En el DOE del 5 de enero se publica el anuncio de la solicitud de Autorización
Ambiental Integrada (AAI), que presenta una empresa del grupo eléctrico suizo
EGL, para instalación de la central de ciclo combinado en el término municipal
de La Zarza.
El órgano competente para otorgar la AAI es la Dirección General de Evaluación y
Calidad Ambiental (DGECA) de la Consejería de Industria, Energía y Medio
Ambiente de la Junta de Extremadura.
Desde las asociaciones ciudadanas Térmicas NO nos parece inaudito la
precipitación de la Junta de Extremadura.
La falta de prudencia que demuestra al sacar a información pública un proyecto
muy controvertido y contestado.
La calificación del suelo de este proyecto está pendiente de resolución
judicial, pues, recordamos que la recalificación fue recurrida en junio del
2007 por Ecologistas de Extremadura. http://espacioseuropeos.com/?p=283
Sería más sensato esperar a que la Justicia resuelva, ya que podría darse el
caso de que los terrenos no lleguen a tener una calificación de industrial y por
tanto no aptos para construir esta instalación muy contaminante.
El Consejero de Industria, Energía y Medio Ambiente se comprometió con las
Asociaciones Ciudadanas a esperar la resolución del Ministerio de Medio Ambiente
de los Impactos Ambientales de los diferentes proyectos de CTCC para
Extremadura. Cosa que no se está cumpliendo.
La solicitud de la AAI está pendiente de la Evaluación de Impacto Ambiental
(EIA) de la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el
Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
Esta Secretaría aún no ha emitido su dictamen desde que en julio de 2006 casi
dos mil zarceños mayores de 18 años presentaran alegaciones en contra de este
proyecto. Es decir el 70% de la población adulta.
Hecho sin precedentes en la Zarza, que conmocionó a los partidos políticos que
desde aquellas fechas se oponen también a esta instalación.
Por tanto lo lógico sería esperar la decisión del Ministerio de Medio Ambiente,
que de otorgar una EAI negativa haría innecesario conceder la AAI.
Lo democrático sería respetar la voluntad popular, evaluar la participación
ciudadana manifestada claramente en contra de esta instalación contaminante en
su término municipal, corroborado por las mociones aprobadas unánimemente por
los grupos políticos de la localidad.
Solo podemos entender las prisas de la Junta de Extremadura, intentado colar
por la puerta de atrás una instalación innecesaria y perjudicial por las
presiones que las grandes empresas hacen por imponer sus intereses.