Alfredo Molano Bravo: Reina de burlas





La Reina Noor de Jordania, que podría llegar a confundirse con la
gallina famosa si sólo se oye el nombre, fue una de los invitados
especiales a ver el show montado por el Gobierno en Ponedera
(Atlántico) y transmitido por Tv. para hacer retumbar la obligación
del Estado colombiano de acabar con las minas antipersonal guardadas
en los polvorines de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con el Tratado de Ottawa –ratificado por el país en 2001–
, Colombia se comprometió a destruir en cinco años estos mortíferos
artefactos. Y como arras de la adhesión al Tratado, desmontó la
maquinita de hacerlas que el Ejército tenía en Indumil. Naturalmente
se trata de un acto simbólico, porque Bélgica vende minas a muy buen
precio; la guerrilla y los paras las fabrican aún más baratas, con
la garantía de ser indetectables porque son de plástico.

En el show también participaron delegaciones internacionales y la
Iglesia –campanas al viento–, pero no llegaron aquella mañana
luminosa todos los 5.000 invitados. Después de semejante despliegue,
la opinión pública tenderá a creer, como ya se ha dicho, que toda
víctima de minas antipersonal es causada por la guerrilla. Es un
hecho demostrado que los irregulares son en Colombia los mayores
fabricantes y usuarios de estas siniestras armas de combate. Con
todo, hay algunas cosas raras –y muy raras– en el montaje y guión
del Gobierno.

En primer lugar, las minas que la Fuerza Pública tenía almacenadas
en el año 2001, fecha de la ratificación del Tratado, nunca fueron
contadas ni certificadas por organismos de control internacional o
nacional. El Observatorio de Minas Antipersonal, adscrito a la
Vicepresidencia, alega haber tenido almacenadas 21.537 minas, pero
un respetado organismo especializado en el tema, el Land Mine
Monitor, dice en su informe de 2002 que "Colombia notificó un
arsenal de 20.312 minas terrestres"; otras fuentes calculan que "con
las minas destruidas se completó la eliminación de las 18.501 que
tenía la Fuerza Pública colombiana",

El Tiempo dio el 25 de octubre otra cifra: 17.501, y para ajustar,
el Gobierno anunció contra viento y marea la destrucción de 23.495.
En dos palabras, no hay cifras confiables. Como nunca hubo una
cantidad certificada, todos los números que dé el Gobierno pueden
ser igualmente chapuceros.

Segundo, una cosa son minas en inventario y otra cosa minas
enterradas. La Fuerza Pública tiene enterradas miles de minas
alrededor de instalaciones militares y sitios estratégicos, y se ha
comprometido a desenterrarlas antes de 10 años, en cumplimiento del
artículo V del Tratado. El gravísimo problema es que no sabe ni
cuántas son ni dónde están.

La identificación y cartografía de terrenos minados es muy exigua,
porque tampoco hubo registro de esas zonas cuando las minas
antipersonal eran legales. Más grave: las áreas minadas por la
Fuerza Pública no necesariamente están señalizadas como tales.

Por ejemplo, en las montañas del Cantón Norte al oriente de Bogotá,
durante muchos años hubo un letrero que advertía: Campo Minado. Hoy,
el letrero dice: Propiedad Privada del Ministerio de Defensa, y hace
poco se construyó una cerca de 12 hilos.

Pero, ¿está desminado ese terreno? Y si no lo está, ¿por qué no se
advierte del peligro mortal que guarda el área? Tercero, el
Gobierno, autorizado por el Tratado, puede usar las llamadas minas
de control, que se activan a voluntad a diferencia de las minas a
presión que están destruyendo. En otras palabras, si la mina tiene
una pitica con que se explota, es legal. Hay que ver cómo se
comprueba esta sutileza en un campo de batalla. Seguramente la
Procuraduría nunca encontrará la pitica.

Por último, el Gobierno debe responder por qué razón cerró la
oficina de Acción Integral contra las Minas Antipersonales de la
OEA, AICMA, cuya función era cooperar con el Estado en la lucha
contra esos artefactos, de acuerdo con los estándares establecidos
por el Tratado de Ottawa, cumpliendo así una función técnica de
acompañamiento. Pero la Vicepresidencia resolvió un buen día, y a
distancia del show, intrigar ante la OEA para sacar del país a Tamy
Hall, su directora, que resultaba a todas luces una funcionaria
incómoda por su alto grado de conocimiento técnico sobre el asunto.
La burda maniobra contra Ms.

Hall recuerda el montaje contra el director del DANE: el Gobierno
sólo tolera versiones y cifras oficiales. Después del show, la reina
Noor fue nombrada por Uribe embajadora de Colombia ante el mundo
para que comunique lo que vio en la Plaza de Bolívar.

Ella nunca olvidará el plato típico de los Montes de María, "fricasé
de pollo con durazno", ni los ojos de la gente que la miraban detrás
de la malla. Sin duda esta soberana, que no es beduina como su
difunto esposo, el rey Hussein, sino norteamericana, seguirá las
instrucciones del Gobierno sin tener en cuenta que EU posee la
bobadita de 11 millones de minas antipersonal en sus arsenales y es
uno de los más grandes fabricantes del mundo de estas armas,
específicamente diseñadas para despedazar o desmembrar incautos