LA JUNTA DE EXTREMADURA TIENE UNA PARTICIPACIÓN DEL 21,3 % EN UNA GRANJA
AVÍCOLA QUE PUEDE ESTAR INCUMPLIENDO LA NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL.




Como ya es conocido, la Plataforma Contra la Contaminación de
Almendralejo (de la que además de varios colectivos y ciudadanos forma
parte y a la que apoyamos totalmente desde Ecologistas en Acción por si
algunos no lo sabéis) ha mostrado su preocupación, entre otras cosas,
por la situación, posiblemente irregular, legalmente hablando, de las
obras de ampliación de la explotación avícola de la Granja Cantos
Blancos. Los antecedentes del proceso se pueden resumir de la forma
siguiente:


Con fecha 07 de julio de 2005 se pone en conocimiento del Ayuntamiento
de Almendralejo el inicio de las obras y se le solicita información
acerca de si se ha concedido Licencia de Obras.



Con fecha 22 de julio de 2005 se comunica al Director General de Medio
Ambiente la posible comisión de una falta grave por el inicio de la
construcción de las instalaciones sin tener la Declaración Ambiental
Integrada aprobada, y se le solicita información y las actuaciones que
competan a la Dirección General de Medioambiente en este caso.



La Plataforma no ha recibido contestación a ninguna de las dos
solicitudes por parte de las instancias a las que iban dirigidas. Sin
embargo, se ha podido comprobar que no se ha tomado ninguna medida
preventiva para salvaguardar el medio ambiente y poder evitar daños
irreparables, dado que la construcción de la instalación, a día de hoy,
continúa.


En el Diario HOY de fecha 27 de julio de 2005, en referencia al Consejo
de Gobierno de la Junta, se cita textualmente lo siguiente:

“La Sociedad de Fomento Industrial quedó autorizada para concurrir a la
ampliación de capital que llevará a cabo Granjas Cantos Blancos, SL, por
importe de 3.350.600 euros, suscribiendo 1.350.600 euros, de los cuales
431.000 corresponden a un desembolso dinerario y 919.600 mediante la
capitalización de un préstamo participativo concedido en su día, hasta
alcanzar un porcentaje de participación del 21,3; la granja cuenta en la
actualidad con 82 trabajadores y se prevé generar 19 puestos de trabajo
más.”

La Plataforma cree que la Junta de Extremadura debería abstenerse de
participar en industrias que, por su especial calificación como
contaminantes o peligrosas, tengan que estar sometidas a una
fiscalización intensiva. Esto es así dado que en el proceso se generan
una serie de conflictos de intereses, entre la labor de fiscalización y
control, otorgada a la Junta por la legislación vigente, y la
participación como inversor en la industria.

Hay que tener en cuenta que los funcionarios encargados de indagar el
proceso se verían en la tesitura, en caso de infracción, de tener que
denunciar a sus jefes, en este caso la Junta, para lo cual tendrían que
ser poco menos que héroes, cosa que no se puede pedir a ninguna persona
que sea, para cumplir escrupulosamente su trabajo.

El hecho de que la Junta de Extremadura sea copropietaria de la Granja
en cuestión, como acabamos de exponer, genera una serie de dudas
fundadas que ha llevado a la Plataforma a poner los hechos denunciados
en conocimiento del Servicio de Protección de la Naturaleza de la
Guardia Civil (SEPRONA), para que compruebe la veracidad y exactitud de
los mismos y eleve los datos obtenidos a las instancias competentes.

El Director General de Medio ambiente, D. Guillermo Crespo, en una
entrevista concedida a Extremadura Digital y refiriéndose al proyecto de
construcción de una refinería en Tierra de Barros, afirmaba
textualmente: “Yo creo que hay que sosegarse en toda esta materia, dejar
que se trabaje, con presión pero sobre la conciencia de que se va a
cumplir íntegramente para éste, y para cualquier otro proyecto, con toda
la legislación vigente en materia medioambiental”.

Los hechos analizados anteriormente, sin embargo, vienen a poner de
manifiesto la falta de seriedad y de responsabilidad del gobierno de
nuestra Comunidad Autónoma, y demuestran que algunas declaraciones no
dejan de ser simple propaganda, dado que no expresan la firme voluntad
de cumplirlas, sino solamente el propósito de adulterar la realidad.

Es extraño que nadie, ni los servicios de vigilancia del Ayuntamiento de
Almendralejo ni los de la propia Junta de Extremadura, se hayan
percatado de que la construcción de la instalación avícola se estaba
llevando a efecto, a pesar de estar situada en un lugar claramente
visible desde una de las salidas más importantes de la ciudad, en la
carretera N630. También sorprende que no se haya tomado ninguna medida
para detener la construcción presuntamente ilegal.

Almendralejo 07 de septiembre de 2005

Plataforma Contra la Contaminación de Almendralejo



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Más información: Félix Lorenzo 675 043 835



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Saludos,

Plataforma Contra la Contaminación de Almendralejo



e-mail: almendralejosincontaminacion@...

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