El Gobierno peruano declaró hoy el estado de emergencia por 30 días en cuatro provincias de la selva afectadas por las movilizaciones indígenas, que llevan nueve días con el bloqueo de carreteras y la toma de instalaciones energéticas.

Un decreto supremo de la Presidencia del Consejo de Ministros señaló que la medida de excepción se aplica, a partir de hoy, en las provincias de Bagua y Utcubamba (departamento de Amazonas), en la provincia de Datem del Marañón (Loreto) y el distrito de Echarate, en la provincia de La Convención (Cuzco).

La norma publicada en la gaceta oficial El Peruano subrayó que durante los 30 días quedan suspendidos los derechos a la libertad y seguridad, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y tránsito en el territorio.

Las 65 etnias amazónicas piden al Gobierno la derogatoria de más de una treintena de decretos que suponen para ellas un atentado contra sus vidas y alientan la venta indiscriminada de tierras de la Amazonía.

También exigen el cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que compromete a los gobiernos a respetar los derechos de los pueblos autóctonos.

El presidente de Aidesep, el mayor gremio indígena, Alberto Pizango, declaró hoy a CPN radio que "los pueblos nativos han dicho que no van a deponer la movilización", pero que respetarán "todos los derechos humanos" de la ciudadanía.

"Más bien a nosotros nos están violentando y el Gobierno va a violentarnos más con estas acusaciones que viene haciendo a los dirigentes", agregó Pizango en alusión a las referencias del Gobierno de que los nativos están siendo azuzados por "extremistas".

El dirigente se quejó de que los pueblos nativos no tienen derecho a la vida porque sus tierras van a ser ofrecidas a las empresas trasnacionales para la explotación de hidrocarburos.

En tanto, el ministro del Ambiente, Antonio Brack, el interlocutor oficial en el diálogo con los nativos, dijo hoy a los periodistas que están "esperando la decisión de los apus (líderes indígenas) de Aidesep sobre si van a suspender el paro o no".

El primer ministro, Jorge del Castillo, exigió ayer el fin de la protesta de los indígenas amazónicos como requisito indispensable para reanudar el diálogo truncado el viernes pasado.

"El Gobierno reitera su voluntad de seguir dialogando", dijo Del Castillo en una rueda de prensa en Palacio de Gobierno, al acusar a "sectores ultras" supuestamente infiltrados en la protesta con el fin de "colapsar el sistema energético en Perú".

El diálogo fracasó el viernes debido a que los representantes indígenas consideraron que la delegación oficial, encabezada por Brack, no tenía capacidad de decisión sobre los puntos de su pliego (es decir, que los estaban meciendo)

En Cuzco los indígenas tomaron esta semana dos instalaciones gasísticas y han bloqueado diversas vías en la provincia de La Convención, mientras que en la región Ucayali las protestas han dejado varadas ocho embarcaciones proveedoras de la empresa argentina Pluspetrol.