Viviendas sociales en Chile:

¿Es esa la “sociedad” que queremos?

En Chile, el problema de las viviendas sociales hace rato que es evidente. Entonces: ¿Por qué aún se sigue con la misma política habitacional?

Escrito por Yafza Reyes

Últimamente el tema de las viviendas sociales ha estado latente. Supimos de las falencias de las casas de los habitantes de la famosa “ex toma de Peñalolén” en el último gran temporal de este invierno. Hoy nos enteramos de soluciones habitacionales estilo “casetas” de Malloa y Machalí en la sexta región… Y así muchas más.

Pero ¿cómo las familias llegan a adquirir sus viviendas sociales? Para la construcción de dichas viviendas, es necesario antes que todo, que las personas que aspiran a ellas, se asocien como “comité de vivienda” y tengan un ahorro de 280 mil pesos aproximadamente en una libreta. Luego de esto las familias del comité postulan en “conjunto” y no de forma individual, al Fondo Solidario de Vivienda del MINVU.
Para ello, los ahora comités de vivienda, por lo general “mal” asesorados por representantes municipales, eligen una consultora o asesoría técnica, la cual en rigor debería hacerse cargo de las siguientes cuestiones: determinar la demanda de beneficiarios del proyecto (número total de familias que postulan al fondo); determinar la factibilidad de construcción de las soluciones habitacionales, a través de un catastro de los predios habidos en el área urbana para este programa (si se trata de predios rurales, se debería acceder a otro tipo de subsidios, el “rural.

Sin embargo esto generalmente no sucede, ya que en muchas comunas que son a simple y compleja vista “rurales”, los usos de suelos determinan lo contrario, por lo cual casi no hay suelos agrícolas en las comunas “rurales y por tanto, tampoco hay “subsidios rurales”). También es trabajo de las consultoras o asistencias técnicas evaluar las características topográficas del terreno “elegido”, así como también definir las redes viales más óptimas a las cuales el nuevo conjunto “habitacional” debería tener acceso; luego vienen los catastros relacionados con la “urbanización” tales como agua potable, alcantarillados, pavimentación y alumbrado público.

Todos estos trabajos son no sólo necesarios, sino que son el trabajo de las asistencias técnicas que se adjudican los proyectos habitacionales, supuestamente “supervisados” por las municipalidades y por el SERVIU regional respectivo. Cuando ya todo está “legalmente bien”, no necesariamente “bien” – hablamos de alrededor de un años y medio entre toda la burocracia que tienen que vivir miles de familias que ven como cada vez más se atrasa el sueño de la casa propia – comienza recién el proceso de “licitación” para ver que constructora finalmente construye las casas.

Estos pasos, excesivamente largos para quien mientras espera su casa, vive en medias aguas; de allegado con familiares, en condiciones de hacinamiento, etc, no serían tan terribles, si al final de los dos años y medios aproximados de espera, la casa propia entregada, fuera verdaderamente igual que “el sueño de la casa propia” que tenían sus ahora dueños. Pero lamentablemente no es así.

Una casa de 30 o 32 metros cuadrados es poco para cualquier familia, pero no debemos olvidar que los terrenos permiten la ampliación por parte de los “beneficiarios” a 72 metros cuadrados, quedando incluso espacio para un patio, lo cual si constituye una “solución” al derecho básico y humano de la vivienda, pero no ataca el problema en su fondo. Cómo ya se mencionó, las familias aportan alrededor de 280 mil pesos y el resto es financiado por el Estado, no teniendo que pagar las familias ni dividendos, ni cuotas por su casa nunca más. Se trata de una vivienda dinámica sin deuda…

Sin embargo, cada vez nos enteramos con más frecuencia, de casas construidas en lugares no aptos; sin redes viales importantes que aseguren la conectividad de las familias con los servicios básicos; sin su urbanización terminada. Esto por supuesto aparte de los problemas más visibles de las obras: los constructivos (casas que se llueven, se desarman, se fisuran, se inundan, etc.)

Todo ello no debería pasar porque existen organismos privados y estatales que “supervisan” el proceso de construcción de las casas, desde la postulación a la entrega. Tales como las municipalidades, el SERVIU, etc. Sin embargo no debemos ser tan astutos para darnos cuenta rápidamente que estos organismos no hacen su trabajo. Lo peor de todo ello, es que quienes más se benefician de estos proyectos son las asistencias técnicas y las consultoras a cargo, las que se adjudican millonarias rentas, a costa de los fondos públicos y la ilusiones de las familias en situación de pobreza. Por supuesto siempre hay excepciones, y no es la idea que paguen “justos por pecadores”, pero la verdad en su mayoría es ésta y es verdaderamente vergonzosa.

