Están saliendo varias noticias a raíz de unas declaraciones del presidente de la
Junta sobre una nueva reforma de la ley del suelo, en la línea de las que ya
hizo el Consejero hace tiempo, que son bastante confusas y que parece que más
que pretender acabar con el caos reinante pretenden crear confusión, ahora que
todo el mundo empieza a tener claro que no se puede construir ilegalmente, que
algunos Ayuntamientos empiezan a poner orden, que se están iniciando gran
cantidad de causas judiciales contra las construcciones ilegales en espacios
protegidos, que todo el mundo sabe que hay que pedir los permisos y que en
algunos sitios no se puede construir según las normativas urbanísticas.

Desde nuestra asociación seguimos denunciando construcciones ilegales en
espacios naturales protegidos y las causas judiciales parecen ir adelante con lo
que esperamos que se empiece a detener este despropósito y grave impacto
ambiental.

No parece a la vista de las declaraciones que la reforma de ley vaya a
intentar poner fin a este problema que está pasando con la complicidad de la
Junta, que no da trámite adecuado a muchas denuncias que recibe desde hace años
y no toma las medidas drásticas que debería tomar para acabar con esta
construcciones ilegales en espacios naturales protegidos, entre otras medidas
deberían hacer las denuncias que nosotros hacemos ante los tribunales, porque
las administraciones que realmente deberían hacerlas o tramitarlas en muchos de
los casos no lo hacen.
Aunque lógicamente esta bien arreglar la situación legal de las
construidas ilegalmente hace mucho tiempo y que ya han prescrito por no ser
delito y encontrarse fuera de espacios naturales protegidas, no parece muy
responsable que se use como excusa para el todo vale con argumentos populistas.

Os pegamos noticia de hoy y otra con parte de declaraciones del presidente
Fernández Vara para que os hagáis una idea de como pretenden enfocar la
cuestión. En nuestro blog tenéis además nuestros comunicados al respecto en:
http://ecologistasextremadura.blogspot.com/search?q=construcciones+ilegales

-------------

Vara defiende la regularización de las segundas residencias en el campo

El presidente afirma que hay que huir del «desarrollismo» y del
«conservacionismo feroz». Unas jornadas abordan la relación entre el
urbanismo y el medio ambiente

Elogio de los domingos en la parcela. Así podría resumirse la intervención que
el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, realizó en
las jornadas sobre urbanismo y medio ambiente que se celebraron ayer en Badajoz.
Vara abogó abiertamente por la regularización de las segundas residencias en el
campo, muchas de ellas ilegales en la actualidad. «Hay que regular el suelo para
que la gente pueda ser un poquito más feliz», concluyó el presidente después de
un discurso en que defendió la necesidad de que el sea el urbanismo el que se
adapte a las necesidades de la ciudadanía y no al revés. Vara recordó incluso
que, según las encuestas, los extremeños son los españoles que más tiempo pasan
con la familia, lo cual es calidad de vida.

El presidente de la Junta apuntó la necesidad de adaptar las leyes de
urbanismo a la realidad social. En su opinión, no es lógico que leyes que han
sido concebidas para comunidades muy pobladas sean aplicadas sin más a zonas
donde sobra espacio.

Para reforzar su argumento puso el ejemplo de un pueblo de la Sierra de San
Pedro, cuyo alcalde se le quejó la semana pasada de que no tiene suelo para
construir viviendas sociales ni naves para industrias, a pesar de que la
densidad de población en la zona es muy baja: 19 personas por kilómetro
cuadrado. «Se ha legislado pensando más en los territorios donde sobra gente y
falta sitio, que en aquellos donde sobra suelo y falta gente», añadió Fernández
Vara.

«No para hacerse rico»

«En nuestros pueblos la gente no tiene una vivienda en la parcela para
hacerse rico, sino para disfrutar el domingo con la familia», insistió el
presidente, firmemente decidido a defender la costumbre de pasar los domingos
junto a la familia y los amigos en el campo. En su opinión, cuando se
construyeron esas casas no se tenía conciencia de que se cometía un delito.

