canarias; no cooperación en
temas de seguridad (incluida la amenaza islamista).
Por mucho menos, al entonces presidente Aznar, que simplemente se
limitó a actuar como le corresponde en el escenario internacional al
jefe de Gobierno de cualquier madre patria, el asunto le costó el
disgusto de la amenaza bélica en el islote de Perejil.

A pesar del empeño de los gobiernos españoles porque se acabase dando
por bueno que la administración del Sáhara corresponde a Marruecos,
(única vía para evitarse quebraderos de cabeza que la Conferencia de
Múnich demostró no pueden resolver el pacifismo y las políticas de
apaciguamiento), hay un factor que se les sigue resistiendo: la
legalidad internacional que, en 2002, volvió a confirmar el Asesor
Jurídico de la ONU, Hans Corell al señalar en su declaración sobre la
inviolabilidad de los recursos naturales del Sáhara Occidental que
Marruecos es potencia ocupante del Sáhara pero no la administradora.

Sin embargo, si la ONU sigue reconociendo que el Sáhara forma parte
de la lista de Territorios No Autónomos (pendientes de descolonizar)
tendrá que haber una potencia administradora puesto que el Gobierno
de España no transfirió la administración del Sáhara a la ONU, como
se había de hecho planteado, con una iniciativa (el plan Waldheim)
que hubiese sido la única vía posible para librarse legalmente del
fardo incómodo de sus responsabilidades con los saharauis. Tenían un
precedente que, por cierto, los marroquíes indicaban como el modelo a
seguir, el de Holanda con su colonia del Irian Occidental, en la isla
de Nueva Guinea situada al norte de Australia. Quizás, estuviésemos a
tiempo de hacerlo (cederle formalmente a la ONU la administración al
Sáhara) pero, ponerle el cascabel al gato ahora, vendría a constituir
un reconocimiento de que todos los Gobiernos (empezando por el de
Zapatero), que han defendido que España ya no tiene responsabilidades
con el Sáhara, han mentido descaradamente a los españoles y a la
comunidad internacional. Además, vista la actuación de la ONU en el
Sáhara, una iniciativa en esa dirección ya no contaría con el efecto
sorpresa y la ingenuidad con que la opinión pública hubiese acogido
en 1975 ese gesto como el triunfo del derecho a la autodeterminación:
el Sáhara a estas alturas se ha convertido en una interesante muestra
del arte de la marrullería del que ni siquiera Naciones Unidas se
libra y que tiene uno de sus más desgraciados ejemplos precisamente
en el caso del Irian Occidental que acabó siendo anexionado a
Indonesia con un simulacro de ejercicio de autodeterminación.

Volviendo al Sáhara, si Marruecos no es la potencia administradora y
la ONU tampoco, ¿quién ejerce esta responsabilidad de acuerdo a
derecho? La respuesta es tan obvia como evidente es el interés que
tanto la diplomacia de Zapatero como la francesa han demostrado, tras
el 11-M, en favorecer la estrategia anexionista marroquí. Con este
esfuerzo conjunto Sarkozy se cobra ese "te daré lo que me pidas" de
Zapatero a cambio de una silla (o un taburete) con el que poder posar
en el escenario internacional sin más resultados que las fotos de
consumo estrictamente español. El resultado para Francia es la firma
en Bruselas de acuerdos de pesca y la aprobación de un estatuto
avanzado para Marruecos que no se toman el trabajo de distinguir
entre territorio marroquí y saharaui como en cambio hicieron los
responsables económicos de la vituperada administración Bush al
excluir explícitamente al Sáhara Occidental de su Acuerdo de Libre
Comercio (ALC) con Marruecos. [4]

La Eurocámara no es una ONG cualquiera de la misma forma que el
Parlamento español, donde casualmente también se está promoviendo una
visita al Sáhara con apoyo del PSOE, tampoco lo es: los diputados son
representantes de la soberanía española y no vale eso de decir que
viajarían a El Aiún en misión no política (como sugirieron algunos
para intentar evitar las repercusiones jurídicas y políticas), como
si esa representatividad pudiese tomarse unas vacaciones.

