Medio millón ocupa ilegalmente casas o terrenos en Argentina

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BUENOS AIRES (AP) _ Cada noche, cuando el silencio se apodera de las habitaciones de su casa, Elsa Etudié le ruega a Dios que le conceda un techo propio.

La madre desempleada de 53 años no puede evitar sentirse una intrusa dentro de la precaria vivienda que ella misma construyó hace once años, sobre un terreno perteneciente al estado.

"No siento vergüenza de vivir en una casa tomada y nunca la voy a sentir porque esto no fue una elección mía: Dios y yo sabemos que no hay otra posibilidad de vivienda para mi familia", dijo a la AP.

Aunque no existen cifras oficiales, se estima que en la ciudad de Buenos Aires más de medio millón de personas viven en unas 200.000 casas ocupadas ilegalmente o en terrenos ajenos. Cerca del 50% de los que viven en esas condiciones son niños.

"Este no es un problema menor y se agrava a la par de la crisis social y económica: cada vez son más las personas que cometen el delito de tomar posesión de aquello que no les pertenece. En este caso, una casa donde vivir", explicó a la AP Jorge Elías, licenciado en Servicio Social y especialista en el tema.

Tras cuatro años de recesión, Argentina atraviesa una de las peores crisis económicas de su historia, con la mitad de su población bajo condiciones de pobreza y una desocupación que alcanza al 21,5% de sus habitantes.

Pero el problema de las "casas tomadas" no es nuevo: comenzó con la ocupación de viviendas deshabitadas que habían sido expropiadas para la construcción de autopistas que nunca se concretaron.

"Entre 1981 y 1983 empezaron las primeras usurpaciones de casas vacías. El fenómeno luego se amplió a casas, fábricas, propiedad horizontal, terrenos con dueños ausentes, juicios de sucesión, edificios en construcción paralizados, propiedad fiscal no utilizada", dijo Elías.

"Antes de vivir en esta casa, deambulé por un montón de casas tomadas y terrenos usurpados porque nunca pude pagar por una habitación en una pensión o un hotel", relató Etudié.

A las ventanas de su hogar, ubicado en el barrio residencial de Palermo, le faltan algunos vidrios. Durante el invierno, a falta de otro medio de calefacción, recurre a un tazón de mate cocido caliente para combatir el frío antes de irse a dormir.

Si eso no funciona, ella, su hija y su pequeño nieto de un año se acurrucan en la misma cama y apilan las frazadas para darse calor.

En su casa, los muebles y objetos de valor empiezan a escasear.

"A medida que pasa el tiempo y sigo sin conseguir trabajo, no me queda otro remedio que ir vendiendo lo que puedo: ya no tengo el televisor que me hacía compañía todas las noches, ni la bicicleta que evitaba que tuviera que caminar a todos lados", relató.

Etudié comprende el derecho a recuperar su propiedad que tienen los dueños de las viviendas por las que alguna vez pasó y los juicios y las órdenes de desalojo de las que fue objeto.

"Es perfectamente entendible que quieran recuperar lo que les pertenece, pero en un país en el que no hay trabajo y no se puede ahorrar dinero es muy difícil que nuestra situación pueda cambiar", dijo.

Desde 1999, una ley promulgada durante el gobierno del presidente Carlos Menem permite a los propietarios de una vivienda usurpada recuperarla de inmediato si inician una denuncia penal y demuestran su titularidad.

Etudié trabajó en el servicio doméstico, en una fábrica y, en su último empleo cuidó chicos por un sueldo mensual de poco más de 40 dólares, pero hoy día está desocupada. Cuando lo dice se le escapan las lágrimas.

"Lloro de impotencia, porque una está apta para trabajar y no consigue nada. Yo sé lo que es hacer fila en una panadería para que te den un poco de pan y que cuando llegue tu turno ya no quede más", se lamentó.

Fernando Ojeda es uno de los responsables de la cooperativa El Ceibo, que nuclea a habitantes de casas tomadas. Tiene 40 años y junto a su esposa y cuatro hijos trabaja por mejorar las condiciones de vida de quienes como él ocupan casas ilegalmente.

Los responsables del Ceibo --que agrupa a unas 1.200 familias-- se ocupan de la mediación con los dueños de casas particulares facilitando la salida no violenta de sus moradores, en un plazo o condiciones determinados.

"La población que en algún momento estaba pagando un alquiler mínimo, un hotel o una pensión quedó atrapada por la crisis económica y no pudo sostenerlo, y terminó por tomar una casa", dijo Ojeda.

Pese a que la creencia popular asocia la toma de domicilios a la inmigración ilegal, según Ojeda "los indocumentados no llegan al 2% de la población estable de las casas tomadas. El 98% restante son argentinos, muchos de ellos provenientes del interior del país".

Por MARINA DENOY