Costas manda parar Fertiberia por contaminar la marisma de Huelva

Costas podría ejecutar de oficio el cese de los vertidos de fosfoyeso

Fertiberia, empresa propiedad del Grupo Villar Mir, ha colmado la paciencia del Ministerio de Medio Ambiente. Tras acumular unos 70 millones de toneladas de fosfoyesos (un residuo radiactivo de la producción de fertilizante) en la marisma del río Tinto, junto a Huelva capital, la dirección general de Costas ha enviado un escrito a la empresa para que paralice de inmediato el vertido, que se realiza en dominio público y en contra de una sentencia de la Audiencia Nacional y de ecologistas como Greenpeace y WWF España. En la práctica, lo que significa es el cierre de planta, cuyas balsas están a 500 metros de Huelva.

RAFAEL MÉNDEZ - EL PAÍS- 14-02-09- RAQUEL MONTENEGRO / 15-2-09 HUELVA INFORMACION |

Pero su director, Roberto Ibáñez, afirmó ayer que no cumplirá esta resolución. "Pensamos que quien debe fallar es el Supremo". "Sería imprudente cerrar ahora porque esperamos que el Supremo nos dé la razón y entonces no podríamos hacer nada". El Alto Tribunal ya rechazó en enero pasado suspender cautelarmente la paralización.

"Dado que [...] Fertiberia no ha presentado ningún plan de actuación que se ajuste a las condiciones" establecidas por el ministerio, Costas le impone "el cese definitivo de las actividades que desarrolla en dominio público marítimo-terrestre objeto de la concesión caducada, al carecer de título jurídico suficiente para ello". Ese parón deberá "materializarse mediante un sistema que permita una fácil e inmediata comprobación de la ausencia de actividad en la zona". Además, le da dos meses para que presente un plan de "regeneración ambiental" de los terrenos.

La dictadura franquista concedió en 1967 y 1968 dos permisos a Fertiberia para ocupar 720 hectáreas en la margen derecha del Río Tinto. Allí podía acumular los fosfoyesos, subproductos de la fabricación del ácido fosfórico que se usa como fertilizante. En noviembre de 2003, Medio Ambiente declaró que la concesión había caducado por incumplir las condiciones -en vez de apilar los tres metros de residuos que le permitía la concesión, la empresa acumulaba más de 20-. Fertiberia llevó el caso a los tribunales y en junio de 2007, la Audiencia Nacional dio la razón a Medio Ambiente. La empresa recurrió al Supremo y pidió suspender cautelarmente la ejecución de la sentencia. El alto tribunal lo desestimó en enero pasado.

Desde entonces, el Gobierno reclama a la empresa un plan para reducir progresivamente el vertido y de regeneración de la zona. Fertiberia comenzó a dar largas al plan de cierre. En los sucesivos escritos remitidos en 2008 a Costas siempre proponía aumentar la contaminación. En el último, fechado en septiembre, propuso la "supresión de forma brusca el 31 de diciembre de 2012", según le reprocha Costas.

Además, la firma "no ha constituido los avales requeridos para garantizar la ejecución de las obras de regeneración ambiental, así como las que sean necesarias para regenerar los terrenos donde se ubican las balsas", según el ministerio. La empresa sostuvo que el cese del vertido en 2012 "supone un importante quebranto económico" para Fertiberia y para Foret, una planta más pequeña que también vierte allí. Costas replica que "la justificación económica no puede considerarse suficiente" para no aplicar un plan más estricto.

Fertiberia tiene plantas de fertilizantes en Huelva, Palos de la Frontera, Puertollano, Sagunto y Avilés. La empresa tiene 1.056 empleados (370 de ellos en Huelva) y en 2007 vendió fertilizantes por 658,6 millones de euros.

La abogada de WWF España Rita Rodríguez destaca la relevancia de que Costas dé por zanjada la negociación e imponga la finalización del vertido y la obligación de establecer un plan de regeneración. Carlos Bravo, de Greenpeace, aplaudió la decisión del ministerio y criticó que la compañía pretenda ignorar esa resolución, que es completamente ejecutiva.

Obligaciones legales

- La Ley de Responsabilidad Ambiental, de octubre de 2007, obliga a las empresas

a pagar por los perjuicios ambientales que causen

y a tener un seguro para responder por los daños. Más de un año después esta norma sigue sin desarrollo y no se ha aplicado.

- La empresa minera MSP ha explotado sin licencia durante 10 años una gran mina a cielo abierto en un espacio protegido de León. El pasado 30 de enero, el Tribunal Superior de Castilla y León criticó la connivencia de la comunidad autónoma y ordenó la clausura inmediata de la mina.
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Costas podría ejecutar de oficio el cese de los vertidos de fosfoyeso

industria química El Ministerio de Medio Ambiente envía un último requerimiento a Fertiberia

Raquel Montenegro / 15-2-09 Huelva Informacion |


La Dirección General considera posible la paralización inmediata de la actividad en las balsas · En un oficio dictamina el final de los depósitos y da dos meses para presentar un plan de regeneración

La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar ha dado por cerrado (o al menos así lo transmite) el intercambio de propuestas con Fertiberia para el final de los vertidos de fosfoyeso. Hace unos días remitió un oficio a la empresa en el que determina que Fertiberia "no ha presentado ningún plan de actuación que se ajuste a las condiciones" planteadas por la Dirección General, por lo que requiere a la empresa para el "cese efectivo" de los depósitos de fosfoyeso y le da dos meses para presentar un plan de regeneración ambiental de los terrenos. Y además le advierte de que, de no producirse el cese de los vertidos, sería la propia Administración la que podría proceder a la ejecución forzosa.

