PROBLEMÁTICA DE LA VIVIENDA EN ESPAÑA

                                                            Manuel Doval

                                          ASF/ Noviembre 2006

 

 

España ha firmado todas las declaraciones, protocolos y directrices internacionales en el ámbito del derecho a la Vivienda, considerado como un derecho humano fundamental.

Así, tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas de  1948, las Conferencias sobre Asentamientos Humanos  de  1976

( Hábitat I) de Vancouver, la Declaración de Estambul de 1996,(Hábitat II), Estambul +5 en 2001. Los  Objetivos para el desarrollo del milenio,  Directrices europeas, etc., todos ellos formando parte   de los compromisos del estado español en materia de vivienda digna.

Los planes estatales de vivienda, y las distintas estrategias de las diferentes administraciones públicas, central, autonómica y local, van en la misma dirección de promover el acceso a la vivienda de las capas sociales con menos recursos.

A nivel de la Administración central abordan el tema de la vivienda: el Plan Nacional de acción para la Inclusión Social del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y los Planes estatales del Ministerio de la Vivienda.

A nivel autonómico y municipal, programas de institutos y organismos vinculados a esas administraciones (Instituto para el realojamiento e Inserción social-IRIS- CAM- Empresa municipal de la vivienda, etc.)

Los fondos europeos de cohesión y los programas Urban, forman parte de los presupuestos comunitarios  a favor de actuaciones para la erradicación de la infravivienda y la lucha contra la exclusión social.

 

La realidad presente del acceso a la vivienda en España, contando con esos Declaraciones, Objetivos, Instituciones, y Programas, tanto internacionales, como nacionales, autonómicos y locales, presenta el siguiente panorama:

 

La industria de la Construcción y en concreto el Sector  Vivienda, resuelve ampliamente la demanda solvente, apoyada por un sistema financiero que otorga hipotecas a bajo interés ( 3-4%) y largos plazos( 20,30,40 años), generando una masiva construcción de viviendas,(en torno a las 700.000 ud. /año), sin precedentes en toda la Unión Europea.

 

La causa de este “Boom” inmobiliario, con amplias repercusiones urbanísticas de ocupación de suelo a gran escala y gran demanda de energía, que fortalece un modelo territorial difícilmente sostenible,  está, entre otros factores, en el aumento poblacional derivado de los flujos migratorios (cuatro millones de personas en 10 años), en la bajada de los tipos de interés, ( 12 puntos en ese mismo periodo), en la caída de los valores bursátiles desde el año 2000( desde el 2000 al 2003 la bolsa cayó un 57% y la vivienda subió un 42%), en la fuerte demanda de alojamientos turísticos en la costa mediterránea y en el crecimiento global de la economía española a ritmos superiores a los de su entorno europeo, con la internacionalización de sus grandes empresas constructoras, energéticas, de telecomunicaciones y financieras, entre otras.

De esa cantidad de viviendas sólo escasamente el 10 % son viviendas de protección oficial y precio tasado, invirtiendo el Estado en vivienda pública en torno a un 1% del PIB, frente al 2.5 % de media de la Unión Europea.

Según datos facilitados por Caixa de Cataluña una familia de clase media necesita 6.4 años de trabajo para pagar una vivienda (hace seis años necesitaba 4.4). Con rentas mas bajas el plazo se estima en 9 años.

El ritmo de crecimiento de los precios de las viviendas ha supuesto que en los últimos seis años, desde 1998 al 2004,  el coste de las mismas se ha incrementado en torno a un 79%.

Sin embargo el porcentaje de  crecimiento de los salarios ha seguido en general las subidas  anuales del IPC, situándose en ese periodo de tiempo en torno al  24,6%.

De esta forma los jóvenes tienen que dedicar cerca del 70% de sus ingresos a vivienda si viven solos y del 50% si viven en pareja. Siendo esas cifras válidas en el mercado libre  tanto para la compra de vivienda como para el alquiler.

Se estima que como media deben aportar para vivienda en propiedad una cantidad  aproximada de 460 euros /mes y para el alquiler 425 €/mes.

