Hace setenta años, el 18 de julio de 1936, Franco y otros militares felones se levantaron contra la legalidad de la República, en un golpe de Estado dirigido a reemplazar el régimen democrático por un sistema autoritario de corte fascista, conforme a la realidad ideológica de aquellos tiempos. Los golpistas tardaron tres años en conseguir su objetivo, a través de una terrible y devastadora guerra civil. La República, que empezó como una gran esperanza, tuvo sus errores y sus crisis, y vivió las convulsiones de un tiempo revolucionario que culminó en la II Guerra Mundial, de la que la guerra española fue una especie de ensayo general. Uno de los mayores errores fue su incapacidad para mantener el orden y evitar que el golpe de Estado se convirtiera en una horrible carnicería, que empezó con los asesinatos de civiles de uno y otro bando. Pero el 18 de julio, la legalidad republicana funcionaba y las instituciones también, y fue el golpe de Estado el que abrió el periodo de las grandes convulsiones y de la guerra.

España lleva ya casi treinta años de democracia y ha superado con éxito gran parte del retraso que produjo el triunfo de Franco en un país que quedó en los márgenes de Europa. Cuando el régimen desapareció, incapaz de sobrevivir a la muerte del dictador, en un contexto internacional totalmente distinto, la sociedad española iba ya varios pasos por delante. Y por eso la transición fue posible y exitosa. La transición se fundó en un acuerdo de amnistía que permitía volver a empezar desde un principio de reconciliación nacional. La amnistía era muy asimétrica, porque los crímenes de los republicanos hacía 40 años que se habían cometido y, en cambio, los crímenes franquistas estaban todavía calientes. Pero se trataba de mirar al futuro y el recuerdo de la Guerra Civil operaba como motor ético de la transición: nunca más. El miedo y la prudencia hicieron que la amnistía viniera acompañada de la amnesia.

Si, en su momento, la amnesia pudo ser una opción de supervivencia, la memoria es ahora una cuestión de lealtad y de reconocimiento mutuo. Por eso es perfectamente razonable que este aniversario coincida con la aparición de una voluntad decidida de hablar del pasado: por respeto a los que la protagonizaron y a las propias generaciones actuales. La encuesta que publica hoy EL PAÍS muestra que la memoria de la guerra está viva todavía; más del 54% de los españoles cree conveniente la elaboración de una Ley de la Memoria Histórica como la que prepara el Gobierno.

Hay quienes se oponen con el argumento de que recordar el pasado divide el país. Los que cayeron víctimas del bando republicano recibieron todo tipo de reconocimiento durante los 40 años de franquismo. Todavía los nombres de algunas calles lo testifican. Las víctimas del franquismo no lo han tenido nunca. Son más de un 64% los españoles partidarios de que se investigue todo lo relativo a la Guerra Civil, se descubran las fosas comunes y se rehabilite a todos los afectados. Ha llegado, pues, la hora de resolver esta asimetría. Y de resolverla a partir del principio de reconciliación. Es decir, que las víctimas del franquismo reciban el reconocimiento que se les debe y que las víctimas de los republicanos no se queden sólo con el reconocimiento del franquismo, sino que lo tengan también por parte de la democracia. Que luego la memoria haga su trabajo, porque el país es fuerte para poder hacerlo. Y, sobre todo, que se eviten las confusiones: la historia es para los historiadores y no para los políticos. Pero la memoria es de los ciudadanos.