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Las empresas públicas escapan al control parlamentario y han recibido de la Junta, pese a sus continuas pérdidas, 11.523 millones de euros en cinco años
Sueldos superiores al del presidente de la Junta
Los sueldos de numerosos directivos de empresas públicas llegan a superar, incluso, al del presidente de la Junta, que percibe al año 81.155,04 euros. Es el caso, por ejemplo, de la nómina anual del director general de la RTVA, Pablo Carrasco, cuyo salario asciende a 139.345,76 euros por todos los conceptos salariales.
Este, sin embargo, no es un caso aislado, como se desprenden de los emolumentos anuales de un contrato de alta dirección en Turismo Andalucía por valor de 100.398,54 euros en 2006; o de los 89.578,79 euros que percibió en 2007 el consejero delegado de la Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero.
Opacidad, despilfarro, competencia desleal al sector privado, incumplimientos de la legalidad, sueldos más altos que el del presidente de la Junta, enchufismo, injerencias en la propia administración... Estas son algunas de las críticas que la oposición ha realizado al funcionamiento de las empresas públicas andaluzas, cuyo funcionamiento detallado es una de las mayores incógnitas de la comunidad autónoma, ya que no están sujetas al control del Parlamento. Y ello, a pesar de que manejan el 9,1% de los recursos de Andalucía y de que han recibido de la Junta 11.523 millones de euros entre 2002 y 2005.
Para conocer algunos aspectos, al menos los fundamentales, de estos organismos públicos hay que recurrir a los informes de fiscalización que realiza la Cámara de Cuentas de Andalucía. Y ello, a pesar de que muchas de las empresas públicas incumplen la Ley de presupuestos al no facilitar información relativa sobre sus cuentas.
146 organismos
El más reciente de estos informes, el correspondiente a 2007, señala que en Andalucía había en esos momentos 146 empresas públicas, 29 más de las registradas en 2009, de las que 58 son empresas con capital mayoritario de la administración y 88 minoritarias.
Estas empresas permiten a la administración una gestión, al menos en teoría, más ágil que sus propias consejerías y abarcan campos que van desde la sanidad al turismo, las infraestructuras, la cultura o el medio ambiente.
Los pagos materializados por la Junta de Andalucía a esas 146 empresas públicas en 2007 alcanzaron un valor, según ese informe, de 3.154 millones de euros, una cifra que superó en 600 millones lo presupuestado en las cuentas de la comunidad para este apartado ese mismo año.
El 60,2% de esos fondos, 1.899 millones de euros, lo absorbieron cinco empresas públicas: Gestión de Infraestructuras de Andalucía (GIASA) -dependiente de la Consejería de Obras Públicas y Transportes-, que recibió 427,66 millones de euros; la Agencia de Innovación y Desarrollo (IDEA) -adscrita a la Consejería de Innovación Ciencia y Empresa-, con 366,72 millones; la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) -Consejería de Presidencia-, con 161,35 millones; la Empresa de Gestión Medioambiental(EGMASA) -dependiente de la Consejería de Medio Ambiente-, con 424; y la de Infraestructuras y Servicios Educativos -que pertenece a la Consejería de Educación-, con 519 millones.
Empresas con más pagos
Salvo en el caso de esta última, estos pagos a estos organismos desmienten uno de los lugares comunes de la defensa que hace el Gobierno andaluz y el PSOE del sector público de la comunidad autónoma, esto es, que se trata de inversiones, sobre todo, en educación y sanidad.
La Cámara de Cuentas señala, en cambio, que son precisamente esas empresas las que recibieron en los últimos cinco años el mayor volumen de pagos, unos organismos, como EGMASA, IDEA, GIASA y la RTVA, que nada tienen que ver con la educación y la sanidad.
A pesar del capital que la administración autonómica inyecta y de la ingeniería contable que aplica a sus cuentas, las pérdidas de las empresas públicas se suceden año tras año.
Un ejemplo de ello es el balance contable que presentaron estos organismos en 2006, que arrojó unos beneficios de 37 millones de euros. La cifra, sin embargo, es engañosa, ya que se obtiene tras aplicarle la Junta subvenciones de explotación para compensar pérdidas.
Sin estas subvenciones de explotación que en 2006 ascendieron a algo más de mil millones de euros, señala el informe de la Cámara, las pérdidas de estas entidades hubieran sido de 963 millones.
Estas operaciones financieras no pudieron ocultar las pérdidas de estas empresas al año siguiente, que, con subvenciones incluidas, fueron de 20,98 millones de euros. Sin esas aportaciones económicas por parte de la Junta de Andalucía, las pérdidas hubieran sido de 1.200 millones de euros.
Pérdidas de la RTVA
De nuevo, muchas de las empresas públicas que presentaron mayores pérdidas no tenían nada que ver con el sector educativo o el sanitario. Es el caso de la RTVA, el organismo que presentó el déficit más alto del sector público andaluz, 177 millones de euros, a pesar de ser uno de los cinco que más fondos percibió de la administración ese año.
Otras dos empresas que estaban entre las que más fondos recibieron de la Junta en 2007 también presentaron unas pérdidas considerables: de un lado, EGMASA, con un déficit de 113 millones de euros; e IDEA, con 43 millones de euros.
Junto a las cifras de estos organismos, también resultan significativas los déficits de la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales -dependiente de la Consejería de Cultura-, con 58 millones de euros; de la Empresa Pública para Desarrollo Agrario y Pesquero -Consejería de Agricultura y Pesca-, con 106 millones; y de Turismo y Recreo Andaluz S. A. (TURASA) -adscrita a la Consejería de Turismo y Deporte-, con 80 millones.
Un intento frustrado
Ante estos datos, el PP planteó en el Parlamento andaluz una moción el pasado 14 de mayo, a la que se sumó IU, para mejorar la eficacia del sector público andaluz, lograr que cumplan con la legislación y potenciar su control por parte del Parlamento.
Entre los motivos que expuso el portavoz de Hacienda y Presupuestos del PP-A, Salvador Fuentes, señaló, entre otras cuestiones, las pérdidas de estas empresas, los altos sueldos de sus directivos y la injerencia de estos organismos en el sector público, que ya señaló el Defensor del Pueblo Andaluz.
El parlamentario de IU Pedro Vaquero también presentó argumentos parecidos. Entre ellos citó la injerencia en el sector público, donde señalaba casos de enchufismo en la fundación FAFFE, que ejecuta competencias atribuidas por ley al SAE. La mayoría absoluta del PSOE impidió que prosperara la moción.
