Primeros resultados contra la construcción ilegal en las comarcas de la Vera y
la Serena
“La actuación del SEPRONA y la fiscalía consiguen frenar la construcción ilegal
en los municipios de la comarca de la Vera y la Serena, en las que Ecologistas
Extremadura ha presentado denuncias”
El mes de julio del pasado año, la organización Ecologistas Extremadura comenzó
a denunciar la presencia de múltiples construcciones ilegales en las comarcas de
la Vera y La Serena. La mayoría de estas construcciones se habían realizado en
terrenos incluidos en la Red Natura 2000, pertenecientes al Lugar de Importancia
Comunitaria de “Sierra de Gredos y Valle del Jerte” y a la ZEPA “Embalse de
Orellana y Sierra de Pela” dotados, supuestamente, de la máxima protección
ambiental a nivel comunitario.
Estas construcciones no constituían casos aislados. De hecho, la organización
ecologista denunciaba que el número de edificaciones ilegales en estas zonas
estaba completamente descontrolado, y que los infractores campaban en la más
absoluta impunidad. Las edificaciones se levantaban en plena naturaleza, a la
vista de todo el mundo, realizando talas y movimientos de tierras ilegales sin
que los ayuntamientos ejerciesen sus competencias urbanísticas para impedirlo.
A las primeras denuncias del Guijo de Santa Bárbara siguieron las realizadas en
Jarandilla de la Vera. A finales del mes de febrero se presentaron nuevas
denuncias en Aldeanueva de la Vera , sumando un total de 43 en tan solo tres
localidades. Igualmente se han denunciado decenas de construcciones ilegales en
municipios de Badajoz. Destaca Orellana de la Sierra,, con 22 construcciones
denunciadas, y le siguen Navalvillar de Pela y Puebla de Alcocer.
Pocos meses más tarde, el efecto de las denuncias ya es visible. Las
investigaciones llevadas a cabo por el SEPRONA, así como la diligente acción de
jueces y fiscalía han llevado a declarar a los juzgados a varios representantes
municipales. Los servicios de urbanismo de Jarandilla de la Vera han dado orden
de paralización incluso a obras que no habían sido denunciadas por el grupo
ecologista. Muchos de los promotores han sido llamados a declarar, y la
fiscalía está instruyendo los casos para llevarlos a los tribunales, quienes
pueden dictaminar el derribo de las edificaciones, sanciones e incluso cárcel
para los promotores.
Desde Ecologistas Extremadura lamentan que se haya actuado tan tarde desde las
corporaciones municipales, y se preguntan por qué los servicios de inspección
que ahora parecen tan eficaces antes no lo eran. Para la organización ecologista
no había ninguna voluntad política de atajar este problema, y si ahora existe en
los ayuntamientos es únicamente a causa de la existencia de denuncias, y
también por las posibles responsabilidades penales en que pueden incurrir los
ediles y secretarios. La dejadez de las corporaciones municipales durante los
últimos años ha traído como consecuencia el que se levanten centenares de
construcciones ilegales en espacios protegidos, originando tanto un grave
problema medioambiental como un visible deterioro del paisaje.
Ecologistas Extremadura manifiesta asimismo que, aunque el ritmo de construcción
ilegal ha descendido de forma importante, aún se producen actuaciones de este
tipo, y que además algunas de las obras sobre las que se ha dictado orden de
paralización han proseguido, por lo que esta organización cree imprescindible un
seguimiento de las mismas y sobre todo la demolición de lo construido
ilegalmente. En este sentido confían en una actuación conforme a la Ley por
parte de los tribunales. Además, recuerdan que se pueden imponer fuertes
sanciones administrativas como las que contempla la legislación, de oscilan
entre 150.000 y 600.000 euros.
Desde esta organización ecologista se quiere hacer reflexionar a los poderes
públicos, que tienen la capacidad y la obligación de poner fin a la edificación
ilegal, que la mejor forma de acabar con estas actuaciones es el derribo de las
edificaciones, ya que las simples sanciones económicas se consideran por parte
de los infractores como un coste más de las construcciones, que en algunos casos
pueden encontrarse a la venta en cualquier inmobiliaria de la zona, en revistas
e Internet en precios que oscilan normalmente entre los 125.000 y los 250.000 €.
Además, Ecologistas Extremadura desea poner de manifiesto que lo denunciado
hasta ahora es sólo pequeño porcentaje de lo existente, y que ya se encuentra en
proceso de preparar nuevas denuncias. Por eso espera que otros ayuntamientos de
la región se tomen en serio esta problemática tan extendida.
Desde esta organización recomiendan a los ciudadanos que se informen bien antes
de comprar cualquier finca rústica o lanzarse a construir, que valoren el
impacto ambiental que puede generar su actuación y los perjuicios, muchas veces
irreparables, para el medio ambiente extremeño.
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El comunicado en nuetra web con imágenes ilustrativas
http://ecologistasextremadura.blogspot.com/2008/05/primeros-resultados-contra-la\
.html