En esa línea de defensa de la realidad social de la 'segunda residencia' Vara
afirmó que hay que respetar no sólo las leyes de urbanismo, sino también las
costumbres y defendió la posibilidad de que las comunidades autónomas adapten
las leyes generales a sus circunstancias particulares.
«Uno de los grandes valores de Extremadura es el equilibrio entre lo
urbano y lo rural», añadió el presidente de la Junta, que dijo no estar de
acuerdo ni con el desarrollismo ni con el conservacionismo feroz.
Fernández Vara también apuntó que no es justo que para construir en suelo
rústico sea necesario tener un mínimo de superficie, porque se favorece a
quienes tienen más poder adquisitivo.

En las Jornadas sobre Urbanismo y Medio Ambiente se presentaron ponencias sobre
la nueva normativa estatal y autonómica en materia de suelo. Los ponentes,
magistrados y arquitectos, analizaron desde las urbanizaciones ilegales a los
problemas urbanísticos de los municipios pequeños. Las jornadas estaban
patrocinadas por la Diputación de Badajoz y Caja Rural.

http://www.hoy.es/20090417/regional/vara-defiende-regularizacion-segundas-200904\
17.html

---------------------------
La nueva Ley del Suelo legalizará las casas ilegales sin cargar el gasto a los
municipios

Pocas regiones deben tener más piscinas y pilones por habitante que
Extremadura. Una de las expresiones más típicas del modo de vida de la
región es aprovechar las vacaciones y los fines de semana, especialmente en el
buen tiempo, para descansar en el campo.

En la sierra madrileña se llaman chalets, pero aquí todo el mundo los
conoce como 'el campo' o 'la parcela'. Pequeñas fincas, rara vez superan la
media hectárea, donde los días y las noches se hacen más llevaderos. Sobre todo
en aquellas zonas donde el calor es insoportable.

No hace falta más que salir de cualquier ciudad o pueblo extremeño para apreciar
la cantidad de casas que se arraciman a ambos lados de la carretera. Las hay
lujosas y austeras, pero es una afición al alcance de muchos bolsillos.

Pero un importante número de ellas son ilegales. Se han construido en
zonas no urbanizables, por lo que se escapan al ordenamiento.

El tema salió de nuevo al debate público el pasado mes de febrero, cuando se
supo que la mujer del alcalde de Villanueva de la Serena había sido expedientada
y denunciada por levantar una casa prefabricada junto al pantano de Orellana.
Finalmente, tuvo que retirarla, no sin que antes se levantara una considerable
polvareda.

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, defendía el pasado jueves
la necesidad de «regular el suelo para que la gente pueda ser un poquito más
feliz». Abogaba por modernizar la legislación para legalizar la mayoría de este
tipo de viviendas.

Lo cierto es que la Junta ya trabajaba en este sentido antes de que se
conociera el episodio de la esposa del alcalde Gallardo. Desde hace meses se
viene trabajando en la reforma de la Ley del Suelo y la Ordenación del
Territorio de Extremadura, más conocida por el impronunciable nombre de Lsotex.

Aunque el borrador ya está concluido, apenas se sabe nada de su contenido.
El concejal de Urbanismo de Badajoz, Celestino Rodolfo, reconocía este
viernes que lo poco que sabía del mismo era lo que había dicho la víspera el
director general Javier Gaspar en el mismo foro en el que habló Vara.

El mes pasado, el consejero José Luis Quintana adelantó que se pretende que los
municipios puedan establecer 'bolsas de segundas residencias', siempre que haya
una previa declaración de viabilidad por parte de la Junta de Extremadura. No
detalló cómo hacerlo.

Y es que parece que aquí está el meollo de la cuestión. La disciplina
urbanística es competencia de los ayuntamientos, por lo que ellos son los que
pueden hacer legales las casas siguiendo los dictados de los
correspondientes planes de urbanismo. Pero deben respetar la ley, que
emana de la Junta.