Esta advertencia se había realizado anteriormente, pero cobra una nueva dimensión ante lo taxativo del último escrito remitido por la Dirección General a la empresa en lo referente al cese de los vertidos y su consecuencia directa, el cierre de la fábrica con el consecuente problema laboral de los alrededor de 350 trabajadores directos y otros tantos indirectos con los que cuenta.

Desde que la Audiencia Nacional se pronunció en 2007 considerando correcta la caducidad de la concesión hecha a Fertiberia para poder verter fosfoyesos a la marisma han sido varias las ocasiones en las que el Ministerio de Medio Ambiente ha requerido a la compañía la presentación de un plan de finalización de los vertidos, que ésta ha ido modificando y enviando. La última propuesta, elaborada tras conversaciones con la Administración central (en las que se habría llegado supuestamente a un acuerdo), fue presentada en septiembre de 2008.

Sin embargo, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa (antigua Dirección General de Costas) no ha quedado satisfecha tampoco con esta última propuesta de la empresa y ha tomado la determinación de requerir el final de los vertidos. Fertiberia planteaba una reducción progresiva de la producción: un 25% en 2009, un 30% en 2010, un 35% en 2011 y un 50% en 2012, cifras que supondrían una disminución de los vertidos de fosfoyeso a la marisma que no es suficiente a juicio del Ministerio. Pero además, la Administración advierte a la empresa de que a pesar de toda la documentación presentada "subsiste la falta de argumentos técnicos justificativos de la imposibilidad de un cese inmediato de la actividad", es decir, que considera posible el cese inmediato de los depósitos de fosfoyesos en la marisma. La Dirección General ya había expuesto a la empresa que el vertido debía cesar "no más allá del año 2011", pero ahora va más allá y recuerda a la fábrica que, una vez que se ha! extinguido la concesión para el uso del dominio público, "solamente cabe el cese inmediato de tales actividades", mientras que la posibilidad de un cese progresivo iba unida a que "se acreditara suficientemente el que técnicamente es inviable el cese inmediato".

El Gobierno no da un nuevo plazo para presentar un plan de cierre, como en ocasiones anteriores, sino que exige a la empresa el cumplimiento de la orden ministerial por la que se declaró caduca la concesión para verter en la marisma. Pide un cese de los vertidos que debe materializarse "mediante un sistema que permita una fácil e inmediata comprobación de la ausencia de actividad en la zona". Esta exigencia contrasta con las fechas que se habían venido barajando hasta el momento, como el año 2011 expuesto por la Administración central y la reivindicación primero de 2016 y después de 2012 por parte de la empresa, que alegaba aspectos económicos, ambientales y laborales.

La fecha del cierre de la factoría (el proceso de producción de Fertiberia conlleva que se genere fosfoyeso) se adelantaría por tanto respecto a esas previsiones de cumplirse la exigencia establecida por el Ministerio de Medio Ambiente. El Tribunal Supremo rechazaba recientemente una petición de medidas cautelares por parte de la empresa, en las que reclamaba que se paralizase la ejecución de la orden ministerial hasta que el Supremo resolviese el recurso presentado por Fertiberia tras fallar en su contra la Audiencia Nacional. Fertiberia recurrió la providencia del Supremo, reclamando de nuevo la suspensión cautelar que le permitiría obviar el requerimiento de la Dirección General.

Por otra parte, la Dirección General establece en su oficio que el plan de regeneración ambiental de los terrenos (Fertiberia ha presentado uno que no ha conformado a la Dirección) deberá contar con la conformidad del órgano competente de la Junta de Andalucía y la aprobación del Ministerio. Y hasta que se produzca la reversión de los terrenos, la empresa tendrá que garantizar la vigilancia y seguridad de la zona, el control de la estabilidad del apilamiento y la restauración ambiental.

El escrito del Ministerio supone un paso más en un largo proceso iniciado en 1991, fecha en la que Fertiberia inició el debate con la entonces Dirección General de Costas. En ese año, el Servicio Provincial solicitó a la Dirección la revisión de las concesiones por ser incompatibles con la actual Ley de Costas, mientras que Fertiberia solicitaba un cambio en el sistema de apilamiento del fosfoyeso contemplado en dicha concesión (aprobado por la Junta de Andalucía) que se deniega pero aún así se ejecuta. En 1998, Costas inició un expediente sancionador y otro de caducidad de las concesiones por diversos motivos, expediente durante el que Fertiberia alegó en varias ocasiones. En el año 2003 el Consejo de Estado dictaminó que procedía declarar la caducidad de las concesiones de uso del dominio público marítimo-terrestre a Fertiberia y se declaró dicha caducidad mediante una orden ministerial (la que ahora quiere ejecutar la Dirección General). El caso acabó en la Audiencia Naci! onal, que en 2007 daba la razón a Costas considerando caduca la concesión otorgada. La Dirección General comunicaba en octubre de ese año a la intención de ejecutar la orden ministerial y reclamaba un plan para el final de los vertidos de fosfoyeso. Desde entonces ha habido conversaciones entre la Administración y la empresa, que no han culminado satisfactoriamente a juicio del Ministerio.