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Ecologistas Extremadura desea expresar su profundo desacuerdo con la
tergiversación que de la Ley de Caza que, a su parecer, se viene
haciendo desde la Junta de Extremadura, especialmente en lo que se
refiere al Parque Natural de Cornalvo y al Parque Nacional de Monfragüe.

En opinión de los Ecologistas, la Junta se salta a la torera la Ley de
Caza 8/90 y su modificación del 2001, donde se dice claramente que en
un Parque Natural está prohibida la caza salvo por motivos de orden
biológico, técnico o científico debidamente justificados y autorizados
por la Dirección General del Medio Natural. Lo mismo dice la Ley 8/98
de Conservación de la Naturaleza y de los Espacios Naturales de
Extremadura.

Con olímpico desprecio de dicha legislación –y para vergüenza de una
mayoría de extremeños- se inicia un año más el carrusel de monterías
programadas en el Parque Nacional, ignorando el bienestar e incluso la
seguridad de los miles de visitantes que recibe el Parque por estas
fechas. En concreto, el 24 de enero y el 14 de febrero le toca el
turno a una sociedad deportiva que, por cierto, se halla en curso de
una resolución administrativa por parte de la Consejería, por
presuntas irregularidades en la gestión de las piezas matadas.
Asimismo, Ecologistas Extremadura muestra su disconformidad ante la
cerrazón que, año tras año, viene mostrando la directiva del Parque
respecto a estas actuaciones cinegéticas. Gracias a la práctica
anacrónica de este mal llamado deporte, en el que prima el interés de
una minoría, Monfragüe es ya tristemente conocido no sólo en España
sino también en Europa como un lugar en el que se evidencia de forma
escandalosa la incapacidad de gestionar el medio ambiente con
criterios respetuosos.

Por último, insisten en rechazar -una vez más- el manido argumento de
que es preciso controlar el exceso de ejemplares, cuando lo que se
debe perseguir es la alimentación artificial que miembros de la
Asociación han tenido ocasión de comprobar sobre el terreno. Si aun
así las poblaciones no fueran capaces de autorregularse, entonces
serían deseables otro tipo de prácticas –eliminación selectiva- que
podrían ser encomendadas a agentes del medio ambiente.