Pero entregar hoy CASAS de 12 o 9 metros cuadrados es ridículo, impensable, lisa y llanamente inaceptable. ¿De qué hablamos cuándo hablamos de desarrollo? ¿Cuál es el Chile que queremos para el bicentenario? La política de vivienda social debe ser replanteada en nuestro país y debe replantearse ahora. No es posible que aún el ministerio de vivienda no tome cartas en este asunto y se sigan construyendo casas de mala calidad; en terrenos no aptos; pequeñas; incómodas; sin reales programas de “habilitación y participación comunitaria”; sin supervisión efectiva de los responsables; sin nada… Qué más podría haberle hecho tanto daño a nuestro país y a los ahora “propietarios” de estas viviendas sociales, si la casa propia, no sólo es el pilar de cada familia, sino que es el espacio en donde convivimos como personas, donde planeamos nuestros sueños, nuestras esperanzas, en donde simplemente deberíamos comenzar a ser felices.

Foto: Canal 13

La Violencia Inmobiliaria y Urbanística

Arquitectos Sin Fronteras presenta su último monográfico: la vivienda de alquiler como herramienta para la inclusión social, un paso más en una serie de trabajos, estudios y propuestas que hemos realizado los últimos años para conseguir que las políticas urbanas y de vivienda estén coordinadas con las políticas sociales, de manera que sean un factor de inclusión y cohesión social, en lugar de contribuir a la segregación espacial, a la marginación o a la formación de guettos. 

Puedes encontrarlo en: www.asfes.org   Busca en la sección de PUBLICACIONES INFO26

Esperamos que os interese

Gerardo Molpeceres

ASF-DT Aragón

17 MIL de estas casonas y solares estÁn a punto de colapsar
Existen 121 mil viviendas tugurizadas en Lima
El Cidap revela que 622 mil pobladores habitan estos inmuebles casi ruinosos

Los años no pasan en vano, ni siquiera para aquellas casonas que por mucho tiempo conservaron su esplendor, pero que debido al hacinamiento y a la falta de un mantenimiento adecuado hoy forman parte de una fea realidad: las viviendas tugurizadas que en las últimas dos décadas se incrementaron notoriamente en las principales ciudades del país, y que en el caso de Lima Metropolitana llegan a 121 mil, muchas en estado ruinoso y deplorable. El adobe, la quincha o la madera, que como debilitada estructura aún sostienen a precarias viviendas con más de 60 años, se niegan a ceder, conviviendo con el deterioro, el abandono, sus usos no apropiados y la agresión propia de agentes externos como sismos, clima.
La tugurización se ha convertido en un problema que no decrece, sino que está en aumento y que en el caso de los 621 mil 899 pobladores que habitan esos inmuebles, es una pesadilla con la que tienen que lidiar a diario, con el riesgo que esto implica, refiere con voz grave y consciente de la envergadura de la situación Silvia de los Ríos, del Centro de Investigación, Documentación y Asesoría Poblacional (Cidap).

Vulnerabilidad
En su estudio de vulnerabilidad y determinación de riesgo realizado por el Instituto Nacional de Defensa Civil se desprende que solamente las casas antiguas están siendo ocupadas por el 2% de sus propietarios, el resto son inquilinos, que no realizan ninguna refacción. Eso explica porqué aquellos inmuebles evidencian una severa acción de la humedad en sus paredes y pisos, siendo una buena parte responsable el clima limeño, pero también las malas conexiones de agua y desagüe que han sido adaptadas en sus habitaciones, ya que antaño eran de "un solo caño". Esta situación ha debilitado la estructura de muchas de ellas que, siendo de adobe, las convierte en candidatas a sucumbir ante la inercia y el abandono.


El estudio del Cidap sobre 13 distritos de Lima revela un alto índice de inmuebles tugurizados en el Cercado, La Victoria, Rímac, Breña y El Agustino. El Cercado en 1981 tenía 15 mil 660 viviendas tugurizadas, en 1993 pasó a 18 mil 87, en 1999 se incrementó a 23 mil y en 2004 se calculaba que existían 27 mil 94, con tendencia al crecimiento. La Victoria, que en 1981 tenía 7,055 viviendas, en 2004 llegó a 19,370. El Rímac, de 5,890 viviendas tugurizadas en 1981 subió en 2004 a más de 19,000.
Breña es otro de los distritos con un alto índice de casas en mal estado, ya que de 4,766 que tenía en 1981, en 2004 sumó 15,722.
Los mismos distritos con viviendas tugurizadas son los que presentan altos índices de población que vive en esas condiciones. Es así que el Cercado, que en 1981 tenía 67,571 personas, en 2004 superó los 126 mil.
En La Victoria suman actualmente 105,635 personas que viven en esta situación, cifra que se triplicó, en comparación con 1981. El Rímac es donde más se incrementó este grupo poblacional: en 1981 tenía 25,486 mientras que en 2004 llegó a 103,132.
 

