A continuación os muestro una noticia aparecida hoy en el diario Hoy; los
comentarios cuando yo lo dejé de ver iban por 85 (a las 12.00 más o menos);
ahorá ya los han quitado; ¿porqué será? Un saludo a todos/as

Arturo López Gallego
Ecologistas Extremadura



La esposa del alcalde de Villanueva construye un chalet ilegal junto al pantano
de Orellana

La esposa del alcalde de Villanueva de la Serena, Montserrat Manchado, es la
propietaria de uno de los chalés ilegales levantados en el entorno del embalse
de Orellana, en una zona de interés regional y donde está prohibida cualquier
tipo de construcción. Este asunto está siendo investigando por los juzgados de
instrucción de Villanueva de la Serena. En estos juzgados se tramitan más de
medio centenar de denuncias por un presunto delito urbanístico contra los
propietarios de esos chalés, tal como publicó HOY el pasado 3 de enero. Algunos
de los imputados ya han sido llamados a declarar por los jueces.

Una de esas denuncias tiene como protagonista a la esposa de Miguel Ángel
Gallardo, el alcalde socialista de Villanueva de la Serena.

La denuncia, que ha sido ampliada, partió, como en otros muchos casos, del
SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza) dependiente de la Comandancia
de Badajoz, que tiene encargada la misión de vigilar las construcciones
ilegales.

Un cabo y un guardia de este servicio visitaron el pasado 2 de octubre la zona
conocida como 'El Tamujar de los Muertos', en el término de Orellana de la
Sierra. Allí observaron que se estaba realizando un movimiento de tierras y una
explanación para construir los cimientos. También había una fosa séptica y una
valla. Ambas están dentro de la llamada zona de policía del embalse, que no
puede ser invadida.

Según el detallado relato que se hace en la denuncia, los guardias identificaron
a uno de los obreros y le preguntaron por el propietario. Como no lo sabía, los
agentes llamaron a la empresa constructora, que tiene su domicilio en
Torreorgaz. Ésta les dijo que el dueño era Miguel Ángel Gallardo Miranda y les
facilitó el móvil del alcalde villanovense.

El alcalde al habla

El SEPRONA habló con Miguel Ángel Gallardo el 6 y 7 de octubre. El alcalde
villanovense les explicó que la parcela era de su esposa y que tenía intención
de instalar allí una casa prefabricada de madera. Los guardias le informaron de
que, dado que no tenía licencia urbanística ni autorización de la Confederación
del Guadiana, iban a redactar una denuncia. «Se le da conocimiento de los hechos
que se van a denunciar en la presente (...), así como advertirle de que en el
caso de que construya o instale una edificación en dicho lugar se procedería a
instruir unas diligencias por presunto delito contra la ordenación del
territorio», se recoge textualmente en la denuncia.

«El citado Miguel Ángel se comprometió a facilitar los datos personales de su
esposa, sin que hasta la fecha lo haya hecho», apostillan los agentes.

Esta denuncia fue firmada por el SEPRONA el 14 de octubre. Pero la investigación
de la Guardia Civil no acabó ahí. Esa denuncia fue ampliada con otra que tiene
fecha del 21 de noviembre. La segunda se deriva de la visita realizada al mismo
lugar el 27 de octubre. Los agentes comprobaron que, a pesar de la advertencia
hecha al alcalde, la casa ya estaba en construcción.

«Se constata que se estaba procediendo a la construcción e instalación de una
casa prefabricada de madera de una sola planta, de unos 144 metros cuadrados de
superficie construida (incluido porche de 12 x 12 metros) y de unos cuatro
metros de altura máxima. La casa ha sido instalada sobre los cimientos que en su
día se denunciaron», se afirma textualmente en la denuncia.

Los guardias relatan en el escrito que la propietaria de la parcela reconoce que
carece de licencia de obras y de autorización medioambiental y alega que creía
que se podía construir, porque ya existen otras edificaciones en la zona. El
constructor, que también es denunciado, asegura a los agentes que pensaba que la
dueña tenía todas las autorizaciones.

Diligencias al juzgado

El SEPRONA estima que esta construcción vulnera la Ley del Suelo de Extremadura
e informa de estos hechos al director general de Medio Natural de la Junta de
Extremadura y al presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

También señala en la denuncia que ha instruido unas diligencias por un presunto
delito contra la ordenación del territorio y las ha enviado al juzgado de
guardia de Villanueva de la Serena. En estas diligencias figuran como imputados
Montserrat Manchado Acedo, la esposa de Miguel Ángel Gallardo, y el responsable
de la empresa constructora.

Ambas denuncias se acompañan de fotografías en las que se ve a los trabajadores
levantando la casa y se detalla con imágenes la situación de la valla y la fosa
séptica.

Estas diligencias de la Guardia Civil, muy bien documentadas con fotos y planos,
constituyen la base de la investigación que los juzgados de Villanueva llevan a
cabo contra las construcciones ilegales en el paraje Los Tercios, junto al
embalse de Orellana.

Según publicó HOY el pasado 3 de enero, estos hechos pueden ser tipificados como
un delito contra la ordenación del territorio, o delito urbanístico. El Código
Penal establece penas de seis meses a tres años de cárcel para los promotores o
constructores de viviendas en suelo protegido. A esta pena hay que añadirle
multas de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para la profesión u oficio. La
ley también indica que los jueces pueden ordenar la demolición de la obra.
En declaraciones a HOY realizadas el pasado mes de enero, el fiscal delegado de
Medio Ambiente, Agustín Manzano, mostró su intención de pedir la demolición de
estas construcciones para conseguir que la protección del medio ambiente sea
efectiva.
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