El interés por verificar la situación de los derechos humanos le da
una aceptable y piadosa cobertura a la que, los eurodiputados y
diputados españoles desprevenidos y confundidos por el silencio y la
tergiversación activa promarroquí, difícilmente pueden resistirse.
Sin embargo, hay interesantes precedentes de por qué los marroquíes,
que tanto tienden a dificultar la labor de organizaciones
comprometidas con la defensa de los derechos humanos, han en cambio
facilitado la visita a El Aiún de diplomáticos y miembros de
Gobiernos extranjeros. Por ejemplo, lo primero que hizo el rey
Hassán II, padre y antecesor de Mohamed VI, cuando en noviembre de
1975 lanzó la invasión del Sáhara desafiando la legalidad
internacional, fue invitar a las Embajadas extranjeras en Rabat a que
enviasen representantes para ser testigos de cómo la mal llamada
Marcha Verde, esa supuesta manifestación pacífica popular que se
lanzó desde Marruecos para recuperar el Sáhara, culminaba su
objetivo cruzando la frontera del Sáhara español. ¿Y qué hicieron los
diplomáticos occidentales?

Tomemos como ejemplo la diplomacia británica que, por sus intereses
coloniales y por la tradicional conexión entre la cuestión del Sáhara
y la de Gibraltar, siempre siguió con suma atención los pasos
españoles en este territorio: desde Londres se dieron claras
instrucciones a sus diplomáticos en Rabat de que, aunque se
desplazasen hacia el sur del país para observar los preparativos de
la marcha, nunca, bajo ninguna circunstancia, cruzasen los límites
internacionales entre Marruecos y el Sáhara español. Las
recomendaciones, como demuestran los archivos, eran inequívocas a
pesar de que en ese momento Inglaterra tenía sumo interés en no
indignar al rey Hassán II porque, como consecuencia del cierre de la
verja de Gibraltar por parte española, la mano de obra marroquí, los
suministros marroquíes, y la plataforma alternativa que ofrecía desde
sus aeropuertos Hassán II, eran vitales para el mantenimiento de su
colonia en el Peñón. De hecho, las mismas instrucciones que insistían
en poner todo tipo de excusa a Hassán II para no secundar su
invitación, estaban acompañadas de otras tantas recomendaciones para
que sus diplomáticos moviesen los hilos con el resto de las
representaciones diplomáticas para promover un no colectivo,
especialmente europeo, tras el que escudarse y aparentar que se veían
obligados a adherirse a una negativa que no era suya sino de sus
aliados.

Con el interés que tenían los ingleses en quedar bien con los
marroquíes ¿qué les hubiese costado un gesto que hoy se hace aparecer
sin importancia? En primer lugar, que tampoco querían quedar mal con
España donde Franco había apoyado la autodeterminación del Sáhara y
que, gracias a esa capacidad de resistencia ante la enfermedad que
estaba apagando su vida, (una resistencia que sólo ha logrado igualar
su colega, compatriota y amigo Fidel Castro), no permitía culminar la
maniobra a los que ya estaban preparando el viraje que finalmente se
concretó en los acuerdos de Madrid. En segundo lugar, porque los
británicos, siempre fueron muy escrupulosos a la hora de evitar
maniobras políticas que pudiesen convertirse en precedentes jurídicos
contrarios a la doctrina de la autodeterminación que ha sido la
espina dorsal de su política descolonizadora tanto en Belice, como en
Gibraltar o las Malvinas.

La prioridad británica en relación al Sáhara era no hacer nada que,
por ejemplo, el Gobierno de Guatemala, pudiese esgrimir ante la
comunidad internacional como un vergonzoso doble rasero, frente al
derecho de autodeterminación que Londres estaba defendiendo para la
descolonización de Belice que los guatemaltecos reclamaban como parte
integrante de su territorio, ni, por supuesto, dar un mal paso que
los españoles pudiesen aprovechar en su en su contencioso con
Gibraltar. Hasta tal punto era importante para la diplomacia
británica no debilitar ni los principios doctrinales que sostenían su
política, ni la coherencia de su acción diplomática a la hora de
defenderlos, que los responsables de su política exterior dieron una
prioridad a la preservación de su "consistencia diplomática" en
relación al derecho internacional y el principio de la
autodeterminación del pueblo saharaui, por encima de posibles
problemas en Gibraltar derivados de una eventual represalia marroquí.
¿Será que el derecho internacional ha cambiado tanto desde 1975?

La estrategia de enviar una visita al El Aiún de la Eurocámara
recuerda la maniobra con la que los ingleses, durante la crisis
hispano-marroquí de 1975, hicieron que sus diplomáticos aparentasen
permanecer en la retaguardia y seguir las iniciativas de terceros
mientras, por ejemplo, animaban a los países africanos bajo su
influencia a defender en primera línea las resoluciones que
apuntalaban el derecho a la autodeterminación saharaui. Sólo que en
2009, España y Francia, la gran valedora del expansionismo marroquí
en el Sáhara, son las que mueven los hilos y en sentido contrario,
hacia el desgaste de la doctrina de la autodeterminación.