Acción concertada 
La especialista del Cidap demanda una acción concertada entre las instituciones públicas y la sociedad civil, que incluiría a propietarios, posesionarios e inquilinos.
De las propuestas referidas a una renovación urbana existen varias, refiere, al mencionar incluso un proyecto de ley que está a la espera de ser aprobado por el Congreso. Sin embargo, sostiene que algunos atribuyen como un cuello de botella que limitaría su ejecución, la falta de recursos y la legalidad del suelo, aunque esto último estaría a la espera de una reglamentación.
En el tema financiero, el proyecto de Ley General de Renovación Urbana plantea la existencia de un fondo nacional porque –según el Cidap– las iniciativas financieras que hoy existen en la banca privada y otros sistemas aún son exiguas y los requisitos de calificación todavía no se ajustan a la realidad social de las familias que viven en esos predios.

Tomado de Le Monde Diplomatique, Edición Cono Sur, febrero 2005 pp 14 y 15

Programa de viviendas sociales Mi Casa/Mi Vida, en Córdoba

por Guillermo Posada^*

“Territorios de relegación”

Un programa del gobierno provincial erradica villas miseria de la capi­tal para trasladar a sus habitantes a urbanizaciones construidas en la periferia. Para muchas familias estas mudanzas significan la pérdida de sus redes de subsistencia, el aumento de la conflictividad interna y la cristalización de la pobreza. ¿El germen de los suburbios parisinos?

La ciudad tiene una historia; es la obra de
una historia, es decir de personas y grupos muy determinados que realizan esta
obra en condiciones históricas.

                                  Henry Lefebvre (1)

"Córdoba es una ciudad que se desintegra; countries y guetos de pobres han cambiado nuestra fisonomía. Acá la polis está perdiendo su dinámica de integración y nos encontra­mos con islotes marginados, ubicados en la periferia, que no interactúan entre sí. Se está mandando a los bordes de la ciudad a los pobres, a los marginados, a los caídos del sis­tema", se lamenta el abogado y ex juez fede­ral Miguel Julio Rodríguez Villafañe.

Con una inversión millonaria, finan­ciada con créditos del Banco Interameri­cano de Desarrollo (BID), el gobierno pro­vincial se ha propuesto despejar la capital de asentamientos y trasladarlos a la perife­ria, construyendo inmensos barrios de viviendas sociales, a los que denomina "ciu­dades", con el argumento de que los pobres podrán allí mejorar su calidad de vida por­que habitarán en casas de material. El enga­ñoso razonamiento oculta que, como denun­cian los especialistas, al llevar a las villas a los límites del campo se aleja a los pobres de la poca capacidad que tenían de integrarse a la dinámica social urbana.

Porque la ciudad que durante el Cordobazo hizo decir a Adalbert Krieger Vasena, ministro de Economía del dictador Juan Car­los Onganía (1966/69), que tenía los obreros mejor pagos del país, ha cambiado su natu­raleza radicalmente. Tres décadas y media después, en un contexto de pauperización masiva de la población, terrenos fiscales, propiedades privadas en desuso y costas de los canales que atraviesan la ciudad desde la época en que sus aguas se utilizaban para el riego del sistema de huertas en el cinturón verde, se fueron poblando de asentamientos y villas miseria donde los sectores más pobres organizaron su vida en el ámbito de la lla­mada economía marginal. Este proceso alcanzó su punto más alto durante la crisis de 2001: cartoneros, trabajadores en negro, niños que piden en calles y bares, vendedo­res de todo tipo de mercancías hallaron en las villas su espacio de supervivencia.

Periferia urbana

Ante esta situación, el gobierno de la provin­cia impulsó el programa de viviendas socia­les Mi Casa/Mi Vida, con el objetivo de otor­gar casas de calidad a estos sectores que en términos generales se encuentran en la indi­gencia. Hasta el momento, 5.480 familias fueron trasladadas a unos 25 barrios, ubi­cados en su mayoría tras el anillo de cir­cunvalación que rodea la ciudad, en zonas que carecen de conexiones fluidas. Ocho de las urbanizaciones superan las 250 viviendas, escala que contraria todo crite­rio urbanístico moderno.

