El reciente estreno en Francia, con bastante retraso respecto a otros
países, de Loft Story (Gran Hermano) por la cadena privada M6, ha
provocado una auténtica conmoción. Con este reality show, M6 ha
logrado el primer puesto en los índices de audiencia y elevar
considerablemente sus ingresos por publicidad. Es un nuevo caso de la
carrera por la audiencia, en la que compiten a menudo los canales
públicos con las mismas armas que cualquier televisión privada. Estas
se quejan de que las públicas les hacen competencia desleal por su
sistema de financiación. De ahí que Europa continúe planteándose una
cuestión pendiente desde el fin de los monopolios televisivos: ¿cuál
es la función propia de una televisión pública?



El interés centrado en la audiencia.
La guerra por la audiencia se ha agravado en toda Eu­ropa por el éxito
de Gran Hermano en sus diferentes versiones locales. La cadena
francesa M6, que antes de la polémica emisión llegaba apenas al 13%
de cuota de pan­talla, con el nuevo programa alcanzó en una semana el
31'6%. Pero no ha sido una sorpresa. Lo mismo ha ocu­rrido en todos
los países donde el voyeurismo televisivo se ha instalado.

Otros programas de contenido parecido han ido sucediendose, en las
distintas televisiones.

El invento de la productora holandesa Endemol obtuvo cuotas de
pantalla que han rozado el 50% de la audiencia, y creado un nuevo
género televisivo que se ha dado en llamar "la vida en
directo", "tele‑realidad" o "do­cudrama" ‑según qué traducción =
se
quiera dar al término reality show‑ y que consiste en la grabación de=

escenas de la vida cotidiana, presumiblemente sin guión por me­dio.

La gran falacia de este producto viene demostrada por dos realidades.
La primera, que todo es un show al servicio de la captación de
audiencia: se fuerzan situacio­nes para provocar reacciones
determinadas y servirlas al público. En segundo lugar, la
manipulación entre bastido­res a que se han visto sometidos los
aspirantes en los cas­tings. Aunque una gran campaña mediática asegura
que no hay guiones ni concursantes/actores, se ha buscado re­sultados
de audiencia (o sea, dinero) mediante la elección de personas que
provocasen polémica y hasta escándalo.

Esta agresiva forma de hacer televisión ha influido en el resto de
las cadenas. Mientras la competencia pública ha aguantado el tirón
como ha podido, la privada ha co­piado la fórmula hasta la saciedad en
programas como Expedición Robinson, Supervivientes, El Bus, La isla
de las tentaciones, Encadenados, La gran dieta, que se emi­te ahora en
Holanda y próximamente se verá en Alema­nia, o El Bar. Todo pa­rece
indicar que estamos ante una falta de ideas sin prece­dentes para
hacer televisión.


La audiencia a toda costa



En 1998 se llevó a cabo una gran reforma en los ca­nales públicos
franceses: se privatizó TF1 y se redujo drásticamente la publicidad
en las cadenas públicas. El objetivo principal fue intentar devolver
a este sector su vocación perdida en defensa de la cultura, el
diálogo y la cohesión social. Actualmente, ante el debate sobre la ra­
zón de ser de los canales públicos, Jér6me Clément, Di­rector General
del canal Arte, afirmaba en Le Monde (15­V‑2001): "El éxito de los
reality shows ‑se refieren Loft Story‑ prueba por sí mismo la
necesidad de mantener France 2 como un servicio público potente".

Aunque los canales públicos europeos se han desmar­cado explícitamente
de este tipo de programas, de hecho compiten ferozmente con las
privadas, aunque sin correr riesgos puesto que tienen el "colchón"
del Estado. Ha ha­bido numerosas críticas contra la vulgaridad que
impera en la RAI, o en algunos canales de la BBC inglesa. ¿Qué papel
cumplen, entonces, en el panorama audiovisual? ¿En qué se diferencian
sus contenidos de los que emiten los privados? Si la televisión
pública se comporta como una comercial, ¿por qué tiene que pagarla el
telespectador a través de sus impuestos o con un canon, mientras
recibe gratuitamente los canales privados? Tener audiencia es un
factor importante para la misión y viabilidad de cualquier televisión
(si no se ve, no puede cumplir su función), pero también es cierto
que, en el caso de la pública, no puede ir a rastras del share o del
target comercial a cualquier precio.