 

Las mujeres perciben un salario un 17.5% inferior a los hombres por lo que obviamente  su problema  es mayor, agravándose en los colectivos mas marginales y por un mayor índice de paro siendo ser las responsables de la mayoría de los hogares monoparentales.

 

En general sólo uno de cada diez jóvenes recibe ayudas publicas para acceso a la vivienda y únicamente un 4.5% de jóvenes tiene una Vivienda de Protección Oficial.

Conviene señalar para comprobar el difícil acceso de los jóvenes a la vivienda  que el  salario mínimo interprofesional  del año 2005  se situó en 513 €.

 

El régimen de tenencia de la vivienda en España es mayoritariamente en propiedad (82%),  siendo  en alquiler el 12% , frente a lo que ocurre en los países de su entorno de la  UE, donde predomina ampliamente el alquiler.

Existe una ocupación media de dos habitantes/vivienda, con un 68.5%  de primeras residencias.

Según datos del Banco de España la deuda hipotecaria total en materia de viviendas es actualmente de cerca de 500.000 millones de Euros. Ese alto nivel de endeudamiento de las familias, además de las restricciones en otros consumos básicos, podría suponer un  grave riesgo de impagos y deshaucios en el caso de una subida paulatina del MIBOR de referencia.

El numero total de viviendas en 2005 era de 23.209.842 siendo las viviendas desocupadas en nuestro país  del orden de tres millones y las  de segunda  residencia alrededor de 3.800.000.

Del total de viviendas existentes, 15.8 millones corresponden a primera vivienda propia y 1.8 millones a viviendas alquiladas

 

Las personas sin acceso regular a la vivienda son aquellos colectivos  con menos recursos, población marginal, etnias  en situación de exclusión social, inmigrantes ilegales, personas sin hogar, etc.

Su hábitat son áreas de  infravivienda, poblados chabolistas, albergues, o la propia calle.

Este campo  lo pretenden cubrir las administraciones públicas (IRIS en la Comunidad de Madrid, por ejemplo), apoyadas por ONGs y diversa asociaciones humanitarias. Tomando datos del Panel Europeo de Hogares 1999, del  INE 2004 , los de la Fundación Foessa  de 2005 y los estudios de  Caritas entre otros, tenemos el siguiente balance:

El 20% de los residentes en España tiene unos ingresos por debajo de la renta media disponible, siendo  por tanto  una población en situación de pobreza relativa.

El número de chabolas censadas es de 48.000  y las personas  sin hogar 250.000, considerando 30.000 sin techo, que duermen en la calle o provisionalmente en albergues estatales o de organizaciones humanitarias y otros colectivos viviendo en infraviviendas.

 

PARAMETROS BASICOS	Dato absoluto
Personas en barrios desfavorecidos en ciudades de 20.000  y mas habitantes	3.750.000. personas
Hogares con humedades	2.487.907 hogares
Hogares con goteras	1.402.494 hogares
Hogares con podredumbre en suelos o ventanas de madera	731.736 hog.
Hogares con alto índice de vandalismo delincuencia en sus alrededores	2439.120 hog.
Viviendas que no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad	387.000 viv.
Viviendas en estado ruinoso	37.000 viv.
Chabolas	48.000.-chabolas
Hogares con mucha dificultad para llegar a fin de mes	1.908.800 hog.

 

Fuentes: 1.-La desigualdad  Urbana en España, Ministerio de Fomento 2000

2.-Panel de Hogares de la Unión Europea, INE 1996

      3.-Jornadas sobre vivienda e inserción social. Materiales de trabajo nº 6  1999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES:

 

El artículo 47 de la Constitución Española de 1978 dice:

“Todos los españoles tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará de las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, expresa el derecho a la vivienda como un derecho fundamental.

Las declaraciones de Habitat I  de Vancouver de 1976 ,Habitat II de Estambul, 1996, El Objetivo 7 meta 11 de Los Objetivos para el desarrollo del Milenio del 2000, La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (Niza 2000), todos ellos firmados por el Estado español  enfatizan ese derecho y establecen medidas para conseguir su cumplimiento.

 

Sin embargo todos esos objetivos son de difícil consecución en la práctica,   sobre todo para las capas de población con menos recursos, considerando el  desarrollo del sector inmobiliario en nuestro país, el mercado del suelo especulativo, tener  la vivienda además de un valor de uso, la conceptuación de mercancía, incluso de  ahorro e inversión para determinadas capas sociales, o de colocación de dinero con opacidad fiscal.

