Viviendas sociales en Chile:

¿Es esa la “sociedad” que queremos?

 

En Chile, el problema de las viviendas sociales hace rato que es evidente. Entonces: ¿Por qué aún se sigue con la misma política habitacional?

 

Escrito por Yafza Reyes

 

Últimamente el tema de las viviendas sociales ha estado latente. Supimos de las falencias de las casas de los habitantes de la famosa “ex toma de Peñalolén” en el último gran temporal de este invierno. Hoy nos enteramos de soluciones habitacionales estilo “casetas” de Malloa y Machalí en la sexta región… Y así muchas más.

Pero ¿cómo las familias llegan a adquirir sus viviendas sociales? Para la construcción de dichas viviendas, es necesario antes que todo, que las personas que aspiran a ellas, se asocien como “comité de vivienda” y tengan un ahorro de 280 mil pesos aproximadamente en una libreta. Luego de esto las familias del comité postulan en “conjunto” y no de forma individual, al Fondo Solidario de Vivienda del MINVU.
Para ello, los ahora comités de vivienda, por lo general “mal” asesorados por representantes municipales, eligen una consultora o asesoría técnica, la cual en rigor debería hacerse cargo de las siguientes cuestiones: determinar la demanda de beneficiarios del proyecto (número total de familias que postulan al fondo); determinar la factibilidad de construcción de las soluciones habitacionales, a través de un catastro de los predios habidos en el área urbana para este programa (si se trata de predios rurales, se debería acceder a otro tipo de subsidios, el “rural.

Sin embargo esto generalmente no sucede, ya que en muchas comunas que son a simple y compleja vista “rurales”, los usos de suelos determinan lo contrario, por lo cual casi no hay suelos agrícolas en las comunas “rurales y por tanto, tampoco hay “subsidios rurales”). También es trabajo de las consultoras o asistencias técnicas evaluar las características topográficas del terreno “elegido”, así como también definir las redes viales más óptimas a las cuales el nuevo conjunto “habitacional” debería tener acceso; luego vienen los catastros relacionados con la “urbanización” tales como agua potable, alcantarillados, pavimentación y alumbrado público.

Todos estos trabajos son no sólo necesarios, sino que son el trabajo de las asistencias técnicas que se adjudican los proyectos habitacionales, supuestamente “supervisados” por las municipalidades y por el SERVIU regional respectivo. Cuando ya todo está “legalmente bien”, no necesariamente “bien” – hablamos de alrededor de un años y medio entre toda la burocracia que tienen que vivir miles de familias que ven como cada vez más se atrasa el sueño de la casa propia – comienza recién el proceso de “licitación” para ver que constructora finalmente construye las casas.

Estos pasos, excesivamente largos para quien mientras espera su casa, vive en medias aguas; de allegado con familiares, en condiciones de hacinamiento, etc, no serían tan terribles, si al final de los dos años y medios aproximados de espera, la casa propia entregada, fuera verdaderamente igual que “el sueño de la casa propia” que tenían sus ahora dueños. Pero lamentablemente no es así.

Una casa de 30 o 32 metros cuadrados es poco para cualquier familia, pero no debemos olvidar que los terrenos permiten la ampliación por parte de los “beneficiarios” a 72 metros cuadrados, quedando incluso espacio para un patio, lo cual si constituye una “solución” al derecho básico y humano de la vivienda, pero no ataca el problema en su fondo. Cómo ya se mencionó, las familias aportan alrededor de 280 mil pesos y el resto es financiado por el Estado, no teniendo que pagar las familias ni dividendos, ni cuotas por su casa nunca más. Se trata de una vivienda dinámica sin deuda…

Sin embargo, cada vez nos enteramos con más frecuencia, de casas construidas en lugares no aptos; sin redes viales importantes que aseguren la conectividad de las familias con los servicios básicos; sin su urbanización terminada. Esto por supuesto aparte de los problemas más visibles de las obras: los constructivos (casas que se llueven, se desarman, se fisuran, se inundan, etc.)

Todo ello no debería pasar porque existen organismos privados y estatales que “supervisan” el proceso de construcción de las casas, desde la postulación a la entrega. Tales como las municipalidades, el SERVIU, etc. Sin embargo no debemos ser tan astutos para darnos cuenta rápidamente que estos organismos no hacen su trabajo. Lo peor de todo ello, es que quienes más se benefician de estos proyectos son las asistencias técnicas y las consultoras a cargo, las que se adjudican millonarias rentas, a costa de los fondos públicos y la ilusiones de las familias en situación de pobreza. Por supuesto siempre hay excepciones, y no es la idea que paguen “justos por pecadores”, pero la verdad en su mayoría es ésta y es verdaderamente vergonzosa.

Pero entregar hoy CASAS de 12 o 9 metros cuadrados es ridículo, impensable, lisa y llanamente inaceptable. ¿De qué hablamos cuándo hablamos de desarrollo? ¿Cuál es el Chile que queremos para el bicentenario? La política de vivienda social debe ser replanteada en nuestro país y debe replantearse ahora. No es posible que aún el ministerio de vivienda no tome cartas en este asunto y se sigan construyendo casas de mala calidad; en terrenos no aptos; pequeñas; incómodas; sin reales programas de “habilitación y participación comunitaria”; sin supervisión efectiva de los responsables; sin nada… Qué más podría haberle hecho tanto daño a nuestro país y a los ahora “propietarios” de estas viviendas sociales, si la casa propia, no sólo es el pilar de cada familia, sino que es el espacio en donde convivimos como personas, donde planeamos nuestros sueños, nuestras esperanzas, en donde simplemente deberíamos comenzar a ser felices.

Foto: Canal 13

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