Informe señala EFE 100% estatal y controlada por Parlamento

La Agencia EFE debe ser una entidad pública empresarial o
sociedad pública participada al 100 por 100 por el Estado y
sujeta al control de una autoridad reguladora independiente, en
principio el Parlamento.

Así se señala en el informe sobre la reforma de los medios
públicos de comunicación del Estado, que el comité de expertos
entregó hoy al Gobierno, en lo que respecta a la Agencia EFE.
De los cinco miembros del Comité, cuatro han respaldado este
informe, y el quinto, el periodista Fernando González Urbaneja,
ha emitido un voto discrepante.
En su voto discrepante, González Urbaneja señala que el
diagnóstico del informe sobre EFE es 'erróneo', y añade que la
Agencia 'necesita independencia, más recursos y mejor gestión
comercial y empresarial', y plantea que para ello no hacen falta
ni leyes específicas, ni controles 'redundantes que no aportan
más que burocracia innecesaria'.
En el nuevo modelo propuesto por los expertos, EFE debe gozar
de plena autonomía jurídica y de gestión, se regirá por el
derecho privado y promoverá la cooperación sistemática con
RTVE y las televisiones autonómicas, así como con los medios
locales públicos que permita racionalizar el esfuerzo público,
especialmente hacia el espacio internacional.
La Agencia EFE ha de desarrollar una información orientada al
interés general, recoger, elaborar y distribuir información
general en todos los soportes y para todos los medios de
comunicación 'con el fin de defender y estimular el pluralismo'.
También debe tener como misión la potenciación de la
proyección exterior de la lengua y la cultura españolas, así como
de la actuación exterior del Estado español, especialmente de
su labor de cooperación internacional en materia de desarrollo.
El desglose de estas misiones se realizará en
contratos-programa trianuales aprobados por el Parlamento
con obligaciones estrictas y controlables cada año.
En cuanto a sus órganos de gestión y administración EFE
tendrá un Consejo de Administración compuesto por cinco
miembros, con dedicación exclusiva, que se caractericen por
sus 'relevantes méritos en el ámbito de la comunicación'.
Cuatro de estos miembros, elegidos para cada mandato, dos lo
serán por el Congreso y otros dos por el Senado mediante
mayoría reforzada de dos tercios de la cámara correspondiente,
a propuesta de, al menos, la mitad de los grupos
parlamentarios, mientras que el quinto miembro será
designado por los dos sindicatos más representativos de EFE.
El tiempo de mandato será de seis años, sin posibilidad de
reelección y la renovación de los miembros del consejo se
realizará por mitades, a razón de dos cada tres años, por cuotas
iguales de cada una de las cámaras de origen.
En cuanto a sus competencias, el Consejo debe supervisar y
vigilar la correcta administración de la Agencia; elegirá al
director general por mayoría de dos tercios entre personas de
'reconocido prestigio' y por un mandato de cinco años sin
posibilidad de reelección; aprobará las propuestas del contrato
programa, el informe del director general y el anteproyecto de
presupuesto de la Agencia, entre otras competencias.
El Congreso y el Senado, según su origen, podrán cesar a los
miembros del Consejo por mayoría de dos tercios.
El informe considera que la independencia y control deben
depender de un Consejo de Redacción cuyas funciones
básicas serán representar a los profesionales de la información
ante la dirección, salvaguardar los contenidos de la agencia de
toda manipulación e informar de forma preceptiva y no
vinculante sobre los nombramientos de los cargos directivos
con competencias sobre la información.
También se aconseja la creación de un Consejo Asesor Estatal,
que trabaje en estrecho contacto con el director general y el
Consejo de Administración para su coordinación con la
sociedad española, las instituciones culturales y educativas.
Este Consejo Asesor estará compuesto por un total de nueve
miembros, tres designados por el Consejo Económico y Social,
dos por la Real Academia Española y el Instituto Cervantes; uno
por el Consejo de Universidades, dos por los Ministerios de
Exteriores y Cultura y uno por las organizaciones de periodistas
de ámbito estatal.
Las competencias serían asesorar al Consejo de
Administración sobre la actividad de la Agencia, sus servicios y
línea editorial; orientación sobre normas que garanticen el
derecho de acceso de los grupos sociales significativos; y será
necesario su parecer en la concreción de la función de servicio
público.
En lo referente a su financiación, el informe señala que una
'parte importante de esta' debe ser comercial, 'e incluso
plantearse su incremento en el futuro', por lo que debe tener un
plan comercial dirigido a incrementar el número y rentabilidad
de su clientes y a diversificar su facturación.
Pero todas estas vías no tendrían que ir en detrimento de la
aportación estatal que estaría fijada con arreglo a parámetros
objetivados de las misiones a cumplir, pero reforzarían la
capitalización y las inversiones de EFE.
El informe compara la aportación del Estado a otras agencias
europeas y concluye que, comparándolo con lo que recibe EFE,
la aportación efectiva del Estado español a EFE 'dista mucho' de
la de sus homólogas europeas. La ayuda estatal ha de
concretarse a través de sucesivos contratos-programa para
plazos de tres años.
Consideran los expertos que es necesario un 'Plan estratégico'
para potenciar el servicio público informativo y dar a EFE un
modelo empresarial estable.

Terra Actualidad - EFE
http://actualidad.terra.es/articulo/html/av2161098.htm