COMENTARIOS AL INFORME DE LA
COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, PERÚ
Por considerar muy importante el tema, que además es común a la mayoría de los pueblos iberoamericanos quisiera insistir con el mayor respeto a la problemática peruana en hacer unos comentarios, mejor plantear unas inquietudes sobre el contenido del Informe, en especial sobre el tema de la VIVIENDA, que complementan las preocupaciones que ya antes he manifestado al referirme a "INQUILINOS DIGNOS?" e "INQUILINOS EN AMÉRICA" (ASF-E enero/03), que desafortunadamente no han tenido respuesta .
TEXTO Y CONTEXTO
La percepción directa de los problemas cotidianos adquiere otra dimensión cuando se pretende cuantificarla y relacionarla con proporciones y porcentajes, muchas veces la falta de definición de un contexto o ámbito puede prestarse a malas interpretaciones, vacíos e incluso a la configuración de nuevos universos que manipulados o no, distraen la realidad y por tanto la real cuantificación y por ende la tarea de dar solución al problema.
Estas imprecisiones al ser interpretadas por extraños y legos, como es el caso de los corresponsales de ASF, se alejan más de la realidad e impiden que "en medio del bosque no se vean los árboles" y por tanto no se puedan plantear alternativas y soluciones dentro de un acompañamiento que se solicita con el solo hecho de la difusión.
De acuerdo a información proporcionada por CIDAP, el déficit habitacional en Perú asciende a 1´010,878 viviendas, lo que implica que aproximadamente cinco millones de personas habitan en condiciones no adecuadas para el desarrollo de sus potencialidades
Esto indica que el promedio de personas por hogar y/o vivienda en el Perú es del orden de 4.94, no se indica y no se conoce las diferencias entre vivienda rural y vivienda urbana, pero puede asumirse un promedio entre 4 y 5 personas hogar/vivienda aunque en el medio rural tiende a ser mayor el número.
Entonces los estimados 25'662.000 habitantes representan 5'132.400 hogares/viviendas de las cuales el 72.3% ó 3'710.725 son hogares/viviendas urbanas y 1'421.675 hogares/viviendas rurales y las 25.050 personas que invadieron a Lima y su Área Metropolitana en los últimos 4 años representan 5.010 hogares/viviendas; no hay referencia al incremento natural y a otros flujos de nuevos habitantes.
De acuerdo a las estadísticas más recientes(?) del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) el 39.3% de las viviendas del país tiene paredes de adobe, el 42.2% de viviendas tienen pisos de tierra, el 40.1% no tiene abastecimiento de agua potable en el interior de sus instalaciones, el 52.9% no tiene servicios de alcantarillado conectado a la red pública y el 27.2% de los hogares peruanos no cuenta con fluido eléctrico servido por la red pública.
Que 2'017.033 viviendas tengan paredes de adobe o 2'165.872 tengan pisos de tierra, etc. pueden ser y son unas cifras alarmantes, pero están creando contextos aislados que distraen la verdadera proporción de la problemática; supongo que en alguna parte del informe del INEI existirá una estadística sobre aquellas viviendas que carecen de las normas mínimas de sismoresistencia y son un eventual peligro para sus habitantes; por otro lado el adobe (volúmenes regulares de tierra secados al sol y no cocidos) son un sistema constructivo tradicional de buena estabilidad y no necesariamente sinónimo de pobreza ya que su volumen técnicamente elaborado da un buen aislante a las condiciones climáticas extremas y puede llegar a considerarse como sismoresistente.
De acuerdo al último censo de 1993, 4´473,675 personas vivían en asentamientos humanos, es decir, en terrenos sin saneamiento físico y/o legal. De acuerdo a la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI), sólo se han entregado 1´066,813 títulos de propiedad, los mismos que de acuerdo al sistema financiero nacional no constituyen garantía suficiente para solicitar un préstamo(...).
Con la preocupación de una década de atraso en los datos censales se habla de 4'473.675 personas, es decir de 894.735 viviendas en terrenos sin saneamiento físico y/o legal, no hay claridad cual es la proporción entre lo físico y lo legal, pero asumamos que todas carecían de los servicios básicos para evacuación de aguas servidas, entonces si se han entregado 1'066.813 títulos de propiedad (uno por cada vivienda) desprevenidamente son mas los títulos que el déficit dado como referencia, se entiende que en 10 años el incremento del déficit cualitativo aumentó y persiste; sin embargo la mención a una serie de referencias en distintos formatos y contextos distorsiona la realidad y limita la credibilidad; igual sucede con la presentación de un cuadro sobre la Hogares en Viviendas particulares según régimen de Tenencia de la Vivienda donde para una gran mayoría 78.70% en 2001, la vivienda es propia por pagos totales, en proceso de amortización o por invasión; contra un 8.00% en alquiler, donde pudiera estar incluido el Inquilinato?.
Si existen avances importantes en el desarrollo de la infraestructura sanitaria para el agua, esto no necesariamente garantiza agua potable o saludable para todos, puesto que en gran parte de la Sierra se consume agua entubada, sin tratamiento (...).
Aceptado, el gran COSTO SOCIAL de nuestras ciudades es la provisión, tratamiento y distribución de agua potable; desafortunadamente pese a grandes sistemas potenciales de ríos y cuencas con destino al agua potable y a la energía hidroeléctrica de las ciudades y de las zonas rurales, no hay políticas globales claras de infraestructura; las ciudades de vieja implantación indígena y/o hispana en su mayoría han agotado las fuentes de suministro y poco o nada se ha hecho para hacer las previsiones y provisiones del caso, cada asentamiento dentro de su Plan de Ordenamiento y de acuerdo con sus potenciales debiera definir sus limitaciones de servicio (población en capacidad de servir), puede sonar duro y prepotente hablar de controles más drásticos para la población que día a día se acerca a los cascos urbanos en busca de mejores posibilidades, pero si estos asentamientos carecen de los medios o del potencial para darles un mínimo de Calidad de Vida es preferible que induzcan a estos nuevos habitantes e incluso a los propios en dirección de otros lugares con mejores capacidades de infraestructura.
De pronto mi exceso de disciplina me obliga a hacer estas sencillas operaciones aritméticas y anotaciones para tratar de comprender una realidad ajena, pero muy cercana, y me preocupa la distorsión que genera la falta de un contexto en un Informe lleno de textos extrapolados; también hay información que debiera estar incluida con el Derecho a la Vivienda como las condiciones de esta vivienda, habitabilidad, saneamiento, volúmenes y materiales, su densidad, la composición familiar, las edades, trabajo, participación en los ingresos familiares, niveles de educación, relaciones y transferencias culturales, migración, la infraestructura social de los asentamientos (educación, salud, recreación, transporte, etc.) sin descuidar tampoco las circunstancias de la vivienda rural y las tendencias de los asentamientos lejanos a Lima.
Francisco Pardo Téllez
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FRANCISCO PARDO TELLEZ |
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