Crisis de identidad



Todas las televisiones estatales se ji >tifican en virtud de ser un
servicio público. Lo difícil es definir qué se en­tiende por "servicio
público". Éste debe ser la oferta tele­visiva a los ciudadanos
de "algo distinto", que no existiría si no se emitiera por una cadena
estatal. La cobertura de acontecimientos institucionales, deportivos,
culturales, o los programas religiosos o informativos que no interesa­
ran a los canales privados a causa de su escaso rendi­miento
económico, son los que deberían hallarse en un canal público. Sin
embargo, espacios de entretenimiento o de ficción, muchas veces
vulgares y zafios, llenan las rejillas de programación también en los
canales públicos.

Por esta crisis de identidad, se está replanteando en toda Europa el
modelo de televisión pública. Hay quien defiende que el futuro no muy
lejano podría ser tener una televisión pública pequeña, sin
publicidad o con publici­dad mínima y que se ocupe de los contenidos
antes cita­dos. Algo que complacería a las tv privadas.



¿Subvención o publicidad?



La cuestión más conflictiva es la publicidad. Todos los países
europeos mantienen algún canal público de ám­bito nacional. Todos esos
canales reciben una subvención variable del Estado, casi todos
ingresan sumas por publi­cidad y ‑menos en España y Portugal‑ r=
ecaudan
también un canon directamente del telespectador.

En España, Uteca (Unión de Televisiones Comercia­les en Abierto) lleva
años presentando reclamaciones a Bruselas ante el comportamiento de
Televisión Española (TVE), que compite sin límites con las privadas
en el mercado publicitario. La semana pasada, las cadenas pri­vadas
españolas han protestado de nuevo por el abarata­miento en un 10% de
las tarifas publicitarias en el canal público, lo que agrava su
posición de desventaja ante los anunciantes.

Ya en 1998, el entonces comisario europeo de la Competencia, Karel
van Miert, reveló su decisión de em­pezar a abrir expedientes de
infracción contra países eu­ropeos cuyas cadenas públicas incurrieran
en competen­cia desleal con las privadas. El primero en la lista era
el Estado español... Pero, a pesar de la Directiva comunita­ria sobre
la difusión de publicidad, adaptada a la legisla­ción española en la
Ley de TV Sin Fronteras de 1997, el problema de la competencia
desleal y de la financiación de TVE está sin resolver. Mientras
tanto, a finales de este año, la cadena pública española alcanzará
una deuda de casi 1 billón de pesetas (6.000 millones de euros).

En otros países, los canales públicos tienen limitado el volumen de
anuncios. En Alemania vige el tope de 20 minutos de spots por día
laborable. En France 2 existen también limitaciones para la captación
de publicidad. El caso de la BBC, en el Reino Unido, es especial, ya
que no emite publicidad en su canal no comercial, pero en los otros
sí. Casos aislados sobre emisiones sin publicidad se conocen en
España por las iniciativas aisladas de TV3 en Cataluña, o en La 2, el
segundo canal estatal.

Hay una tercera vía de financiación: el canon. En casi todos los
países europeos, los canales públicos ingresan un canon por familia.
La prensa española publicó, hace casi tres años, parte de un informe
descriptivo elaborado por TVE para el Gobierno sobre las fórmulas de
financia­ción de las televisiones públicas europeas. Sus conclusio­nes
desataron una gran polvareda política. La cuestión se centró en la
posibilidad de utilizar en España un canon de 20.000 pesetas al año
por familia, que se recaudaría a través del recibo de la luz,
siguiendo el modelo griego. De esta forma, según el informe, el Ente
Público sanearía su maltrecha economía. Pero llegaríamos así a la
triple fi­nanciación: los ingresos por publicidad (actualmente sin
límite), de hecho, aunque no de derecho), las inyecciones financieras
de los Presupuestos Generales del Estado, y un canon cobrado
directamente a los usuarios. El proyec­to se abandonó ante la fuerte
contestación social que pro­vocó.