Más claro

La Consejería de Fomento, la que regula el urbanismo, es reacia a dar
detalles, puesto que aún puede haber modificaciones en función de las
alegaciones que se reciban en el trámite de información que se va a abrir.
Pero sí quiere puntualizar algunos aspectos.

En primer lugar, recuerda que la ley vigente (de 2001) ya prevé mecanismos para
la regularización. Lo que pretende la modificación es «incidir en el sistema ya
existente para facilitar el cumplimiento de estos modelos».

Pero siempre se seguirá la máxima de que «los propietarios tienen que
cumplir con las cargas y obligaciones que la ley impone, en beneficio de los
propios municipios, sin crearles nuevas cargas de prestación de
servicio».

Es decir, no habrá 'barra libre' y los ayuntamientos no deberán gastarse más
dinero para dotar de los servicios a estos vecinos. El propio Gaspar aseguraba
el otro día que «no se puede gravar a los municipios para que éstos tenga que
prestar una serie de servicios. Esto formará parte de las obligaciones de los
propietarios de las viviendas». Fomento también resalta que existen casos en los
que la legalización no será posible en ningún caso. Por ejemplo cuando la casa
en cuestión esté en un suelo catalogado como protegido, o en el cauce de un
arroyo, o sobre un camino de titularidad pública.

¿Cómo puede la Junta 'ayudar' para que los consistorios den luz verde a estas
construcciones? No hay detalles al respecto, pero Vara dejó caer que una vía
será eliminar o reducir la superficie mínima que debe tener la parcela para
edificar. Consideraba que esta restricción beneficia a los que tienen más poder
adquisitivo. La lógica invita a pensar que el resto de medidas irán destinadas a
eliminar otras trabas de la actual ley.

Disquisiciones legales al margen, lo cierto es que es un fenómeno muy
extendido en Extremadura. No existen estimaciones fiables de hasta dónde puede
llegar.

Rodolfo confiesa no saber cuántas hay en Badajoz, por ejemplo. El último Plan
General Municipal convirtió en núcleo urbano secundario a una veintena de
urbanizaciones del extrarradio. En estos casos, los dueños pueden legalizar su
situación si cumplen las condiciones y presentan un nuevo plan especial.

En Cáceres existen distintas zonas con construcciones ilegales, como
Mayoralguillo o el entorno del pantano de Valdesalor. En el primer caso, los
expedientes y hasta las denuncias judiciales no han servido de nada al
Ayuntamiento para evitar su proliferación desde que en 1998 se detectaran las
casas. Para atender la demanda se ha reservado en el nuevo Plan de Urbanismo un
amplio terreno en la carretera de Trujillo con capacidad para edificar 700
casas. Con ello se pretende que los ciudadanos no tengan que recurrir a parajes
rústicos.

Derribos en Plasencia

El Ayuntamiento de Mérida realiza controles en parcelas situadas en el
entorno de las carreteras de Don Álvaro y Calamonte. La amplísima
extensión del término, confirma el alcalde, Ángel Calle, complica esta
labor, aunque incide que «desde principios de legislatura, este gobierno se ha
dedicado a impedir que nadie se haga una casa ilegal en el campo. En cuanto a
las que tenemos localizadas más viejas, algunas con más de 20 años, la idea es
darles solución desde el punto legal. Con las nuevas, desde que soy alcalde no
se ha permitido ninguna». En la capital autonómica, los antiguos núcleos de
viviendas fuera del campo urbano de El Vivero y Proserpina han sido legalizados.

En Plasencia, la zona con mayor número de viviendas sin licencia se
concentra en la sierra de Santa Bárbara. En toda su extensión acoge entre 800 y
900.

La situación se ha agravado en los últimos meses y se cifra en medio
centenar el número de nuevas viviendas en construcción sin licencia. A
ello contribuye el proceso de revisión en que está el PGM, los anuncios de que
éste daría una solución a la Sierra y la convicción de los propietarios de que,
antes o después, serán legalizadas.

