Para el lector que ha leído la novela “Jaque al Barón” de Richard Collier o “El Proceso del Putumayo” de Carlos A. Valcárcel, o escuchó la disertación de algún intelectual sobre los crímenes denunciados hace 100 años por el periodista Benjamín Saldaña Roca contra la empresa gomera de Julio César Arana, y que cree en las medias verdades a las que nos han acostumbrado en este tema, debe sonar a herejía el título de este artículo. Decir que Julio César Arana –el personaje principal y recurrido de la historia de esos crímenes- fue un patriota no encaja en el molde interpretativo en el que estamos aprisionados tras el discurso rutinario que año tras año hemos oído de antropólogos, abogados, historiadores, escritores, profesores, políticos y periodistas que cada cual a su modo nos han afirmado que el riojano –que empezó su carrera empresarial vendiendo sombreros de Panamá- ha sido un genocida, un ser despreciable, demoníaco e indigno que, por lo menos, una de las calles importantes de Iquitos lleve su nombre y apellido.

 

Soy uno de los que no acepta que eso sea así. Sin embargo, el tema –hay que decirlo- no es tan simple como parece, es apasionante y exige la máxima rigurosidad para evitar anatemizaciones como las que escuché en el sentido de que si uno no acepta que Arana fue un genocida, entonces significa que se está negando que hubo genocidio –o lo que es peor- estaría justificando la desaparición y la tortura de miles de indígenas del Putumayo en el periodo del auge del caucho, principal producto de exportación de la amazonía peruana entre los años 1880 a 1914. En mi opinión, ha sido ese temor a la anatemización prefabricada lo que ha motivado que, hasta ahora, se imponga esa simplista manera de mirar los hechos y que personas preocupadas por aproximarse a la verdad –que analizan los sucesos del Putumayo desde una perspectiva multifactorial y no solo de los expedientes judiciales y las narraciones periodísticas- abandonen todo intento de reexaminar esa parte opulenta y trágica de nuestra historia.

 

Antes de proseguir, quiero dejar establecido que nadie puede negar que sí hubo genocidio contra los indígenas del Putumayo, de la misma manera que lo hubo en la cuenca del Ucayali y del Madre de Dios en el Perú; y yendo a Bolivia, en el Beni y en el Mamoré; y en Brasil, en el Madeira y en el Xingú, lugares donde la explotación del caucho alcanzó volúmenes similares o superiores al Putumayo y en los que los registros de crueldad con los pueblos indígenas ha alcanzado ribetes más inhumanos y desoladores lo cual, por supuesto, no es una exculpación de lo ocurrido en el área que disputamos con Colombia durante muchos años. La discusión que planteo aquí no es si hubo o no genocidio, sino si el peruano Julio César Arana –hacia quien han apuntado siempre los dedos acusadores- es o no responsable de esos nefastos actos. Hasta el momento que esto escribo, no se han encontrado evidencias que prueben esa supuesta vocación criminal, acción criminal o criminalidad que se le ha atribuido.

 

Sí es cierto que el modelo de producción predominante en ese entonces y el tipo de organización que asumieron las empresas gomeras generó el marco propicio para que se produjeran esas graves violaciones de derechos humanos. Según señala Andrew Gray en la presentación del libro “La Defensa de los Caucheros”, la economía cauchera fue una mezcla de extractivismo y libre mercado, es decir extraer todo cuánto se pueda para atender la creciente demanda de los centros de transformación, por un lado, y, por otro lado, reducir costos de mano de obra y al mismo tiempo incrementar la producción de la materia prima para aumentar la ganancia. Esa es la lógica extractivo-mercantilista de hace 100 años, y lo alarmante es que esa combinación se mantiene intacta y asolapada en nuestros días con otros recursos de la biodiversidad amazónica y en las distintas actividades económicas. En cuanto al tipo de organización, las empresas gomeras tenían una estructura arborizada que corresponden al esquema funcional diseñado por Taylor en 1903. En el caso de la compañía de Arana, por ejemplo, ésta exportaba el caucho a Europa desde sus oficinas centrales en Iquitos o Manaos. El caucho provenía de dos almacenes centrales en el Putumayo: La Chorrera y El Encanto, que a su vez se abastecían de 20 puestos o secciones ubicadas al interior del bosque que estaban cerca de las casas comunales indígenas y distantes a varios días de esos almacenes. Los jefes de sección (el cuarto nivel en la estructura) ganaban comisiones según el volumen de sus envíos de caucho, y fueron algunos de éstos, los que ganados por la voracidad de la ganancia fácil y rápida cayeron en la vileza de las atrocidades y crímenes cometidos, que luego le fueron endilgados a Julio C. Arana.

 

Los registros de los hechos posteriores a la denuncia de 1907, –y lo reconoce el mismo Rómulo Paredes uno de los principales acusadores- indican que a partir de ese año la situación cambió progresiva y sustancialmente. Claro, nosotros juzgamos a Arana la demora en corregir la situación mirándolo desde el tiempo presente en que el Presidente de Directorio o el Gerente de una empresa tiene teléfonos satelitales, fax, sistemas de posicionamiento global, servicios de aviación, tecnología de caminos y otras facilidades logísticas que le permitirían conocer al instante las irregularidades que se producirían en los centros de explotación. Pero estamos hablando de principios del siglo pasado, cuando no era posible ni siquiera la comunicación radiográfica con esas lejanas zonas y un vapor tardaba cerca de dos meses entre ir y venir del área donde se encontraban los almacenes, porque como hemos visto la explotación del caucho y por ende, el maltrato al indígena se daba tierra adentro a donde se llegaba por difíciles caminos y luego de varios días de penoso caminar.

Hasta aquí apenas hemos referido, y brevemente, el factor económico de los sucesos del Putumayo. Insisto en que hay que reexaminar la historia. Y para ello hay que profundizar en otros aspectos: los chantajes periodísticos que nos pueden ayudar a conocer un poco más acerca de las reales motivaciones de la denuncia de Benjamín Saldaña –propietario de los periódicos La Felpa y La Sanción-; las complejas personalidades de los autores de los informes que se enviaron a Londres (Róger Casement, el cónsul inglés que murió colgado por la justicia de su país al ser descubierto como espía alemán y William Hardenburg un inescrupuloso aventurero norteamericano que ofrecía al mejor postor las declaraciones juradas que incriminaban a la compañía de Arana), pasando por los jueces del proceso Rómulo Paredes y Carlos Valcárcel, integrantes del grupo de foráneos denominado La Cueva.

Y, de ninguna manera se puede obviar en este análisis la geopolítica del continente. En un mapa de Sudamérica publicado por el Daily News & Leader de Londres a principios de siglo, la línea fronteriza que separa a Perú de Colombia es en gran parte el río Napo y no el Putumayo. Le debemos a Julio César Arana, -pese a tanto gobierno entreguista que hemos tenido-, que el Perú tenga hoy esa extensión territorial al norte de su mapa y que sea El Estrecho y no Iquitos una ciudad fronteriza con Colombia. Arana pues, es un patriota y no un genocida.