Le pide además la legalización de los inmigrantes indocumentados para permitirles el goce de sus derechos

Preocupación y petición de intervencionismo en algunos de los problemas endémicos de la sociedad española. La ONU ha instado a España a que ponga fin a las persistentes desigualdades de género. Ha solicitado que se adopten medidas ante el creciente número de muertes por violencia doméstica y ante la no presencia de mujeres en puestos de toma de decisión. Asimismo, alienta al Estado a promover la legalización de los inmigrantes sin papeles para que puedan gozar de sus derechos. Además, señala que en nuestro país el 18,4 por ciento de la población está por debajo del umbral de la pobreza.

Redacción
Barcelona- El comité de Derechos Sociales y Culturales de Naciones Unidas ha recomendado a España que tome medidas para impedir que se vulneren los derechos fundamentales de los inmigrantes y solventar la discriminación que sufre la mujer. Naciones Unidas hizo llegar ayer estas recomendaciones a las ONG que han participado en la elaboración del informe sobre los derechos sociales en España, presentado en Ginebra hace dos semanas. El comité de ONU «alienta al Estado a promover la legalización de los inmigrantes indocumentados para permitir el pleno goce de sus derechos fundamentales», según el texto facilitado por el Observatorio de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC).
   Naciones Unidas también ha mostrado su preocupación sobre «las persistentes desigualdades de género, particularmente con respecto a la participación de las mujeres en las tomas de decisión y en el mercado laboral», así como por «el número creciente de víctimas de violencia doméstica». La inmigración y la discriminación de la mujer son los puntos en los que han puesto especial énfasis las ONG que han participado en el informe que se presentó ante Naciones Unidas. En inmigración, el informe destaca la alta cifra de inmigrantes sin papeles que viven en nuestro país, que calculan en cerca del millón de personas, y la falta de protección jurídica que padecen, especialmente desde la aprobación de la actual Ley de Extranjería. «El apartheid jurídico es cada vez mayor», según la representante de SOS Racismo Begoña Sánchez, que ha destacado la «explotación laboral» que sufre este colectivo.
   Así, se ha mencionado la situación de los menores inmigrantes que «deben ser tratados como menores antes que como inmigrantes», según Sánchez. En cuanto a la discriminación de las mujeres, la ONU ha recomendado a España que tome medidas para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral y que aumente el número de guarderías para niños entre cero y tres años, informa Efe.
   El informe destaca que «el déficit social va en aumento», a pesar de que España ha firmado el Pacto Internacional de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales de la ONU, en el que se compromete a progresar en estas materias», según Lourdes Ríos, portavoz del Observatorio DESC.
   En materia laboral, representantes de CCOO y UGT recuerdan que España ostenta «la peor situación del empleo de la Europa de los 15» y que en los últimos dos años ha superado el 11 por ciento de desempleo. Además, es «un empleo precario, que no ofrece condiciones de estabilidad ni seguridad», dice el informe. Junto al derecho al trabajo en condiciones dignas, otro derecho del que se ven privadas cada vez más personas es el derecho a una vivienda digna. El aumento del precio de la vivienda y «la débil política de protección que ejerce la Administración» están socavando el derecho a acceder a una vivienda, según el capítulo de Arquitectos Sin Fronteras y la Plataforma por la Vivienda Digna. Respecto al derecho a la alimentación, el documento señala que el 18,4 por ciento de la población española está por debajo del umbral de la pobreza. El informe también indica que España es responsable de las consecuencias de sus políticas de cooperación y de la actuación de las empresas españolas fuera de nuestro país.
   Por otra parte, un estudio del Grupo de Género y Salud Pública de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, muestra que la mortalidad infantil se triplicó en España entre 1997 y 2001.