En el caso de la visita de la Eurocámara, el Gobierno de Zapatero
tendrá la coartada de que no iba a oponerse a una iniciativa fruto
del consenso europeo. Luego, cuando en el Congreso de los Diputados,
como está previsto, se vuelva a discutir sobre la visita que desde la
anterior legislatura se viene intentando organizar también al Sáhara,
sus señorías tendrán más difícil oponerse a una iniciativa que ya ha
recibido las bendiciones nada más y nada menos que del Parlamento
Europeo. Algunos, incluso, se dejarán confundir hasta el punto de
defender que los españoles, por su especial responsabilidad histórica
con el Sáhara, debían de haberse anticipado a Bruselas. Ante la
sensibilidad de la opinión pública con la defensa de los derechos
humanos, se eclipsará el hecho de que una visita del Parlamento
español al Sáhara tiene repercusiones jurídicas y políticas mucho más
graves que la del Parlamento Europeo que, al fin y al cabo, no tiene
la misma personalidad jurídica que un estado soberano que,
precisamente, sigue siendo la Potencia Administradora de iure del
territorio.

Su vulnerabilidad ante los argumentos del lobby promarroquí es
comprensible pues el PSOE cuenta ahora con la complicidad del PP de
Rajoy que ha vuelto a la política promarroquí defendida
tradicionalmente por Manuel Fraga Iribarne, dando la espalda al
cambio de rumbo impuesto a las relaciones de España con el Magreb en
el segundo mandato de Aznar. A cambio de una alianza estratégica con
el PSOE para erradicar de una vez los restos del aznarismo, (en la
que va incluida esa falsa polémica entre blandos y duros del PP
aireada por los medios afines a la izquierda), el portavoz de
Exteriores del PP en el Congreso, Gustavo de Arístegui, ha vuelto a
defender esas tesis que, de corazón, siempre fueron las suyas: que lo
mejor para el pueblo saharaui es aceptar la autonomía que le ofrece
Marruecos.

Quizás, desconfiar de las visitas parlamentarias a El Aiún forme
parte del maximalismo y el irrealismo, como dicen los promarroquíes,
propio de los que, sin estar a favor de la independencia (eso sólo lo
puede decidir el pueblo saharaui), no están en su bando. Pero ojo,
los que defienden esas visitas a El Aiún se cuidan mucho de no
promover viajes institucionales para tomarle el pulso a la situación
de los saharauis que viven en los llamados territorios liberados, la
estrecha franja del Sáhara español que quedó bajo control del
Polisario. Como mucho, se alientan visitas a los campos de refugiados
saharauis en Tinduf, en territorio argelino pero nunca, por ejemplo,
a Tifariti, capital de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD)
proclamada por el POLISARIO en 1976 que se encuentra al otro lado de
la frontera argelina, dentro de los límites internacionales del
Sáhara Occidental.

Ni a España, ni a ninguna otra potencia occidental se le ha ocurrido
reconocer a la RASD a pesar de que sí lo han hecho decenas de países
de Iberoamérica, África y, en especial, la Organización para la
Unidad Africana (OUA) con una decisión que sigue manteniendo su
sucesora la Unión Africana que hace dos años, durante los festejos
del aniversario de la RASD, mandó a un representante a Tifariti cuya
intervención pública hizo montar en cólera al Gobierno marroquí y
amenazar con una acción militar para "recuperar" esta localidad.

Como dato curioso sobre esa sorprendente dualidad que no da
importancia a ciertos detalles cuando se trata del Sáhara ocupado por
Marruecos pero está muy alerta cuando se trata de las pretensiones de
reconocimiento de la RASD: el Ministerio de Exteriores bajo las
directrices de Moratinos tiene terminantemente prohibido desplazarse
a Tifariti a nadie que pueda ser señalado como un enviado del
Gobierno español. Ni siquiera a los encargados de la ayuda
humanitaria de la Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo dependiente del Ministerio de Exteriores (¿será porque
es una agencia gubernamental?) Bajo ningún concepto, está prohibido,
aunque a los saharauis los barra un tsunami.

Notas
[1] http://poemariosaharalibre.blogspot.com/
[2]
www.elconfidencial.com/cache/2009/01/26/9_delegacion_inicia_visita_his
torica_marruecos_sahara.html
[3] www.lematin.ma/Actualite/Express/Article.asp?id=106661
[4] www.house.gov/pitts/press/speeches/040722s-moroccoFTA.htm