El control de calidad



Otro tema es si se está satisfecho con el producto que se recibe y se
paga con impuestos. Los programas de TV son productos elaborados,
distribuidos, tratados y explo­tados comercialmente, aunque con una
peculiaridad: ca­recen de cualquier control de calidad similar a los
que son preceptivos en los artículos destinados al consumo. Lo
escamotean con la excusa de que puede ser censura,



Oír al telespectador



porque esos productos tienen algún parecido con las rea­lizaciones
artísticas: expresan ideas, requieren una elabo­ración narrativa,
desarrollan técnicas estilísticas clasifica­bles en géneros
literarios, etcétera. En realidad, no todos los programas actuales
merecen el nombre de "bien artís­tico o cultural".

Esto es más grave en los canales públicos, que por su estatuto no
deberían contribuir a rebajar el nivel cultural de la televisión por
el hecho de ingresar más dinero.

Mención aparte merece el sistema de recogida de da­tos sobre la
audiencia. Los índices de audiencia re­flejan sólo lo que la gente
elige de la oferta, no lo que de verdad le gustaría ver. Y lo que no
recogen esos audíme­tros es el rechazo a un programa determinado.

El espectador está saliendo de la pasividad y esto se nota en varios
síntomas. Se aprecia en las ascendentes ci­fras de abonados a las
televisiones de pago, en los alqui­leres en los vídeo‑clubs. Asimismo=
,
la recepción vía saté­lite de canales temáticos gratuitos facilita que
la gente di­señe su propia programación.

Otro síntoma es que muchos canales de televisión eu­ropeos, públicos y
privados, quieren realizar un acerca­miento a su audiencia. En el
pasado mes de abril, durante una reunión celebrada en París, la
cadena pública France 2 anunció varias directrices con respecto al
televidente: el refuerzo de la deontología en los contenidos, una
mayor información al ciudadano, realizar periódicamente baró­metros
L.; satisfacción y la creación de "defensores" o "mediadores". Según
sus delegados, "es necesario refor­zar esta función de mediación ante
los telespectadores, para facilitar la expresión de sus puntos de
vista". El ca­nal público francés está redactando una "Carta de Ante­
na", como la que ya rige en la BBC inglesa.

En España, el Estatuto de RTVE (1980) contempla la creación de un
Consejo Asesor, con participación de te­lespectadores. Nunca se ha
llegado a constituir, a pesar de las muchas peticiones por parte de
políticos y de asocia­ciones de televidentes. Fue la privada Antena 3
TV quien tuvo la iniciativa en este terreno, creando en 1997 la figu­
ra del "Defensor del Telespectador" para que actuara de árbitro ante
conflictos con el televidente, puesto en Q1 que colocó a una
periodista de prestigio, Consuelo Álvarez de Toledo. A1 mismo tiempo,
el Consejo de Administración aprobó un "Código de Conducta".

Sin embargo, ni uno ni otro funcionó, y hay quienes piensan que fue
un fuego de artificio de cara a la galería. A pesar de esto, Antena 3
mantiene una Oficina del Es­pectador, al igual que Tele 5, que
habilitó poco después un Teléfono del Telespectador para la recogida
de opi­niones y sugerencias de la audiencia. Internet ha facili­tado
también mucho los contactos entre canales y públi­co.

Con independencia de la necesaria reforma de las te­levisiones
estatales, que demasiado a menudo son instru­mentos de los gobiernos
de turno, puede que el futuro es­té en el cable, en los canales
temáticos o en las televisio­nes de pago, donde es el telespectador
quien verdadera­mente manda: paga directamente ese servicio y, si no
le gusta, se da de baja. Puede elegir entre una oferta más va­riada,
eludir la avalancha publicitaria, y rebelarse ante la tiranía del
audímetro, que es actualmente, por desgracia, quien marca la
supervivencia o no de un producto televi­sivo.

Quién vigila los contenidos



Varios países de Europa cuentan con figuras ‑orga­nismos o una sola
persona‑ que velan por los conte­nidos de los programas de televisión=
.

