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Ecologistas Extremadura denuncia nuevas construcciones ilegales en espacios
protegidos del entorno del Embalse de Orellana, Sierra de San Pedro y de la
Sierra de las Villuercas
Ecologistas Extremadura, continuando en la línea de denuncia de delitos
ecológicos y urbanísticos cometidos en espacios naturales protegidos de
Extremadura, ha presentado nuevos casos ante las fiscalías de medio ambiente y
los respectivos Ayuntamientos, en concreto por construcciones presuntamente
ilegales en el ZIR, ZEPA, LIC y humedal Ramsar del Embalse de Orellana y Sierra
de Pela. También se han seguido denunciando construcciones ilegales en El ZIR y
ZEPA de Sierra de San Pedro, en el término municipal de Cáceres, y algunas
obras, como las que se llevan a cabo en las proximidades de la localidad de
Guadalupe situadas en un área declarada protegida bajo dos figuras: el
"Corredor Ecológico y de Biodiversidad del río Guadalupejo" y el "LIC Río
Guadalupejo".En este último caso se trata de trabajos de explanación del
terreno, y que presuntamente tienen como finalidad la construcción de un chalet
particular en un entorno de gran valor paisajístico: en la cabecera del río
Guadalupejo, aguas abajo del embalse de abastecimiento de Guadalupe. El paisaje
es aún virgen, con la sierra de Las Villuercas al fondo.
La Asociación ecologista se hallaba también en proceso de presentar denuncia
contra la construcción ilegal de la esposa del alcalde de Villanueva de la
Serena cuando se ha conocido la interpuesta directamente el SEPRONA, por lo que
nuevamente felicitan a ese cuerpo de seguridad del estado. La asociación, no
obstante, estudia personarse en esta y otras causas por construcciones ilegales
como acusación particular para apoyar la acción de la justicia y el respeto al
medio ambiente.
Los ecologistas se felicitan por el rumbo que están tomando los acontecimientos
en relación con los delitos urbanísticos en nuestra comunidad autónoma, después
del gran número de infracciones urbanísticas (presuntos delitos) por ellos
denunciadas en La Vera, Sierra de San Pedro, Villuercas, Llanos de Cáceres o el
propio Embalse de Orellana y Sierra de Pela. Parece ser que tanto las
autoridades judiciales como el SEPRONA están tomando en serio el problema, y
confían en que en breve empiecen a emitirse las primeras sentencias de derribo y
restauración del ecosistema.
Lamentan, no obstante, que no se pueda decir lo mismo de la Junta de
Extremadura y sus Consejerías implicadas. No por no contar con unos excelentes
profesionales en sus filas, como por ejemplo en la Guardería de Medio Natural,
sino por estar dirigida por los mismos políticos que este mismo fin de semana
apoyaban al alcalde de Villanueva de la Serena en la rueda de prensa celebrada
por éste y cuya esposa ha sido implicada en el presunto delito urbanístico ya
conocido por todos. En concreto le acompañaba José Luis Quintana, Consejero de
Fomento, cuya Consejería paradójicamente será la encargada de sancionar las
infracciones cometidas en el caso de que la sentencia de los tribunales sea
condenatoria. Otra de las personas que parece dar soporte al alcalde es la
Consejera de Economía Dolores Aguilar, quien ostentó la presidencia de la Junta
Rectora del ZIR de Orellana y Sierra de Pela, es decir una persona que
supuestamente debería haber velado por la conservación de este espacio natural y
haber impedido actuaciones como las de la esposa del alcalde de Villanueva.
Más nefasta aun consideran la posibilidad, manifestada en los medios de
comunicación por algunos representantes del PSOE extremeño, de legalizar las
construcciones ilegales de este y otros enclaves afectados en Extremadura:
consideran los ecologistas como muy grave. la irresponsabilidad y la hipocresía
de este partido en la región, pues por una parte legisla para impedir los
atentados ambientales y por otra favorece la impunidad pasando por alto todos
estos delitos.
Con respecto al alcalde de Villanueva de la Serena, como ha manifestado en los
medios de comunicación, quizás no haya tenido responsabilidad jurídica en los
hechos, pero sería necesario comprobar quien contactó y contrató a las distintas
empresas constructoras, y quien gestionó y participó en el control de las obras.
Además, habría que intentar averiguar la procedencia del dinero con que se han
pagado las obras y su fiscalización, por ejemplo el pago del IVA.
Sea como fuere, lo que sí es reprobable, a juicio de Ecologistas Extremadura, es
que este alcalde pretenda hacer creer un desconocimiento de la ley cuando, como
cualquier otro alcalde, tiene que firmar o conceder las licencias de obras de su
municipio -con lo que ello conlleva de pago de impuestos y permisos
burocráticos-, y sin embargo no le parece extraño que no las haya solicitado ni
realizado su esposa en la construcción del chalet de Orellana. Igualmente
pernicioso les parece que ni siquiera se plantee el delito ambiental
presuntamente cometido por construir en un espacio como Orellana con tres
figuras de protección autonómicas y europeas y con un importante reconocimiento
internacional por estar incluido en la Lista de Humedales de Importancia
Internacional del Convenio de Ramsar.
Enlaces relacionados:
Comunicados sobre construcciones ilegales de Ecologistas Extremadura
http://ecologistasextremadura.blogspot.com/search?q=construcciones+ilegales
Nombramiento de Dolores Aguilar como presidenta de la Junta Rectora del ZIR de
Orellana y Sierra de Pela
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2008/1170O/08061758.pdf
fotos ilustrativas:
http://www.flickr.com/photos/31980123@N02/
Se autoriza a los medios a utilizar las fotografías de nuestra web para ilustrar
la publicación de este comunicado, algunas de estas denuncias pueden localizarse
geográficamente y descargarse imágenes ilustrativas en el Localizador de
Impactos Ambientales de Extremadura de la web www.ecologistasextremadura.org.