Condenada la Agencia EFE por tener contratada de forma fraudulenta a una
periodista durante ocho años

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La empresa vinculó la temporalidad de su empleo a distintos convenios con
administraciones públicas canarias que era incumplidos sistemáticamente.

Una sentencia del Juzgado de lo Social nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria ha
condenado a la Agencia EFE a readmitir o indemnizar a una periodista a la que
despidió en una actuación "torticera y malintencionada que constituyó una burla
hacia su empleada", y además ha impuesto una multa a la empresa por temeridad de
600 euros.

El sindicato Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC) ha
querido mostrar todo su apoyo a la compañera afectada y recordar, más aún en los
tiempos que corren para la profesión periodística, que los profesionales de la
comunicación no deben renunciar a ninguno de sus derechos como trabajadores. En
los últimos meses esta organización sindical ha tenido que reforzar sus acciones
legales ante el aumento de atropellos y flagrantes ilegalidades hacia los
trabajadores de los medios de comunicación del archipiélago, donde muchas
empresas, con la excusa de la actual crisis económica están aplicando despidos
colectivos encubiertos.

En esta ejemplar sentencia el magistrado Francisco José Trujillo Calvo deja
acreditada "la actuación completamente torticera y mal intencionada" de la
Agencia EFE hacia la periodista, a la que mantuvo "una contratación fraudulenta
durante ocho años". La Agencia EFE, de titularidad pública y presidida por Alex
Grijelmo, se había comprometido con la trabajadora y diversos representantes
sindicales a pasar a plantilla a dicha empleada en su proceso regularización de
trabadores temporales, palabra que incumplió alegando que se había perdido un
convenio comercial firmado con el Gobierno de Canarias a pesar de que su labor
no estaba relacionada con este servicio.

La periodista afectada por estos hechos, Fátima Martín Montesdeoca, fue
encadenando contratos temporales desde el año 2000 hasta 2008, los primeros
meses "por circunstancias de la producción" y desde mayo de 2001 vinculados a
convenios que suscribía la Agencia EFE primero con el Cabildo de Gran Canaria y
después con el Gobierno de Canarias.

Tras perder el convenio con el Gobierno de Canarias en marzo de 2008, la Agencia
EFE mantuvo empleada a la periodista seis meses más, hasta que en septiembre le
comunicó que su contrato había terminado. Pero, según considera probado el juez,
la Agencia no encomendaba a la redactora la cobertura de las actividades
específicas del Cabildo ni del Gobierno canario, sino que trabajaba en la
delegación con los mismos cometidos que sus demás compañeros. De hecho, durante
dos veranos fue nombrada responsable de la redacción para sustituir al delegado
durante sus vacaciones.

Por todo ello, el magistrado señala que el objeto del contrato fue fraudulento,
de manera que el carácter temporal de sus funciones no se cumplió. Además, la
periodista fue contratada antes de que el convenio con el Gobierno de Canarias
existiera y despedida seis meses después de que finalizara.

Propuesta "mal intencionada"

La ya mencionada actuación "torticera y mal intencionada" de la Agencia EFE con
su periodista se produjo en el momento del despido, ya que las ofertas
alternativas que le ofreció constituyeron una burla hacia la trabajadora, de
acuerdo con la sentencia. En concreto, la Agencia EFE le ofreció trasladarse a
Madrid con un contrato de interinidad y con menor sueldo o bien trasladarse a
Tenerife a cubrir una baja por maternidad, lo que hacía que perdiera su
antigüedad, al firmar un nuevo contrato en otro centro de trabajo, y todos sus
derechos en cuanto transcurrieran 20 días.

Ante estas circunstancias, el Juzgado de lo Social estima en su integridad la
demanda de la periodista e impone a la Agencia EFE una multa por temeridad de
600 euros. El magistrado ha declarado improcedente el despido y condena a la
Agencia EFE a abonarle a la periodista los salarios atrasados, así como a
readmitirla o indemnizarla con más de 40.000 euros, opción que conlleva un
derroche injustificado y poco recomendado en épocas de crisis, aún menos en una
empresa pública.