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Por cada águila imperial que se halla muerta por ingestión de veneno,
puede haber hasta nueve ejemplares que caen por la misma causa y que
no se detectan. Lo saben en el Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, porque es una de las conclusiones del grupo de trabajo
de Ecotoxicología.

Por cada águila imperial que se halla muerta por ingestión de veneno,
puede haber hasta nueve ejemplares que caen por la misma causa y que
no se detectan. Lo saben en el Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, porque es una de las conclusiones del grupo de trabajo
de Ecotoxicología, que salen a la luz a partir de la polémica por la
muerte de un lince ibérico y un quebrantahuesos envenenados en
Andalucía. Como el águila imperial, estos dos animales están en
peligro de extinción.

A pesar de que la colocación de cebos envenenados es una práctica
prohibida desde hace casi 20 años por las leyes de conservación de la
naturaleza nacionales y autonómicas, y tipificada como delito por el
Código Penal, el informe revela que cerca de 7.000 ejemplares de
especies incluidas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas han
perecido en 15 años bajo los efectos de la ponzoña colocada en el
campo. Esos cebos han acabado con otros tantos animales de especies no
amenazadas (lobos, zorros), entre ellos 3.000 perros asilvestrados.
"Son cifras parciales y representan una mínima cantidad de las bajas
que ocasiona", aclara Mauro Hernández, director del Laboratorio
Forense de Vida Silvestre y autor del informe. En general, los
animales detectados suponen entre un 5% y un 15% de los que caen.
Falsear datos

Las causas de este porcentaje tan bajo se deben a la ocultación o
falseamiento de datos por los responsables de la fechoría e incluso
por parte de las administraciones competentes; tampoco es fácil
adivinar dónde estaba el cebo, porque la muerte retardada puede dejar
el cadáver lejos del veneno. Además, la debilidad del animal tras
ingerirlo puede ocasionarle una muerte casual, bajo las ruedas de un
coche, ahogados o tras un choque con un tendido eléctrico.

"Todos los años entran en nuestro laboratorio al menos 800 ejemplares
afectados por veneno, y estamos hablando de lo que ingresa en un solo
centro, porque hay otros cinco como este en España", añade Mauro
Hernández, que sostiene, con cierta rabia, que "se ha generalizado el
uso del veneno para resolver cualquier conflicto".

La gran mayoría de los casos están vinculados a la caza, porque se
suelen colocar cebos emponzoñados para acabar con los predadores de
especies de caza menor. Sin embargo, recientemente, el dedo acusador
también se dirige hacia los ganaderos. Según los expertos, entre el
60% y el 70% de los casos se achaca al sector cinegético, y entre el
15% y el 20%, al ganadero. Las muertes, en las últimas semanas, de un
lince en la sierra de Andújar (Jaén) y de un quebrantahuesos en la
sierra de Castril (Granada) confirman la creciente participación de
este último sector, además de demostrar una nula selección del método
usado, con el que acaban cayendo especies para las que no está destinado.

En el caso del lince ibérico, se ha confirmado oficialmente que tanto
su cuerpo como las viñas cercanas a un gallinero por donde merodeaba
el felino presentaban restos de un potente veneno (aldicarb),
utilizado antiguamente como plaguicida, pero cuyo uso quedó prohibido
por su toxicidad. Íñigo Fajardo, coordinador del Programa Regional del
Quebrantahuesos en Andalucía, ha seguido muy de cerca el caso del
ejemplar de esta especie muerto en la sierra de Castril y sostiene que
"todo confirma que se trata de un envenenamiento relacionado con la
ganadería".

El problema llega a Andalucía, aunque las áreas con lobos y osos de la
mitad norte peninsular son las más conflictivas respecto a la
convivencia entre fauna salvaje y ganadería extensiva. José Manuel
Soto, responsable de Medio Ambiente de la Coordinadora de Agricultores
y Ganaderos (COAG) de Castilla y León, vive en un ecosistema lobero
por excelencia, la zamorana sierra de La Culebra. "No hay que
criminalizar al sector en general, es cierto que se usa en casos muy
extremos y hasta por personas que ni siquiera son ganaderos ni
cazadores. Además, desde COAG llevamos años aleccionando a nuestros
asociados que nunca se debe actuar por cuenta propia ante cualquier
conflicto con la fauna salvaje y que se debe hacer a través de la
administración y del Seprona".

La Real Federación Española de Caza muestra un compromiso similar y
respalda una iniciativa oficial en ciernes por la que se crearía la
figura del especialista en controlador de predadores.

El mes pasado, una pareja de cazadores fue sentenciada a dos años de
cárcel por colocar venenos en un coto de caza de Ciutadilla (Lérida).
Cataluña, y en especial Lérida, encabeza la lista de comunidades con
sentencias penales. Ello se debe a las patrullas especiales de
protección de animales de la Dirección General del Medio Natural de la
Generalitat.

La Fundación para la Conservación del Buitre Negro, una de las ONG más
activas en la persecución de estos delitos (dispone de un teléfono
para comunicar casos de envenenamiento: 900 713 182), se personó como
acusación particular. Juan José Sánchez, su director, confirma que "la
publicación de los casos judiciales y el cierre cautelar de cotos son
las causas de que se haya reducido el problema en algunos lugares,
porque hay numerosas presiones para que se levante el cierre cautelar
de un coto en el que se encontró veneno".

El informe de Ecotoxicología detalla que, allí donde aparecen y se
persiguen más casos de envenenamiento, no son necesariamente las
comunidades donde peor se aplica la estrategia contra el uso de cebos
envenenados, herramienta oficial aprobada en 2004 y que deben
desarrollar los gobiernos autonómicos.

Cataluña, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía son las más
eficaces, algunas con equipos de investigación y rastreo que incluso
pueden evitar que algún animal envenenado acabe en el puchero.