Lo que el ministro de la Solidaridad, Alejandro Paserini, describe como un claro ejemplo de "movilidad social ascendente" para los estratos más bajos de la población es, según diversos especialistas, actores socia­les y periodistas, un proceso de marginación territorial de los más pobres, en la medida en que genera guetos encapsulados, fuera del espacio público de la ciudad.

"El resultado es una ciudad partida, con   la   pobreza geográficamente concentrada áreas periféricas que pasan a constituirse, palabras de Loic Wacquant, en verdade­s “territorios de relegación”. La situación tiene su punto de partida en la inequidad social, pero el nuevo modelo de ciudad, a vez, reproduce y potencia las desigualdades existentes", describe el periodista Roberto Reyna (2).

Aun permaneciendo dentro del ejido la capital provincial, las "ciudades" generan la idea de que forman parte de algo distinto    a los tradicionales barrios, sean estos ricos o pobres. "Esta denominación, como punto de partida, ubica a estas poblaciones cera del ámbito de la ciudad, cosa que no buena. Históricamente los barrios pobres pertenecieron a la ciudad. En cambio ahora ya se arranca conceptualmente de que no es un barrio de la ciudad: es otra ciudad saté­lite, adonde llevan a la gente para que no moleste. Es cierto que el gobierno tenía que hacer algo para solucionar el problema de la falta de viviendas, pero no estoy seguro de que ésta sea la solución adecuada", agrega el periodista Miguel Clariá, columnista de la popular radio LV3.

Esta lógica del proceso social pare­ciera conjugarse con la política de seguridad del gobierno cordobés, que impone la deten­ción de los jóvenes estigmatizados como pobres y de tez oscura, basándose en la apli­cación del código de faltas. Esta situación ya ha sido denunciada por organismos de derechos humanos, policías y por los pro­pios jóvenes detenidos (3).

"El programa del gobierno es un clarísimo retroceso en el sentido social de la vivienda -señala Rodolfo Martínez Paz, pro­fesor de la cátedra de Arquitectura II de la Uni­versidad Nacional de Córdoba- y forma parte de iniciativas urbanísticas que no aprobarían la fase de proyecto en la Facultad de Arqui­tectura." Según el docente, se reproduce así el modelo de viviendas sociales que se impuso durante décadas, tanto en territorios gober­nados por los socialismos reales como en las sociedades capitalistas occidentales.

"El gran fracaso ha sido la escala en grandes dimensiones, porque genera encap­sulamiento. Sobre todo si, como en estos casos, los barrios carecen de continuidad con el resto de la ciudad Miles de viviendas, donde las familias se encuentran fuera de los circui­tos de integración social, despersonalizan desde lo arquitectónico, segregan en lo social y prolongan la exclusión económica de gente, que se hace aun más dependiente del Estado para poder sobrevivir. Es el caso de los “ensem­bles franceses", explica Martínez Paz.

Los indicadores sociales de los bene­ficiarios del programa dan cuenta de la gra­vedad de la situación: el 80% recibe un pro­grama social como principal ingreso familiar (4). Por otro lado, el permanente conflicto político que el gobernador José Manuel de la Sota ha mantenido con los intendentes de la ciudad, tanto con el opositor Luis Juez como con su ex-aliado Germán Kammerath, dio lugar a que los barrios se instalaran sin contar con la coordinación de la estructura de la municipalidad local. Como conse­cuencia, las urbanizaciones se encuentran poco conectadas con la infraestructura ciu­dadana, tanto en lo que se refiere al trans­porte público como al sistema cloacal o al servicio de recolección de residuos.

"La densidad de población es muy baja en comparación con la mínima para que una

ciudad tenga características urbanizables, por­que a Córdoba le sale muy caro mantener redes de infraestructura tan extendidas. Hay condiciones ambientales que no están siendo previstas y que se van atacando en la medida que la gente se queja, protesta. Esta situación puede afectar gravemente en el futuro la salud de la población, sobre todo en lo que se refiere a las plantas cloacales, que son autónomas y están generalmente colapsadas. Cuando las redes revientan se contaminan las napas fre­áticas, pero de hecho estas napas ya estaban saturadas por otros barrios antes de que se iniciase el plan", sostiene Olga Montoya, una arquitecta colombiana que realiza una maes­tría en gestión ambiental en la Facultad de Arquitectura, por medio de un programa financiado por la OEA.