 

El nivel de precios de las viviendas en relación con el nivel medio salarial o el nivel de paro existente (8.5%), la propia inestabilidad o temporalidad del empleo, la escasa participación del sector público en la construcción de viviendas de protección oficial, y la práctica inexistencia de  ayudas para el acceso en propiedad o alquiler de una vivienda para los sectores con menos renta,  hacen muy difícil  la aplicación de ese derecho humano a una vivienda digna proclamado en los textos institucionales.

 

Vivienda e inmigración : Uno de los sectores mas desprotegidos en materia de alojamiento en España es el colectivo de inmigrantes. En un reciente informe  efectuado por la Universidad de Murcia y la Plataforma contra la exclusión  social, se señala que aunque no existen por el momento guetos residenciales  de inmigrantes  se observan cierta tendencias de concentración en las áreas  mas degradadas  de los centros  de las ciudades, barrios periféricos  deteriorados y núcleos de infraviviendas de extrarradio.

Observándose en muchas ocasiones  graves condiciones de hacinamiento. En las áreas rurales, se localizan en naves o dependencias secundarias con equipamientos prácticamente inexistentes.

 

Vivienda y población gitana: Este colectivo, que se estima en el 1.5% de la población española, o sea alrededor de 600.000 personas, tiene en torno a un 70% en situación de pobreza. Según el informe anterior el 95% de infraviviendas o chabolas de los grandes núcleos urbanos, sin infraestructuras, servicios  o equipamientos son habitadas por familias gitanas. La precariedad de esos hábitats alimenta el circulo de la pobreza en el que están inmersos. En los procesos de realojamiento regular desde las instituciones se presentan guetos y problemas de marginación en relacional reto de la población.

 

Las distintas políticas de vivienda deberían tener como objetivo prioritario cubrir la demanda de los mas necesitados, atendiendo a las poblaciones inmigrantes y a los colectivos con peores condiciones económicas,   creando primeramente una bolsa de viviendas protegidas en alquiler y , según se  manifiesta desde el Instituto de Estudios Económicos (IEE), potenciar en segunda instancia la vpo en régimen de venta, favoreciendo posteriormente el alquiler de vivienda libre , dejando finalmente la compra de vivienda en propiedad a precios de mercado para la población con mayores recursos.

Una política de suelo que impida las calificaciones o  recalificaciones excesivas sobre terrenos privados, las retenciones, la especulación y la corrupción asociada, para intentar frenar la escalada de precios en la vivienda que hemos señalado.

 

Vivienda y ciudad: Al mismo tiempo  se debería de evitar el modelo expansivo de crecimiento urbanístico, que genera ciudades desagregadas insostenibles,  y producen gran  despilfarro energético, excesivo consumo de suelo y  fragmentación de las nuevas áreas residenciales monofuncionales por el territorio, que llevan consigo una congestión generalizada de tráfico, estrés y pérdidas de tiempo en los desplazamientos diarios residencia/trabajo, favoreciendo por el contrario la rehabilitación y re-uso del patrimonio edificado en los cascos históricos, ensanches y barrios consolidados de la ciudad tradicional.

En definitiva, entendiendo que la consecución del derecho humano a la vivienda digna lleva implícito, además de políticas publicas activas integrales  favorables a las personas con menos recursos y mas vulnerables, una ciudad mas compacta, equilibrada, plurifuncional y multicultural, con accesibilidad para todos los ciudadanos, incluidos las personas con movilidad reducida o con otras discapacidades, que valore primordialmente el espacio público y la incorporación de la naturaleza en su interior, desarrollando el transporte público  con eco-combustibles y la peatonalización, sin contaminación, ruidos  ni barreras arquitectónicas. 

Una ciudad donde la vivienda cuente en proximidad con equipamientos comerciales, sociales, educativos, sanitarios. y que tenga al medio ambiente y al ciudadano como ejes centrales de su acción.

 

Manuel Doval

Noviembre 2006

ARQUITECTOS  SIN FRONTERAS

Madrid