AMIGOS DE LA LIBERTAD

- Sepan por favor disculpar los que lo saben.

- Para los demás el consejo de aprender lo de abajo como el
Padrenuestro.

- Está en dosis "micro", la realidad supera cualquier cosa y la mente
se resiste a comprender tanta barbarie y tanta desgracia para sufrir esta suerte
de hecatombe nacional que nos mata de a poco.

gm


ºººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº\
ºººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº
La máquina de impedir: ¿cómo y cuándo se puso en marcha?
por Antonio I. Margariti
Antonio Margariti es economista y autor del libro “Impuestos y pobreza. Un
cambio copernicano en el sistema impositivo para que todos podamos vivir
dignamente”, editado por la Fundación Libertad de Rosario.
http://www.economiaparatodos.com.ar/ver_nota.php?nota=768


La Argentina cambió su destino de grandeza y perdió la posibilidad de
convertirse en una potencia mundial como consecuencia de un arsenal de cambios
jurídicos y económicos impulsados por Juan Domingo Perón.
Los efectos letales de esas leyes y decretos se fueron desplegando lentamente en
el tiempo y siguen teniendo vigencia hoy en día.


Los ciudadanos que sostienen el país con su trabajo incansable y honesto se
encuentran confundidos.
Como son fundamentalmente optimistas, creen que todo lo que les rodea funciona
con la misma seriedad y responsabilidad con que ellos obran. Pero constantemente
chocan contra la pared.
La realidad les demuestra lo contrario y a diario comprueban cómo el fruto de su
esfuerzo es destruido por impuestos expoliatorios, leyes absurdas, políticas
permisivas, sentencias judiciales abolicionistas y la acción de grupos
desaprensivos que se adueñan de sus vidas y violan sus derechos.


Entonces se interrogan: ¿cómo hemos caído tan bajo?, ¿cuándo se engendró este
proceso de decadencia?


Existen múltiples respuestas, pero en el campo económico hay una que nunca ha
sido explicada con claridad y que trataremos de presentarla tal como la
plantearon muchos brillantes pensadores universales, debiendo citarse los
excelentes trabajos de Colin Clark, Paul Samuelson y Paul Johnson para mencionar
los más notorios.


En 1945, terminada la Segunda Guerra Mundial, la Argentina era el mayor acreedor
del mundo y el segundo país en tenencias de oro.
Podría haberse convertido en gran potencia, pero eligió el camino de la
demagogia.
Para ello, plagió las leyes y el modelo económico de un arcaico proyecto del
laborismo británico, elucubrado por la “Fabian Society”, una sociedad secreta
formada por intelectuales y aristócratas de ideología socialista que pretendían
adueñarse del poder para organizar el Estado de Bienestar (New Welfare State)
eliminando las libertades económicas individuales.


Este deliberado viraje institucional quedó definido en más de 16.000
decretos-leyes (del DL 3.002 al DL 19.270) dictados en pocos meses, entre junio
de 1945 y comienzos de 1946, antes del primer gobierno de Perón.
El arsenal de cambios jurídico-económicos fue luego convalidado por cuatro
curiosas leyes: la 12.921 que contenía miles de disposiciones relacionadas con
el trabajo y la previsión, la 12.922 con otras miles de normas vinculadas con
impuestos, la 12.924 con innumerables reformas que afectaban a grandes empresas
comerciales e industriales, y la 12.957 que modificó sustancialmente la
organización bancaria pública y privada.
Todas ellas fueron sancionadas en menos de un minuto durante la noche del 21 de
diciembre de 1946.


Allí nació la “Nueva Argentina” cuyos efectos letales se fueron desplegando
lentamente en el tiempo hasta llegar a nuestros días.


A partir de esa fecha, los principios jurídico-económicos tradicionales se
modificaron sustancialmente y la Argentina adoptó el sistema económico y
político de la “autarquía”:
cerrarse al mundo,
comercio exterior bilateral dirigido por el Estado,
control de cambios,
regulación de actividades privadas,
nacionalización de grandes empresas,
liquidación de las cajas jubilatorias del gremialismo libre,
destrucción de las obras de caridad privadas,
imposición del sistema estatal de previsión social sin bases actuariales,
nacionalización de los depósitos bancarios,
adopción de una moneda politizada, y
control de precios y salarios bajo la hegemonía de un sindicalismo corporativo
adicto al gobierno.
Fueron las famosas “leyes de Perón” que pretendían crear la “Comunidad
Organizada”.