Reino Unido. La programación británica está regula­da por dos
organismos independientes nombrados por el Parlamento: el
Broadcasting Standards Council (BSC) y la Broadcasting Complaints
Commission (BCC). El pri­mero de ellos controla todo lo que hace
referencia a vio­lencia, sexo y lenguaje; y el segundo estudia las
quejas presentadas por los telespectadores. Ambos organismos pueden
obligar a las cadenas a seguir sus recomendaciones.

Francia. El Conseil Supérieur de 1'Audiovisuel (CSA) tiene nueve
miembros nombrados por el presiden­te de la República, el Senado y la
Asamblea Nacional. El CSA otorga las frecuencias y vigila la
aplicación de las leyes audiovisuales. Tiene poder sancionador y lo
ha ejercido en alguna ocasión. La última vez, con ocasión de las
cláusulas abusivas contra la dignidad humana que M6 había obligado a
firmar a los concursantes de Loft Story.

Italia. Existe el Garante della Editoria, una especie de Defensor del
Pueblo, nombrado por el Parlamento. Muy poco operativo, sólo ha
intervenido en algún asunto de carácter político.

Alemania. Cada Estado tiene sus propias leyes al respecto, aunque
impone limitaciones sobre el tiempo de la publicidad, la garantía del
derecho de réplica, las emi­siones inadmisibles, los deberes de la
información o los principios básicos de las programaciones. En cada
Estado existe un organismo con poder sancionador que controla dichas
normas.

Portugal. Desde hace años funciona la Alta Autori­dad para la
Comunicación Social, de la que forman parte asociaciones de usuarios.
Tiene capacidad sancionadora.

España. El caso español es especial y asombroso. Desde 1995 está
aprobada en las Cortes la creación del Consejo Superior de Medios
Audiovisuales, tras un con­senso entre los partidos políticos y un
amplio estudio que llevó a cabo la Comisión Especial del Senado para
los Contenidos de Televisión. Había que ponerlo en marcha nombrando a
sus componentes y regulando su normativa de funcionamiento. Sin
embargo, una furiosa oposición por parte de los canales de TV logró
paralizar la iniciati­va, confundiendo a la opinión pública con el
fantasma de la censura.

El Mercado Nacional de Telecomunicaciones es quien ha asumido esta
función, sin que sea eficaz en ab­soluto. En las comunidades catalana
y gallega sí se ha creado un "consejo asesor de lo audiovisual", con
partici­pación de usuarios.



Italia: la televisión del primer ministro



Roma. En ningún otro país el panorama televisivo está tan
estrechamente ligado a la política como en Italia. El triunfo de
Silvio Berlusconi en las recientes elecciones generales ha vuelto a
proponer el caso insólito de un pri­mer ministro que es, a la vez,
propietario de las tres prin­cipales cadenas de televisión privada,
que hacen compe­tencia directa a la estatal RAI. Aunque la Fininvest
ase­‑gura que desde que Berlusconi entró en política, en 1994, es
ajeno a la vida de la empresa, será muy difícil que el debate sobre
el papel del servicio público televisivo no se vea influido de algún
modo por esta circunstancia.

El anterior Parlamento no consiguió ponerse de acuerdo sobre las
normas para evitar conflictos de intere­ses, lo que se ve como una
prioridad para que el gobierno de Berlusconi pueda actuar con
libertad. Otra de las he­rencias que recibe el nuevo gobierno es
precisamente la redefinición del papel de la RAI.

En realidad, el debate asoma de vez en cuando en las páginas de los
periódicos pero parece tener poca inciden­cia en las decisiones
concretas de gestión. La RAI, de hecho, funciona con criterios
comerciales, privilegia los ín­dices de audiencia e incluso en las
informaciones que ofrece sobre sus propios programas raramente se
centra en la calidad sino en el "éxito de público". Bien es cierto
que hasta ahora ha rehusado incluir en su programación programas como
Gran Hermano o Supervivientes, que emiten las redes de Berlusconi.



"Aceprensa", Servicio 84/01