Periferia social

       Pero más grave aun es que los pobladores han perdido sus redes de subsistencia, lo que con­lleva una dependencia más directa del asis­tencialismo estatal. Esto no es resultado de la "voluntad" de los beneficiarios sino de la iniciativa del gobierno, que al realizar los tras­lados no contempló el problema laboral que se generaría en las nuevas localizacio­nes. "Habitualmente, al no tener trabajos for­males, los habitantes de las villas desarrollan su vida económica en relación con los barrios colindantes. Pero esta gente perdió gran parte de sus ingresos cuando fue trasladada; se rom­pió la red relacional. Las mujeres que tra­bajaban en el servicio doméstico, los hom­bres que hacían trabajos esporádicos, los .cartoneros que tenían sus circuitos de reco­lección en zonas adyacentes a la villa, han perdido concretamente ingresos económicos contantes y sonantes que ahora no pueden reemplazar por otros, ya que en las zonas donde están ahora desapareció toda posibi­lidad de “rebusque"', explica un técnico que trabaja diariamente con los beneficiarios.

Las comunidades apuntan sus quejas. “Todo entra por los ojos y el gobierno nos pro­metió el oro y el moro. Nosotros elegimos irnos porque parecía algo bueno para nues­tras familias, pero con las casas solas no se llena el estómago. La vida es ahora más com­plicada porque nos mandaron muy lejos y nos aumentaron los gastos, nos perjudica para trabajar. Allá se pasa ahora mucho hambre”, se  queja ante el Dipló Juan Monje, habitante de Ciudad de Mis Sueños y cocinero del comedor para chicos de la calle La Luciérnaga.    

 El programa no fue pensado teniendo en cuenta la integración de las familias a  los circuitos regulares de trabajo. "El concepto de ciudad no puede estar desligado del de producción, pero las “ciudades” no tienen espacio para la producción, no están pensadas en ese sentido. En las ciudades-barrios es muy difícil la inserción laboral. Hasta robar es difícil allá", razona Roxana Campana, psicóloga, magister en ciencias políticas, diplomada en salud pública y responsable del centro de salud de Ciudad de Mis Sueños.    

En ese contexto los niños y los ancia­nos fueron quienes más sufrieron los traslados. "Estuvimos seis meses para poder sacar adelante a 24 chicos desnutridos que habían venido muy mal de la villa. Pero ade­más de que la gente venía con condiciones previas de mucha indigencia, con índices de desnutrición que alcanzaban el 50% entre los niños, la euforia inicial de la gente por  tener casas dignas devino en graves cua­dros depresivos. La casa no solucionó la falta de trabajo", dice Campana.

Para la psicóloga el programa desen­mascara a una sociedad capitalista donde el perdedor no conserva su condición de ciudadano si no tiene un trabajo que lo defina.

Al perder su ciudadanía, los pobres han dejado de ser sujetos para convertirse en obje­tos susceptibles de ser trasladados de un lugar a otro, dependientes de la ayuda estatal.

Sólo en las villas, donde existía una organización interna, fruto del trabajo de las organizaciones populares y los come­dores comunitarios y donde la identidad se encontraba fuertemente arraigada, algunos pobladores han resistido exitosamente los traslados (ver recuadro).

Para todo el resto, la aglomeración en los nuevos barrios ha significado un trauma de difícil elaboración. Aislados, lejos de donde podían ganarse el sustento y presio­nados por un contexto donde cada sector se las arregla como puede, los beneficiarios del programa perdieron las redes de solida­ridad que quedaban en pie. "El antiguo ima­ginario sociológico de la pirámide social, con los ricos arriba y los pobres abajo pero formando parte del mismo dibujo, se derrumbó para alumbrar la idea de un archipiélago, sin puntos de contacto entre universos que se extrañan y desconfían mutuamente", sintetiza Reyna (5).

*  Periodista

1.     “El derecho a la ciudad”,  Ediciones Península, Barcelona, julio de 1969.

2.     "Desigualdad social y segregación territorial", en la revista Desafíos urbanos, mayo/junio 2005.

3.     Guillermo Posada, "Pobres y morochos, fuera de circulación", Le Monde Diplomatique, edición         Cono Sur, octubre de 2005.

4.     Datos oficiales suministrados por el Ministerio de la Solidaridad en base a la Encuesta sobre Calidad de Vida, del programa Mi Casa/Mi Vida.

5.     Op. cit.

 ////////            TEXTO RECUADRADO //////

Resistencia a los traslados compulsivos