Desde la Alcaldía dictaron en febrero y marzo la conclusión de los
expedientes de infracción urbanística que determinan el derribo, para
casos de viviendas ilegalizables que no acataron la paralización en su
día.

Además son constantes los expedientes abiertos y decretos de paralización de las
viviendas sin licencia detectadas por el Ayuntamiento. La idea extendida en la
ciudad es que tras la aprobación del nuevo planeamiento urbanístico de
Plasencia, Santa Bárbara se incluirá formalmente en la ciudad. Lo cierto es que
hasta ahora el avance del PGM solo incluye la legalización de los núcleos
consolidados de viviendas, por lo que deja sin respuesta a las casas aisladas
que proliferan en la Sierra. Estas mantendrían su situación de ilegalidad o
alegalidad, según los casos.

El avance del PGM también establece que serán los propietarios de las
casas los que puedan legalizar su situación a cambio de asumir los costes de su
urbanización y no gravar las arcas municipales. Según la nueva ordenación que se
propone, el Ayuntamiento se ocuparía de la urbanización de estos núcleos
consolidados en Santa Bárbara, resolvería viales y llevaría servicios generales.
A cambio, los propietarios asumirían su coste.

En Coria, una de las poblaciones más afectadas, se ha denunciado que puede haber
más de 2.000 casas en esta tesitura. En 2007, la Guardia Civil detuvo a nueve
personas por construir en terrenos en la zona inundable del Alagón.

El espacio de Villanueva de la Serena que acoge una mayor concentración de
chalets, en todo caso alegales, es la 'zona del Badén'. También hay otras zonas,
aunque con casas más dispersas. Son viviendas que, hasta la fecha, no tenían
ningún control, y la mayoría de las cuales están en suelo rústico. Se estima que
en Villanueva podría haber del orden de las 1.100 ó 1.200 segundas viviendas
construidas en suelo rústico.

Muy cerca, Don Benito es uno de los municipios donde más han proliferado las
casas de campo. Apenas se sale del casco urbano se pueden divisar los primeros
chalés, como en 'El Repiso'. Tres son las zonas que focalizan el mayor número,
también muy cercanas al casco urbano: la carretera de las Cruces, la zona de Las
Arenas y la carretera de Medellín.

El alcalde de Navalmoral, Rafael Mateos, estima que en el municipio no
debe haber más de 150 viviendas construidas fuera de ordenación. Quizá la
principal concentración se produzca en la zona conocida como El Mahincal, en la
carretera de Rosalejo, donde habrá 25 ó 30. También hay construcciones de ese
tipo en el camino de San Marcos, el camino del Goche, el entorno de Los Sauces o
el margen izquierdo de la zona de la Bamba.

Hablar de viviendas construidas en zonas ilegales o alegales es casi un tabú en
Trujillo. Pocas personas 'se mojan' para decir cuáles y dónde están esas
construcciones, a priori ilegales. Fuentes cercanas al Ayuntamiento señalan que
puede haber más de cien.

En Almendralejo, hace más de 20 años que empezaron a construirse viviendas en el
campo, especialmente en la zona de San Marcos. Hoy se aglutinan entre 1.500 y
2.000 viviendas, no hay un censo preciso. Son en su mayoría segundas
residencias, pero algunas ya se han convertido en primeras viviendas. La
situación es muy dispar según la edificación. Unas se han construido sin
licencia en suelo rústico y otras se han hecho ya con licencia de obra y
poniéndose al día con el IBI, pero están en una situación de alegalidad al no
haber cumplido con las cesiones de suelo correspondientes.

La organización ecologista SEO/Birdlife denunció esta semana que hay otras mil
casas levantadas en espacios naturales que están protegidos. A este respecto
Jesús Valiente, de Adenex, recuerda que las administraciones están actuando, en
la medida de sus posibilidades, en terrenos protegidos, pero no en lo que no es
urbanizable sin protección.


http://www.hoy.es/20090419/regional/nueva-suelo-legalizara-casas-20090419.html

--