Para comprender el alcance y la magnitud implosiva de estos perniciosos
principios jurídicos, dispersos en la multitud de leyes y presentes en la
mentalidad de los dirigentes políticos, presentamos a continuación algunos de
los que cambiaron nuestro destino de grandeza nacional.


Cualquier lector ilustrado puede verificar que la mayoría de estos perniciosos
principios siguen vigentes en la actualidad y cómo ellos constituyen la
verdadera máquina de impedir que oprime al país desde hace sesenta años, con
gobiernos civiles, de izquierda o de derecha, y gobiernos militares, opresivos o
libertadores.


1º. Sólo el sindicato reconocido y sometido al control del Estado tiene el
derecho a representar legalmente todas las categorías de trabajadores.
Sus dirigentes gozan de fuero similar a los legisladores y las comisiones
paritarias, constituidas por ellos, tienen facultades para dictar convenios
colectivos que se transforman en leyes de cumplimiento obligatorio.
El escalafón por antigüedad predomina como criterio remunerativo sobre el mérito
y la productividad.


2º. El Ministerio de Trabajo y los Tribunales Laborales son órganos del Estado
encargados de arbitrar los conflictos sociales.
Sus sentencias siempre deben favorecer al trabajador porque es la parte más
débil y desprotegida de la relación laboral.
Los derechos laborales son irrenunciables y nulo cualquier acuerdo entre partes
que establezca modificaciones o condiciones distintas.


3º. El Gobierno tiene facultades para regular las actividades de los
particulares disponiendo intervenciones no-conformes al mercado.
Los contratos privados no son leyes entre las partes porque están condicionados
por leyes de orden público y sus cláusulas sometidas a la teoría de la
imprevisión originada en decisiones soberanas del Estado.


4º. Para impedir el agio y la especulación, el Estado tiene derecho a intervenir
la producción, los depósitos de mercancías y determinar precios y salarios como
resultado de una acción administrativa que tenga en cuenta las necesidades
sociales y el costo de producción.


5º. La capacidad de préstamo de los bancos no depende del monto de sus depósitos
sino del redescuento que les otorgue el Banco Central.
Por razones de emergencia, el Estado puede establecer limitaciones en la
disponibilidad y condiciones de reintegro de los depósitos bancarios alterando
las cláusulas contractuales libremente pactadas entre bancos y depositantes.


6º. Las empresas públicas, entes autárquicos y sociedades mixtas no quiebran
nunca y cuentan con avales irrestrictos de la Tesorería porque el Estado puede
cumplir sus obligaciones emitiendo bonos o moneda.
Sus administradores están exentos de las obligaciones y responsabilidades de los
comerciantes.


7º. La moneda es un instrumento político en manos del Estado para asegurar pleno
empleo, soberanía política e independencia económica.
Queda derogada la obligación de mantener respaldo monetario en oro o divisas
extranjeras.
El Banco Central será una mera dependencia administrativa a órdenes del
ministerio de Finanzas o Economía de la Nación.


8º. El comercio exterior corresponde prioritariamente al Estado, quien debe
regularlo para asegurar el trabajo nacional, protegiendo el mercado interno y
garantizando la sustitución de importaciones.
Las divisas provenientes de exportaciones pertenecen al Banco Central y no a los
exportadores.
El Estado tiene facultades para denegar o declarar la necesidad de importación
de bienes que los particulares deseen introducir y autorizar la compra de
divisas en el mercado oficial de cambios.


9º. Los servicios públicos pertenecen originaria e irrenunciablemente al Estado,
quien podrá darlos en concesión monopólica a terceros operadores.
La propiedad privada no es un derecho absoluto y deberá cumplir una función
social según lo dispongan las leyes respectivas.



Si estos perniciosos principios jurídicos fuesen adoptados por los países del G8
-las potencias más poderosas del mundo-, prontamente entrarían en un cono de
sombra y en un proceso de irrefrenable decadencia igual al que nosotros
padecemos desde hace más de medio siglo.



© www.economiaparatodos.com.ar
Se autoriza la reproducción y difusión de todos los artículos siempre y cuando
se cite la fuente de los mismos: Economía Para Todos
(www.economiaparatodos.com.ar)









--------------------------------------------------------------------------------


No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.338 / Virus Database: 267.9.7/60 - Release Date: 28/07/2005


[Se han eliminado los trozos de este mensaje que no contenían texto]